En las últimas décadas, los cambios sociales, económicos y políticos en América Latina han impulsado una transformación profunda en la gestión pública. Desde una organización jerárquica y centralizada del Estado, hemos transitado hacia modelos de gestión más flexibles y colaborativos que responden mejor a la creciente complejidad social y al dinamismo de las demandas ciudadanas. Este artículo explora cómo esta transformación se relaciona con la creación de redes de políticas sociales y qué desafíos y oportunidades trae consigo.

Durante la modernidad, el Estado asumió el rol de coordinador central de la vida social. Con su poder concentrado y jerárquico, la administración pública garantiza el orden, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Este modelo centralizado le permitió al Estado ser la principal referencia y regulador de los procesos sociales, económicos y políticos. En este esquema, el Estado tomaba decisiones en beneficio de la ciudadanía y las comunicaba de manera vertical, confiando en que sus estructuras podían manejar las complejidades de una sociedad en transformación.

En las últimas décadas del siglo XX, con el auge del neoliberalismo, el mercado comenzó a ganar protagonismo como el principal regulador de la vida social. Según esta visión, el mercado sería capaz de equilibrar los intereses de los ciudadanos de forma descentralizada y espontánea, prescindiendo de la intervención estatal.

En su texto “Las tres formas de coordinación social” el filosofo Norbert Lechner (1997) se propone redefinir la coordinación social en una realidad donde la diversidad y la autonomía de los distintos actores son crecientes y en la que hay una demanda constante por mayor participación en las decisiones. En dicho escrito el autor busca trazar un panorama sobre la coordinación social en el proceso de reorganización de las sociedades latinoamericanas. La idea es que, sin una estrategia de integración social efectiva, la modernización podría acentuar los conflictos en lugar de solucionarlos.

Lechner nos advierte con tino que el mercado, aunque eficiente en la coordinación económica, no puede generar un verdadero orden social inclusivo. De hecho, asevera, el mercado tiende a profundizar las desigualdades sociales y a generar exclusión, pues se basa en relaciones privadas y en la búsqueda de intereses individuales, dejando en segundo plano el bienestar colectivo.

En América Latina, los procesos de descentralización y democratización trajeron consigo la necesidad de nuevas formas de gestión pública. Por un lado, la descentralización generó fragmentación en la autoridad política y administrativa, lo que exigió una reestructuración en la manera en que se gestionan las políticas sociales. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de la democracia impulsó la participación ciudadana, promoviendo la creación de redes y alianzas entre diversos actores sociales, empresariales y estatales.

Estos cambios derivaron en un modelo de gestión pública donde el Estado ya no es el único actor relevante, sino que comparte responsabilidades con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. En este nuevo contexto, las políticas sociales se gestionan a través de redes, permitiendo una coordinación más horizontal y participativa. La idea de estas redes es integrar los esfuerzos de todos los sectores para enfrentar problemas complejos de manera colaborativa.

La investigadora brasileña Sonia Fleury, plantea que el modelo tradicional de administración pública, caracterizado por estructuras jerárquicas y centralizadas, resulta insuficiente para responder a los desafíos actuales. En su lugar, aboga por una gestión basada en redes, donde la coordinación y la colaboración entre actores heterogéneos sean clave para implementar políticas que respondan mejor a las demandas de la sociedad.

Esta estructura de redes permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad, pero también implica desafíos para el control y la rendición de cuentas, ya que diluye la autoridad y la responsabilidad entre varios actores. Un aspecto central en el análisis de Fleury (2002) es el rol del Estado en estas redes de políticas. La autora sostiene que, aunque el Estado debe asumir un papel de liderazgo, su función debe transformarse hacia la facilitación y articulación de intereses, promoviendo la cooperación entre actores. En este sentido, el desafío es encontrar un balance entre la autonomía de los actores de la red y la necesidad de una coordinación central que asegure que los objetivos de las políticas públicas se cumplan de manera equitativa y eficaz.

En el caso de América Latina, esta estructura de redes ha surgido como una respuesta a las necesidades de un contexto donde los problemas sociales son complejos, los recursos son limitados y la ciudadanía demanda mayor participación en la gestión pública. Las redes de políticas sociales son, en este sentido, un intento de crear nuevas formas de coordinación que respondan a las características de nuestras sociedades modernas, con una naturaleza pluralista y diversificada.

A pesar de sus ventajas, la gestión mediante redes no es una tarea sencilla. La diversidad de actores y la distribución desigual del poder pueden dificultar la toma de decisiones y la implementación efectiva de las políticas sociales. Las redes requieren de procesos de negociación constantes, el establecimiento de reglas claras, la distribución equitativa de recursos y la creación de mecanismos de consenso que permitan avanzar en medio de conflictos de intereses.

Las redes de políticas sociales no solo representan un avance en la gestión administrativa, sino también una oportunidad para construir formas de colectivización y solidaridad que se adapten a las necesidades actuales. Estas redes permiten fortalecer el capital social mediante relaciones basadas en la confianza, promoviendo una esfera pública democrática en la que todos los actores pueden participar y contribuir al bienestar colectivo.

Sin embargo, para que estas redes sean efectivas, es necesario que el Estado mantenga una presencia activa y colabore con la sociedad civil en la creación de mecanismos que permitan la participación de todos. En definitiva, el éxito de las redes de políticas sociales depende de nuestra capacidad para equilibrar la regulación jerárquica con la cooperación horizontal y construir, de esta forma, una sociedad más inclusiva y participativa.

En un contexto donde la complejidad y la interdependencia caracterizan cada vez más a nuestras sociedades, las redes de políticas sociales representan una de las herramientas más prometedoras para el futuro de la gestión pública.

Estos modelos de coordinación multicéntrica ofrecen una vía para responder a las necesidades de una ciudadanía que exige mayor participación y soluciones efectivas. Aun así, es crucial abordar estos procesos con una visión realista y comprender que las redes, aunque valiosas, no pueden resolver por sí solas todos los desafíos que enfrentamos.

Para construir una sociedad justa y equitativa, es necesario que el Estado y la sociedad civil trabajen juntos, integrando lo mejor de ambos mundos en un nuevo modelo de gestión pública que responda a las demandas del siglo XXI.

La participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas puede promover una mayor comprensión de los problemas públicos y una co-responsabilización de su solución, promoviendo así una implementación con un mayor grado de legitimidad.

Coincidimos en este aspecto con Fleury cuando argumenta que la gestión de políticas en red representa un modelo prometedor para abordar problemas complejos en las sociedades contemporáneas, pero que requiere habilidades de coordinación, negociación y adaptabilidad que difieren de las prácticas tradicionales de gestión pública. Esto no significa que el Estado se retire, sino que transforma su rol para gestionar la interdependencia entre los diversos actores y fomentar un entorno de cooperación.

En suma, retomando las recomendaciones de Asuntos del Sur1 (2021), cuando hay gobernanza colaborativa y se reúnen los recursos del Estado con los de la sociedad es posible elevar las capacidades públicas para alcanzar con legitimidad (valoración por parte de la sociedad del accionar público), calidad (satisfacción a las demandas a través de mecanismos transparentes y ajustados a las normas), eficiencia (asignación óptima de recursos), agilidad (optimización entre tiempo y producto), coherencia (como la correspondencia entre actos presentes y pasados de la misma institución), pertinencia (como la adecuación entre respuesta y fines y/o problemas) e innovación política (ante situaciones inusuales, modificación total o parcial de las dinámicas institucionales existentes y/o la creación de nuevas) los objetivos trazados colaborativamente.

Bibliografía

1 Asuntos del Sur (2021): ¿Cómo gobernar colaborativamente?.
Fleury, Sonia (2002): El desafío de la gestión de las redes de políticas.
Lechner, Norbert (1997): Tres formas de coordinación social. en Revistal de la CEPAL N° 61.