El gobierno acaba de realizar una renovación sustantiva del alto mando del Ejército, la mayor en décadas, entre otras razones, por fraude al fisco. También es un hecho positivo el papel jugado por la ministra investigadora.

Pero debemos advertir, a partir de los delitos detectados en el Ejército y en Carabineros, que hay un riesgo aun mayor que defraudar al fisco para beneficio personal: acostumbrarse y luego tentarse con dinero del narcotráfico. La venta de armas por parte de un grupo de carabineros, ya expulsados de la institución, muy probablemente fue destinada a grupos vinculados al narcotráfico. Si así fuera, el peligro es gigantesco.

Cuando se penetran los órganos del Estado y la política por el narcotráfico los países pierden el rumbo, se corrompen, impera la violencia y decaen. Por ello Chile debe ser implacable en la lucha contra el narcotráfico. ¿Estamos haciendo lo suficiente?

Es crucial y urgente una supervisión civil externa de las instituciones armadas y policías. No se puede dejar en manos de una institución su propia autoevaluación y auditoría. No basta con la revisión de la Contraloría o la discusión del presupuesto en el Parlamento para poder percatarse de la existencia de irregularidades en el funcionamiento interno de esas instituciones. También se requiere la pronta aplicación de la nueva forma de financiamiento de las Fuerzas Armadas, poniendo fin a la ley reservada del cobre. Hay acuerdo nacional de que esta materia debe ser financiada por un presupuesto plurianual.

Las Fuerzas Armadas y Carabineros han vivido períodos dramáticos como consecuencia de la violación de los derechos humanos por la dictadura militar. Ha costado décadas superar esta situación mediante reformas a la justicia, la aplicación de normas contra los crímenes de lesa humanidad y la separación de las personas que cometieron esos crímenes, para que esas instituciones cuenten con el reconocimiento de la nación. Los gobiernos democráticos han ido estableciendo una subordinación de la Fuerzas Armadas al poder civil asignándole responsabilidades profesionales y recursos para que cumplan su tarea en democracia. También se ha hecho un esfuerzo por incorporar en la educación militar los conceptos de derechos humanos y democracia, alejándose de la perniciosa doctrina de la seguridad nacional. Sin duda los avances han sido importantes. Pero no basta para asumir los desafíos futuros.

¿Qué responsabilidad cabe a los civiles?

En todos estos casos no es suficiente mirar a las fallas existentes en las instituciones armadas y las policías. Hay una responsabilidad de los civiles. Uno de los rasgos históricos de la relación cívico militar ha sido el distanciamiento de parte de los civiles. La historia nos enseña episodios que sacudieron la vida institucional de Chile. Y advierten que hubo un desconocimiento de los civiles sobre la fuerza armada, un trato con frecuencia displicente y una despreocupación por los temas de seguridad. El futuro requiere de nuevas formas de relación entre civiles y militares.

Corresponde preguntarse cómo generar una relación más densa a futuro. Un criterio básico es que más civiles se involucren en los temas militares, y establecer una participación más activa de los militares en materias concernientes al desarrollo nacional. Los desafíos del futuro encuentran en el personal de la fuerza armada un capital humano importante que debe estar integrado, en particular, a dos temas.

El primero, el desarrollo productivo y tecnológico. La formación militar incorpora conocimientos electrónicos, digitales, mecánicos, espaciales, de robótica, ciberseguridad, que serán crecientemente demandados por las empresas productivas. Numerosos oficiales que se retiran jóvenes y con altos conocimientos, no encuentran un canal expedito para aplicar sus habilidades a tareas de la producción nacional. El segundo, los desastres naturales. Se acrecentarán con el cambio climático, y la fuerza armada posee una capacidad operacional para proteger, mitigar y salvar. Igualmente importante para lograr una interacción efectiva es aumentar la matrícula de estudiantes de las academias militares en universidades para un intercambio que perdure entre civiles y militares. No existe, lamentablemente, un vínculo fluido y estable en esos temas. Hay que desarrollarlos.

Corresponde a los civiles una función más activa en esta relación cívico militar, entendiendo que ella es parte de un desarrollo integral de la democracia chilena y de su futuro económico y social.