Muchos colombianos hemos llegado al convencimiento de que muchos problemas del país emergen de las instituciones llamadas a asegurar las mejores condiciones de vida y convivencia ciudadana. La Presidencia de la República, el Congreso y los altos tribunales judiciales brillan por su ineptitud para garantizar una vida digna a los colombianos y, contrariamente, sus acciones constituyen obstáculos para ello. Como lo señaló recientemente el filósofo y ensayista colombiano William Ospina en el diario EL Espectador:

«Hace ya mucho tiempo se socavaron los principios de la confianza y de la convivencia, hace mucho se estableció la costumbre de gerenciar el miedo, de extorsionar con el poder, de predicar la confrontación, de vivir del conflicto, de condenar a los pobres a la ilegalidad para después satanizarlos por ser ilegales. Tiene que haber una respuesta para el hecho de que aquí todos los enriquecimientos son ilícitos, los inmensos y generalizados cultivos de la gente pobre son ilegales, y una lógica de la desconfianza trata por principio a todo ciudadano como un delincuente».

El sentimiento de defraudación por las actuaciones de los elegidos para las altas posiciones del Estado ha llevado a la indiferencia y la abstención de más del 60 % de la población apta para votar, con la tendencia a aumentar. Pero ¿qué más se puede esperar si los presidentes, los parlamentarios y los jueces se hacen elegir al amparo de mentiras y falsas promesas por un pueblo ansioso de soluciones para sus problemas y necesidades?

El grueso de los ciudadanos sentimos la gerencia del miedo, el chantaje y el odio por parte de quienes ejercen el poder, para atornillarse en los cargos, sin que haya poder humano que los haga cambiar. Se ha perdido la esperanza del cambio en las costumbres políticas y en la transformación de la sociedad a través del Estado.

Empecemos por reconocer que en Colombia los elegidos para la Presidencia y el Congreso sólo se preocupan por sus intereses y los de sus patrocinadores políticos. Y quienes ejercen funciones judiciales actúan en una marcada connivencia con las prácticas corruptas y el clientelismo de quienes los apoyaron para su designación como administradores de justicia. Interpretan e imponen la justicia a su antojo y al del ejecutivo y de las castas dominantes al son de concepciones amañadas de justicia y de ley, olvidándose de la Carta Política, las leyes y la jurisprudencia sentada por los estudiosos honestos del sector.

La gerencia del miedo y el chantaje por los gobernantes es patética. Se imponen leyes, normas y jurisprudencia para perpetuar los intereses de las castas dominantes tradicionales bajo el sainete de la urgencia sentida para defender la convivencia ciudadana, los valores cívicos, las sanas costumbres y la economía del país. Se impulsan reformas tributarias y de seguridad social en salud y pensiones infundiendo temor por la insuficiencia del tesoro público para atender costos en política social, pero al mismo tiempo se despilfarra la Hacienda pública en mermelada (recompensa a congresistas por aprobar leyes de la apetencia del gobernante o por hundir un proyecto ajeno a sus intereses), propaganda gobiernista para justificar decisiones indefendibles, contratos cargados de corrupción y donaciones a entidades agraciadas. En un solo proyecto, la ampliación de la Refinería de Cartagena-Reficar, se gastaron US$ 4.000 millones en contratos leoninos, equivalentes al recaudo de tres reformas tributarias.

Se impulsan reformas a la salud pregonando el miedo a la enfermedad y la muerte, pero al mismo tiempo se sientan las bases para la prosperidad de las empresas que explotan la enfermedad y la muerte como pilares de un negocio lucrativo. Se impone una desbordada y discriminatoria contribución de los pensionados a salud, suma de lo que aportaban el empresario y el trabajador cuando era activo, alegando el miedo a la descapitalización del sistema y con el sofisma de la solidaridad de los pensionados con la población desamparada y los grupos etarios más jóvenes.

Se impulsan reformas pensionales con requisitos de edad y aportes obligatorios más altos y se disminuyen los beneficios de los afiliados, pregonando el miedo a la ruina de la hacienda pública por el alegado enorme gasto en pensiones del régimen de prima media, pero se entrega a dos pulpos financieros la explotación de los ahorros pensionales de los trabajadores y se aprueban leyes acomodaticias para asegurar el acrecentamiento de sus utilidades. La ceguera financiera de los administradores del tesoro público, o su afán por enriquecer a sus protectores, no les permite ver que con los rendimientos de los ahorros pensionales puestos en préstamos a módicas tasas de interés se puede financiar el pago de todas las pensiones sin sacrificio de recursos públicos.

La gerencia del miedo y el chantaje se extiende a materias sociales, como aconteció con la consulta popular de la paz, cuando el presidente Santos infundió temor al pueblo por la presunta escalada terrorista de las FARC en zonas urbanas en caso de salir derrotado el SÍ en el referendo. Los del bando que pregonó el NO han sido severamente enjuiciados y castigados por haber inducido el voto infundiendo temor por las consecuencias de firmar un acuerdo de paz construido sobre bases endebles, acciones que no se han hecho extensivas al presidente y sus servidores cercanos por el uso del miedo en defensa del SÍ.

Algo parecido se vio en la pasada Administración, cuando la Corte Suprema de Justicia enjuició severamente al presidente Uribe y a directores del DAS por las chuzadas a teléfonos de los magistrados, pero pasó por alto las acciones corruptas descubiertas con esas chuzadas. Nada pasó con el escándalo de los magistrados que en Neiva asistieron en masa al matrimonio de la hija de un conocido narcotraficante, ni con el de los costosos regalos que la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura recibió de manos de un mafioso italiano; pero el presidente de entonces, los ministros y los directores del DAS sufrieron el escarnio de la prensa y los medios judiciales por descubrir esos delitos.

Y hemos asistido el criminal gerenciamiento de la enfermedad como epicentro de prósperos negocios que con la bendición de la Ley 100 de 1993 han proliferado y llevado a la tumba a millones de personas de los estratos socioeconómicos menos favorecidos (más del 80 % de la población) y han sumido en la enfermedad y la incapacidad permanente a un gran número de compatriotas. El Gobierno muestra a algunas de estas empresas como oportunidades propicias para la inversión extranjera y las premia con exenciones tributarias.

La política en medicamentos ha desbordado cualquier apreciación desprevenida. No es extraño que el precio de un medicamento de última generación para enfermedades de alto costo sea de 10 a 20 veces lo que vale en países desarrollados o de desarrollo similar al colombiano. El actual ministro de salud ha liderado una política racional en precios de medicamentos y en reconocimiento de patentes, pero la OCDE y algunos organismos multilaterales han atacado las medidas y han solicitado sanciones de la OMC contra Colombia por vulneración de la propiedad intelectual de las empresas farmacéuticas, situación similar a la denunciada contra La India, Brasil y Rusia.

La gerencia del miedo al aislamiento económico fue herramienta del presidente Gaviria para dar rienda suelta a la apertura económica, y de los presidentes Pastrana, Uribe y Santos para firmar tratados de libre comercio con países desarrollados, favoreciendo a esos países y a los importadores, pero decretando el cierre de empresas nacionales, la ruina de los agricultores y generando desempleo. Las exportaciones colombianas a los Estados Unidos, por ejemplo, decrecieron de US $21.500 millones en 2012 a US $10.500 millones en 2018 y las importaciones han aumentado en cerca del 50 %. Esto se ha traducido en desempleo, pero en las cifras oficiales el empleo ha aumentado porque una persona que hace malabares o vende cigarrillos o chicles dos días semanales en una esquina de semáforo es considerada empleada en las estadísticas estatales.

Se ha gerenciado el miedo a la escasez de alimentos para auspiciar programas agrícolas a los grandes empresarios usando recursos oficiales. Se ha denunciado, por ejemplo, que con auspicio oficial el más grande banquero del país, cuya fortuna alcanza más de 13 billones de dólares según Forbes, se ha apoderado de más de trece mil hectáreas de tierra cultivable y se ha beneficiado con recursos estatales para su explotación. Con el pretexto del impulso al desarrollo agrícola, la pasada Administración mediante el programa «agroingreso seguro» donó subsidios por miles de millones de pesos a miembros de la aristocracia criolla y a prósperas empresas como los ingenios azucareros, desviando esos recursos de sus destinatarios naturales legales que eran los campesinos, desposeídos de tierras y recursos para cultivarlas. Pero, paralelamente, el país se ha visto condenado a importar más de catorce millones de toneladas de alimentos en los cuales era autosuficiente antes de la apertura económica y de los TLC. La gerencia del miedo a las multinacionales agrícolas llevó al ejecutivo hace dos años a ordenar el decomiso de enormes cantidades de semillas autóctonas y a mostrar por los medios grandes camiones repletos de semillas para su destrucción porque sólo se iba a permitir la siembra de semillas producidas por emporios multinacionales.

Se ha gerenciado el miedo a la universidad pública como foco de protesta y rebelión, para la desviación de enormes recursos oficiales previstos para la educación superior a la financiación de universidades privadas a través de programas como Ser Pilo Paga, del presidente Santos, que financia el ingreso de estudiantes de las clases populares a instituciones privadas destinadas a las altas élites, con el pago de costosas matrículas y altos gastos educativos. Con los recursos asignados, un número considerablemente más alto de destacados estudiantes de las clases populares hubieran podido ingresar a excelentes universidades públicas sin costos de matrícula y con estipendios suficientes para costear su sostenimiento y sus materiales de estudio.

En obras públicas la situación no ha sido diferente. Se ha gerenciado el miedo al fracaso de nuestro comercio internacional por no disponer de vías carreteables de cuarta generación y se han sembrado alarmas por la falta de viviendas de interés social. La política de la vivienda sin cuota inicial, financiada con recursos del estado, se puso en manos clientelistas para cimentar la actual campaña presidencial del pasado vicepresidente de la república, quien también tuvo en sus manos la adjudicación de jugosos contratos para obras viales de cuarta generación a un costo nunca imaginado por las mentes de los ciudadanos corrientes.

Se tomaron decisiones como la modificación del trazado de la Ruta del Sol Dos y la desviación del tramo Ocaña-Aguaclara-Gamarra de la vía entre Puerto Salgar y la Costa Atlántica a un costo cercano a un billón de pesos, con el favorecimiento de los intereses de parientes de miembros influyentes del gobierno y de la empresa brasilera Odebrecht, envuelta en escándalos de contratación internacional, por los cuales han caído cabezas de gobierno en otros países pero que en Colombia no han tenido consecuencia alguna. Hay que recordar que Odebrecht efectuó notables contribuciones a la campaña reeleccionista del presidente Santos en 2014, buscando su favorecimiento en la contratación estatal, y sobornó a altos miembros de la administración pública, del congreso y la rama judicial para hacerse a contratos de obras públicas de gran envergadura.

La gerencia del miedo a la insuficiencia energética originó una improvisación de imprevisibles consecuencias en la construcción de la represa y la planta eléctrica Hidroituango, una obra de cuarta generación, dotada con túneles de afluencia de agua paralelos al río Cauca. Las intensas lluvias de la semana pasada ocasionaron remociones en masa con el bloqueo de dos túneles, generando altos riesgos para las obras y la población de varios municipios. La liberación de las aguas represadas a través del cuarto de máquinas de la planta causó un descomunal crecimiento del río Cauca, el cual cubrió y arrasó puentes, carreteras, viviendas, una institución educativa y el centro de salud de Puerto Valdivia, amenaza peligro para Valdivia, Briceño, Ituango, Cáceres, Tarazá y Caucasia, y ocasionó el desplazamiento de pobladores de la región. ¿Quién responderá?

La gerencia del miedo al grupo insurgente FARC, que negoció el proceso de paz con el Gobierno, llevó a una vergonzosa improvisación en el manejo de recursos para el posconflicto aportados por la comunidad internacional, la cual reclama claridad sobre gastos e inversiones en los cuales no se observa la destinación acordada.

Y la gerencia del miedo a reacciones adversas de las oligarquías influyentes ha conducido a una orgía del gobierno en la repartición de los recursos públicos, mediante la «mermelada» para los congresistas, alta publicidad del ejecutivo adjudicada a sus amigos, los continuos robos al estado por corrupción en la contratación y las generosas donaciones a entidades afectas al gobierno.

Para rematar, la actual campaña presidencial refleja el uso de la gerencia del miedo y el chantaje como herramienta de disuasión contra candidatos del bando contrario. Los partidos de derecha y ultraderecha, atornillados al poder y patrocinadores de los malos manejos y la corrupción, descalifican a los candidatos que predican el cambio: Humberto De La Calle y Gustavo Petro. A De La Calle, por haber conducido las negociaciones de paz con las FARC, le achacan las concesiones otorgadas por el Gobierno y el ámbito jurídico amañado para la desmovilización del grupo armado.

Lejos de mirarlo como una posibilidad para asegurar la convivencia pacífica entre los colombianos, lo muestran como una amenaza si es cabeza del gobierno, achacándole desde ahora presuntas nuevas concesiones que nunca han pasado por su cabeza. Se descalifica a Petro por su propuesta de Gobierno basada en la equidad y la justicia social en educación, salud, pensiones, desarrollo económico, trabajo, agricultura, justicia y obras públicas, y lo refieren como castrochavista para gerenciar el miedo entre los electores al asimilarlo a experiencias desafortunadas con líderes de izquierda en la región, olvidando los casos positivos de países como Uruguay, Chile y Ecuador y su gestión como alcalde de La Bogotá Humana.

Quienes imponen los mandatos, las políticas y las leyes son los gremios industriales, financieros y empresariales y los partidos hegemónicos de derecha, los cuales padecen el espanto del terror al oír hablar de equidad y justicia social y laboral, y se atornillan cada vez más fuertemente al poder para ver crecer sus privilegios y fortunas en desmedro de las clases populares, que perciben una brecha cada vez más amplia entre ellos y los dueños del país.

El panorama general lo retrata William Ospina en su artículo del diario El Espectador:

«Pero, ¿es posible una acción política por fuera de los cauces y los instrumentos del Estado? ¿Es posible una democracia por fuera de las elecciones y de los mecanismos formales de participación? Por lo pronto Colombia ha demostrado que puede sobrevivir no gracias sino a pesar de las instituciones. Pero es evidente que ha sido a lo largo de las décadas una supervivencia dolorosa y trágica».

¿Será que algún día lograremos mejorar la calidad de esta supervivencia?