Salvo algunas excepciones, los Gobiernos nacionales se han dedicado exclusivamente a gestionar la crisis pandémica y los resultados varían de un país a otro. Comienzan a discutirse ciertas cuestiones generales. Disfrazamos con gráficos y estadísticas todo nuestro desconocimiento sobre la dinámica de la pandemia, sobre sus causas próximas y lejanas, sobre la eficacia relativa de las diferentes políticas de contención y mitigación. Confiamos en la ciencia y la ciencia confía en que nuestro comportamiento confirme las estadísticas. Pero tanto los científicos como nosotros sabemos que los números están forzosamente viciados.

No sabemos el número exacto de infectados (debido a la falta de pruebas) ni de fallecidos (debido a la subnotificación de casos). E incluso dando crédito a los números, no nos dicen nada sobre los criterios insondables con los que el virus selecciona a sus víctimas, tantas veces respaldado por las actuales o anteriores políticas estatales. Tres preguntas serán suficientes. ¿A qué clase social pertenece y qué color de piel tiene la mayoría de los que están muriendo en Brasil? ¿Cuál es el porcentaje de inmigrantes y refugiados entre los fallecidos por el virus en Suecia? ¿No habían advertido las olas de calor de años anteriores a las autoridades de Portugal y de otros países europeos que las residencias de ancianos, tal como existen, serían una peligrosa zona de riesgo? Nos comparamos con los países más cercanos, que a veces presentan indicadores peores que los nuestros. En Europa, no se nos ocurre compararnos con Vietnam que, con 91 millones de habitantes y con una frontera de 1.281 kilómetros con China, a día de hoy no tiene ningún muerto.

Actuamos en la sombra y en la oscuridad hay poco espacio para la política, especialmente para la política democrática. Esta es también la razón por la cual el consenso político se vuelve más fácil, y afortunadamente es así durante la emergencia, pues lo contrario resulta catastrófico. Basta pensar en los casos trágicos y patéticos de Estados Unidos y Brasil, donde la gestión de la crisis pandémica se ha convertido en la gestión de la crisis política.

¿Pero cuánto durará la emergencia? Por ahora, está claro que lo que llamamos pospandemia es, de hecho, el comienzo de un largo periodo de pandemia intermitente. Un periodo que ni siquiera termina con la distribución generalizada de la vacuna, ya que, si el modelo vigente de desarrollo y consumo continúa, la matriz energética actual (en resumen, el patrón civilizatorio imperante), vendrán otras pandemias, y ciertamente serán más letales. De ser así, ¿tendremos que vivir en un estado de emergencia intermitente o permanente? ¿La protección de la vida será en el futuro incompatible con la democracia? Sabemos de varios Estados asiáticos que han logrado buenos resultados confiando en la disciplina de los ciudadanos. ¿Por qué en Occidente tenemos que imponer multas para que las personas se protejan? ¿Supone esto el fracaso de nuestros sistemas educativos, de una educación centrada en la falacia del individualismo y el espíritu emprendedor, que no educa para la solidaridad y la cooperación, para los bienes comunes y para todo lo demás que constituye nuestro destino común?

Decir que durante la pandemia las acciones del Estado se ejercen en la sombra significa que no se conocen todas las consecuencias de las acciones. Evidentemente se conocen algunas, y es a partir de su análisis que podemos comenzar a sospechar cuáles serán los escenarios posteriores a la pandemia.

Los países que decidieron pronto el confinamiento, como Portugal, lo hicieron en general por una cuestión de principios (defensa de la vida) y por una cuestión práctica (evitar el colapso del sistema público de salud). Cuál prevalecerá, lo sabremos próximamente. La cuestión es saber si la vida prevalece siempre sobre la economía o solo durante las pandemias. Durante la pandemia, el Estado ha mostrado una notable autonomía en relación con los mercados, que fueron eclipsados, y con los intereses económicos que, de repente, abrazaron (¿interesadamente?) la idea de la importancia del Estado en la regulación social. ¿Se trata solo de una tendencia fugaz? Veamos las señales.

El confinamiento tiene una lógica contracorriente de modo que su duración tiene que ser limitada. Para los países que recurrieron pronto a él, la política comienza con la flexibilización del confinamiento y, con ella, el fin del consenso. Durante el confinamiento, si los números aumentaban era culpa del virus, y si los números disminuían el crédito era del Gobierno. De ahora en adelante, cualquier resultado negativo se atribuirá a las acciones del Gobierno, mientras que cualquier resultado positivo se atribuirá a la disciplina de los ciudadanos. El alcance de la disidencia dependerá de la explotación de resultados negativos por parte de la ultraderecha que en España nunca se desarmó, incluso durante la pandemia. En Portugal, la ultraderecha troikificada no solo existe, sino que de manera intrigante el canal de televisión pública continúa dándole amplio espacio.

Con respecto a la relativa autonomía del Estado portugués en el próximo periodo, las señales son preocupantes. Puede que incluso tengamos que concluir que el consenso entre los órganos de poder público, saludable durante la pandemia, puede llegar a cobrar un alto precio en la pospandemia inmediata. La cuestión fundamental es la de los cambios en el modelo social y económico, cuya urgencia fue expuesta con particular vehemencia durante la pandemia. Habrá cambios en la medida que el Gobierno tenga fuerza para valorar los intereses nuevos o renovados revelados por la pandemia imponerlos a los viejos intereses de siempre. Algunos ejemplos.

Durante la pandemia, se generó un gran consenso sobre la valorización del servicio nacional de salud (SNS). Este consenso se basó no solo en lo que hizo el SNS, sino también en cómo se comportó el sistema privado. Al no poder beneficiarse indebidamente de la crisis, el sistema privado se retiró a una posición que yo clasificaría como parasitaria, esperando que pase la tormenta y que el sistema de salud vuelva a caer en sus manos. Con cierta perplejidad, vemos que esto es exactamente lo que sucederá cuando la ministra de Salud anuncia el uso del sistema privado para reducir las listas de espera en lugar de tomar medidas urgentes para fortalecer el SNS. En otras palabras, volvemos al pasado, disfrazado como beneficio a corto plazo para los ciudadanos. Por lo tanto, estamos dejando de prepararnos activamente para la próxima pandemia.

El regreso de lo viejo también puede estar presente en la forma en que intentamos lidiar con TAP (Transportes Aéreos Portugueses), una intervención del Estado que en el momento de la privatización se hizo (y bien) al borde del abismo, pero que ahora podría corregirse siempre y cuando no se desperdicie la oportunidad.

Otra señal inquietante es la continuidad de la lógica de los subsidios e incentivos otorgados a las industrias y servicios que alimentan el modelo actual de producción contaminante, de consumo masivo basado en transporte sin condiciones de seguridad sanitaria, energía fósil, agricultura industrial y en inmensos centros comerciales que pronto se considerarán áreas de alto riesgo si, entre tanto, no son redimensionados. Este modelo está estrechamente relacionado con el cambio climático y la inminente catástrofe ecológica que, según el último informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés), están directamente relacionados con la recurrencia de pandemias.

En otras palabras, subsidiar el modelo actual de producción y consumo significa subsidiar la aparición de nuevas pandemias. Para no desperdiciar las oportunidades que ha creado la pandemia del coronavirus, sería necesario que el consenso político esté sujeto a la condición que la experiencia reciente nos ha enseñado: si la izquierda hace la política de la derecha, los ciudadanos concluirán, tarde o temprano, que la derecha lo hace mejor.

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.