El zakat, uno de los pilares del islam, obliga a hacer donaciones caritativas para apoyar diversas causas. Sin embargo, el anonimato de las transacciones en criptomoneda ha sido explotado por grupos terroristas y Estados que apoyan a agentes no estatales.

Desde la aparición de Bitcoin en 2009, los gobiernos han visto a las criptomonedas con ojos escépticos, debido a su potencial para facilitar actividades ilícitas. A medida que las criptomonedas crecían en popularidad, también surgió el temor de que grupos terroristas como Al Qaeda y el Estado Islámico (ISIS) las emplearan para financiar sus actividades.

Este vínculo ha sido tema de creciente interés y preocupación en los últimos años. Desde 2013 hasta 2024, la relación entre terrorismo y criptomonedas ha experimentado transformaciones importantes, a medida que la cada vez mayor atención internacional llevaba a estos grupos a adoptar tecnologías financieras alternativas.

Primeros indicios

El uso de criptomonedas por parte de grupos terroristas comenzó a generar preocupación en 2013, cuando analistas financieros advirtieron que la descentralización y el anonimato de las transacciones de Bitcoin podrían atraer a organizaciones terroristas. Aunque en ese momento el uso de criptomonedas no estaba generalizado entre grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico, esas organizaciones ya empezaban a explorarlas como una opción viable para esquivar el sistema financiero global, fuertemente vigilado por gobiernos e instituciones internacionales.

En 2014, el Estado Islámico fue uno de los primeros grupos en explorar de manera más directa el uso de Bitcoin. Si bien no existen evidencias claras de una adopción masiva de criptomonedas en esta fase, surgieron algunas campañas en redes sociales y foros en la dark web que promovían donaciones en Bitcoin para apoyar a combatientes en Siria e Irak.

Asimismo, Elliptic, una compañía pionera en el uso de análisis de la blockchain para el cumplimiento de las normas sobre delitos financieros, ha descubierto que importantes grupos terroristas como Al Qaeda, las Brigadas Al Qassam de Hamás y el Estado Islámico han estado utilizando criptoactivos para una gama cada vez mayor de objetivos, entre ellos la evasión de sanciones, los delitos cibernéticos, la extorsión, el comercio de inversiones, la recaudación de fondos públicos y las transferencias de valor internas. La compañía también señaló que las organizaciones extremistas han dejado de utilizar Bitcoin, lo que subraya la importancia de que las fuerzas del orden puedan acceder a capacidades de rastreo de múltiples activos.

Crecimiento de la amenaza

El auge del Estado Islámico en 2015-2016 coincidió con un mayor escrutinio sobre las criptomonedas como medio de financiamiento terrorista. La posibilidad de enviar fondos de manera anónima y sin intermediarios financieros resultaba atractiva para algunos actores relacionados con el terrorismo. En 2017, un informe del Centro de Sanciones y Finanzas Ilícitas de la Fundación para la Defensa de las Democracias señaló que el uso de criptomonedas por parte de grupos terroristas estaba en aumento, aunque aún no era una amenaza generalizada.

Un ejemplo de este período fue la captura en 2019 de un colaborador de Al Qaeda que estaba recaudando fondos en criptomonedas a través de sitios web falsos de caridad islámica. Este y otros incidentes sugirieron que las criptomonedas comenzaban a tener un rol más significativo en los esfuerzos de financiamiento del terrorismo.

Mayor regulación y control (2020-2022)

Ante el crecimiento del uso ilícito de criptomonedas, organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las Naciones Unidas (ONU) empezaron a tomar medidas más estrictas. En 2019, el GAFI emitió recomendaciones para regular los activos virtuales, instando a los gobiernos a implementar regulaciones más sólidas para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través de criptomonedas.

Aunque continuaban explorando el uso de criptomonedas, el Estado Islámico y Al Qaeda se vieron limitados por el aumento de la vigilancia y la regulación del ecosistema cripto. Aun así, en 2020 las autoridades estadounidenses desmantelaron una red que recaudaba criptomonedas para el Estado Islámico, evidenciando que estos grupos seguían recurriendo a estos métodos de financiación, aunque en menor escala.

En concreto, el 13 de agosto de 2020 la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció “la mayor incautación de criptomonedas en el contexto del terrorismo de la historia”.

Situación actual (2023-2024)

Un artículo del Wall Street Journal anunció el 10 de octubre de 2023 que las billeteras de criptomoneda conectadas a Hamás recibieron alrededor de 41 millones de dólares entre 2020 y 2023 y que las billeteras conectadas a otra organización catalogada como terrorista por los Estados Unidos, la Yihad Islámica Palestina (PIJ), recibieron hasta 93 millones de dólares durante un período similar. Esto hizo que algunos analistas se cuestionaran si estas cifras sobrestiman la cantidad recibida por Hamás y señalan el papel de otras fuentes de financiación mayores que sostienen a Hamás (por ejemplo, el gobierno iraní, la extorsión y los impuestos de facto en Gaza, las inversiones extranjeras y las organizaciones benéficas).

En 2024, el uso de criptomonedas por parte de grupos terroristas sigue siendo tema de preocupación, pero los datos sugieren que el riesgo puede estar sobredimensionado en relación a otros métodos de financiamiento. Informes recientes del Consejo de Seguridad de la ONU indican que, si bien las criptomonedas son utilizadas por algunos grupos y células terroristas, el efectivo y las transferencias tradicionales continúan siendo las principales fuentes de financiamiento para el terrorismo internacional.

Una de las conclusiones que arrojó una de las tantas sesiones técnicas de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo fue que, algunas veces, a los investigadores financieros les resulta más complejo seguir el rastro del dinero proveniente de las cadenas de bloques, las criptomonedas y el crowdfunding. Algunos de estos productos pueden permitir transferencias de fondos anónimas entre pares transfronterizos, que pueden ocurrir sin la participación de un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP).

Estos riesgos se ven agravados por el aumento en el número y los tipos de VASP y las lagunas persistentes en su regulación y supervisión. La implementación de medidas AML/CFT se está volviendo más desafiante debido al incremento del uso y la materialidad de las finanzas descentralizadas (DeFi), los tokens no fungibles (NFT) y las billeteras no alojadas.

La regulación se complica aún más por la naturaleza global del ecosistema criptográfico. Las empresas que ofrecen servicios financieros digitales en un país en particular pueden no estar domiciliadas o registradas en ese país, y por lo tanto se necesita una regulación global, pero que debe activarse de manera coordinada.

Resoluciones e informes internacionales

El GAFI ha sido uno de los actores clave en la lucha contra el financiamiento terrorista a través de criptomonedas. Asimismo, mediante resoluciones como la 2462 (2019), la ONU ha instado a los Estados miembros a tomar medidas coordinadas contra la financiación del terrorismo, incluidas las nuevas tecnologías financieras.

La adopción y aplicación efectivas de las directrices del GAFI, en particular la “Regla de viaje”, introducida en 2019 para los Provedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP por sus siglas en inglés), sirven como una medida de protección crucial. La “Regla de viaje” es una disposición reglamentaria que impone a los VASP de origen la obligación de adquirir y transmitir información específica al VASP beneficiario durante la transferencia de activos virtuales, comparable a los requisitos impuestos a las instituciones financieras tradicionales en las transferencias bancarias. Esta información suele incluir identificadores personales (como nombres, direcciones y números de cuenta) o identificadores únicos como el número de identidad nacional o el número de pasaporte.

El objetivo general de la Regla de viaje es reforzar la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas de las transacciones de activos virtuales, aumentando así el umbral para que se produzcan actividades ilícitas, como el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, sin que se detecten.

¿Un riesgo inminente o una preocupación exagerada?

Si bien es innegable que algunos grupos terroristas han recurrido a las criptomonedas, la magnitud de esta amenaza parece estar sobredimensionada en comparación con otros métodos de financiamiento. La volatilidad de los mercados de criptomonedas, junto con la creciente regulación y las dificultades técnicas que presentan, han limitado su adopción masiva por parte de organizaciones terroristas como Al Qaeda y el Estado Islámico.

El efectivo, las redes de lavado de dinero y las organizaciones benéficas falsas siguen siendo métodos mucho más prevalentes para el financiamiento terrorista. Aunque el uso de criptomonedas en este contexto no debe ser ignorado, tampoco representa una amenaza tan inminente como algunos sectores lo han sugerido. Los esfuerzos internacionales para regular este espacio, junto con las mejoras en las tecnologías de monitoreo, han reducido significativamente el riesgo potencial.

Comentarios finales

La relación entre criptomonedas y financiamiento del terrorismo ha evolucionado significativamente desde la aparición de Bitcoin en 2009. A lo largo de los años, estos grupos han explorado formas de utilizar criptoactivos para evadir sanciones y realizar transacciones sin pasar por el sistema financiero tradicional. No obstante, su adopción ha sido limitada debido a la volatilidad del mercado y las crecientes medidas regulatorias.

A partir de 2019, organismos internacionales como el GAFI y la ONU comenzaron a establecer directrices para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través de activos virtuales. Estas normativas, junto con mejoras en las tecnologías de rastreo, han dificultado que organizaciones terroristas utilicen criptomonedas de manera masiva.

Si bien algunos incidentes como la recaudación de fondos por parte de Hamás indican que las criptomonedas siguen siendo utilizadas en menor escala, informes recientes sugieren que el efectivo y las transferencias tradicionales siguen siendo los principales medios de financiamiento terrorista. En consecuencia, aunque las criptomonedas representan un riesgo, este ha sido controlado en gran medida por los esfuerzos internacionales de regulación y supervisión.