BoJack Horseman, la serie animada de Netflix, tiene un episodio donde las películas se arruinan por los constantes tiroteos en Estados Unidos: no pueden presentar escenas en lugares donde acaba de morir gente. “Thoughts and Prayers”, dicen los personajes cada tanto para dejar claro que les preocupa lo que ocurre, y luego regresar al problema real: ¿cómo estrenar las películas? En Colombia vivimos hace poco un momento similar, no de tiroteos sino de Thoughts and Prayers (que de manera literal sería, pensamientos y oraciones): el periodista Nicolás Sánchez Arévalo fue amenazado por sus investigaciones sobre paramilitarismo y narcotráfico. Claro, en los grandes medios hubo voces de aliento, menciones al hecho, entrevistas preocupadas; hubo movimiento en redes al respecto, varias instituciones entraron en escena para apoyar al periodista… ¿Qué pasará después?
El problema está en que las amenazas se vuelven paisaje, en Colombia matan periodistas y los amedrentan, entonces, ¿para qué hablamos más de eso? Parece ser la frase que sentencia la actitud general. Las preguntas se quedan a mitad de camino: ¿por qué las investigaciones que Nicolás hacía para el medio Vorágine incomodan? ¿Acaso el paramilitarismo no estaba ya desmovilizado en Colombia? Los expertos en el tema saben las respuestas a estos temas, el público general no. Y la mayoría de medios con más audiencia y mayores recursos no tocan con el mismo juicio y detalle estos platillos picantes. Las preguntas quedan a mitad de camino, como ocurrió el año pasado con Laura Ardila ―sobre quien escribimos aquí―, autora de un libro sobre la corrupción en la Costa Caribe colombiana que la editorial Planeta canceló cuando ya estaba a punto de salir; tuvo que venir Rey Naranjo a salvar el texto. Laura Ardila tuvo que salir de Colombia este año. ¿Quién tomará el testigo en las investigaciones sobre narcotráfico y paramilitarismo ahora?
En el caso de Nicolás Sánchez, Vorágine publicó un comunicado escueto en redes el 10 de octubre anunciando la situación; luego apareció el nombre del periodista. Entre las entrevistas que dio Nicolás, él menciona que siempre busca a las personas involucradas en las historias que trabaja, víctimas y victimarios, por eso le ofende el calificativo de “sapo” (soplón) que hicieron en las amenazas en redes sociales, por supuestamente entregarle información a las autoridades colombianas. Al respecto, Sara Trejos mencionó en la entrevista que le hicieron al periodista en Presunto Podcast que muchos datos ya están en manos de la Fiscalía General de la Nación o del Ejército. ¿Incomoda entonces que se traiga a la luz la información que él usa?
Es cierto que la solución está más allá de las posibilidades de los medios de comunicación. Sin embargo, sí hay un rastro que desde ahí se puede seguir. Solo para mencionar dos casos específicos: en 2011 se supo que un columnista reconocido en Colombia, Ernesto Yamhure, recibía comentarios de sus textos ―antes de publicarlos― por parte del jefe paramilitar Carlos Castaño; este año, se supo que el columnista Yohir Akerman trabajó en la defensa de la empresa multinacional estadounidense Chiquita Brands ―con un informe hecho por la empresa Guidepost, donde es presidente para Latinoamérica―, sindicada de colaborar con el paramilitarismo en zonas como el Urabá. En un mundo donde la desinformación es el tema del día y la creación de medios desinformativos es posible ―en Colombia, una senadora tiene uno―, perder periodistas que hacen el trabajo, que hablan de lo que incomoda con datos y verificaciones, no puede ser el camino. ¿Acaso no es necesario la publicación de piezas periodísticas verificadas, contrastadas y de interés público?
Aunque la labor periodística suele conducir a más preguntas, el peligro de quedarnos sin periodistas es silenciar las dudas necesarias y dar espacio a la complacencia, a los cuestionamientos inoficiosos, a los que no llevan al asunto sino a frivolizar la discusión. Esto puede ser aplicado a cualquier contexto político, económico o social en cualquier lugar del planeta. Un ejemplo: el gobierno de Iván Duque, el anterior al de Petro, compró un software espía al gobierno de Israel, Pegasus, con dinero en efectivo ―sí, en efectivo― para evitar registros de la compra. Aun así, la Revista Raya está informando del asunto.
En Colombia, hasta el 15 de octubre se han contabilizado 164 amenazas contra periodistas, de acuerdo a la información de la Fundación para la Libertad de Prensa. Deberíamos decir algo más que Thoughts and Prayers, ¿no? Vale la pena recordar también a los 182 periodistas muertos en Gaza. Allá hay muchas preguntas por hacer.