La verdad de un sistema equivocado es el error. Para ser políticamente eficaz, este error ha de repetirse de manera incesante, difundirse ampliamente y ser aceptado por la población como la única verdad posible o creíble. No se trata de una repetición cualquiera. Es necesario que cada vez que el error se ponga en práctica lo sea como un acto inaugural —la verdad finalmente encontrada para resolver los problemas de la sociedad. No se trata de una difusión cualquiera. Es necesario que lo que se difunde se perciba como algo con lo que naturalmente tenemos que estar de acuerdo. No se trata, finalmente, de cualquier aceptación. Es necesario que lo que se acepta sea aceptado para el bien de todos y que, si implica algún sacrificio, sea el precio a pagar por un bien mayor en el futuro.

El avance de las fuerzas políticas de derecha y de extrema derecha alrededor del mundo se basa en estos presupuestos. Es difícil imaginar la supervivencia de la democracia en una sociedad en la que estos presupuestos se concreten plenamente, pero las señales de que tal concreción puede estar más cerca de lo que se piensa son muchas y merecen una reflexión antes de que sea demasiado tarde. Abordaré las siguientes señales: la reiteración del error y la crisis permanente; la orgía de la opinión y la fabricación masiva de ignorancia; y el paso de la sociedad internética a la sociedad métrica.

La reiteración del error es hoy patente

Desde hace décadas, los países capitalistas centrales, más desarrollados, han asumido la obligación política de dedicar una parte de su presupuesto a la «ayuda al desarrollo». El objetivo es, como su nombre indica, ayudar a los países periféricos, subdesarrollados, a seguir el rastro de los más desarrollados e, idealmente, a converger con estos en niveles de bienestar en un futuro más o menos próximo.

Es evidente que la brecha que separa a los países centrales de los países periféricos es cada vez mayor. La llamada crisis de los refugiados y el alarmante aumento del movimiento de poblaciones migrantes indeseadas son los signos más evidentes de que las condiciones de vida en los países periféricos son cada vez más intolerables. Lo mismo cabe decir de las políticas de reducción de la pobreza llevadas a cabo por el Banco Mundial desde hace décadas. El balance es negativo si por reducción de la pobreza entendemos la disminución de la brecha entre ricos y pobres dentro de cada país y entre países. La brecha no ha cesado de aumentar.

Del mismo modo, las políticas de austeridad o de ajuste estructural que han sido impuestas a los países en dificultades financieras, de las que Portugal y Grecia son ejemplos cercanos, no han logrado sus objetivos, y el propio FMI ha reconocido esto de manera más o menos velada («exceso de austeridad», «deficiente calibración», etc.).

A pesar de ello, las mismas políticas se imponen una y otra vez como si en aquel momento aquella fuera la mejor o incluso la única solución. Lo mismo puede decirse de la privatización de la seguridad social y, por tanto, del sistema público de pensiones. El objetivo más reciente es la seguridad social en Brasil. Según los estudios disponibles, en cerca del 70% de los casos en los que la privatización se realizó el sistema falló y el Estado tuvo que rescatar el sistema para evitar una profunda crisis social. No obstante, la receta sigue siendo impuesta y vendida como la salvación del país.

¿Por qué se insiste en el error de imponer medidas cuyo fracaso es de antemano reconocido? Son muchas las razones, pero todas convergen en la que considero más importante: el objetivo de crear una situación de crisis permanente que fuerce las decisiones políticas a concentrarse en medidas de emergencia y de corto plazo. Estas medidas, a pesar de implicar siempre la transferencia de riqueza de los más pobres a los más ricos e imponer sacrificios a los que menos pueden soportarlos, son aceptadas como necesarias e inviabilizan cualquier discusión sobre el futuro y alternativas a corto y medio plazo.

La orgía de la opinión

El error reiterado y su amplia aceptación no serían posibles sin un cambio tectónico en la opinión pública. Los últimos cien años fueron el siglo de la expansión del derecho a tener opinión. Lo que era antes un privilegio de las clases burguesas se transformó en un derecho que fue efectivamente ejercido por amplias capas de la población, sobre todo en los países más desarrollados. Esta expansión fue muy desigual, pero permitió enriquecer el debate democrático con la discusión de alternativas políticas significativamente divergentes. El concepto de razón comunicativa, propuesto por Jürgen Habermas, se basaba en la idea de que la libre formulación y la discusión de argumentos a favor y en contra en cualquier área de deliberación política, transformaba la democracia en el régimen político más legítimo porque garantizaba la participación efectiva de todos.

Ocurre que en los últimos treinta años la sociedad mediática, primero, y la sociedad internética, después, produjeron una escisión insidiosa entre tener opinión y ser propietario de la opinión que se tiene. Hemos sido expropiados de la propiedad de nuestra opinión y pasamos a ser arrendatarios o inquilinos de ella. Como no nos dimos cuenta de esta transformación, pudimos seguir pensando que teníamos opinión e imaginamos que era nuestra. Empresarios de opinión de todo tipo entraron en escena para simultáneamente reducir el abanico de opiniones posibles e intensificar la divulgación de las opiniones promovidas.

Los principales agentes de esta transformación fueron los partidos políticos del arco de gobierno, los medios de comunicación oligopólicos y los sistemas de publicidad, inicialmente orientados al consumo masivo de mercancías, los cuales fueron gradualmente dirigidos hacia el consumo de masas del mercado de las ideas políticas. Así surgió la sociedad mediática y la política-espectáculo, donde las diferencias sustantivas entre las posiciones divergentes son mínimas, pero se presentan como si fueran máximas. Fue el primer paso.

El segundo paso se produjo cuando pasamos de la sociedad mediática a la sociedad internética. En este paso, el derecho a tener opinión se expandió sin precedentes y la expropiación de la opinión, de la que somos usuarios (más que titulares), alcanzó nuevos niveles. Surgieron los empresarios, tanto legales como ilegales, de la manipulación de la opinión pública, cuyo ejemplo paradigmático son las redes y las páginas de Facebook y de WhatsApp que producen «tácticas de desinformación» particularmente activas en períodos electorales, como sucedió recientemente en las elecciones para el Parlamento Europeo.

La conocida organización Avaaz identificó 500 páginas sospechosas, seguidas por 32 millones de personas, que generaron 67 millones de interacciones (comentarios, likes, comparticiones). La empresa Facebook cerró 77 de esas páginas que eran responsables por el 20% de flujo de informaciones en las redes identificadas.

Esta extraordinaria manipulación de la opinión tuvo tres consecuencias que, aunque pasaron desapercibidas, constituyeron un cambio de paradigma en la comunicación social. La primera fue que esta vigilancia policial de las redes se legitimó a pesar de haber controlado apenas la punta del iceberg. El recurso cada vez más intenso a los big data y a los algoritmos para llegar a cada individuo en sus gustos y preferencias, y hacerlo simultáneamente para millones de personas, hizo posible mostrar que los verdaderos propietarios de nuestra opinión son Bill Gates y Mark Zuckerberg. Como todo es hecho para no darnos cuenta de eso, nos consideramos deudores gratos de El Dorado de información que nos proporcionan y no como acreedores de un desastre democrático de consecuencias imprevisibles por las cuales ellos debían ser personalmente responsabilizados.

La segunda consecuencia es que la información que comenzamos a usar, pese a ser tan superficial, no puede ser contestada con argumentos. O es aceptada o es rechazada, y los criterios para decidir son criterios de autoridad y no de verdad. Si sirve a los intereses del líder político de turno, el pueblo es exaltado como teniendo finalmente opinión propia, capaz de contradecir a la opinión de las élites tradicionales. Si no sirve, el pueblo es fácilmente considerado como «ignorante e incapaz de ser gobernado democráticamente». En la medida en que el pueblo sigue la opinión del líder, es el líder quien sigue la opinión del pueblo. En la medida en que el pueblo diverge de la opinión del líder, debe, como pueblo ignorante, confiar en la opinión de líder. Según le convenga, el líder populista puede aparecer ora como seguidor del pueblo, ora como su tutor. Aquí reside la razón última de la reemergencia del populismo. Este capital de confianza se crea fácilmente en la medida en que todo sucede en la intimidad del individuo y de su familia.

Mientras la sociedad mediática transformó la política en un espectáculo, la sociedad internética la convierte en un show íntimo, un auténtico peep-show en el que toda la interacción afectiva ocurre entre el líder y el ciudadano, sin argumentos ni mediaciones.

La tercera consecuencia de la sociedad internética es que las redes sociales crean dos o más flujos de opiniones unánimes que corren en paralelo y, por tanto, nunca se encuentran. Es decir, en ningún caso pueden ser contradichos o ser objeto de contraargumentación en un debate democrático.

Así, la política errada puede ser aceptada ampliamente si cabalga sobre uno de los flujos de unanimidad. Este es el caldo comunicacional de la radicalización política, el ambiente ideal para el clima de polarización, de odio y de demonización del enemigo político, sin que sea necesario usar argumentos discutibles y únicamente recurriendo a frases apocalípticas.

De la sociedad internética a la sociedad métrica

Vivimos otra orgía, la orgía de la cuantificación de la vida individual y colectiva. Nunca nuestras vidas colectivas estuvieron tan dependientes del número de seguidores en Facebook, de los likes en las interacciones en las redes, de los scores en los concursos, de los rankings en las universidades, en la cuantificación de la producción científica. Sabemos que la lógica de la cuantificación es extremadamente selectiva y muy sesgada por los criterios que usa y por los campos que selecciona para cuantificar. Deja fuera todo lo que es más esencial a la existencia individual y colectiva. Deja fuera sectores sociales que, por su inserción social, no pueden ser adecuadamente contados. Las personas sin hogar son contadas por ser sin hogar, y no por lo que hacen durante el día; la agricultura familiar, informal, pese a que en la mayoría de los países continúa alimentando hoy a una gran parte de la población, así como el trabajo no pagado de la economía del cuidado en casa, no cuentan para el PIB. Lo que está predominantemente a cargo de las mujeres no entra en las estadísticas del trabajo, a pesar de ser crucial para reproducir la fuerza de trabajo. Si no estuviera avalada cuantitativamente, la calidad de la producción científica no contaría para la carrera de los investigadores. Y el gran problema de nuestro tiempo es que lo que no es contado, no cuenta.

Estas son algunas de las dinámicas subterráneas que van minando la democracia y creando una cultura pública y privada indefensa ante errores de los que la derecha y la extrema derecha se van alimentando.

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.