Costa Rica se ha caracterizado por tener una historia pública, reconocida; un país de paz, de seguridad ciudadana, de estabilidad política, de un amplio régimen de ejercicio de derechos y libertades, bienestar social institucional garantizado a los ciudadanos.

Desde 1849, en términos prácticos, ha habido un proceso político electoral que ha permitido alternancia política cada cuatro años, con brevísimos momentos en que esto se ha alterado. En el siglo XX tan solo dos veces, en 1917-1919 y en 1948-1949 se interrumpió ese proceso.

Desde 1890, el sistema electoral y de representación política descansa en partidos políticos, mediante los cuales los ciudadanos, y solo por ellos, pueden participar y optar a puestos de elección popular; a la presidencia de la república, al Poder Legislativo y a los Consejos municipales.

El voto directo se estableció, eliminando elecciones de segundo grado de electores, en 1913; el voto secreto se estableció en 1924. Una reforma electoral para asegurar triunfos electorales, con el 40% de votos, se estableció en 1935, lo que le dio gran estabilidad al sistema electoral; el Tribunal Nacional Electoral, se estableció en 1946, hoy llamado Tribunal Supremo de Elecciones, desde 1949 con rango de poder estatal, es independiente y con exclusividad de su función electoral.

En 1949 se estableció el voto universal, con el reconocimiento del voto a las mujeres, situación que se había planteado desde 1890, y con movimientos sufragistas que surgieron a partir de la década de 1910.

Políticamente, en el campo electoral siempre ha habido una gran cantidad de partidos políticos, de diverso tipo y signo político, a nivel nacional como regional. El pluripartidismo ha sido un rasgo del desarrollo democrático nacional. Ha habido tendencias, incluso recientes a restringir el surgimiento de partidos políticos, a la vez que se han democratizado los mecanismos para constituir partidos políticos.

A nivel legislativo, desde 1949 hasta hoy, ha privado el pluripartidismo en la participación electoral, y en general en la representación parlamentaria.

A nivel nacional, presidencial, desde 1949 hasta el 2014, predominó un bipartidismo gubernamental, donde dos partidos políticos ejercieron alternativamente el mando y dirección del Poder Ejecutivo, uno de ellos en 9 gobiernos, el otro por 6 gobiernos, de un total de 18 gobiernos que ha habido desde entonces.

En el 2014-2018 y 2018-2022 se introdujo un nuevo partido político en el ejercicio del Poder Legislativo, desplazando a los partidos que tradicionalmente habían gobernado, que en las últimas elecciones desapareció del escenario nacional y parlamentarios con representantes populares.

En las últimas elecciones, 2022, apareció un nuevo partido, con semanas de haberse constituido, con un candidato presidencial improvisado, que logró imponerse frente a una campaña de desacreditación de todo lo político anterior, como se ha venido haciendo por parte de los movimientos populistas y autoritarios que han surgido, en el continente y en Europa, contra gobernantes y partidos políticos, criticando la política en general, señalando que anteriormente no había gobernantes; que ahora sí los hay; criticando el funcionamiento del sistema democrático, la institucionalidad democrática y pública estatal; impulsando la idea de gobernantes autoritarios, fuertes, casi dictatoriales en régimen democrático; promoviendo la reducción de gastos estatales en seguridad social, en educación pública y en la educación universitaria; debilitando la legislación laboral y social nacional, como ha sido el proyecto de ley, recién aprobado, para imponer una jornada laboral de 12 horas diarias, cuatro días a la semana.

En el campo de las libertades, actualmente está amenazada la libertad de prensa y de pensamiento. Acciones directas del Poder Ejecutivo presionan a empresarios y medios de comunicación para evitar críticas públicas, opiniones opositoras; la guerra de troles desarrollada por el Ejecutivo, contra sus críticos y gestores de opinión, abarca todos los espacios; el control de la propaganda estatal ha sido concentrado, así como las gestiones de contratos de publicidad institucional a favor de empresas o medios que mitiguen esas críticas o se pongan en paralelo con el gobernante y el gobierno.

El camino que se vislumbra, como diseño gubernativo, es acabar con toda la institucionalidad democrática del país; con las nuevas jornadas de trabajo de 12 horas diarias, con políticas de precarización laboral; con el régimen de seguridad social favoreciendo la privatización de la medicina social, con la venta de instituciones públicas, bancos estatales, por ejemplo, no por malas o porque tengan un mal desempeño, sino por negocio; la reducción de la educación pública, en todos sus niveles, para estimular más la educación privada. El gobierno ha eliminado subsidios para becas estudiantiles, comedores escolares y para transporte escolar; reducción por negarse a cumplir el pago constitucional del presupuesto para la educación pública y universitaria.

El trabajo informal ha aumentado casi al 60%, ha aumentado el desempleo, especialmente el de mujeres, y el de mujeres cabezas de familia, que son las principales en ingresos para sus hogares aun cuando tengan esposo o compañero.

La reducción de gastos en educación se ha orientado a justificar para fortalecer los gastos en seguridad pública, en policías de los distintos cuerpos existentes institucionales en el país, en una tendencia grave del actual mandatario de impulsar alianzas estratégicas con el sector de policías privados, que puede tener un contingente superior a los 50,000 trabajadores en este campo, que lo constituiría en la práctica en un ejército privado de alcances muy peligrosos.

La vida democrática que Costa Rica ha desarrollado está amenazada. Los meses que vienen probablemente serán de importantes confrontaciones sociales.

El primer escenario ocurrirá con la etapa final de la aprobación de la ley de las 12 horas diarias, que ha pasado en consulta de constitucionalidad, ante la Sala Constitucional del Poder Judicial. Esto se acompañará de acciones de inconstitucionalidad aparte que ya están preparando. Queda en este campo incluso la preparación de una consulta ciudadana por la vía del referéndum contra esta ley.

El segundo escenario está en la realización de los 84 procesos electorales, que se darán entre noviembre y febrero próximo, para elegir a todas las autoridades cantonales, regionales, del país. El reto lo llevan dos partidos, Liberación Nacional, partido que ha gobernado 9 veces y que mantiene un control político de 42 alcaldes de esos 84, y el actual partido de gobierno que no tiene ningún control municipal, por su juventud y por no haber participado en procesos electorales anteriores. Como gobierno tiene el reto de aparecer con presencia regional para valorar el efecto de su acción gubernativa y porque el actual presidente quiere seguir activo en política, si por él fuera de manera continua, dándole proyección a su actual gobierno por la vía democrática o por la vía autoritaria si se presentan las condiciones para actuar de esa manera, como constantemente lo hace entrever.