Las pasiones políticas, el genio literario, la vitalidad cultural, el idealismo individual, la generosidad de todas las clases españolas estaban en pleno apogeo en el año 1935.

(Gabriel Jackson: «La República española y la guerra civil», 1976)

Estamos de acuerdo con una Ley de Memoria Histórica en España, ahora convertida en Ley de Memoria Democrática partidista (ambas leyes saltaron por encima de la Ley 46/77 de Amnistía, durante la Transición), que investigue y esclarezca todo lo que sucedió, tanto en un bando como del otro, donde las chekas, los paseos, las sacas de presos o como los fusilamientos de Paracuellos del Jarama (entre ellos el de Pedro Muñoz Seca) que estaban a la orden del día en zona republicana. Nos preguntamos, sin embargo: ¿cuál ha sido el interés de estas dos leyes de Memoria, sino la de echar más leña el fuego de la memoria colectiva? No ha sido para esclarecer toda la verdad de quiénes fueron los autores intelectuales, cuando, hoy, en 2024 a la gente joven le importa un bledo lo que sucedió en nuestra Guerra Civil hace 88 años. O leyes dictadas por los que perdieron la guerra (toda la izquierda) amparan ahora derribar las cruces de los «Todos los Caídos» incluida la del Valle de los Caídos en Cuelgamuros, como si la memoria del periodo franquista o de Azaña se pudiera borrarse de nuestra Historia, es decir, como si nunca hubiera sucedido.

La ley de Amnistía del 46/77, decía:

I. Quedan amnistiados:

a) Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis.

b) Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis y el quince de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España.

c) Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el seis de octubre de mil novecientos setenta y siete, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.

Una vez leído este texto, todos los hechos y acciones durante la Guerra Civil debieron quedar sepultados. Pensamos que las leyes, como la de Amnistía del 77, se dictaron como un camino hacia la reconciliación y la concordia nacional, para que se hiciera efectiva y no para obviarla. Ochenta y tantos años después se desentierran nuevas leyes no para pasar página, sino para transfigurar a la república de izquierda como los únicos mártires. Tanto unas víctimas como otras de uno u otro bando merecen consideraciones, por ser todas ellas inocentes de una catástrofe entre compatriotas, pero por los dos bandos, no solo de uno, como ocurre actualmente que se pretende culpar a un bando franquista. ¿Y «los otros» qué? A 88 años de distancia no se debería buscar culpables, sino estudiar las causas de esta catástrofe para aprender a no repetirlas. La frase: «Quién olvida su historia está obligado a repetirla», es cierta y verdadera. El odio solo lleva al rencor eterno, círculo electromagnético-político del que es imposible salir. Es lamentable que la política sea esto: «confrontación eterna», para que las generaciones venideras sigan odiándose.

Primeros meses de la guerra civil en Alicante

¿Por qué causas se sublevó parte del ejército, ya republicano, desde la reforma militar de abril de 1931, contra el presidente Azaña en julio del 36? Las causas no se han estudiado suficientemente para saber qué sucedió en los meses de febrero a julio del 36. Quizás el Frente Popular, tras ganar la elección de febrero se sumergió en los sótanos del desgobierno, robos, delaciones, crímenes políticos, huelgas, huida del capital, de lo empresarios y de la aristocracia... Todos los males venían ya de atrás, de una Constitución laica, mal entendida con la quema de conventos, iglesias, y asesinatos de monjas y curas y seminaristas, con la complacencia de los presidentes Alcalá Zamora, y después de Manuel Azaña. La impunidad de los milicianos y la complacencia de los ayuntamientos republicanos, fueron, acaso, los detonantes de un Alzamiento Nacional por los militares, desastroso para todos.

Tras la «victoria» del Frente Popular en las legislativas de febrero de 1936, llegaron los meses de venganzas y un verano caliente en una España sin control del orden público, los milicianos andaban a sus anchas, deteniendo y asesinando con arbitrariedad con la anuencia de despotismo y soberbia por parte de la República. Tras ellos, los falangistas vengadores actuaron también por su cuenta. En julio destacan los asesinatos del teniente de asalto José del Castillo, y otro del diputado monárquico Calvo Sotelo, ocurridos los días 12 y 13, respectivamente.

Grupos reducidos fueron trasladados a la base militar aérea republicana de San Javier. Estos crímenes de lesa humanidad quedaron impunes y fueron perdonados sesenta años más tarde por una Ley de Amnistía o de la Concordia en 1977 (arriba citada). Los asesinatos en las chekas o prisiones republicanas de tortura y asesinatos sin juicios en toda España no se han investigado (pasaron por ellas 12,000 personas) ni condenado suficientemente, hubo 447 entre 1936 y 1939, siendo miles sus víctimas, como Ramiro de Maeztu asesinado en Aravaca el 29 de octubre. O la controvertida muerte de Unamuno en diciembre del 36. Azorín escapó en julio del 36 de ser detenido en su casa de Madrid porque pudo marcharse con su esposa a París. Los palacios abandonados por la nobleza fueron incautados por los milicianos.

Los barcos-prisión entre Alicante y Cartagena

Los barcos-checa-prisión de la república fueron 18 en toda España. Otros barcos por estudiar son los del exilio, que es un tema diferente al tratado en estos apuntes.

Los militares y Guardia Civil de Alicante esperaban órdenes desde Valencia. «La sublevación militar en Alicante iba a depender de lo que ocurriera en la 3.a Zona de Valencia, la cabecera de la División donde debía proclamarse el estado de guerra» (Martínez Leal, 156:2014). Como Valencia no se sublevó, Alicante tampoco.

Ante estas dubitaciones un gran número de militares no se sublevaron en la región de Levante español. Una mayoría, se unió al gobierno de la Segunda República, y muchos miembros de la Guardia Civil o se rindieron a los milicianos y entregaron las armas, o huyeron a zona nacional. Los Carabineros se mantuvieron fieles a sus mandos, proclives a la República. Muchos religiosos, falangistas, personas de derechas y militares proclives a la sublevación fueron detenidos y fusilados sin juicios, y otros fueron encarcelados en las llamadas checas flotantes o barcos-prisión, como el Río Sil y el España 3 entre Alicante y Cartagena, donde se han contabilizaron 210 muertes que han quedado impunes.

Los generales sublevados de Barcelona

De repercusión nacional fue el Consejo de guerra celebrado en el buque-prisión «Uruguay», atracado en el puerto de Barcelona en agosto de 1936, contra los generales sublevados Manuel Goded Llopis y Álvaro Fernández Burriel, quienes fueron condenados a muerte y fusilados por los republicanos al día siguiente en los fosos del castillo de Montjüic.

Al terminar la guerra, y en Barcelona, fue fusilado por los nacionales el general de la Guardia Nacional Republica José Aranguren Roldán, ejecutado el 21 de abril 39 por mantenerse fiel a la República, había sido comandante de la IV División Orgánica y gobernador militar de Valencia.

Diez meses después, un subordinado suyo, el también general Antonio Escobar Huerta de la Guardia Civil fue fusilado en el Castillo de Montjuïc el 8 febrero de 1940 por los nacionales. El mismo piquete que le acababa de ejecutar le rindió honores militares a su cadáver. Fue uno más de los 47 militares ejecutados en Barcelona tras la Guerra Civil por haberse mantenido fieles a la República. Más de la mitad de ellos pertenecían a la Guardia Civil. Es decir, hubo ejecuciones sumarísimas por parte de los dos bandos enfrentados.

La cincuentena de fusilados de Aguamarga (Alicante)

El primer gran fusilamiento en masa en Alicante tuvo lugar el 12 de septiembre del 36 contra 50 falangistas o simpatizantes de dicho partido procedentes de la Vega Baja. Este contingente armado fue detenido por la Guardia de Asalto, capitaneada por Rubio Funes, por organizar una fallida operación de rescate a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, preso ya en la prisión Provincial de Alicante (sita en Avda. Orihuela, hoy convertido en un alberge juvenil) desde el 5 de junio del 36. La detención del contingente ocurrió en la zona donde hoy se levanta la fábrica de aluminio Inespal. Terminada la Guerra Civil se construyó un monumento en honor a los 50 falangistas fusilados de la Vega Baja que fue proyectado y construido entre 1941 y 1944 por el arquitecto alicantino Miguel López y por el escultor Daniel Bañuls. Los cinco prismas representan a los cinco flecha de la Falange. Monumento pagado por la Diputación Provincial costó 30,000 pesetas y que actualmente permanece en pie con graves deterioro, en un alcor visible pero inaccesible (Alicante Vivo).

Muy cerca de la fábrica del aluminio existió un cuartel de Carabineros (hoy en ruinas junto la N-340, cerca del EUIPO). El Real Cuerpo de Carabineros había sido creado en el 9 de marzo de 1829 por Fernando VII, para reprimir el fraude fiscal y el contrabando. Dos terceras partes de este Cuerpo se mantuvo fiel a la República. La Comandancia de Carabineros de Alicante estaba al mando del coronel Rafael Cabrera Castro, y del teniente coronel Luis Romero Sanz y una Compañía de la Guardia de Asalto que mandaba el capitán Eduardo Rubio Funes. Con el final de la guerra, los Carabineros desaparecieron por Ley de 15 de marzo de 1940 promulgada por el franquismo y los integró en el Cuerpo de la Guardia Civil como unidad de especialistas fiscales. El pueblo llano siguió llamado carabineros a los especialistas de Fiscales de los puertos y fronteras, por usar gorra de visera y no el popular y tradicional tricornio.

El 4 de octubre de 1936, también ejecutaron los republicanos en Alicante a 17 ilicitanos derechistas por sentencia de pena capital. A pesar de no sublevarse oficialmente, un Tribunal Popular condenó igualmente al general García-Aldave y a siete de sus oficiales a muerte, por indecisión, siendo fusilados el 14 de octubre.

La ejecución más grave ocurrió el 29 de noviembre, cuando en represalia por un bombardeo aéreo perpetrado por la aviación alemana nazi sobre Alicante que duró más de siete horas, se realizó una saca de 51 presos pendientes de juicio y se les trasladó al cementerio de San Blas, donde fueron fusilados. Nunca se demostró que ninguno de los asesinados tuviera relación alguna con dicho bombardeo nazi.

El 25 de mayo del 38 hubo un bombardeo italiano al Mercado Central de Alicante, donde fallecieron más de 300 personas civiles. Hoy se llama Plaza del 25 de mayo. En cambio, en 2018, han quitado las calles y plazas de las víctimas republicanas como la del maestro Fernando Madroñal ejecutado por los republicanos en Teruel en junio del 37 a la edad de 24 años. La relación de ejecutados por motivos políticos en Alicante en 1936 es larga; aconsejo a los interesados consultar la enciclopedia Alicantepedia de David Rubio.

Demografía en Alicante periodo de guerra

En el año 1937 la población de Alicante alcanzó los 101,870 habitantes, experimentando un aumento considerable desde el comienzo del siglo. Durante el periodo de 1936 a 1937, se estima que alrededor de 14,223 personas buscaron refugio en Alicante, destacando la presencia mayoritaria de mujeres y menores de edad. Sorprendentemente, solo un 3% logró conseguir empleo en ese difícil contexto. Posterior a la guerra civil, aproximadamente 10,500 personas refugiadas continuaron residenciándose en la ciudad, llegando entre los años 1936 y 1940.

Durante los años 1937 y 1938, el foco de la política municipal se centró en abordar el grave problema de suministro. La cuestión de la inmigración causada por la guerra requirió un esfuerzo significativo por parte de las autoridades y la población alicantina, enfocado en temas como la vivienda, la alimentación y el empleo, así como la acogida de niños, venidos principalmente de Madrid, en centros como el balneario de Aigües de Busot. El terminar la guerra el puerto de Alicante se convirtió en refugio de republicanos, algunos pudieron embarcar hacia Orán en el buque británico Stanbrook fue un mercante a vapor de 1,383 toneladas al mando del capitán galés Archibald Dickson.

En Alicante estaba situado el Regimiento de Infantería Tarifa n.º 11, liderado por el coronel Rodolfo Esplá y la Caja de Reclutas n.º 22, dirigida por el teniente coronel Félix Ojeda, además del Regimiento de Infantería Vizcaya n.º 12 en Alcoy, comandado por Santiago Pérez Frau. Al mando de estos se encontraba el general José García-Aldave (gobernador militar) como máximo dirigente de las tropas en Alicante, el cual se mantuvo expectante y prudente, esperando noticias de Valencia, aunque parece ser que simpatizaba más con los golpistas. De entre estos oficiales, el teniente coronel Félix Ojeda optó por el bando golpista, mientras que el coronel Rodolfo Esplá se mantuvo fiel desde el inicio al gobierno republicano y otros como Santiago Pérez Frau permanecieron dubitativos y muy pendientes del devenir de los sublevados (Miguel Asensio Gómez, Las Milicias Valencianas, p. 41).

Mientras tanto, en Alcoy, donde se encontraba el Regimiento de Infantería Vizcaya n.º 12, así como una compañía de Guardia Civil y una sección de Guardias de Asalto, las autoridades locales, al conocerse el alcance de la sublevación, el día 18, comenzaron a organizar la resistencia contra el golpe de estado, mientras los civiles partidarios de la sublevación trataban de refugiarse en el cuartel de Infantería. El alcalde de la ciudad, el republicano Evaristo Botella Asensi, y el diputado socialista Salvador García Muñoz, apoyados por los partidos y sindicatos que componían el Frente Popular, trataron de controlar la situación y al día siguiente se constituyó un Comité Revolucionario de Defensa, que convocó la huelga general: los sindicatos tomaron el control de la ciudad y armaron a sus afiliados, que cercaron el cuartel y detuvieron a los sospechosos de simpatizar con los facciosos (Francisco Moreno Sanz).

En la capital, existía la Comandancia de la Guardia Civil (situada en la plaza del Ayuntamiento), otra de Carabineros y una Compañía de Guardias de Asalto, liderada por Eduardo Rubio Funes, delegado en la zona de la Unión Militar Republicana Antifascista. El 18 de julio, las tropas del Regimiento Tarifa n.º 11 en Alicante quedaron acuarteladas, enfrentándose a la decisión de unirse a la República o ser atacadas por milicianos en busca de armas.

El comandante Jesús Cirujeda Gayoso lideró el intento de revuelta, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Incluso en las reuniones promovidas por Luciáñez y Pascual en la Sala de Banderas del Regimiento, no lograron obtener respaldo para su intención de apoyar el golpe, incluso de los oficiales y jefes considerados de derechas. También fracasó el intento de ocupar el Aeródromo de Rabasa.

En paralelo, durante la República del Frente Popular, se establecieron las checas creándose 447 celdas de tortura en toda España a imagen de la de Lenin en Rusia. Inspirada en la policía bolchevique, la cheka se hizo tristemente célebre por liderar el «Terror Rojo» en 1918 en Rusia. Para hacer frente a la cantidad de detenciones y custodias de personas afines a la sublevación, se destinaron unos 18 barcos-prisión para ejecuciones en respuesta a los bombardeos de la aviación Cóndor nazi e italiana de Mussolini, aliada de los sublevados. Como resultado, la aristocracia española e intelectuales se vieron obligados a exiliarse.

La Guardia Civil en Alicante, y la trama de la conspiración militar

Se da la paradoja de que en los convulsos años treinta la Guardia Civil había soportado los ataques de los sectores sociales más proclives a la República y, sin embargo, más de la mitad de la plantilla de la Guardia Civil y Real Cuerpo de Carabineros habían servido en el bando republicano durante la guerra. La Guardia Civil que quedó en la zona republicana fue renombrada como Guardia Nacional Republicana. Esto no era un gran mérito ante los vencedores, lo que ocasionó que el nuevo régimen mirase a la Guardia Civil con recelo, pues se la consideraba responsable del fracaso del golpe militar en las ciudades más importantes como Madrid, Barcelona y Valencia, hasta el punto de que el general Francisco Franco barajó la posibilidad de su disolución.

La CNT incautó edificios importantes en Alcoy, Orihuela, Alicante y Novelda (Casa palaciega de Gómez-Tortosa). Los anarcosindicalistas asaltaron cuarteles de la Guardia Civil para apoderarse de sus armas. Uno de estos asaltos como el de Jávea ha quedado documentado por Rafael Llopis.

Otro caso sonado fue el asesinato de los cinco guardias civiles en Elda (Alicante), el 13 de agosto de 1936, por milicianos, entre cuyas víctimas se encontraba Manuel Manresa Pamies, suegro del famoso poeta Miguel Hernández. Juan Martínez Leal lo cuenta:

Más graves aún fueron los confusos sucesos de Elda del día siguiente 13 de agosto del 36 en donde resultaron muertos un cabo y cinco números de la guardia civil. La versión más verosímil apunta a que el cuartel de la Guardia Civil (ya se llamaban Guardia Nacional Republicana) [no acierta Martínez Leal, ya que el nuevo nombre nace por el Decreto de 30 de agosto de 1936 que pasa a denominarse Guardia Nacional Republicana], estaba compartido con grupos de milicianos que habrían de marchar a Madrid y comenzó a extenderse la especie de que los guardias civiles estaban preparando su huida durante el traslado. Como reacción los milicianos detuvieron a los guardias. Cuando llevaban a un grupo de ellos custodiados llegaron a la altura del Coliseo España los dejaron adelantarse para que otros milicianos apostados les disparasen. Uno de los guardias civiles era Manuel Manresa Pamies, padre de Josefina Manresa, la esposa del poeta Miguel Hernández (ML:141-42:2014).

La información que apunta Martínez Leal la toma del relato de Alberto Navarro Pastor: Historia de Elda, tomo II, p. 252. Alicante, 1981. Josefina Manresa en su libro Recuerdos de mi vida con Miguel Hernández (Ediciones de la Torre, Madrid, 1980, p. 64) apunta las posibles causas:

Contaban que ese día, 13 de agosto de 1936, tuvo orden la guardia civil del puesto de Elda, más los concentrados que se encontraban esos días allí, de marchar al frente de Madrid [los milicianos pensaron que se iba a unir a los sublevados de Albacete, aunque después fueron detenidos y enviados a los barcos-prisión de Cartagena]. En la calle se encontraban cuatro guardias, y un cabo. [El cabo Marcos, concentrado, que era de Callosa de Segura] Un tal Esteve, de Albatera (guardia civil de caballería, también concentrado allí) les dijo a los milicianos que la guardia civil de Elda, al llegar a no sé qué punto, se iban a sublevar [...] Mi padre había salido a poner un telegrama a un hermano suyo [José], empleado electricista en la estación de Alcázar de San Juan...

Los sucesos de Torrevieja

En Torrevieja se produjo otro suceso, donde los milicianos han atacado la casa-cuartel de la Guardia Civil, aunque hay versiones divergentes sobre lo ocurrido. El desenlace fue trágico, con la pérdida de dos guardias civiles y un guardia municipal que intentaba tomar el cuartel, además de varios heridos.

Al parecer, guardias civiles y algunos familiares que se sentían amenazados en los pueblos circundantes debido a la inseguridad reinante se concentraron en el cuartel de Torrevieja. Desde el Ayuntamiento y el comité del Frente Popular torrevejense, se llegó a creer que esto era el preludio de una rebelión, lo que llevó a que los milicianos rodearan el cuartel, desencadenando un intenso intercambio de disparos.

Un destacamento de la cercana base aérea de hidroaviones de Los Alcázares (Murcia), que era un bastión republicano, bajo el mando de un capitán, acudió para reforzar el asedio. Ante la amenaza de la voladura del cuartel, el cabo Bielsa, comandante de puesto, se rindió ante el capitán Melendreras, quien prometió respetar la vida de toda la guarnición. Sin embargo, los acontecimientos posteriores son confusos. Durante el trayecto a Los Alcázares o en un paraje entre Torrevieja y San Miguel, el cabo Bielsa y el guardia Juan Monje fueron ametrallados.

El informe del alcalde, citado por Carolina Martínez, parece ser un intento de encubrir y oscurecer los hechos. Las milicias se presentaron en la puerta del cuartel para «auxiliar a la fuerza de este en lo que pudieran necesitar», momento en el cual los guardias civiles empezaron a disparar, resultando en la muerte del guardia municipal Carlos Rebollo Campos. Según el alcalde, los detenidos salieron de Torrevieja custodiados por las fuerzas de Los Alcázares.

La Guardia Civil de Alicante

En relación con los institutos armados, en Alicante aún persistía la cuestión pendiente referente a la Guardia Civil renombrada como Guardia Nacional Republicana desde 29 de agosto del 36. La situación en la ciudad era sumamente contradictoria. A pesar de las noticias elogiosas sobre su ejemplar comportamiento en Barcelona y Madrid, se encontraba en Alicante y Valencia en dudas de fidelidad, debido a la rebelión de la Guardia Civil en Albacete. Sin embargo, lo que sembró un profundo recelo en Alicante fueron los acontecimientos en la Puebla de Valverde (Teruel). En ese incidente, los guardias civiles que integraban la columna mixta atacaron a los propios milicianos, llevando a cabo la ejecución del coronel de carabineros a cargo y del diputado castellonense Casas Sala.

Cuando el entonces coronel jefe de la comandancia de Alicante José María Estañ Herrero fue destinado a Málaga, asumió el mando el comandante Enrique Ballenilla Herrero, conocido por su postura afín a la sublevación (el teniente coronel Estañ fue procesado por la Justicia Militar en 1939 y compareció ante un Consejo de Guerra franquista el 4-VII-1939). El aumento de efectivos en Alicante, con la llegada de 150 guardias civiles de Castellón, llevó la cifra a más de 200, superando ampliamente a los 80 guardias de asalto fieles disponibles y careciendo de cualquier guarnición militar. Ante la necesidad de abordar la situación, el Gobernador Civil tomó la decisión de trasladar a los 150 guardias civiles de Alicante a Madrid.

El 12 al mediodía, ante los persistentes rumores de un posible ataque al cuartel de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante que entonces estaba en la Plaza del Ayuntamiento, en el centro de la ciudad de Alicante (la actual de la calle San Vicente a partir de 1944), existe la versión de que el Gobernador Civil Valdés envió a un grupo de guardias de asalto y milicias, los cuales se apoderaron de todas las armas y pertrechos de dicho cuartel. Sin embargo, cuando un grupo de la CNT-FAI asaltó el cuartel, solo lograron hacerse con ropas y enseres (Martín Leal p-140:2014), la fuerza se había marchado a otras casas aledañas del Ayuntamiento, más seguras.

Los sucesos de Xàbia

El cantero alteano (natural de Altea-Alicante) Felipe Barber Sendra declaró en su Consejo de guerra que se desplazaron armados a Xàbia en un camión y varios coches. Una vez en Xàbia controlaron los accesos al pueblo y el grueso de la expedición se dirigió al cuartel de la Guardia Civil, que según Joaquín Bolufer Marqués, director del Museo Soler Blasco de Xàbia, se encontraba ubicado en un antiguo almacén de pasas de la familia Bolufer, hoy derribado, en la actual Ronda Colón número 12. En las memorias de Joaquín Guardiola Cano describe que: «Durante toda la noche la Guardia Civil no sale del cuartel, pero tampoco quieren entregar las armas al pueblo, pero vista la multitud que había en la calle, el comandante se entrega». Las autoridades franquistas reconocieron que en ese hecho se desarmó a un oficial y a 23 guardias civiles. No consta ninguna víctima mortal en estos hechos. Como vemos el intento de asalto se resolvió con la rendición de la Guardia Civil ante la presión armada de los milicianos y la presencia de población civil que los apoyaba.

El general Fernando Martínez-Monje y Restoy de la III Región Militar de Valencia al tenerse noticias de la sublevación, ordena a su guarnición en Valencia, Castellón y Alicante que se encierre en sus cuarteles, al tiempo que manifiesta la lealtad de sus tropas al gobierno de la República que decidió armar al pueblo. Se inicia una situación tensa, con los cuarteles rodeados de milicianos y las tropas encerradas en los cuarteles. Durante estos días Martínez Monje duda en sublevarse o no. El día 20 de julio llega a Valencia el presidente de las Cortes, Martínez Barrios, quien conseguirá mediar entre el ejército y las milicias, para que Guardia Civil entregara las armas. Finalmente, desde entre el 29 de julio y el 2 de agosto serán asaltados los cuarteles valencianos, donde generalmente milicianos y militares confraternizaron, y no se producirán importantes combates.

Al final, dando un final «salomónico» a la crisis, el 15 de marzo de 1940 se promulga una Ley fundamentada en dos pilares básicos: la integración del Cuerpo de Carabineros, al que se pone fin tras 111 años de servicio ininterrumpido, en la Guardia Civil; y la adscripción de gran número de jefes y oficiales del ejército especialmente en los Tercios de Costas y Fronteras cuyo objeto era la defensa frente al exterior. La creación de un Estado Mayor dentro de la estructura orgánica del Cuerpo formado exclusivamente por oficiales del Ejército de Tierra, por Orden de 8 de abril de 1940, hace depender más pronunciadamente a la Guardia Civil de este.

Con el nuevo Reglamento Militar de 23 de julio de 1942 se configura a la Guardia Civil como un Cuerpo de Ejército, totalmente integrado en este. Para potenciar la formación de los cuadros de mando se crea en 1942 el Centro de Instrucción y para formar a los guardias de nuevo ingreso, seis Academias Regionales que más tarde se reducirán a tres: Úbeda, El Escorial y Sabadell.

Autoridades republicanas en Alicante

Francisco Valdés Casas era el Gobernador Civil republicano desde el 21/02/1936; contaba con la Compañía de Guardias de Asalto mandada por Rubio Funes. El 18 de julio se produjo un alzamiento militar, publicó un bando, en el que se negó a ceder el mando de la provincia al general García-Aldave (Gobernador Militar), prohibió a las milicias «hacer ninguna detención ni registro sin el control de la autoridad», estaba en contra de quienes atentasen las vidas o las propiedades ajenas. Trató en todo momento de evitar la muerte de Primo de Rivera. Hubiese cambiado la historia de España. Algunos de los militares más comprometidos con la conspiración, era el capitán de Estado Mayor José Meca, y el teniente coronel de la Guardia Civil José Estañ Herrero, quien era el de mayor rango para encabezar el alzamiento, pero dijo que tenía que consultar con sus subordinados. Tenía cinco compañías: la de Alicante, Alcoy, Elche y Denia. El coronel Rafael Cabrera Cacho era el jefe de los Carabineros, que estaban con la República. El capitán de asalto era el capitán Eduardo Rubio Tenes, fiel al gobernador Civil Valdés que no le cedió el poder al Gobernador Militar, asegurándoles que disponía de elementos suficientes para mantener el orden. Dio la orden de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entregaras las armas a los Ayuntamientos. Iba a por todas, de acuerdo con la orden del Ministerio de la Gobernación. Se contempla también, en el bando publicado, que se tenía que entregar además «explosivos, pólvora, dinamita, trilita, etcétera, bombas de mano, coches o carros blindados, líquidos inflamables, gases lacrimógenos o inflamables, y, en general, cualquier otro medio o artificio capaz de producir graves daños». Según el Boletín Oficial de la Provincia, del martes tres de agosto de 1937, y por decreto del diecisiete del anterior mes de julio, cesó al frente del Gobierno Civil Francisco Valdés Casas, y se hizo cargo del mismo el abogado comunista Jesús Monzón Reparaz «lo que originó —y citamos a Juan Martínez Leal— una enérgica protesta de la ejecutiva provincial socialista a la ejecutiva nacional del PSOE». Cesó en su cargo tres días después del bombardeo del Mercado Central (25 mayo1938) de Alicante, para serlo de Cuenca.

Valdés Casas pasó a ser presidente de la diputación de Alicante, en el exilio fue cónsul de la República en el exilio en Córdoba (Argentina) y se trasladó a México donde falleció a los 62 años.

Francisco Moreno Sáez escribe:

El día 4 de agosto, en un mitin de unidad en la Plaza de Toros, el anarquista Serafín Aliaga incitó a apoderarse de las armas en el Cuartel de Benalúa y al anochecer del día 5, elementos de la FAI y de la CNT principalmente, asaltaron el cuartel, apoderándose de casi todas las armas, incluso ametralladoras y bombas de mano que allí existían, así como las que había en el campamento de Rabasa. En cambio, no tuvo éxito el intento de asalto, días después, al cuartel de la Guardia civil, porque Valdés Casas envió Guardias de Asalto y Milicias, que se adueñaron de todas las armas y pertrechos, guardándoles en lugar seguro (Francisco Moreno Sáez, «Información», 19-07-2011).

El general José García-Aldave Mancebo, Gobernador Militar republicano de la provincia de Alicante durante el levantamiento militar estaba al frente de la 6.ª Brigada de Infantería, perteneciente a la III División Orgánica. Al estallido de la Guerra Civil, García-Aldave no se sublevó directamente contra el gobierno, pero mantuvo una posición ambigua frente a la rebelión militar, a pesar de que el Gobernador Civil Valdés Casas le pidió que declarara el estado de guerra a lo que García-Aldave se negó. Ordenó a las tropas bajo su mando que se acuartelaran, aunque permitió el envío de una columna fuerzas para combatir a los sublevados en Almansa.

García-Aldave se mantuvo indeciso y a la espera de lo que decidiera el general de la III División Orgánica de Valencia, Fernando Martínez-Monje Restoy. Cuando el 20 de julio se reunió con el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrios, le manifestó que era fiel a la República pero que nunca se pondría frente a sus «hermanos de armas». Finalmente, el 23 de julio, ante su actitud dudosa, las autoridades republicanas lo destituyeron y lo recluyeron en el Hotel Samper junto a otros oficiales a su mando, seguidamente pasó a Cartagena y vuelta Alicante. García-Aldave fue juzgado por un tribunal republicano y condenado a muerte y fusilado en Alicante el 13 de octubre de 1936, junto a sus 7 oficiales.

Fusilamientos destacados en Alicante y Almería

José Antonio Primo de Rivera fundador de la Falange, y su hermano Miguel se hallaban en la cárcel Provincial de Alicante. En dicha ciudad y en concreto el Hotel Victoria de la Explanada se convirtió en un centro de falangistas venidos de Madrid entre ellos, la hermana Carmen Primo de Rivera, acompaña de Margarita Larios, la mujer de Miguel. Una cincuentena de falangistas de la Vega Baja trató de liberarlo, sin éxito, detenidos y fusilados. José Antonio fue una «patata caliente» para el Frente Popular de Alicante que costó muchos fusilamientos. Sin embargo, fue condenado a la pena capital en Alicante por el magistrado estrella de la República Eduardo Iglesias Portal, siendo fusilado el 20 de noviembre del 36. Era el mismo juez al que le robaron el sumario del asesinato de Calvo Sotelo, por unos desconocidos milicianos.

Los tenientes de Asalto Robles Galdós y Fernando Pignatelli, miembros de la UME (Unión Militar Español), así como el capitán Jarabó, el teniente García Romeu, el teniente Candelas, fueron el eje del intento frustrado de la sublevación militar en Alicante, con viajes infructuosos a Valencia. Jarabó, Romeu y Candelas fuero posteriormente detenidos y fusilados en diciembre de 1936.

Enrique Ballenilla Herrera, comandante de la Guardia Civil, era el oficial encargado de hacerse cargo del Gobierno Civil en caso de que triunfara el golpe de Estado en Valencia y por ende en Alicante. Fue detenido, ingresado en el Reformatorio de Adultos, luego pasó al penal de Cartagena y trasladado a Almería donde fue fusilado por los republicanos el 30 de agosto de 1936. Fernando Ballenilla, hijo de éste, llegó a teniente de la Guardia Civil, y fue asesinado por los maquis en Alberique (Valencia) en 1950. De Enrique Ballenilla no existe biografía. Existió la calle con el nombre Capitán Fernando Ballenilla (Alicante, 1924-Valencia,1950) y como descripción «Teniente de la Guardia Civil, muerto por los maquis de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón». Asimismo, se añade como dato que su padre fue comandante de la Guardia Civil, sublevado en 1936, juzgado y fusilado por ello.

Conclusiones

Con estos apuntes intentamos demostrar que la Ley de Memoria Democrática es un bisturí que pretende mantener abierta, por la izquierda, la herida de la Guerra Civil. Queda mucho por investigar en los crímenes por uno y otro bando: republicanos o sublevados. Lo hemos contado en los hechos sucedidos durante los primeros meses de la guerra en Alicante, con detenciones de inocentes de derechas en barcos-prisión. No hay buenos ni malos, sino víctimas sin culpa de haber estado en una u otra zona.

Tanto el asesinato de Calvo Sotelo como la prisión y fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera en Alicante fueron un grave error republicano. Las milicias de la CNT eran numerosas y estaban bien organizadas a través de los sindicados. Es decir, que no podemos exonerar a la Segunda República por sus muchos errores, ni al franquismo por cuarenta años de dictadura. Hechos que deben quedar, de una vez por todas, únicamente al juicio de la Historia y dejarse de escarbar en las heridas.