La democracia ha sido largamente celebrada como el sistema de gobierno ideal, basado en los valores de libertad, igualdad y participación ciudadana. Se le ha considerado una salvaguarda contra los abusos de poder y una garantía de los derechos humanos. Sin embargo, en las últimas décadas, hemos sido testigos del surgimiento de “democracias iliberales”, un fenómeno que cuestiona estas supuestas bondades intrínsecas. La idea de que la democracia por sí sola es suficiente para garantizar un gobierno justo y efectivo ha comenzado a mostrar fisuras, especialmente cuando se convierte en un mecanismo que facilita el autoritarismo bajo una fachada de legitimidad.

En el contexto político global actual, la idea de la "democracia iliberal" ha ganado prominencia como una categoría para describir sistemas que, a pesar de celebrar elecciones regulares, limitan significativamente las libertades fundamentales y el estado de derecho. Este concepto, acuñado por el académico Fareed Zakaria, se refiere a regímenes que combinan prácticas democráticas con características autoritarias. En América Latina, varios países han mostrado tendencias hacia este modelo, donde el autoritarismo se enmascara en procesos electorales.

Países que mantienen elecciones regulares, pero socavan la independencia judicial, restringen la libertad de expresión y concentran el poder en manos del Ejecutivo desafían la idea de que la democracia, por sí sola, es suficiente para garantizar un gobierno justo y efectivo.

Esto plantea un interrogante: ¿puede una democracia, al perder su esencia liberal, volverse una amenaza en lugar de un baluarte de los derechos ciudadanos? ¿Hasta qué punto es útil la democracia si se convierte en una fachada que oculta prácticas autoritarias? Y más aún, ¿pueden algunas características de estos regímenes iliberales, como la concentración de poder para una toma de decisiones más eficiente, ser vistas como una ventaja en contextos de crisis? Estos interrogantes invitan a repensar los límites y las debilidades de la democracia moderna.

Lo interesante de estudiar el concepto de democracia iliberal es que implica una ruptura con las ideas que se predicaban durante el período de Guerra Fría. En ese entonces se planteaba a la dictadura como antagonista de la democracia. Era la primera la encargada de deshacerse de todas las “virtudes democráticas”. A inicios del nuevo milenio este panorama cambia, y son las mismas instituciones democráticas las que actúan en contra del sistema, carcomiendo desde dentro y creando un retroceso democrático.

Nancy Bermeo, en su análisis sobre el retroceso democrático, nos ofrece un marco conceptual valioso para comprender la erosión gradual de la democracia en contextos contemporáneos. Bermeo identifica formas sutiles pero efectivas de retroceso democrático, distinguiéndolas de los tradicionales golpes de Estado. Su enfoque resalta cómo los líderes democráticamente elegidos utilizan herramientas legales y formales para socavar la democracia desde dentro, sin recurrir a medidas drásticas o abiertamente autoritarias. Esta dinámica se observa en lo que Bermeo llama “autoritarismo competitivo”, un sistema híbrido en el que, aunque persisten instituciones democráticas, estas están distorsionadas en favor del gobierno, erosionando así la igualdad de condiciones.

Venezuela bajo Nicolás Maduro: democracia Iliberal en acción

El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ha sido frecuentemente señalado por erosionar los principios democráticos, adoptando prácticas que lo acercan a una democracia iliberal. A través de acciones que minan la separación de poderes, restringen la libertad de expresión y suprimen la oposición política, el régimen ha consolidado un control autoritario bajo un manto de legalidad formal.

Una de las características más notorias del gobierno de Maduro ha sido la manipulación del proceso electoral para perpetuarse en el poder. Las elecciones presidenciales de 2018, en las que Maduro fue reelecto, estuvieron marcadas por graves irregularidades, como la inhabilitación de candidatos opositores, el uso del voto asistido y la coacción a los votantes mediante programas sociales. Estas elecciones fueron ampliamente rechazadas por la comunidad internacional; la Unión Europea, la OEA y numerosos países, incluyendo Estados Unidos, Canadá y Brasil.

En 2017, Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin referéndum aprobatorio, con el objetivo de suplantar a la Asamblea Nacional, dominada por la oposición. Esta ANC, controlada por el oficialismo, asumió poderes supraconstitucionales, legislando en detrimento de la asamblea elegida democráticamente. Organismos como Human Rights Watch señalaron que la ANC fue instrumentalizada para consolidar el poder y reprimir a la oposición.

El gobierno de Maduro ha utilizado la represión violenta como una herramienta para silenciar el descontento popular. Durante las protestas de 2017, que se extendieron por varios meses, las fuerzas de seguridad reprimieron brutalmente a los manifestantes, resultando en más de 150 muertos y miles de heridos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reportó más de 6 mil protestas solo en 2019, muchas de ellas reprimidas con violencia.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de 2022, documentó ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad venezolanas, como la Guardia Nacional Bolivariana y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

La libertad de prensa también ha sido severamente restringida bajo el gobierno de Maduro. Desde 2013, más de 60 medios de comunicación han sido cerrados y el internet ha sido bloqueado en múltiples ocasiones para limitar el acceso a la información independiente.

Además, el gobierno ha utilizado el sistema judicial como un instrumento para perseguir a los líderes opositores. En 2023, el Foro Penal Venezolano reportó más de 270 presos políticos en el país. Amnistía Internacional ha denunciado la judicialización de la disidencia política, describiendo un patrón de encarcelamiento, exilio o inhabilitación de figuras opositoras.

Finalmente, el gobierno de Maduro impulsó reformas legales que concentran cada vez más poder en el Ejecutivo. La Asamblea Nacional Constituyente reformó leyes clave, como la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, facilitando el control del poder judicial por parte del gobierno. En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respaldada por países como Colombia, Argentina y Perú, alertó sobre la creciente interferencia del gobierno en decisiones judiciales, calificando la situación venezolana como una seria amenaza para la democracia en la región.

El retroceso democrático durante el kirchnerismo

Si observamos el caso argentino, durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández (2019-2023), Argentina mostró signos de erosión democrática que permiten ubicar al país dentro del espectro de las democracias iliberales y los autoritarismos competitivos. Aunque Argentina no ha colapsado en un autoritarismo pleno, ciertos eventos y prácticas reflejaron un retroceso democrático y un debilitamiento de las instituciones.

En los mandatos de Cristina Fernández, la concentración del poder en el Ejecutivo fue evidente, con intentos claros de manipular otras instituciones clave. Uno de los ejemplos más destacados fue el intento de modificar la independencia judicial mediante la Ley de Democratización de la Justicia en 2013. Esta iniciativa buscaba reformar el Consejo de la Magistratura para permitir la elección popular de sus miembros, una medida que fue finalmente declarada inconstitucional por la Corte Suprema, pero que evidenció la intención del gobierno de influir en el Poder Judicial.

La relación con los medios de comunicación también mostró características de una democracia iliberal. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009, diseñada oficialmente para democratizar los medios, fue aplicada de manera selectiva y percibida como un ataque directo contra medios opositores, particularmente el Grupo Clarín. En 2013, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el uso de la publicidad oficial como herramienta de presión sobre los medios críticos, una práctica que fue respaldada por informes internacionales y generó críticas dentro y fuera del país.

Los escándalos de corrupción durante estos años también minaron la confianza en la democracia argentina, especialmente con el caso de los “Cuadernos de las Coimas”, que salió a la luz en 2018. Esta investigación reveló un esquema sistemático de sobornos a funcionarios kirchneristas, incluyendo procesamientos contra la propia Cristina Fernández, lo que puso de manifiesto un sistema de captura del Estado que comprometía seriamente la transparencia gubernamental.

Durante la presidencia de Alberto Fernández, muchas de estas prácticas continuaron, con Cristina Fernández manteniendo una fuerte influencia como vicepresidenta. En 2020, su gobierno impulsó una reforma judicial que generó polémica, pues fue vista como un intento de influir en casos judiciales clave que involucraban a funcionarios kirchneristas. Además, durante la pandemia de COVID-19, se observó un uso excesivo de la propaganda oficial y una distribución desigual de la publicidad gubernamental que favorecía a los medios afines al gobierno.

En conclusión, durante el kirchnerismo, la relación entre el gobierno y los medios de comunicación se deterioró significativamente, revelando una tendencia autoritaria que buscaba acallar las voces disidentes. El intento de modificar la estructura judicial y la persecución a periodistas críticos reflejan una democracia en crisis, donde las instituciones son manipuladas en favor de un proyecto de poder. La retórica del "gobierno del pueblo" quedó en entredicho cuando las acciones del kirchnerismo mostraron un desprecio por los principios liberales que deberían sustentar cualquier democracia verdadera.

Un concepto en constante cambio

La evolución del concepto de democracia, desde la antigüedad griega hasta nuestros días, refleja una transformación profunda en la forma en que entendemos el poder y la participación ciudadana. Hoy, la aparición de democracias iliberales plantea una seria advertencia sobre la vulnerabilidad del sistema democrático frente a líderes que, aunque electos por la vía popular, erosionan sus bases liberales. Analizar estos casos, como los de Venezuela y Argentina, nos invita a cuestionar si la democracia, en su versión moderna, sigue cumpliendo con las promesas que la han sostenido a lo largo de la historia. ¿Estamos presenciando una adaptación necesaria a nuevas realidades políticas, o estos retrocesos representan una amenaza directa al corazón mismo del gobierno del pueblo? En un mundo donde los límites entre lo democrático y lo autoritario se desdibujan, la pregunta ya no es solo cómo preservar la democracia, sino si esta sigue siendo suficiente para garantizar una sociedad justa y equitativa.