Avezado lector, vamos a dar un repaso por algunas de las causas de la responsabilidad empresarial durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, de 1976 a 1983, y después en democracia.

Con la incorporación, en el campo de la historia, de nuevos enfoques de estudio, de la historia del trabajo y de los trabajadores, de los subalternos, así como de sus formas de organización, se presentan experiencias para revisar la relevancia de este enfoque. También la historia económica contribuyó a analizar con mayor profundidad este periodo de tensiones y conflictos en un contexto de guerra fría, más precisamente en los 70 en América Latina.

En Argentina, después del golpe de Estado de 1955 a Perón, la identificación de un enemigo interno por partes de las fuerzas armadas incluyó, dentro de esas filas, a la clase trabajadora politizada, sus organizaciones sindicales combativas frente a las dictaduras de 1955-1958, la de 1966-1973, así como procesos represivos no dictatoriales en etapas como proscripción del peronismo y de crítico intervalo 1973-1976. Pero la última dictadura de 1976-1983 es el ciclo mas estudiado en términos represivos dado al alcance del terrorismo de Estado que desarrolló profundas transformaciones económicas, sociales y laborales.

Con el paso de los años se produjo una cantidad enorme de testimonios y de pruebas documentales sobre las diversas formas que asumió la política represiva extendida en todo el país, sobre todo gracias a la militancia de activistas de organizaciones de derechos humanos. Destacados ejemplos son Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que nunca dejaron de denunciar y pedir por la restitución de hijos desaparecidos y nietos nacidos en cautiverio, y H.I.J.O.S, exigiendo justicia sobre violaciones de derechos humanos.

En el año 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), en su informe “Nunca Más”, agrupó gran cantidad de denuncias, tanto dentro como fuera del país, y entre ellas se incluyeron los casos de la automotriz Ford, los ingenios Ledesma y La Fronterita, los astilleros Astarsa y Mestrina. Algunos mencionados en el juicio a las Juntas Militares en 1985. Hace poco se estrenó una película al respecto para quien desea disfrutar del largometraje.

En los años 1986, con el gobierno de Raúl Alfonsín, se crearon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (1987), condicionaron la judicialización de muchas denuncias en aquella década, que más que nada buscaba, pero de forma más clara en el siguiente gobierno, una supuesta “reconciliación”, rechazada en las calles con denuncias, expresiones artísticas y culturales y de los “escraches”, buscando visibilizar a distintos actores con responsabilidad sobre hechos que se pretendían olvidar y caer en la impunidad.

En el año 1998 se impulsaron los juicios por la Verdad, primero desde la ciudad de La Plata, luego por varias localidades de la región, donde nuevos testimonios salían a la luz después de un tiempo callados. En el ámbito internacional se llevaron a cabo juicios contra militares argentinos en países como Alemania, Italia y Francia. Como la denuncia en 1999 realizada por Héctor Ratto, estando exiliado en Alemania, ex trabajador de Mercedes-Benz secuestrado en la fábrica de González Catán, contra el Gerente de Producción de Mercedes-Benz Juan Tasselkraut, pero fue desestimada en el año 2003.

Para el 2001, año crítico en la política nacional argentina, se da a conocer el fallo en la causa “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad”, que declaró inconstitucionales a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y en el 2003 el Congreso Nacional las declaró nulas.

En los siguientes años, ya con un nuevo gobierno que impulsaba una transformación significativa en materia de derechos humanos, y con la célebre quita de cuadros de presidentes de junta militar de casa rosada de parte del entonces Presidente Néstor Kirchner, dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron fundamentales para reapertura de los juicios por los crímenes de la dictadura. Uno de ellos en el año 2004, la causa “Arancibia Clavel”, la Corte sostuvo que delitos como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada, como cualquier otros tipos de acto dirigidos a perseguir y exterminar opositores políticos constituyen como crímenes de lesa humanidad y que son imprescriptibles. En 2005, causa “Simon”, la Corte estableció, de forma indeclinable, la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, para el avance de más juicios.

Una creciente innovación en investigaciones tanto judiciales como académicas, en conjunto, permitió el avance con causas como “Papel Prensa”, centrada en el traspaso de dicha empresa a una sociedad llamada Fapel, integradas por diarios hegemónicos como Clarín, La Nación y La Razón, en el marco de la represión y persecución a la familia de su propietario David Gravier. En el año 2008, juicio contra el represor y exgobernador de la Provincia de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, siendo condenado a cadena perpetua.

En 2012, se condenó a los hermanos Emilio y Julio Méndez por haber facilitado su quinta de la localidad de Tandil donde estuvo secuestrado y ejecutado el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno en 1977, que representaba a los trabajadores de la empresa Loma Negra.

Otro caso de gran magnitud fue el del ingenio Ledesma, en la provincia norteña de Jujuy, que puso de manifiesto el proceso represivo sobre sus trabajadores empleando toda la estructura empresarial, de Carlos Pedro Balquier, en conjunto con el gobierno de facto y el ejército en detrimento y persecución a los trabajadores azucareros, un ejemplo claro de ello fue la “Noche del Apagón” en la ciudad de Libertador Gral. San Martín y Allende.

En octubre de 2014 se dictó sentencia del “Juicio de los obreros” en la causa de Campo de Mayo que abarcó la represión a trabajadores de los astilleros de Astarsa, Mestrina, Forte y de las cerámicas Lozadur y Cattáneo.

Continuando con traer a colación causas fundamentales, sigo con la que juzgó el accionar de la Fuerza de Tareas Nº5 en el cordón industrial de la zona sur de la Provincia de Buenos Aires que en el año 2015, la sentencia dictada por la justicia, calificó a los hechos bajo el delito internacional de “genocidio” y ordenó una serie de políticas de reparación a los trabajadores, así como obtener la jubilación.

En los siguientes años también se avanzaron en acciones penales referidas a otros casos como Mercedes-Benz, Ford, Dálmine Siderca, La Nueva Provincia y Loma Negra en la Provincia de Buenos Aires, y La Veloz del Norte (Provincia de Salta), Mina El Aguilar (Provincia de Jujuy), Las Marías (Provincia de Corrientes) y el Ingenio La Fronterita (Provincia de Tucumán). Este último surgió a partir del juicio por el Operativo Independencia, poniendo de relieve la persecución al sector azucarero en Tucumán en el año 1975 antes del golpe de Estado cívico-militar.

Cabe resaltar que con la llegada del gobierno de derecha de Javier Milei, todas estas políticas a favor de derechos humanos, con las consignas de Memoria, Verdad y Justicia han sido dadas de baja, inclusive casi en su totalidad fueron desfinanciadas así como el avance de sus investigaciones.