Lo que está pasando en Chile no es excepcional, para nada. Es un fenómeno global. No están solos.

(Manuel Castells)

Los días 15 y 16 de mayo pasado se efectuaron las mega elecciones simultáneas para elegir a 155 miembros de la Convención Constituyente (CC) que deberán redactar una nueva constitución, paritaria, que será compuesta por 77 mujeres y 78 hombres. Asimismo, se votó por gobernadores regionales, alcaldes y concejales. En cada circunscripción electoral del país se debió votar en cuatro papeletas para elegir entre un total de 16,731 candidatos. La participación electoral alcanzó a 6,458,082 personas equivalente a un 43.35% del total de inscritos, cifra inferior en cerca de un millón de votos a la registrada en el plebiscito de octubre de 2020, donde votaron el 50.95% de los electores.

En la práctica se trató de dos elecciones: una para elegir a quienes deberán escribir la nueva constitución, y la segunda para las autoridades políticas y administrativas, que son vistas como una aproximación a las elecciones parlamentarias y presidenciales a realizarse el próximo 21 de noviembre. Sin duda que la atención se centró en los resultados de la primera, de la CC, donde las fuerzas de derecha agrupadas en una sola lista esperaban alcanzar un tercio de los 155 escaños, es decir, 52 representantes. No lo lograron y obtuvieron solo 37, muy lejos del tercio. La condición más importante que había exigido la derecha para efectuar el plebiscito fue que todo debía ser aprobado en la CC con mayoría de dos tercios, convencidos de que obtendrían fácilmente esa cantidad de votos en las elecciones. Efectuaron una millonaria campaña de propaganda y desplegaron sus mejores hombres y mujeres. Fue inútil. Los resultados fueron un golpe profundo al gobierno y a su coalición de partidos. Por su parte, la oposición fue incapaz de cerrar un acuerdo y levantar una sola lista de candidatos. Se presentaron con alrededor de 10 listas donde se agruparon las fuerzas que han gobernado Chile durante 24 años, vale decir la centro-izquierda formada por demócratas cristianos y social democracia, más otros partidos menores de carácter progresista que obtuvieron 25 escaños. Otra lista fue la de la izquierda dura encabezada por el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) junto con otros movimientos críticos a los gobiernos anteriores y que se negaron a pactar con ellos por considerarlos neoliberales. Obtuvieron 28 delegados. En otra lista se organizaron los llamados «independientes no neutrales», formada por exmilitantes o personas sin afiliación política ligadas al mundo del centro-izquierda y que lograron 11 asientos. Otra fue la llamada «lista del pueblo», formada por sectores radicalizados antineoliberales, identificados con las protestas del estallido social; ecologistas, asambleístas y que se declaran antipartidos; obtuvieron 27 escaños. Las minorías indígenas, que representan a 10 etnias reconocidas, levantaron su propia lista y dispondrán de 17 cupos. Los acuerdos para la nueva constitución exigían la paridad de género, lo que se tradujo en que no siempre los dos primeros más votados de una lista —si eran del mismo sexo— fueran elegidos. En ese caso se debía ceder a un hombre o una mujer, respectivamente, de manera que se lograra la paridad entre los y las elegido/as. La gran sorpresa fue que las listas de independientes lograron la mayoría de los votos alcanzando 40.67%, seguida por la de las fuerzas de derecha con el 20.56%. En tercer lugar, quedó la lista de la izquierda radical con el 18.74%, y luego la de los partidos del centro-izquierda, con una representación del 14.46%. El resto de los escaños se repartieron entre grupos menores de medioambientalistas, humanistas, revolucionarios y otros.

El gran temor de la derecha hoy no es solo porque no alcanzaron el «tercio de oro», que le permitiría vetar disposiciones contrarias a sus intereses, sino porque la mitad de los constituyentes elegidos son partidarios de reformas profundas que pueden producir cambios estructurales con medidas como la recuperación de recursos naturales no renovables, el término del sistema privado de pensiones, el aumento de la carga tributaria, nacionalización del agua, cuyos derechos son hoy privados, y una serie de otras medidas que pueden alterar la economía. Por ahora, la discusión está centrada en el inicio de la CC que deberá comenzar en el mes de junio y en cuya primera sesión deberá ser elegido un presidente, un vicepresidente y un comité técnico. Se espera que sea encabezada por una mujer, gracias a la gran lucha y presencia que han alcanzado en la escena política de Chile. Además, deberá dictarse un reglamento para su funcionamiento por lo que, desde hace meses, diversas instituciones han trabajado preparando borradores. De los 155 constituyentes hay 59 abogados, entre los cuales cinco son constitucionalistas, 19 profesores, 12 ingenieros, 6 periodistas y una diversidad de otras profesiones, oficios y actividades.

La segunda lectura de la mega elección de la semana pasada está en los resultados obtenidos por las fuerzas políticas en la elección de gobernadores, alcaldes y concejales. Esta última es la que mide la fuerza o representación de los partidos políticos. La sorpresa mayor fue el triunfo de una mujer de 30 años, economista, en el municipio de Santiago, Irací Hassler, que por primera vez en su historia tendrá a una alcaldesa comunista a la cabeza de la capital. A ellos se suma el crecimiento electoral del PC, que aumentó su participación electoral de 5.47% en 2016, a un 9.23%. El FA, surgido en 2012, está formado por Revolución Democrática, Convergencia Social y otros movimientos menores, que unidos alcanzaron el 9.14% de los votos en esta elección. El movimiento nació en las universidades por estudiantes que hoy son diputados, todos menores de 35 años. Sus principales líderes son Gabriel Boric, egresado de derecho, 35 años, y Giorgio Jackson, de 34 años, ingeniero civil. El primero fue proclamado candidato a la presidencia de la república y participará en la elección primaria programada para el 18 de julio donde enfrentará al candidato comunista: el actual alcalde de una comuna popular de la región metropolitana, Daniel Jadue, de 53 años, arquitecto y sociólogo, quien está entre las primeras preferencias en las encuestas. Para la derecha, además del trauma provocado por no haber alcanzado el «tercio de oro», se produjo la derrota y pérdida en ciudades y comunas emblemáticas donde sus alcaldes gobernaban: Santiago, Viña del Mar, Valdivia y otras, junto con populosas comunas de la capital. Su fuerza electoral bajó del 39.1% al 33.1% que había obtenido en la votación similar del 2016. El centro-izquierda que había obtenido el 47.1% —incluyendo el voto de comunistas ese año— se redujo al 34.1, siendo una pérdida que ha remecido el escenario político y que, además, tuvo secuelas inmediatas.

El eje histórico que dio vida a la democracia a partir de 1990, es decir, la alianza entre los partidos demócrata cristiano (DC) y socialista (PS) se rompió por la proclamación de la senadora Ximena Rincón como candidata presidencial. Los socialistas la cuestionaron y su candidatura perdió fuerza dentro de su propio partido, por lo que finalmente terminó renunciando a su candidatura. Por su parte, el PS que había proclamado a la exministra de Michelle Bachelet, Paula Narváez, privilegió participar en la primaria junto con los candidatos del PC y del FA. Como en una verdadera teleserie, el día final para formalizar la inscripción de candidaturas ante el Servicio Electoral, sectores del FA vetaron que el PS incluyera a otras fuerzas social demócratas y liberales, en particular al Partido Por la Democracia o PPD, cuyo candidato presidencial, Heraldo Muñoz, había renunciado ese mismo día en favor de la candidata socialista. Señalaron que no podían ir junto con un partido neoliberal. Todo esto ocurrió pocas horas antes que venciera el plazo, entre llamadas telefónicas, acusaciones y la prensa que seguía minuto a minuto los acontecimientos. Finalmente, el PS decidió no inscribir a su candidata, y ella misma acusó ante la prensa a los comunistas de no respetar el acuerdo previo y de no garantizar gobernabilidad. Agregó acusaciones de machismo y temor a que su candidato perdiera la elección primaria. La teleserie no terminó aquí. En la DC debió renunciar su presidente por la debacle electoral, así como por la fallida negociación presidencial. A última hora surgió el nombre de la presidenta del senado, Yasna Provoste, del sector más progresista de la DC, quien marca bien en las encuestas, pero que no aceptó su nominación improvisada, dejando la puerta entreabierta para una eventual elección primaria con la candidata socialista. Ello podría suceder y volver el centro-izquierda a tener una sola representante en la primera vuelta presidencial del 21 de noviembre, enfrentando al vencedor de las primarias entre el PC y FA, así como a quien resulte vencedor entre los cuatro candidatos derechistas.

En resumen, la escena política de Chile sufrió un cataclismo que parece poner fin a una etapa de la política chilena por el surgimiento de la sociedad civil expresada en el crecimiento de las fuerzas y movimientos que se declaran independientes. La dirigencia política actual, en general, es la que ha sido castigada y con ello los partidos que son los sostenedores del sistema democrático y sin los cuales no es posible la democracia. Las nuevas formas de hacer campañas políticas basada en las redes sociales fueron mucho menos exitosas que caminar por los territorios a pesar de la pandemia, conversar con las personas, visitar sus casas, asistir a las juntas de vecinos, como hicieron durante meses muchos los nuevos rostros que fueron elegidos. El mayor perdedor de todos es el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que será recordado como el peor desde el retorno de la democracia, abandonado por los electores que lo votaron y, peor aún, por su propia coalición política.

Los meses que restan a la elección presidencial de noviembre serán de campaña intensa donde la derecha atemorizada ocupará sus inagotables recursos para sembrar miedo. Una vez concluida la redacción de la nueva constitución deberá ser plebiscitada y con voto obligatorio, que también fue otra de las exigencias que impuso la derecha. Si fuera rechazada la nueva Carta Fundamental, seguiría vigente la de 1980, aprobada por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet; un escenario a todas luces impensable.