Conocemos el camino emprendido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde principios de los años ochenta del siglo pasado. Primero se llamó "Ajuste Estructural", luego "Consenso de Washington" y, por último, simplemente "políticas neoliberales". Éstas se basaban en el equilibrio fiscal, la apertura de las fronteras para las mercancías y el capital, la privatización y la desregulación, la promoción de la competitividad y la protección de los derechos de propiedad. Ninguna dimensión social formaba parte del consenso.
Esto cambió en 1990, cuando el Banco Mundial incluyó la reducción de la pobreza en la agenda mundial. Sin embargo, estaba muy claro que no se trataba de añadir políticas sociales al programa neoliberal, sino, más bien, de una especie de tapadera muy inteligente para este programa. La austeridad no cambió, pero, a partir de entonces, todas estas políticas promovidas por las instituciones de Bretton Woods estaban destinadas a "reducir la pobreza". Fue otro ejemplo de cómo la idea de "pobreza" se utilizó políticamente —o se abusó de ella— para otros objetivos distintos a su erradicación.
Sin embargo, varias organizaciones de la ONU impulsaron una agenda social. Las consecuencias del ajuste estructural eran demasiado malas para ser ignoradas, y el PNUD publicó su agenda de "Desarrollo Humano". UNICEF realizó estudios sobre los resultados concretos del "ajuste" para las mujeres y los niños, la UNCTAD publicó sus propias estadísticas sobre la pobreza y, en 2000, la ONU adoptó un programa para los "Objetivos de Desarrollo del Milenio". UNRISD, el Instituto de investigación de Ginebra, incluyó la desigualdad en la agenda.
La OIT insistió en la "justicia social" y el "trabajo decente", proclamó sus "principios y derechos fundamentales en el trabajo" y en 2012 adoptó una recomendación sobre los "pisos de protección social". Poco a poco, el Banco Mundial tuvo que adaptar también su agenda, ¿o fue sólo su discurso? Su "reducción de la pobreza" no tuvo los resultados formalmente esperados. En 2000, el Banco publicó un primer marco teórico y estratégico para la protección social. Se llamaba, en efecto, "protección social", pero trataba de la gestión de riesgos e ignoraba totalmente el pacto existente de la ONU sobre derechos económicos y sociales.
A partir de esa fecha, el Banco evolucionó y adaptó constantemente su discurso para incluir una agenda de protección social, le añadió el trabajo en 2012, propuso un "nuevo contrato social" en su Informe sobre el Desarrollo Mundial de 2019 y publicó una "Brújula" sobre "Trazar un nuevo rumbo" para la protección social en 2022.
Una lógica diferente
El Banco Mundial habla de protección social, incluso de universalismo, de contrato social, de sindicatos y de negociación colectiva, pero una y otra vez las ideas o no entran en su agenda política o se debilitan y diluyen incluso antes de convertirse en realidad.
El "universalismo" es el mejor ejemplo de un concepto que se utiliza con un significado nuevo. Aunque el Banco firmara una Declaración Conjunta con la OIT y entrara en una asociación global para la protección social universal, este universalismo no es para todos, sino sólo "para los que la necesitan". Si tienes un salario razonable y puedes pagar el alquiler, no "necesitas" la ayuda que pueda ofrecerte la protección social. Hay que mencionar que, incluso para la OIT, en su recomendación sobre los pisos de protección social, queda espacio para la interpretación.
En cuanto a la "protección social", a la que se añadió el trabajo en 2012, se dijo que el objetivo era "hacer que la estrategia de protección social y del trabajo pasaran de ser intervenciones aisladas a una cartera coherente de programas". Con ello se pretendía ir más allá de las redes de seguridad ("safety nets") y las transferencias condicionadas. Por muy positivas que pudieran parecer estas palabras, estaba claro que la atención seguía centrándose en los riesgos y en la gestión de los mismos y, por tanto, en la resiliencia que debían desarrollar los individuos y las familias para "hacer frente a los choques". Los "choques" no eran el desempleo o la enfermedad, sino la inflación, las epidemias o las catástrofes naturales.
El punto principal de esta estrategia es la creencia neoliberal de que el "seguro", que es básicamente la protección social, no debe ser proporcionado por las autoridades públicas, sino por el sector privado. En un principio, la incorporación de asuntos laborales a la estrategia se consideró muy positiva, ya que un buen empleo con un salario digno son la forma más rápida y mejor de salir de la pobreza.
No obstante, hay que mencionar los informes Doing Business. En 2013, por ejemplo, los contratos de duración determinada y las semanas laborales de 50 horas se consideraron logros positivos, mientras que la prima por trabajo nocturno y las vacaciones anuales retribuidas se situaron en el lado negativo.
“Las leyes laborales son necesarias para proteger a los trabajadores de un trato arbitrario o injusto", afirmó el Banco. Afirmó que sus indicadores eran coherentes con los convenios de la OIT, pero no cubrían las normas fundamentales del trabajo de la OIT. Sin embargo, dijo que "el respeto de las normas fundamentales del trabajo es fundamental para proteger a los trabajadores y mejorar su productividad". De hecho, esto podría ser un gran paso adelante si no añadiera que quería "lograr un equilibrio adecuado entre protección y competitividad". El documento de 2012 Resiliencia, equidad y oportunidad fue el primer texto en el que el Banco Mundial acepta implícitamente los sindicatos y la negociación colectiva, incluidos en las normas fundamentales del trabajo. Sin embargo, en su Informe sobre el Desarrollo Mundial de 2013, afirma que "la negociación colectiva no tiene un impacto importante", así como que "hay pocas pruebas sobre el impacto de los sindicatos". Por último, añade que "no hay consenso sobre cuál debe ser el contenido de las políticas laborales".
¿Una brújula social o un contrato social?
El Informe sobre el Desarrollo Mundial de 2019 del Banco Mundial estaba dedicado por completo a la idea de un "nuevo contrato social". Le siguió un "libro blanco", ese mismo año, sobre "Proteger a todos: Riesgo compartido para un mundo laboral diverso y en diversificación".
Las "regulaciones del mercado laboral" que el Banco Mundial tiene en mente no pretenden crear mejores mercados laborales con más seguridad y protección para los trabajadores. Para "cubrir a todos los trabajadores", el Banco Mundial propone, de hecho, anular todas las regulaciones existentes y empezar de nuevo. Esto significa que los sindicatos pueden seguir trabajando y organizándose, pueden continuar con la negociación colectiva, pero su poder se verá fuertemente erosionado por el "nuevo mundo del trabajo", a menos que logren organizar a todos los trabajadores no organizados, una opción que el Banco Mundial ni siquiera considera.
En segundo lugar, el Banco Mundial no propone volver a regular el mercado laboral e intentar formalizar a los trabajadores o luchar contra la actual precariedad inducida por la economía de plataforma. El mercado laboral es lo que es, decidido por las grandes y pequeñas empresas. Según el Banco, no debemos intentar cambiarlo, sino adaptarnos a este mundo cambiante. Los contratos laborales estándar no volverán, dice. Se acabó la época en que pensábamos que las personas y las sociedades podían dar forma al mundo en que viven.
En tercer lugar, el sistema contributivo, que hacía de trabajadores y empresarios los propietarios de los sistemas de protección social, está abocado a desaparecer. Esto inevitablemente quitará poder a los trabajadores y los hará totalmente dependientes de los Estados, los gobiernos y los presupuestos. Como ya se señaló en un comentario sobre el proyecto de Informe sobre el Desarrollo Mundial de 2019, separar la protección social del trabajo es un camino muy peligroso.
En cuarto lugar, aunque el papel que se otorga a los gobiernos suena positivo, en realidad los seguros quedan privatizados. Los gobiernos pueden subvencionar las primas de seguros y "animar" a la gente a comprarlos. Los mecanismos del mercado laboral, como la formación o la ayuda al empleo, pueden ser totalmente privados, los gobiernos pagarán.
Por último, huelga decir que, contrariamente a la OIT, el Banco Mundial no habla de derechos humanos. Las "políticas de riesgo compartido" no consisten en proteger a las personas contra los caprichos del mercado; se trata de crear y promover mercados de seguros, salud y educación, se trata de promover el crecimiento y la productividad, se trata de "suavizar el consumo", se trata de empujar a todas las personas al mercado laboral. Se trata de "riesgos y choques" a los que la gente puede hacer frente sin consecuencias catastróficas. Se trata de subvencionar una seguridad social muy básica.
No hay, pues, un "replanteamiento" fundamental de sus viejas ideas de los últimos treinta años, sólo hay una reordenación, utilizando algunos de los conceptos más atractivos de la OIT.
En su Charting a Course towards Universal social protection" de 2022, la "Brújula, los tres objetivos de la protección social pasan a ser "resiliencia, equidad y oportunidad". Una vez más, parece ser que el Banco Mundial avanza más, hablando incluso de seguro de desempleo, pero en realidad se ciñe a su gestión de los riesgos. El objetivo de la protección social no es proteger, sino impulsar la productividad y el crecimiento. Este nuevo objetivo determina todas sus propuestas y tiene consecuencias serias.
Prepárate...
El movimiento sindical internacional nunca ha dejado de denunciar los informes sobre "Doing Business" por su falta de voluntad de tener seriamente en cuenta los derechos laborales. Hoy existe una nueva iniciativa: Business Ready o 'B-ready'.
La atención se ha centrado demasiado en lo que los gobiernos pueden hacer por el bien de las empresas y no lo suficiente en lo que las empresas pueden hacer por el bien de todos. Este informe es un primer paso para corregir ese desequilibrio". El proyecto Business Ready (B-READY) pretende construir un panel de instrumentos exhaustivo... necesario para un desarrollo vibrante del sector privado: la combinación de condiciones que reducirán la pobreza, impulsarán la prosperidad compartida y acelerarán la transición a una economía con bajas emisiones de carbono. Su objetivo es acelerar el desarrollo inteligente fomentando una competencia sana entre empresas y países. Se ha diseñado expresamente para desalentar "una carrera a la baja" o soluciones simplistas que fueron el subproducto involuntario de Doing Business. (p.xi)
El sector privado debe ser más dinámico y resistente para hacer frente a los formidables retos del desarrollo... Estos retos están mucho más allá de la capacidad de los gobiernos para abordarlos por sí solos.(p.xix)
Business Ready (...) es un instrumento clave de la nueva estrategia del Grupo del Banco Mundial para facilitar la inversión privada, generar empleo y mejorar la productividad para ayudar a las economías a acelerar el desarrollo de forma inclusiva y sostenible. (p.xx)
El marco analítico de B-READY consta de diez temas, tres pilares y tres temas transversales.
Los 10 temas son Entrada de empresas, Localización de empresas, Servicios públicos, Trabajo, Servicios financieros, Comercio internacional, Fiscalidad, Resolución de litigios, Competencia en el mercado e Insolvencia empresarial.
Los tres pilares son el marco regulador, los servicios públicos y la eficiencia operativa.
Los tres temas transversales están relacionados con los 10 temas: adopción digital, sostenibilidad medioambiental y género.
El tema laboral mide las buenas prácticas en materia de normativa laboral y servicios públicos desde la perspectiva tanto de las empresas como de los empleados a través de tres pilares. (p. 70)
El primer pilar examina la calidad de las características de jure necesarias para el funcionamiento del mercado laboral, relacionadas con las condiciones de los trabajadores y las restricciones y costes del empleo, como la provisión de un salario mínimo, la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y la salud y la seguridad.
El segundo pilar examina la existencia de servicios públicos esenciales que pueden contribuir a hacer cumplir, facilitar y complementar una normativa laboral de calidad, como la protección por desempleo, la cobertura sanitaria y la pensión de jubilación para los trabajadores, así como centros de empleo, inspecciones de trabajo y mecanismos de resolución de conflictos.
El tercer pilar proporciona información sobre los costes laborales no salariales, las restricciones y los costes del empleo, la formación y la prevalencia de los conflictos laborales y la eficacia para resolverlos desde la perspectiva de la empresa.
... para no cambiar
Un primer comentario importante es señalar otro cambio semántico. Los "servicios públicos" no son, como su nombre lo indica, organizados por las autoridades públicas para el público. Son para las empresas:
Los servicios públicos abarcan las instalaciones que los gobiernos proporcionan para apoyar el cumplimiento de la normativa y las instituciones e infraestructuras que permiten las actividades empresariales (...) Hacen hincapié en aspectos como la digitalización, la interoperabilidad de los servicios gubernamentales y la transparencia. (p. Xxiii)
Otros comentarios importantes proceden, una vez más, del movimiento sindical internacional.
En la fase previa a su desarrollo, la CSI ya había criticado la metodología B-Ready, así como su promoción efectiva de una carrera a la baja en materia de derechos laborales, condiciones de trabajo y protección social:
Mientras los trabajadores de todo el mundo se enfrentan a brutales represalias por ejercer su derecho a organizar un sindicato y mejorar sus condiciones laborales, resulta profundamente preocupante que el Banco Mundial clasifique a los países de un modo que estimula la competencia para erosionar las normas laborales. No existe ningún atajo para la consulta democrática y el diálogo social sobre las prácticas del mercado laboral. Las reformas basadas en un análisis tan desequilibrado serán erróneas en el mejor de los casos y peligrosas en el peor.
Las políticas laborales no son simples insumos, como las licencias comerciales o las conexiones a los servicios públicos, y no pueden clasificarse de la misma manera.
A pesar de las reiteradas peticiones de los sindicatos para que se comprometiera con este tema y otras iniciativas que tienen importantes implicaciones para los trabajadores, el Banco siguió adelante con el Índice, con su defectuoso tema laboral, ignorando las preocupaciones de los representantes democráticos de los trabajadores.
Más concretamente, la CSI señala la evaluación superficial de los derechos y libertades fundamentales de los trabajadores, el socavamiento de la protección social y la erosión del diálogo social y la promoción de una flexibilidad perjudicial: "Al penalizar los sistemas de protección social basados en cotizaciones, el Índice B-Ready promueve un cambio poco realista y potencialmente perjudicial hacia sistemas financiados con impuestos".
También socava el papel crucial de la negociación colectiva.
De hecho, no hay nada "nuevo" en esta nueva propuesta. La protección social y los derechos laborales ya no están pensados para proteger a las personas, sino para impulsar el crecimiento y la productividad. Están al servicio de la economía. El Banco Mundial no ha cambiado su filosofía básica. Adapta constantemente su discurso, utiliza los conceptos en boga cuando no tienen riesgo, cambia su vocabulario cuando es necesario para evitar las trampas de más solidaridad y redistribución. Las ideas básicas siguen siendo las mismas que en 1990: centrarse en los pobres y dejar que los gobiernos y los trabajadores ayuden a las empresas a prosperar.
El nuevo contrato social, por tanto, no es el resultado de un debate público y democrático entre los ciudadanos, sus organizaciones y los gobiernos. No se trata de la relación entre la sociedad, los mercados y el Estado. No se trata de configurar y regular los mercados, las relaciones laborales y la protección social con derechos y deberes para todos.
Hay que hacer una última observación a quienes piensan que el Banco Mundial no tiene ninguna influencia en su país. Esto puede ser cierto, pero lo que hace el Banco es crear y difundir conocimientos. No necesita tener influencia directa, el conocimiento se filtra e influye en los gobiernos y otros responsables de la toma de decisiones.
No hay que sorprenderse ante la represión de los trabajadores y de sus sindicatos. Está implícita en el programa.