La corrupción se ha tomado la agenda política de varios países, grandes y chicos, de América Latina. Del Río Grande al sur del continente las últimas décadas han sido marcadas más por el dinero que por los principios. Presidentes procesados, prófugos, arrestados, cumpliendo condenas y no se detiene, siendo algunas acusaciones ciertas, otras no tanto. Por ello ya nadie se extraña del desencanto, en general, de los ciudadanos con la política y de la pérdida de confianza en la democracia.

En Ecuador, acaba de comenzar una nueva teleserie, o drama, que no sabemos cuándo terminará ni cómo, en un país multiétnico, donde se hablan más de 10 lenguas, con la moneda estadounidense como divisa nacional y separados entre la selva y la sierra, o entre «monos y serranos», como ellos mismo se identifican. Con algo más de 250 mil kilómetros cuadrados y casi 19 millones de habitantes es similar en superficie y población a Rumania, en Europa.

El presidente, Guillermo Lasso, quien el 24 de mayo cumplirá dos años en el cargo, ha hecho uso por primera vez de un mecanismo constitucional introducido en 2008, por el expresidente Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia, que le permitirá disolver el Parlamento -controlado por la oposición que busca destituirlo- y convocar a elecciones generales. Es lo que los ecuatorianos han llamado «muerte cruzada», debido a la anulación mutua del poder presidencial y del legislativo -ambos deben ir a elecciones- o también podría ser calificada como una suerte de «suicidio presidencial», ya que probablemente la actual oposición mantendrá la mayoría parlamentaria, mientras que son remotas las posibilidades de que el actual mandatario pueda volver a ser elegido si se presentara. Las elecciones deberán ser convocadas en «un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución».

Luego, el Consejo Nacional Electoral fijará la fecha de las elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos, «las que deberán realizarse en un plazo máximo de noventa días posteriores a la convocatoria». Así las cosas, al no haber sido impugnado el decreto presidencial, los ecuatorianos elegirán un nuevo Jefe de Estado antes que termine el presente año. Las dudas y cuestionamientos habían surgido en las primeras horas en la interpretación de algunos artículos de la Constitución, en especial del 148 que señala:

La Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, esta se hubiere arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna.

Para los sectores opositores, que son mayoría en el Parlamento y algunos constitucionalistas, apegados a la letra de la carta magna, no se cumplirían ninguna de las dos condiciones señaladas en el artículo 148. Por su parte, el expresidente Correa, desde Bélgica donde reside, ha señalado que era una «medida ilegal» al no haber conmoción interna, pero si un juicio político. Aprovechó de arengar a sus partidarios incondicionales, que se estiman en alrededor del 20% de la masa electoral, para señalar que había que aprovechar la oportunidad de «mandar a Lasso y a sus parlamentarios para la casa».

El Ecuador tuvo entre 1996 y 2007, es decir, en solo 11 años, siete presidentes de la república. Por ello, el exmandatario Rafael Correa, quien dio estabilidad al país en dos períodos constitucionales (2007-2017) modificó la Constitución que entró en vigor en 2008, introduciendo esta válvula de escape y evitar que los militares llegaran a tocar la puerta del palacio presidencial ante las movilizaciones sociales, huelgas y violencia callejera que caracterizaron parte del siglo XX.

Este país, ubicado en la «mitad del mundo», ha sido de líderes y caudillos como el general Eloy Alfaro, dos veces presidente y padre de la revolución liberal, que inspiró al movimiento guerrillero de los años 80, «Alfaro Vive, carajo», o José María Velasco Ibarra, famoso por su oratoria, quien fue elegido en cinco oportunidades con su célebre frase, «dadme un balcón en cada ciudad y seré presidente otra vez». En materia indigenista Ecuador ha sido pionero, con la clásica novela Huasipungo, de Jorge Icaza, publicada en los años 30 y que remeció la conciencia de América Latina; al igual que las célebres pinturas del maestro Oswaldo Guayasamín (1919-1999). No han sido fáciles para Ecuador las relaciones con su vecino del sur, Perú, con quien libró la última guerra ocurrida en Sudamérica -del Cóndor- que tuvo lugar entre los meses de enero y febrero de 1995, con alrededor de 500 muertos y donde, como en el realismo mágico, ambos países se declararon vencedores.

Esta es la primera vez desde que entró en vigor la actual Constitución, que se usa el mecanismo de disolución del poder legislativo y presidencial. El presidente Lasso gobernará los próximos seis meses por decreto, sin oposición, mientras que la Corte Constitucional será su fiscalizador que podrá aprobar o rechazar los proyectos del ejecutivo hasta que asuma el nuevo Parlamento. Se espera que actúe como contrapeso del inmenso poder con que podrá gobernar el actual mandatario. Presenciaremos un ejercicio político y jurídico que pocas veces se ha visto en América Latina y Ecuador pondrá a prueba sus fortalezas constitucionales y políticas. Mientras tanto la opinión pública observa los preparativos de quienes se sienten llamados a ceñirse la banda presidencial, donde los hombres y mujeres del partido del expresidente Correa, Revolución Ciudadana, hoy aparecen con mayores posibilidades de triunfo.

El cuadro político ha cambiado dramáticamente en los últimos años. En las elecciones de febrero pasado para renovar alcaldes y prefecturas regionales, el gobierno del presidente Lasso sufrió una cuantitativa y simbólica derrota al perder las ciudades de Quito y Guayaquil, entre muchas otras. Su partido, CREO (Creando Oportunidades) que en 2019 controlaba 32 alcaldías, las redujo a 10 y el Partido Social Cristiano, de los empresarios, que durante 30 años vencieron en la ciudad más grande del país, Guayaquil, también fueron derrotados por Revolución Ciudadana. Seguramente el exmandatario Rafael Correa, desde la lejana Europa, sigue minuto a minuto los acontecimientos y con la esperanza de triunfo para su partido, pero él no tiene posibilidad alguna, por ahora al menos, de volver a la arena política por la sentencia de ocho años que le pesa por corrupción y soborno durante los años de su presidencia.