Este 11 de julio de 2021, se cumplieron 50 años de la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, que es por lejos la principal riqueza que tiene nuestro país, que aún antes de la nacionalización, se la denominó la Viga Maestra o el Sueldo de Chile.

El tiempo ha demostrado con creces que tuvieron razón, tanto el presidente Salvador Allende, como todos los chilenos que por más de un siglo lucharon por concretizar este anhelo, puesto que la nacionalización del cobre, es el mayor acierto de toda la historia económica y política de nuestro país, porque en estos años le ha entregado al erario nacional más de 120 mil millones de dólares, que en el transcurso de estos 50 años han representado varios Presupuesto Nacionales completos.

Rescatar esta enorme riqueza no fue fácil, hubo que crear en la conciencia de cada chileno la importancia y el valor que esto tendría en el desarrollo de nuestro destino como país. Este fue un esfuerzo prolongado de muchas generaciones. La lucha por la nacionalización de nuestras riquezas básicas tiene más de un siglo. Ya en 1915, antes de la Revolución rusa y mexicana, que realizaron las primeras nacionalizaciones, y recién iniciada la explotación del yacimiento de Chuquicamata por capitales estadounidenses, el ingeniero Santiago Marín Vicuña, publicó un folleto que se titulaba: La nacionalización de nuestra industria minera, con sólidos argumentos para que se nacionalizara la industria del cobre y del hierro. El 11 de agosto de 1920, Luis Emilio Recabarren, creador del movimiento sindical y obrero de Chile, publicó un artículo en el diario El Socialista de Antofagasta, donde sostuvo: Los problemas de la miseria y de la esclavitud no terminarán mientras tanto la clase obrera se resigne a sufrir la actual organización social. Nacionalicemos las industrias extractivas. Nacionalicemos las minas de carbón, las salitreras, los bosques, el cobre, la agricultura y procedamos a que toda la industria muy nacionalizada sea administrada bajo el control de comisiones nombradas por el gobierno o las municipalidades respectivas.

Años más tarde, en junio de 1932, en la República Socialista de 12 días de Marmaduque Grove, se produciría el primer intento oficial por nacionalizar nuestras riquezas, con un decreto que declaraba no concesible el cobre, lo que equivalía a nacionalizarlo, pero un nuevo golpe de Estado de Carlos Dávila, al amparo de la Armada estadounidense anclada en Valparaíso, dejó inconclusa esta iniciativa.

Posteriormente, el primer proyecto de ley de nacionalización del cobre, que se presentó en el Congreso Nacional, fue elaborado por los senadores comunistas Salvador Ocampo y Elías Lafertte, el 21 de julio de 1951. En este proyecto se disponía la expropiación de las empresas de la gran minería por el monto de su declaración de capitales que alcanzaba en esa época los 53,5 millones de dólares por las tres empresas existentes de la época.

En 1961, los senadores socialistas Salvador Allende, Raúl Ampuero, Salomón Corbalán, Aniceto Rodríguez, Alejandro Chelén, Adolfo Quinteros y Galvarino Palacios, presentaron el segundo proyecto de nacionalización del cobre, mediante el cual, se expropiaban las empresas norteamericanas según el valor declarado en Impuestos Internos, y se procedía a la creación de la Empresa Nacional del Cobre, que explotaría los bienes expropiados y comercializaría el cobre. Este proyecto, como el de Ocampo y Lafertte, nunca fue objeto de mayor estudio en el Senado.

Pero la lucha por la nacionalización de la gran minería, dejó de ser una bandera que concernía solo a los partidos de izquierda, porque parlamentarios de la democracia cristiana e incluso de los partidos liberal y conservador, también se involucraron en esta lucha, en la que destacó por su claridad y visión, Radomiro Tomic, senador democratacristiano, quien el 18 de junio de 1961 sostuvo en el Senado: Es obvio que mientras pretendamos, no solo en lo formal, sino que en lo real, ser un Estado soberano, el control del cobre debe estar en manos de los poderes públicos del Estado de Chile. Y no en las empresas extranjeras.

En 1965, en plena discusión de la Ley 16.425 de Chilenización del Cobre, el senador liberal Julio Von Mühlenbrock, presentaba un proyecto que disponía la inmediata expropiación de todos los bienes que poseyeran en Chile las empresas productoras de cobre de la Gran Minería, la que se debía pagar según el valor reflejado en los libros de la contabilidad.

El contexto internacional también ayudó a que en Chile se tomara mayor conciencia del derecho y de la necesidad de nacionalizar la gran minería del cobre. En efecto, al término de la Segunda Guerra Mundial, fuera de los países que pasaron al Campo Socialista, en Inglaterra, Francia e Italia se nacionalizaron muchas industrias, y Egipto, en 1956, con la ayuda de la URSS, nacionalizó el Canal de Suez.

En 1962, la ONU adoptó la Resolución 1803, que declaró: El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales, debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado.

Incluso la Iglesia Católica, fijando su doctrina en materia económico-social, reconocía la existencia de «ciertas categorías de bienes respecto de los cuales se puede sostener con razón que deben ser reservados a la colectividad cuando llegan a conferir un poder económico tal que no es posible, sin hacer peligrar el bien público, dejarlos en manos de personas privadas» (Encíclica Cuadragésimo Anno).

En la discusión en el Congreso Nacional, de la reforma constitucional de la Nacionalización, el senador Francisco Bulnes Sanfuentes, representante de la derecha conservadora, a nombre de su partido, declaró:

«Ser partidario de la propiedad privada no significa oponerse en principio a que determinadas actividades económicas pertenezcan al Estado por razones excepcionales... Nunca nos hemos opuesto conceptualmente a que el Estado chileno se haga dueño de la gran minería del cobre, que provee la mayor parte de las divisas con que cuenta el país, que es además una fuente considerable de recursos para el erario nacional y cuya permanencia en manos extranjeras significa, obviamente, que el producto de una riqueza natural imposible de reponer no queda totalmente en Chile sino que se va en parte al exterior (…) En oportunidades anteriores, sobre todo porque las empresas exigían condiciones excesivamente favorables para ampliar sus explotaciones, estuvimos muy cerca de decidirnos por la expropiación de la gran minería del cobre. En 1965 señalaba, uno de nuestros parlamentarios, el Honorable Senador señor Julio von Mühlenbrock, presentó un cuerpo de indicaciones que disponían la expropiación», y agregaba, «contribuimos a aumentar mucho la injerencia de la Corporación del Cobre en la comercialización de los productos y aún en la explotación misma de los minerales. Más adelante, en 1969, acogimos con mucha satisfacción la renegociación de los convenios, que daba lugar a la nacionalización pactada, que se realizaría dentro de un término prudente (…) En el momento presente estamos de acuerdo en que la nacionalización se lleve a efecto de una vez por todas y mediante decisión soberana del Estado de Chile.»

Radomiro Tomic, como candidato a la presidencia de la Democracia Cristiana, en 1970, proponía en su programa: La recuperación nacional de las empresas de la Gran Minería, realizada en condiciones equitativas de plazo y precio, permitirá disponer de un volumen importante de recursos adicionales para la transformación de nuestra estructura económica. Es decir, la nacionalización no consume recursos; por el contrario, deja excedentes. Los recursos así generados no serán dilapidados. La trágica equivocación del salitre no se repetirá.

El presidente Allende tenía mayoría en el Congreso Nacional, sumando a todos los partido de izquierda y de la democracia cristiana de Radomiro Tomic, para nacionalizar la gran minería del cobre, pero buscó y logró también el apoyo de la derecha, porque quería que la nacionalización sea un acto soberano de todo el pueblo de Chile, representado en el parlamento; y es así, como se logró que el 11 de julio de 1971, por la unanimidad del Congreso Nacional, se aprobara esta reforma constitucional, y que hoy celebramos su cincuentenario.

Pero el 11 de septiembre de 1973, se produce el golpe de Estado, y lo militares toman el poder, por lo que era de esperar que los militares procederían a devolver las empresas nacionalizadas a sus antiguos dueños, a raíz de la presión de EE.UU. y de la derecha chilena, tanto empresarial como política. Y efectivamente, en 1975, se presentó a la Junta Militar un proyecto para privatizar las empresas nacionalizadas. Sin embargo, los militares dieron la sorpresa y se opusieron firmemente a la privatización, como consta en el Acta 24-A, donde se destacan las declaraciones del miembro de la Junta Militar, Almirante José Toribio Merino:

«En el texto del proyecto en debate se permite la venta de acciones a particulares, con lo cual, de hecho, estaríamos rompiendo lo que es el texto de la Constitución y, más que nada, la imagen que está latente en Chile, desde cuando fue aprobada por el Congreso Pleno la nacionalización de la gran minería del cobre. Y que el cobre es el sueldo de Chile es una realidad que no podemos desconocer. Sin embargo, aquí, por una simple ley, nosotros estaríamos derogando lo que las Cámaras aprobaron y que el país vivió como un verdadero triunfo. Convengo y estoy perfectamente consciente que para poder seguir explotando el cobre o para tratar de mantener la producción tenemos que hacer aportes del Estado como dueño, y que en este momento posiblemente no lo hagamos; pero posteriormente lo hará otro Gobierno. No nosotros. Nosotros mantenemos la situación actual. Y si en el futuro es necesario, para aumentar la producción, etc., aportar capital que el Estado no tiene y es necesario privatizar o vender a terceros, se hace, pero no lo hacemos nosotros».

El mensaje fue muy claro, mientras la Junta Militar esté en el poder, no se privatizarían las 5 empresas mineras que habían sido nacionalizadas el 11 de julio de 1971. Es más, consolidaron la nacionalización dictando diversas leyes, entre ella el DL 1.350, que agrupó las 5 empresas nacionalizadas en una sola, la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco. Al término de la dictadura, en 1989, Codelco había aumentado al doble su producción, lo que representaba el 40% del crecimiento mundial de la producción de cobre, lo que significaba que Chile no necesitaba inversión extranjera para desarrollar la minería del cobre.

No obstante, se permitió la inversión extranjera en la explotación de yacimientos que no eran de Codelco. Esta desnacionalización comenzó en 1978, en La Disputada de Las Condes, en Minera Escondida, en 1987. Pero la masiva desnacionalización comenzó en 1990, con la Ley 18.985 que prácticamente liberó de impuestos a las mineras extranjeras. De esta manera, hoy las mineras extranjeras generan más del 70% de la producción nacional de cobre (en 1989 producían solo el 14%).

El ingreso de las mineras extranjeras ha sido un verdadero desastre para la economía nacional, porque la mayor parte de ellas no han pagado impuestos en Chile, y las que han pagado, ha sido insignificante. Comparativamente, las actuales mineras extranjeras, que producen algo más de 4 millones de toneladas de cobre por año, pagan menos impuestos que el que pagaban las mineras que fueron nacionalizadas en 1971, y que producían solo un poco más de 500 mil toneladas de cobre.

Sólo cuando el Estado, en representación de toda la Nación Chilena, vuelva a tomar el control de la totalidad de las empresas del cobre que hoy están en manos extranjeras, el país podrá tener los recursos que le permitirán satisfacer las enormes necesidades sociales que produjeron lo que se conoció como el estallido social de octubre de 2019.

Es de esperar entonces, que la Convención Constitucional que comenzó su instalación el reciente 4 de julio, tenga la voluntad de nacionalizar la gran minería extranjera, y así poder tener los recursos para financiar todos los derechos que el pueblo está solicitando a esta misma Convención Constitucional.

Gracias Presidente Allende, por haber nacionalizado la gran minería del cobre.