Hace 75 años, el 12 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las recién creadas Naciones Unidas adoptó una «Declaración Universal de los Derechos Humanos». De los 58 Estados miembros, 48 votaron a favor, 2 no participaron en la votación y 8 se abstuvieron (Sudáfrica, Arabia Saudí y seis países de Europa del Este). La DUDH era un documento no vinculante, pero desde entonces ha sido la base de decenas de convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos. Actualmente ha sido adoptada por todos los Estados miembros de la ONU.
La consecuencia más importante de este documento histórico fue la adopción, casi veinte años después, en 1966, de dos convenios internacionales, uno sobre derechos políticos y civiles y otro sobre derechos económicos, sociales y culturales.
Se han adoptado otras resoluciones importantes sobre los derechos de las mujeres, de los niños y de los pueblos indígenas. También existe un derecho al desarrollo, que ahora se utiliza de nuevo para ajustar la reflexión sobre los derechos humanos, la igualdad y el desarrollo social.
Este pensamiento sobre los derechos humanos siempre se ha visto de forma muy paradójica. Por un lado, muchos movimientos sociales del Sur los han utilizado para legitimar y reforzar sus reivindicaciones nacionales. Cuando los gobiernos se resistían a ceder ante las reivindicaciones de las mujeres o de las comunidades indígenas, estas se llevaban a Nueva York o a Ginebra y la mayoría de las veces se consideraban pertinentes. En esa misma lógica, se organizaron varias conferencias mundiales cuyos resultados se utilizaron después a nivel nacional. Se produjo así una interesante cooperación recíproca entre los niveles local, nacional y mundial.
En cuestiones concretas, como la alimentación, la pobreza, la vivienda, el envejecimiento, la libertad de expresión y muchos otros temas, el Consejo de Derechos Humanos puede nombrar relatores especiales para que examinen la situación mundial, regional o nacional en materia de cumplimiento y respeto de los derechos humanos. Se trata de un procedimiento especial muy útil para centrarse en algunos de los problemas más urgentes del mundo.
Por otro lado, muchos movimientos sociales del Sur han rechazado el enfoque de los derechos humanos porque la Declaración Universal, según ellos, es un producto «occidental» y no tiene en cuenta las necesidades específicas y, sobre todo, las diferentes cosmovisiones de los pueblos del Sur. En mi opinión, este argumento solo tiene una relevancia muy limitada, ya que, como se ha señalado anteriormente, los pueblos indígenas sí utilizaron la filosofía de los derechos humanos para promover y defender sus derechos. Además, en la redacción del texto de la Declaración Universal participaron varios representantes del Sur, aunque, es cierto, se educaron en el Norte y compartían su filosofía.
Aparte de estos problemas, siguen existiendo serias diferencias en los procedimientos de supervisión y recurso para los derechos civiles y políticos y para los derechos económicos, sociales y culturales. Aunque en los últimos años se han hecho algunos progresos, sigue siendo mucho más difícil reclamar legalmente los derechos económicos y sociales declarados que los derechos políticos y civiles.
Hipocresía
Un argumento más serio contra la filosofía de los derechos humanos se refiere a la selectividad con la que la utilizan las potencias occidentales. Países socialistas como la Unión Soviética y los países de Europa del Este durante la Guerra Fría, o China, Cuba y Venezuela más recientemente, han sido acusados de graves violaciones de los derechos humanos. Lo ocurrido en países aliados como Arabia Saudí o en países latinoamericanos con gobiernos de derechas —piénsese en las dictaduras militares de los años ochenta— fue condonado.
A este nivel surgen graves problemas. En primer lugar, las potencias occidentales y a menudo hegemónicas siempre se han centrado en los derechos civiles y políticos. Sin embargo, los derechos humanos no solo son universales, sino también indivisibles. No se pueden respetar los derechos civiles y políticos si la población pasa hambre y es extremadamente pobre. No se puede respetar el derecho a la educación o a la vivienda en un país si las instituciones financieras internacionales ponen un tope a los gastos sociales. Asimismo, el derecho democrático al voto carece de sentido si la población no sabe leer ni escribir, o si se limitan los derechos a participar en los debates públicos y políticos.
Esta hipocresía y selectividad es particularmente fuerte en los informes periódicos sobre derechos humanos publicados por Estados Unidos. Condenan enérgicamente a China por sus políticas en Xinjiang contra los uigures musulmanes, condenan enérgicamente a Irán por la represión de las protestas sociales del movimiento «Mujeres, Vida, Libertad». El estilo es muy diferente cuando hablan de Israel, Arabia Saudí o Guatemala, mencionando «informes» o «informes creíbles» de violaciones, pero sin un rechazo generalizado de sus políticas.
Esta selectividad socava gravemente la credibilidad de los países occidentales, que cierran los ojos ante las graves violaciones cometidas en algunos países y se andan con remilgos en otros. En cuanto a los infractores, les permite ignorar totalmente las quejas de sus ciudadanos y movimientos.
Norte y Sur
En las últimas décadas también se ha ido gestando otra fractura entre el Norte y el Sur. En primer lugar, tiene que ver con las promesas incumplidas de desarrollo y la persistente dominación de las instituciones financieras internacionales, que imponen sus dogmas neoliberales a países que se decían soberanos e independientes. Hoy en día, hay más «países menos desarrollados» que cuando la UNCTAD inició su categorización. Las promesas de ayuda nunca se cumplieron.
Pronto surgió una segunda oleada de desesperación después de que los países en vías de desarrollo, así como los países socialistas de Europa del Este, adoptaran la democracia y las economías capitalistas y/o neoliberales. Obviamente, estas no condujeron espontáneamente a un mayor bienestar, a pesar de todas las promesas, sino todo lo contrario. Aunque la democracia sea mucho más atractiva que los regímenes autoritarios, si no cambian las reglas de la economía y de las relaciones geopolíticas de poder, los países y los pueblos seguirán siendo oprimidos y mantenidos en la pobreza. No es de extrañar que, en muchos casos, la gente intente refugiarse en partidos populistas de derechas que ahora prometen orden, estabilidad y bienestar.
El escritor suizo Jean Ziegler ya habló hace quince años del «odio» de los países del Sur hacia Occidente. Entonces se pensó que era una exageración, aunque no es seguro que hoy lo siga siendo. Es un hecho que los países del Sur ya no aceptan de buen grado todas las recetas políticas y económicas que se les imponen. Su interés por alianzas alternativas como BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) es prueba de ello.
La actual ola de desconfianza surgió con la invasión de Ucrania por Rusia. Había que condenarla, obviamente, pero la forma en que los países occidentales se negaron a examinar el contexto y los acontecimientos pasados en la región, útiles para explicar —y no justificar— la invasión, fue la razón por la que muchos países se negaron a sumarse a las sanciones occidentales. Estados Unidos, pretendiendo ser el «líder del mundo libre», tuvo que admitir que un gran número de países no le seguían.
Pero el acontecimiento más desastroso, en todos los sentidos posibles, fue el ataque de Hamás contra Israel y la posterior guerra contra la Franja de Gaza y la población palestina. Una vez más, hay que condenar este horrendo ataque y no hay razón alguna para justificar el régimen autoritario de Hamás en Gaza.
Dicho esto, es obvio que hay que tener en cuenta el contexto y condenar con la misma vehemencia la guerra contra la población palestina. Palestina es un territorio ocupado con las consiguientes obligaciones para la potencia ocupante. Si el ataque de Hamás puede considerarse un crimen de guerra, ello no significa impunidad legal para Israel. Como afirma Richard Falk:
Al igual que Hamás no tenía autoridad para cometer crímenes de guerra porque fue intensamente provocado por décadas de provocaciones criminales israelíes, tampoco Israel, cuando actúa en modo de represalia, tiene autoridad para suspender la relevancia del derecho penal internacional y actuar sin las limitaciones de la ley.
En el pasado, Israel ha sido condenado repetidamente por sus acciones en Palestina. ¿Quién se acuerda todavía y se atreve a mencionar las resoluciones 242 de 1967 y 338 de 1973, adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, en las que se pedía a Israel que se retirara tras las fronteras de 1967?
En una famosa declaración de la entonces Comunidad Europea, el derecho de los palestinos a la autodeterminación fue confirmado en Venecia, 1973. Incluso se dice que se puede utilizar la fuerza para aplicar la Declaración. En sus resoluciones de 1974 y 1982, la Asamblea General de la ONU confirmó el derecho a la resistencia de los palestinos, incluida la lucha armada. En 1988, Yasser Arafat, de la OLP, fue invitado oficialmente por el grupo socialista del Parlamento Europeo.
Está fuera de toda duda que las actuales acciones de Israel en Gaza constituyen una violación del derecho humanitario. El apoyo incondicional que recibe el país por parte de Estados Unidos y otras potencias occidentales solo puede ampliar la división entre el Norte y el Sur. Además, la ayuda humanitaria mientras se bombardea la franja de Gaza, con las fronteras cerradas y la prohibición de hacer entrar combustible en el territorio, es una broma cínica.
Un alto el fuego inmediato es el primer paso que hay que dar, es necesaria toda la ayuda humanitaria, pero sobre todo hay que encontrar una solución permanente, sostenible y justa para la población palestina. Los israelíes no pueden ser libres mientras los palestinos no lo sean. Ningún pueblo puede vivir con miedo permanente y humillaciones diarias.
El respeto de los derechos humanos, en todas partes, el respeto del derecho internacional y el respeto de la maravillosa, pero mejorable, estructura multilateral que el mundo fue capaz de crear después de la Segunda Guerra Mundial son urgentemente necesarios si queremos evitar una tercera guerra mundial. El multilateralismo está ahora en peligro, algunas potencias occidentales empiezan ahora a rechazar a la impotente ONU... En un momento en que técnica, económica e incluso socialmente el mundo es uno, la política lo está dividiendo y destruyendo. No debemos permitirlo.