Hablar de desarrollo ya no es obvio. Desde la década de 1990 se focaliza más en la «reducción de la pobreza» y el desarrollo se ha convertido en un significante bastante vacío. Las grandes organizaciones internacionales son probablemente las únicas que no admiten el fracaso del gran proyecto de posguerra de los países ricos.

Sin embargo, esto no significa que se haya olvidado. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acaba de lanzar una propuesta de convención vinculante sobre su «derecho al desarrollo», una declaración de 1986 en la que se define el desarrollo como «un proceso global económico, social, cultural y político que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos». De hecho, esta declaración sirvió de bisagra entre la conceptualización de los años 60 del desarrollo «económico» nacional y la globalización en la que la economía como tal ha desaparecido. El uso de los derechos humanos ha servido para enmascarar el paso de la economía del desarrollo a la «monoeconomía» —un modelo único— descrita por Hirschman.

La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo reitera la obligación de los Estados de promover el respeto de los derechos humanos, se pronuncia contra el colonialismo y a favor de la autodeterminación de los pueblos, y afirma que «el ser humano es el sujeto central del desarrollo». Es responsabilidad de los Estados «crear las condiciones para el desarrollo». El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable. El proyecto de Convención repite y confirma estos puntos.

El ejercicio es sorprendente, en la medida en que se han constatado, confirmado y analizado ampliamente los fracasos del desarrollo pasado; en la medida en que los críticos de las políticas de reducción de la pobreza han subrayado su sesgo neoliberal y en la medida en que, dentro de los movimientos sociales progresistas, su rechazo es casi unánime.

¿Qué busca entonces la ONU? ¿No es consciente del movimiento de rechazo, inspirado en gran medida por la crisis ecológica y las reivindicaciones de los pueblos originarios? ¿Quiere ir más allá? ¿Quiere demostrar que sus puntos de partida, hace más de medio siglo, eran los correctos? ¿Que, a pesar de las dudas y los fracasos, la ONU y su Consejo de Derechos Humanos quieren seguir insistiendo en las oportunidades de «desarrollo» de los países pobres?

Si es este último caso, no podemos sino alegrarnos, ya que la relectura de los antiguos documentos, resoluciones y declaraciones de la Asamblea General de la ONU es siempre una fuente de agradables sorpresas.

Es cierto que nunca ha habido un consenso sobre el «desarrollo». Desde el principio, es decir, desde los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, cuando las teorías del desarrollo surgían principalmente en el seno de la ONU, se formularon críticas relevantes sobre su validez. La denuncia de las prácticas de desarrollo en los nuevos países independientes de África o en la Cuba revolucionaria fue pertinente. Basta con consultar los escritos de René Dumont para convencerse de ello.

En la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), siguiendo el «estructuralismo» de Raúl Prebisch, se desarrollaron las teorías de la dependencia, refutando el progresismo y la linealidad de Rostow. El subdesarrollo, según Gunder Frank, era más bien una consecuencia de los esfuerzos de desarrollo, es decir, de la integración de los países periféricos en el sistema comercial mundial. Y mientras que el desarrollo era, según las primeras «décadas del desarrollo» de la ONU, un proyecto de modernización económica a nivel nacional, la OIT se empeñaba en defender el desarrollo social. Tras la encíclica Populorum Progressio del papa Pablo VI, se prestó cada vez más atención a las personas como verdaderos destinatarios del desarrollo.

Luego, con el surgimiento del posmodernismo después de 1968, autores como Ivan Illich, Serge Latouche, Arturo Escobar, Gustavo Esteva, Wolfgang Sachs y muchos otros atacaron el propio proyecto, demostrando sus efectos perversos. En los análisis en los que la teoría y la práctica del desarrollo se confunden, el desarrollo se presenta como un mito, el sueño del hombre blanco, la occidentalización, un concepto del pasado...

El rechazo al «desarrollo» se agravó con la crisis ecológica. Es cierto que, a pesar de la retórica, se puso un énfasis exagerado, si no exclusivo, en el crecimiento. Después de la Conferencia de Río sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente en 1992, y más aún después de Río+20 en 2012, es la modernidad como tal la que se rechaza, especialmente en América Latina, como responsable del colonialismo y el racismo, del extractivismo y de la negación permanente de los intereses de los pueblos originarios. De hecho, en muchos casos hoy en día, la crítica al desarrollo se ha convertido en antidesarrollo y antimodernidad.

Las críticas no carecen de relevancia. Es cierto que las prácticas de la llamada «cooperación» siempre han estado dominadas por los antiguos países coloniales y no han puesto fin a las relaciones de dependencia. También es cierto que los intereses económicos de los países del Norte han estado siempre en primera línea y que no se ha atendido ninguna demanda de los llamados países «en desarrollo». No hablemos de la promesa del 0.7% de ayuda al desarrollo... Por último, ¿quién puede negar que la diversidad cultural nunca se ha tenido en cuenta? Los conocimientos ancestrales han sido simplemente ignorados, tanto a nivel agrícola como cultural. Por lo tanto, es natural que se exija tener en cuenta las «epistemologías del Sur», tal como las formuló Boaventura de Sousa Santos.

Sin embargo, hay que hacer una seria advertencia. Una cosa es rechazar un «desarrollo alternativo» en favor de una «alternativa al desarrollo», pero desde el principio del cuestionamiento, estas alternativas hacen falta. Mientras los graves problemas sociales —hambre, pobreza, indigencia— son una realidad y el desarrollo económico en cualquiera de sus formas —agricultura, industrialización o microempresas— sigue ausente, no se han presentado propuestas realistas alternativas a los proyectos de la ONU para mejorar el nivel de vida de las poblaciones africanas, asiáticas o latinoamericanas. Por el contrario, el capitalismo financiero sigue abriéndose camino, los acuerdos de libre comercio se multiplican y la deuda se acumula. Sobre todo, falta la emancipación tan deseada y necesaria. Si bien es cierto que la industrialización se ha acelerado en Asia, aún se esperan sus consecuencias sociales.

Entonces, ¿cómo salir del atolladero?

¿Es el «desarrollo» realmente un «concepto del pasado» como dice Wolfgang Sachs? Si el estado del planeta y la miseria de casi la mitad de su población pueden atribuirse al «fracaso del desarrollo», ¿son los errores de una teoría o de una práctica? Si la explotación y la opresión son condenables, ¿son una consecuencia lógica e inevitable de esa misma teoría? ¿O son la consecuencia de una negación de sus principios o de una interpretación perversa?

Aunque algunos de los principios en los que se basa la modernidad deban ser examinados críticamente a la luz de los saberes actuales y de sus deficiencias, pueden seguir siendo válidos. En efecto, no basta con abogar por el desarrollo «desde abajo» y constatar la insostenibilidad del modelo occidental, seguido del deseo de «volver al pasado», para lograr un mundo más justo. Los objetivos de progreso y emancipación no solo conservan su valor, sino que son el núcleo de las reivindicaciones repetidas por los pueblos. También son más necesarios que nunca.

Por ello, puede ser útil reexaminar los viejos discursos, para observar las ideas básicas proclamadas por la ONU en los años de la aparición de las teorías del desarrollo, especialmente en el plano económico y social.

En 1974, la Asamblea General de la ONU adoptó una Declaración sobre un «Nuevo Orden Económico Internacional», seguida de una Carta de Derechos y Deberes de los Estados. La tarea de la ONU, según la Declaración, es promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Para ello, es necesario eliminar los últimos vestigios de la dominación extranjera y colonial, la ocupación extranjera y la discriminación racial, que son obstáculos para la emancipación.

El actual orden económico internacional, continúa el texto, está en contradicción directa con la evolución de las relaciones políticas y económicas en el mundo contemporáneo, que demuestra la realidad de la interdependencia. Cada país debe tener derecho a adoptar el sistema económico y social que considere más adecuado para su propio desarrollo. Así, debe ser posible regular y supervisar las actividades de las empresas multinacionales e introducir normas para la reinversión de los beneficios.

Asimismo, según la Carta, las relaciones económicas deben basarse en el beneficio mutuo y equitativo. El deber de los Estados es no buscar la hegemonía y las esferas de influencia y promover la justicia social internacional. En el plano social, la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo de 1969 afirma que está «convencida de que el hombre solo puede satisfacer plenamente sus aspiraciones en un orden social justo» y que, por tanto, es necesario garantizar la paz y la solidaridad internacionales. Es urgente reducir las desigualdades en el contexto de una estrategia de desarrollo integrada.

Por ello, la Declaración promueve la distribución equitativa de la riqueza, el derecho al trabajo y a la formación de sindicatos para la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de explotación económica extranjera, la mejora de la participación popular, los programas de protección social y los servicios sociales, también para los trabajadores inmigrantes.

La ONU también se puso manos a la obra para desarrollar un concepto integrado de lo económico y lo social, proyecto que desgraciadamente fracasó. Pero los textos preparatorios (E/CN.5/477 de 1972) son ilustrativos de la voluntad de eliminar la compartimentación, de reducir las desigualdades, de promover las transformaciones desde abajo. Se defendieron los «estilos de desarrollo», vinculando la estructura de una sociedad nacional a la estructura de su economía para orientar las estrategias. La dominación política y económica deliberada debía contrarrestarse, también porque tiene influencias culturales. El desarrollo se consideraba una opción colectiva y social, que reflejaba los valores y preferencias de las fuerzas sociales. No existe una fórmula mágica para un cambio uniforme. Más importante que las condiciones internas es el marco internacional apropiado.

¡Que sorpresa! Este lenguaje se ha vuelto totalmente impensable a principios del siglo XXI. Por supuesto, no hay ningún documento que habla de las ideologías, pero hoy ya no se habla de las relaciones internacionales de poder, de la importancia de la planificación y del control de la economía y de las empresas multinacionales, ni del monitoreo de las inversiones.

Observando la situación actual de los países de África, América Latina e incluso Asia, no se puede dejar de constatar que la geopolítica tiene una enorme influencia, al igual que todo progreso material necesita una modernización económica y social, necesita un Estado que planifique y controle y que haga respetar los derechos humanos. A nivel internacional, los Estados necesitan un sistema de solidaridad, más allá de la ayuda, y un reparto de las oportunidades de creación de riqueza en función de las necesidades de todo el planeta.

Sin embargo, el «desarrollo» no puede ser «exportado» o impuesto desde arriba. Solo puede ser un encuentro de conocimientos y prácticas, el resultado de un largo proceso de aceptación y rechazo. Debe surgir desde abajo, basándose en un proyecto colectivo y en la apropiación de los objetivos a alcanzar. El desarrollo tal y como lo hemos conocido fue un «trasplante sin tierra», como dijo Uslar Pietri. Concluir que estas ideas eran erróneas es ir demasiado lejos, a menos que se acepte encerrar a una gran parte de la población mundial en un estado de sumisión y miseria. Los pueblos del Tercer Mundo se han visto privados de la posibilidad de apropiarse del desarrollo y de la modernidad, de darles un sentido que inevitablemente habría sido diferente del occidental, pero que les habría permitido elegir y tomar efectivamente las riendas de su destino. El reto va mucho más allá del «respeto a la diversidad cultural», sino que requiere que todas las partes implicadas se reúnan, consideren la validez de los discursos de los demás y acepten el diálogo.

En contraste con la estandarización occidental y la destrucción del entorno natural, el desarrollo puede pensarse como un proyecto político, como una profundización democrática a nivel global, como una práctica de contradicción y reparto. Como proyecto político, el desarrollo es cosa de todos y el «derecho al desarrollo» puede cobrar sentido. Si la ONU consigue desarrollar su proyecto de convención con esta apertura, el ejercicio puede resultar extremadamente interesante. Porque no es necesario un retorno nostálgico al pasado, cuando la emancipación rara vez estaba en la agenda.