En mi visita al predio donde hoy funciona el Espacio de Memoria del Pozo de Vargas, en los años 70 que funcionó como una fosa de inhumación clandestina que usó el ejército argentino con complicidad de civiles, dónde tiraban cuerpos de detenidos-desaparecidos entre los años 1975 a 1977. Descubrí el horror –en parte– gracias a los testimonios de las víctimas y de las evidencias materiales que se hallaron en el lugar mediante el trabajo arqueológico y forense. El cautiverio, la tortura y la desaparición.

Está lejos de mí querer alejar al lector. Mi intensión es contar y comunicar, desde mi lugar, de alguna manera, cómo se reconstruyó. Mucha gente sigue en pie trabajando y luchando por las consignas de Memoria, Verdad y Justicia. Entre ellas el Arq. Andrés Romano, quien me brindó una entrevista para contarme parte de su trabajo y su rol durante la etapa de investigación en el Pozo.

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Fuente: archivo CAMIT

La arqueología a nivel mundial se volcaba más hacia un estudio de la materialidad de un tiempo lejano o no tan lejano como puede ser las sociedades precolombinas en América, pero para mediados de los años 2000 ese enfoque viró un poco hacia la historia reciente, en este caso hace 50 años de nuestra actualidad, mirando hacia la última dictadura cívico-militar.

Para esa fecha ya había un grupo de militantes de derechos humanos presentando proyectos para ingresar a otro lugar nombrado como centro de detención clandestina.

Desde la secretaria de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, se organiza una charla para toda la comunidad. Una de ellas la da Darío Olmo, en ese entonces presidente de EAAF, contando su experiencia en el campo de la antropología y sus investigaciones. Ahí nació dentro de lo que fue esa charla una iniciativa de parte de varios estudiantes de la carrera de Arqueología para que trabaje en este tipo de investigaciones y causas judiciales, dentro de ese grupo se sumaron docentes de la carrera y de la licenciatura en Trabajo Social, antropólogos, historiadores. Empezando a trabajar con las fichas pre-mortem (fichas antropofísicas) de la cantidad de desparecidos denunciados en Tucumán y hacer entrevistas con familiares para completar esas fichas.

Para fines de 2001 este grupo fue convocado ya con el nombre de GIAAT, ya con una denuncia formal de dos ex militantes del PRT y un vecino de la zona del pozo presentada en Juzgado Federal Nº2, que denunciaban en esa finca, de Antonio Vargas, había un pozo que se había usado para arrojar cuerpos de víctimas de la dictadura y de Operativo Independencia. Iniciando una causa judicial con el grupo como peritos sobre esa finca con un plan de trabajo con lo que habían aprendido en la carrera con excavaciones para identificar el pozo como primer objetivo.

Ya era abril de 2002 cuando iniciaron los trabajos. El dueño de la finca señaló un lugar específico donde creía que podía estar el pozo. Pero no lo hallaron ahí. Cercados y sin tantos datos como para dar con el paradero del pozo convocaron a miembros de la Cátedra de Hidrogeología encargados de buscar acuíferos o napas de agua a mucha profundidad. Propusieron como método un análisis de resistividad electrónica, ponen cuatro electrodos y transmiten electricidad de poco voltaje pero continua para encontrar algún disturbio del suelo. Así se dan con un viejo caño de agua, construido con ladrillos antiguos y siguiendo la pendiente pudieron dar con la primera hilada de mampostería del pozo a dos metros debajo de la superficie actual del terreno. El mismo había sido tapado y rellenado con escombros, durmientes, sedimento variado. Era mayo de 2002.

El segundo paso que dictaminó la justicia fue retirar el sedimento del pozo, que estaba relleno en su totalidad y cotejar la presencia o no de evidencias que ratificaran la denuncia que realizaron. A partir de allí el proceso fue largo con la excavación que se realizo en el pozo. Un pozo de 3 metros de diámetro con una profundidad de 28 metros. Un arduo trabajo para excavar con los métodos arqueológicos. A los 12 metros se encontraron con una napa de agua inundando el terreno trabajado. Para continuar propusieron realizar una serie de perforaciones a los alrededores para deprimir la zona con un arco de depresión de terreno.

A mediados de 2004 y con una profundidad excavada de 22 metros, la justicia imperaba a tener algún indicio. Indagando sin conseguir los planos oficiales de la obra del pozo, despertaba suspicacias por un intento de borrar la existencia del pozo como tal. Para no perder la posibilidad de seguir excavando convocaron a especialistas para realizar una perforación, lo menos invasiva posible de una clapeta de 5 cm de diámetro sobre el terreno para poder en primer término dar con el fondo del pozo.

Con esta intervención lograron dictaminar la profundidad de 39 metros y, entre los 28 y 30 metros, se recuperaron una gran cantidad de restos óseos y de fragmentos de tela en trozos muy pequeños que impedían aseverar se pertenecían a restos humanos. El paso siguiente fue con los procedimientos de la Histología, asegurando, ahora sí, de que eran restos humanos. Para los organismos de derechos humanos era un espaldarazo, para la justicia era la confirmación de que allí había restos humanos, sin poder asegurar su cronología.

La investigación pericial avanzó con adecuación de espacio y requerimientos técnicos para su excavación entre los años 2005 a mediados de 2009. A finales de ese mismo año se retomaron las investigaciones periciales con casi los mismos especialistas, esta vez ya con el nombre de CAMIT. En febrero de 2010 se encuentran los primeros restos que luego fueron identificados y se hace el acto de recuperación de evidencia, hasta inclusive se puede realizar con los familiares de víctimas. Dos años después el EAAF logró identificar a esos restos hallados de Guillermo Vargas Aignasse.

Del 2010 al 2016, que se continuó trabajando en el pozo, cuenta el Arqueol. Andrés Romano que, entre los 28 y 32 metros de profundidad, se hallaron cerca de 38.000 fragmentos de restos óseos humanos, cerca de 250 prendas de vestir, proyectiles de armas de fuego. Todo coherente con la época –los años 70–, industria nacional casi todo.

El EAAF dictamina que se encuentran 149 perfiles genéticos, dentro de los restos hallados en el pozo, de ellos 121 pertenecen a hombres y 28 a mujeres. 119 ya fueron identificados, que tienen nombre y apellido. Todas ellas secuestradas y denunciadas entren mayo de 1975 a octubre 1977.

Aún se trabajan sobre la evidencia encontrada. El pozo hoy funciona como un sitio de memoria, con un rol educativo y para generar conciencia sobre el terror que implico la dictadura.

Hay que recalcar el trabajo conjunto e interdisciplinario de investigadores y docentes preparados por la universidad pública y que una manera de contribuir y devolver a la sociedad lo hacen trabajando en pos de la Memoria, Verdad y Justicia.