Los ejércitos como los entendemos hoy son las fuerzas de combate que defienden por tierra, mar y aire a los países que los tienen. Se les encarga la defensa de la Soberanía e integridad de una Nación, un país o un Estado, dentro de las políticas que se consideran de Seguridad Nacional, dispuestas a velar por el Estado de Derecho y la seguridad interior de un país.

Son fuerzas que reciben entrenamiento especializado para las distintas tareas y trabajos, tanto para la defensa como para el ataque cuando de combates se trata, para la ocupación de países cuando también se trata de situaciones geopolíticas o de control de áreas estratégicas de materias primas para la producción, de control de mano de obra de esos países y de sus mercados en lo que significan para la colocación de los productos elaborados de esa manera. De allí las guerras coloniales que caracterizaron el mundo contemporáneo y moderno.

De allí también las guerras mundiales que conocemos del siglo XX, de fragmentación, repartición de países y regiones. De allí también las definiciones internacionales con que se ha dividido el mundo: Este-Oeste; Norte-Sur; Sur-Sur; Capitalismo-Socialismo; países dentro de la Cortina de Hierro o de la Cortina de Bambú; Países no Alineados; Tercer Mundo. Con todo ello, una estructuración de bloques militares, resultado de alianzas de países para desarrollar acciones comunes estratégicas y tácticas de defensa o de eventuales ataques, como fueron en la Europa de la segunda mitad del siglo XX las alianzas del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que reunió a los países europeos frente los países que, después de la II Guerra Mundial, se identificaron como parte de un Sistema Mundial Socialista que llevó a estructura de defensa ante la OTAN a la creación de su alianza militar en el de Tratado de Varsovia. Desaparecidos los países socialistas y desintegrada la fuerza militar del Tratado de Varsovia, no desapareció la OTAN. Por el contrario, se ha fortalecido y ampliado casi a la totalidad de los países europeos.

Los ejércitos son instituciones que hoy se inscriben como parte de una institucionalidad estatal preparada para la guerra, lo que les exige estar actualizándose en sus armamentos constantemente, garantizados por una enorme industria militar que opera mundialmente y fomenta conflictos internacionales y guerras regionales como parte de su negocio.

Los ejércitos en sus distintas modalidades los conocemos desde distintas épocas históricas, desde la Edad Media hasta hoy, en sus respectivas evoluciones nacionales o internacionales. Los pactos militares entre países o Estados igualmente los conocemos en estas dimensiones históricas, pactos y alianzas militares cambiantes.

En América Latina conocemos los ejércitos desde la lucha por la Independencia, 1808-1826, contra el colonialismo español y europeo. Frente a la dominación y opresión impuesta, los pueblos latinoamericanos tuvieron que desarrollar fuerzas equivalentes bajo la modalidad de ejércitos libertadores. Si existía una fuerza militar que aseguraba la opresión colonial, se desarrollaron fuerzas militares libertadoras.

Esto también fue válido para los sistemas colonialistas europeos que llegaron hasta la segunda mitad de siglo XX. Las Organización de las Naciones Unidas se constituyó en 1945 con 52 países. Hoy tiene 194, de los cuales la inmensa mayoría resultó de las guerras de Liberación Nacional de esos pueblos dominados y oprimidos, lo que hizo desaparecer la Comisión de Colonias que existía en la ONU. Ello también llevó a definir las guerras como “justas” o “injustas”. Las justas son las que se planteaban como las que conducían a la Independencia de las Naciones, a la liberación de las colonias. Las Injustas, aquellas que se realizaban o se siguen realizando para el sometimiento de pueblos y de sus regiones.

Dentro de este esquema también se han desarrollado las guerras de guerrilla, de resistencia, al interior de países, contra las formas dictatoriales, despóticas, tiránicas y autoritarias que se han impuesto.

América Latina conoce estas experiencias de guerras anticoloniales y contra los gobiernos autoritarios y militaristas despóticos que han gobernado en distintos países. Ha conocido, igualmente, la experiencias de guerrillas.

Las guerras por la Independencia que desarrollaron ejércitos independentistas hicieron surgir en sus países e institucionalidades líderes militares que llegaron a gobernar. Con ellos se mantuvieron los ejércitos, sus estructuras, sus funcionarios, sus castas militares, sus privilegios, beneficios y fueros especiales de manera moderna. Los países a su cargo igualmente impulsaron políticas económicas que justificaron la existencia de esos ejércitos, fuerzas armadas y políticas militares. Con el desarrollo de la situación mundial se impulsaron políticas continentales y regionales de organización de los ejércitos y sus respectivas modernizaciones.

En el caso costarricense, la lucha por la Independencia no desarrolló un ejército independentista, porque la milicia colonial era débil. Parte de ella se había trasladado a Centroamérica para contribuir a combatir luchas militares que se dieron contra el orden colonial español en las otras provincias. Esas luchas no condujeron, como en el resto de la América hispánica, a la constitución de importantes fuerzas militares. El último gobernador colonial de Costa Rica, Juan Manuel de Cañas, en los días y vísperas de la Independencia en 1821, había empezado a concentrar lo militar que tenía a su disposición.

La Independencia de Centroamérica se había iniciado con las declaraciones de Independencia, a finales de agosto y principios de setiembre de 1821, de las principales ciudades de la Provincia de Chiapas, que era parte de la Capitanía General de Guatemala. Así, Guatemala, que era la cabecera política de la Capitanía, declara su Independencia el 15 de setiembre, con la segregación que ya había sufrido de Chiapas, actuando como detonador en el resto de las provincias en cuanto conocen esa decisión. El Salvador así lo hace el 21 de setiembre, Honduras y Nicaragua el 28 de setiembre, reforzada en Nicaragua el 11 de noviembre, y en Costa Rica el 29 de octubre de 1821.

Así, los delegados de los pueblos de Costa Rica se reunieron en la capital colonial, Cartago, el 29 de octubre de 1821, cuando declararon la Independencia de Costa Rica. En la noche del 28 al 29 de octubre, José Santos Lombardo, uno de los delegados en esta reunión, desarmó al gobernador para garantizar la decisión de Independencia que se tomaría el 29 y para evitar que el gobernador con las armas y las pocas milicias a su cargo evitaran esa decisión.

Así, en Costa Rica no hubo necesidad de impulsar una fuerza militar independentista, porque no hubo necesidad de derrotar en el campo de la guerra al gobernador colonial. De hecho, así iniciamos un desarrollo no militarista institucional, sin caudillos militares.

Los personajes de los primeros gobiernos, entre 1821 y 1823, de las Juntas de Legados, que hubo varias, fueron civiles y sacerdotes. A partir de 1823, cuando Costa Rica se incorpora a los esfuerzos por reconstituir la unidad regional, anteriormente existente en la Capitanía General, en el marco de las Provincias Unidas de Centro América y de la República Federal de Centroamérica, Costa Rica se reorganiza como Estado de Costa Rica, con la estructura republicana de los tres poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el marco centroamericano se desarrolla el Ejército como institución federal. Fue una fuerza organizada que exigía gastos, pero fue inútil para defender a los jóvenes Estados, como resultó cuando Colombia usurpó, y se dejó anexados los territorios de Bocas del Toro en 1836, que tampoco se pudo defender con una fuerza militar nacional costarricense.

La fuerza militar que poco a poco se impulsa como ejército en Costa Rica es a partir de 1835, fortalecida con la llegada de Francisco Morazán en 1842, por un breve período que ejerció como Jefe de Estado. A partir de la Constitución de 1844 apareció el concepto de Ministerio de Guerra y de Guerra y Marina, combinado con el ejercicio de otras carteras. Hacia 1846 se desarrollaron las guarniciones militares de San José, Cartago, Alajuela, Heredia, y batallones en las ciudades.

Con Nicaragua, frontera norte de Costa Rica, había surgido un problema fronterizo por la Anexión o agregación territorial que había surgido en 1824, cuando la región del Partido de Nicoya había tomado esa decisión por su propia voluntad. Nicaragua mantuvo este territorio en discusión en distintos órganos políticos durante la vigencia de la República Federal.

A finales de la década de 1840 y principios de la década de 1850, se preveía un conflicto armado con Nicaragua que condujo a una modernización del ejército existente. En esta década, en 1855, en medio de un conflicto político militar interno, uno de los grupos políticos en lucha invitó a la llegada de un contingente de filibusteros norteamericanos, encabezado por William Walker, quien rápidamente se convirtió en jefe militar de Nicaragua y en una amenaza contra la soberanía, la independencia y la libertad de los pueblos centroamericanos, porque pretendió anexar a las repúblicas centroamericanas a los Estados sureños de los Estados Unidos y establecer la esclavitud en los pueblos de Centroamérica, lo que hizo en Nicaragua por un breve período, cuando se declaró presidente de ese país.

La presencia de Walker en Centroamérica provocó, durante los años 1856 y 1857, la Guerra Nacional contra su presencia, teniendo el eje principal de esa lucha el Ejército de Costa Rica, con el concurso de los ejércitos De Honduras, El Salvador, Guatemala y, finalmente, de Nicaragua, que se suma a esta lucha.

Para el caso costarricense, el ejército salió nacionalmente fortalecido de esa guerra. Las contradicciones políticas internas al terminar la guerra contra los filibusteros se agudizaron, provocando el golpe de Estado contra Juan Rafael Mora en 1859, que lo obligó a salir hacia El Salvador.

En 1859, el 14 de agosto, le dieron un golpe de Estado al Presidente Juan Rafael Mora Porras, impidiendo su segunda reelección presidencial, con participación de militares que se habían distinguido bajo su conducción política en esa lucha contra los filibusteros. Exiliado a El Salvador, regresó en 1860 para recuperar su investidura de presidente constitucional. En su intento fue derrotado, capturado y fusilado el 30 de setiembre de 1860. Dos días después fue fusilado el General José María Cañas, héroe militar de esa lucha contra los filibusteros que acompañaba a Juan Rafael Mora.

La década de 1859-1868 fue oscura y de fortalecimiento del Ejército, con un papel importante tras el poder político de los militares Lorenzo Salazar y Máximo Blanco.

El crimen que se cometió contra Mora y Cañas finamente fue minando la institución militar. El 10 de diciembre de 1868, el Dr. Eusebio Figueroa, Ministro de Guerra, destituyó a esos militares, reorganizó las comandancias y restableció el poder civil sobre lo militar.

En 1869, el Presidente Jesús Jiménez Zamora estableció la educación escolar gratuita, obligatoria y financiada por el Estado. Continuaba la tradición nacional desde la Independencia de fortalecer la educación. Jesús Jiménez también impuso sobre el ejército el sometimiento político y civil en sus superiores estructuras, y destituyó los militares que habían participado en el asesinato de Mora y Cañas.

En el gobierno del General Tomás Guardia, en 1871, continuó con el mantenimiento del poder civil sobre los militares, así establecido en el Código Militar que se aprobó en su administración. En 1882 también abolió la pena de muerte.

En 1878, ante una eventual guerra con Guatemala fortalecimos el Ejército, adquiriendo barcos de guerra y creando el Almirantazgo de Marina.

En las décadas liberales de 1870 y 1880, se fortaleció la educación dentro del desarrollo institucional del Estado, con más fuerza a partir de 1885, con las grandes reformas educativas que se hicieron a favor de la enseñanza secundaria. En estas dos décadas, los presidentes fueron militares con rango de generales, pero rodeados de personas liberales, masones y liberales militantes. En los gobiernos liberales de Bernardo Soto y de Prospero Fernández, los Secretarios de Instrucción Pública fortalecieron la educación, especialmente con la Reforma de don Mauro Fernández, donde el presupuesto militar no creció sustantivamente y se impulsó más una vida democrática de ejercicio de derechos ciudadanos que culminó con el desarrollo de los partidos políticos a partir de 1890.

Con la reformas educativas de Mauro Fernández, en la década de 1880, se fortaleció la educación pública secundaria, se reguló el régimen de pensiones de los militares sometido al Ministerio de Hacienda, y en 1889 se contrató al general Aristides Romain, especialista en artillería de origen belga, para la asesoría militar, iniciándose la preparación de oficiales nacionales en el extranjero.

Los sucesos político militares del 7 de noviembre de 1889, cuando se creyó que el gobierno hacía un movimiento militar para impedir un resultado electoral desfavorable, provocaron una movilización ciudadana que impidió que de esa manera se articulara un posible fraude electoral. Estas movilizaciones demostraron la fuerza del civismo sobre el militarismo y dieron origen a que a esta fecha, 7 de noviembre en Costa Rica, se la declare como día de la Democracia nacional.

Estas políticas fueron debilitando el presupuesto público destinado a lo militar para fortalecer la educación. Los presidentes de este período, de formación militar, no fortalecieron la institución del Ejército.

A principio del siglo XX, en 1902, se eliminaron del Escudo Nacional dos cañones como símbolos militares, fortaleciendo la tradición civilista que se venía dando. La versión de la letra del Himno Nacional escrita 1903 fortaleció esa visión pacifista, en cierta manera antimilitarista, de los costarricenses.

Durante la administración de Alfredo González Flores (1914-191) se impulsó por parte de los Estados Unidos una modernización en América Latina de los viejos ejércitos del siglo XIX, impulsando la creación de las llamadas guardias nacionales y guardias civiles en sustitución de estos ejércitos. Alfredo González se opuso a la creación de una guardia civil, alternativa a la institucionalidad militar existente, lo que fue una de las causas que se sumaron al golpe de estado que le dieron en 1917.

En 1917 y 1919, bajo el breve gobierno militar de los hermanos Tinoco Granados, surgido de un golpe de Estado, se estimuló y fortaleció presupuestariamente al Ejército. Caída la dictadura por la acción popular, de nuevo el apoyo a la institución militar se debilitó.

De la guerra con Panamá, en 1921, se le cambió de nombre al Ministerio de Guerra y Marina, en 1923, por el de Seguridad Pública, con el que se ha mantenido hasta hoy.

En las décadas de 1920, 1930 y 1940 se fortaleció más el gasto público en educación que en Ejército y Seguridad.

En la década de 1940-1948, el ejército era una institución muy débil. En 1946, dos diputados en el Congreso de la República, Fernando Volio Sancho y Fernando Lara Bustamante, habían propuesto su eliminación, suspendiendo partidas de armas del presupuesto nacional.

La elección nacional presidencial de 1948 fue cuestionada en su resultado. El Congreso de la República, que tenía la facultad de conocer y avalar sus resultados, se negó a reconocer el triunfo electoral de Otilio Ulate Blanco, lo que provocó un levantamiento armado que resultó triunfante. Al término de la lucha armada, quienes encabezaban la lucha se impusieron por dos años frente a Otilio Ulate, el candidato ganador de las elecciones, y gobernaron bajo lo que se llamó la Junta de Gobierno Fundadora de la Segunda República, que durante los años de 1948 y 1949 dirigió el país con Decretos leyes y sin Congreso Constitucional.

En 1948, el Ministro de Seguridad de la Junta de Gobierno propuso la abolición del Ejército, lo que fue aceptado.

La Junta Fundadora de la Segunda República dispuso, el 11 de octubre de 1948 en la resolución N° 749, “suprimir el ejército como institución permanente, confiándose la defensa del orden y la seguridad interna a las fuerzas regulares de la Policía Nacional, hoy denominada Guardia Civil”, después de considerar el estado desastroso en que se encontraba y en virtud de tener su propia fuerza militar.

El 25 de noviembre de 1948 Junta Fundadora de la Segunda República había aceptado la idea de abolir el Ejército. El 27 de noviembre inició la desmovilización de la Legión Caribe, que era la fuerza extranjera que le había colaborado en su lucha militar, para hacer valer el resultado de las elecciones a favor de Otilio Ulate.

Así, el 1 de diciembre de 1948, en un acto simbólico, se le entregó a la Universidad de Costa Rica el Cuartel Bella Vista para hacer el Museo Nacional, con lo que se oficializó la abolición del Ejército. En ese acto se señaló la importancia de fortalecer la educación. Ese 1 de diciembre en el acto de la entrega del Cuartel a la Universidad se afirmó: “La época de los cuarteles había quedado para la Historia. Inicia la época de las escuelas, colegios, universidades y museos.”

Edgar Cardona, el Ministro, fue exaltado en todos los medios de comunicación, y José Figueres, el Presidente de la Junta, recogió todos los honores de esta abolición. Unos días después, en febrero de 1949, se procedería a integrar la Asamblea Nacional Constituyente, acto en el que se hace el anuncio de querer abolir el ejército, y así se propone en el Proyecto de Constitución Política que la Junta entrega a la Asamblea Nacional Constituyente.

El 4 de julio de 1949, los diputados constituyentes Ricardo Esquivel Fernández, Juan Trejos Quirós y Enrique Montiel propusieron suprimir el Ejército, tema que se volvió a discutir el 18 de octubre y finalmente el 31 de octubre de 1949, cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el artículo constitucional que establecía la disolución o Abolición del Ejército como institución permanente, confiando la defensa a la Policía Nacional o Guardia Civil.

Finalmente, el 7 de noviembre de 1949 se aprobó íntegramente la Constitución Política que estableció esta abolición.

En el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986) se estableció la Neutralidad Perpetua, Activa y no Armada de Costa Rica como política de Estado, considerada como la culminación del proceso de desarme unilateral y voluntario iniciado por Costa Rica en 1949, con la proscripción del Ejército.

En 1948, como parte del nuevo escenario de la Guerra Fría, se impulsó la aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, impulsado por Estados Unidos para todo el continente, con la intención de proteger los países ante “amenazas externas”. Costa Rica fue firmante de este Tratado. Bajo la abolición del ejército, en diciembre de 1948 y más tarde, a principios de 1955, cuando hubo intenciones armadas de enfrentar al gobierno de Figueres desde el territorio de Nicaragua con combatientes costarricenses, Figueres invocó la aplicación del TIAR, lo que dio resultado sin mediar un conflicto armado, neutralizando las acciones que se iban a desarrollar y mostrando a la vez que ante situaciones militares no se necesitaba un ejército si se podía acudir al TIAR. El TIAR como Tratado quedó anulado fácticamente cuando Argentina lo invocó en su conflicto en defensa de las Malvinas, conflicto en el cual Estados Unidos, principal fuerza militar del TIAR, se puso de lado de los intereses del gobierno británico.

En estos 75 años, Costa Rica se ha desarrollado con una Fuerza Pública de carácter civil, no militar, policial, encargada de la seguridad nacional del país y de los ciudadanos. Durante muchos años, por las circunstancias de la Guerra Fría, entre otros aspectos, los oficiales de la Fuerza Pública, y muchos policías fueron entrenados y educados militarmente en las Bases del Ejército Norteamericano que tenía en la Zona del Canal de Panamá, así como en instituciones militares de otros países.

En el gobierno de Oscar Arias Sánchez (1986-1990) se declaró el 1 de diciembre como Día de la Abolición del Ejército, y en este Gobierno, bajo su impulso y el de su Ministro de Gobernación, Rolando Ramírez Paniagua, se le eliminó a la Fuerza Pública el uso de rangos militares de Ejército en su estructura administrativa, en su escalafón, sus uniformes y símbolos de distinción.

De nuevo se restablecieron en el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) y nuevamente fueron suprimidos en el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002).

El Arsenal Nacional tenía armas de guerra durante el período de la Guerra Fría, especialmente durante los primeros años de la Revolución Cubana, cuando en Centroamérica, por iniciativa de los Estados Unidos, se impulsó el Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA), una organización militar regional a disposición de los gobiernos para enfrentar cualquier amenaza externa a su condición democrática. Lo paradójico de esta situación era que Costa Rica era el único país democrático del área: todos los demás eran gobiernos de dictadores o de militares en el poder.

Costa Rica, por tener abolido constitucionalmente el Ejército, no puede participar oficialmente de una organización como el CONDECA. Lo hace como país observador. Tampoco Costa Rica puede participar de coaliciones internacionales militares, de ninguna forma, que justifiquen guerras o agresiones armadas. Así, por ejemplo, cuando el Presidente Abel Pacheco firmó la coalición internacional, de pocos países aliados a Estados Unidos para invadir Irak, a principios de este siglo, la Sala Constitucional de la República, el más alto tribunal en este campo, le ordenó retirar su firma, afirmando la imposibilidad de participar en aventuras militares como esa, porque la abolición constitucional del ejército no lo permite.

Desde entonces, hace 76 años se acordó abolir el Ejército, y desde hace 75 años se estableció así en la Constitución Política. José Figueres, al abolir el ejército institucional, también eliminó la fuerza armada que le había servido a modo de un Ejército de Liberación Nacional, como él lo llamó. Así, con grado de General, como se le trataba en su lucha armada, disolvió dos ejércitos.

Poco a poco, la Fuerza Pública fue dejando sus entrenamientos militares a cargo de ejércitos extranjeros. Se desarrollaron escuelas de policía nacionales.

En distintos gobiernos, desde 1953, se han manifestado tendencias militaristas del Estado Costarricense, especialmente cuando sectores al interior de esos gobiernos pugnan, por diversos motivos, por la represión abierta y en gran escala contra los más amplios sectores sociales de Costa Rica.

Algunas prácticas de este tipo que se han desarrollado han sido bajo la forma de hacerle ver a la gente como una cuestión absolutamente normal policías armados hasta los dientes; matonismo de agentes represivos como los de ciertas Unidades de Policías Especiales que se han ido creando; registros masivos mediante cordones policiales en determinadas comunidades o barriadas populares, como los que se hicieron hace muchos años en las barriadas de Hatillo; movilizaciones militares en carreteras, con policías muy bien armados; despliegue de agentes de tránsito en determinados momentos y a distintos lugares a coordinar o tratar de dirigir un tránsito de vehículos aún en zonas de semáforos y registros de ciudadanos en las calles, aduciendo lucha contra la delincuencia común. En ocasiones se hacían desfiles de trucks de la guardia civil, hasta el alma de guardias armados. El transitar, con no poca sorpresa de las gentes, por las principales calles de la capital y encontrarse con policías armados que se limitaban a preguntarle a los choferes o viajantes: “¿Todo está bien? Puede continuar.”

Eran prácticas políticas policiales orientadas a ir acostumbrando a los sectores populares a registros masivos, de residencias de ciudadanos nacionales y extranjeros; detenciones arbitrarias, a ver policías bien armados que dan temor, despliegues militares, etc. Todo ello orientado a conformar una actitud natural, pasiva, para ver el fenómeno militar en un país con una propaganda oficial que hace alarde de nuestra tradición "pacifista", que solo quedaba en el papel. Era la justificación cotidiana de mecanismos e instrumentos de la represión.

A ello se sumaba plantear el problema de la delincuencia nacional y la necesidad de incrementar los efectivos de los órganos represivos, no solo para prevenirla, sino también para controlarla y reprimirla. La campaña contra la delincuencia, en la forma como se plantea, desde la visita oficial que hiciera el presidente Bukele en noviembre pasado, es parte de este proceso de legitimar las tendencias actuales militaristas del Estado costarricense.

Dentro de esto habría que señalar el desplante con que actúan los policías a cargo de la seguridad del presidente de la República, y de algunos funcionarios públicos, con actos de matonismo, de caravanas, a veces de más de una decena de carros acompañando al presidente en su movilización. A modo de un carnaval y comparsa así se actuó con la llegada de unos furgones de ayuda, desde la frontera norte hasta la capital, que enviaba Bukele para atender la tragedia climática que nos impuso recientemente la naturaleza.

El carácter represivo del Estado y del gobierno no se oculta hoy. Se exalta constantemente por el presidente de la República. Se armonizó el discurso del presidente Chaves con el de Bukele en “Seguridad y Prosperidad”, consigna acuñada conjuntamente, en su reciente visita al país. El discurso se orienta a justificar que toda la parte de la seguridad pública debe estar a manos exclusivas del Poder Ejecutivo, sin interferencias de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales una vez que hayan dictado sus sentencias, ni del Congreso de la República en lo que le competa.

El camino que se impulsa es el del gorilismo como tendencia de la vida policial. El actual gobierno de Rodrigo Chaves impulsa en sus giras y movimientos oficiales esas escenas de trasladarse rodeado de una guardia armada con ametralladoras, lo que no responde a la tradición civilista nacional, ni tampoco a un estado de ánimo adverso contra el presidente de la república que ameritara esos comportamientos militaristas.

Por otra parte, el presidente actual ha impulsado un cuerpo de seguridad personal, dirigido por el Viceministro de Seguridad Pública, a modo de la SS y de la SA, guardias personales de Hitler, el cual solo le reporta a él, con tareas muy precisas de investigación y de “espionaje” de personas, especialmente opositoras, y de control de las personas cercanas al propio presidente, incluidos sus ministros, como algunos medios de comunicación han informado.

El gobierno impulsa la venta de armamento de guerra en el país, lo que indica que hay un fuerte movimiento de ventas de armas ilegales, un tráfico de armas que se sabe, siempre ha existido. Por su parte, el gobierno justifica también el uso de estas armas por parte de las Fuerza Pública, que ha tenido restricciones legales para usarlas.

Acompañando al presidente Rodrigo Chaves, y haciendo eco de sus desplantes autoritarios, han surgido voces que proponen restablecer el ejército bajo el pretexto de la lucha contra las drogas y la narco-mafia entronizada en las estructuras institucionales, y en el país.

El mismo presidente ha convocado a oficiales de las distintas fuerzas policiales a deliberar, a movilizarlos en foto, a ponerlos a opinar públicamente y a tomar posiciones políticas frente a los poderes del Estado, teniendo prohibición constitucional para hacerlo. Han sido actos de provocación contra toda la institucionalidad y tradición democrática nacional, probando suerte y ecos en su favor.

Esto hay que combatirlo, condenarlo y evitarlo. En ninguna parte del mundo, ni de América Latina, los ejércitos tienen esa función. Al contrario, cuando han justificado su participación en esa lucha se han convertido en las fuerzas armadas de esas organizaciones delictivas, han constituido sus propios carteles militares vinculados al negocio y comercialización de las drogas y a la entronización de la narco-mafia militar en las estructuras de la organización política del Estado y de la institucionalidad pública de los gobiernos mismos, provocando mayor temor e inseguridad ciudadana.

La abolición del ejército en Costa Rica fue una decisión histórica de visión futura tomada en 1948 por el entonces Presidente de la Junta de Gobierno, José Figueres Ferrer, y su equipo de gobierno, que sin ninguna duda le apoyó en esa medida, decisión llevada a la Constitución Política actual.

Durante estos 75 años, desde 1949, ninguna familia ha sufrido el temor y la angustia de tener un hijo enlistado en el Ejército.

Han sido 75 años en que ninguna familia ha sufrido la pérdida de un hijo por participar en guerras, muchas artificialmente hechas, que nos son ajenas.

En estos 75 años no se ha vivido una situación que haya convertido la paz social vivida en posibles escenarios de guerra ni de represión institucional, como pareciera que el gobierno de Rodrigo Chaves impulsa sutilmente para avanzar a una situación socialmente explosiva que le justifique ante la ciudadanía imponer un estado de excepción, como los 32 que ha impuesto por breves períodos el presidente Nayib Bukele en El Salvador, en el que el presidente Chaves se ve como en el espejo de La Bruja de la Cenicienta, ante el que se arregla todos los días preguntándose: “¿ Espejito, espejito, ¿quién es la más bello y el mejor gobernante de esta ínsula, si los anteriores gobernantes fueron todos dictadores y tiranos?”