Argentina conmemora, con todo su mérito, sus 40 años de democracia. Además, y no es poca cosa, mantiene una fe subjetiva en su sistema democrático en una región que vive una recesión democrática desde hace una década1. Es un hecho que aumentan los autoritarismos. Se observa un deterioro, continuo y sistemático de la democracia en los países latinoamericanos, en materia de prácticas, percepciones y vulnerabilidades de sus sistemas políticos. Muchos motivos se pueden relacionar con este declive. Más allá de elementos locales, cabe resaltar que el nuevo contexto geoestratégico pone en tensión la capacidad de los sistemas abiertos y democráticos en contener las nuevas interdependencias locales y globales que los atraviesan.

En este marco, asombra observar cómo esta esperanza democrática en Argentina contrasta con su anomia económica. La patria albiceleste registra la peor evolución del PBI (per cápita) a nivel regional durante el periodo 2007-20222. En el periodo 1999-2022, el país llega al rango anteúltimo antes de México. ¿Repetición perpetua y cíclica de crisis? ¿Inepcias de las cúpulas del sistema político? Algo falla en la definición de su rumbo de desarrollo y este tema se encuentra naturalmente en el corazón de las preocupaciones sociales de cara a las elecciones de este año.

Varias familias de economistas han abundantemente comentado las causalidades profundas de este mal argentino: dispersión y escasa densidad de las élites; ausencia de una visión común de desarrollo; volatilidad institucional; heterogeneidad y existencia de tres realidades económicas (moderna y globalizada, intermedia nacionalizada, excluida); falta de inserción internacional y vulnerabilidad financiera. A lo cual podremos sumar las problemáticas derivadas tal como el déficit fiscal, la brecha cambiaria, la alta inflación, el traslado del pago de las crisis sobre la masa trabajadora, etc.

Estos problemas ya son bastante conocidos, si bien varios de ellos siguen siendo objeto de intensas polémicas. Sin embargo, es notable comprobar hasta qué punto la esfera política permanece en desacople con esta agenda medular para el destino nacional. Hoy en día, ¿cuáles son las fuerzas que realizan su campaña poniendo estos temas de fondo en su agenda o por lo menos generan dinámicas de profundización por fuera de la superficie electoral sobre estas problemáticas? ¿Existe alguna voluntad explícita para superar las múltiples grietas que dificultan la consolidación de un proyecto de país?

Emergen algunas señales débiles, difíciles de interpretar. En realidad, las grietas y el «comercio de conflictos» que le subyace siguen siendo rentable en el país. Esto me lleva a plantear la siguiente hipótesis que une íntimamente las cuestiones democráticas y económicas: en Argentina, se ha ido banalizando una predación autorreferencial y cortoplacista del aparato económico y democrático, bloqueando la generación de oportunidades y de nuevas élites susceptibles de orientar al país hacia un horizonte modernizador. La predación está habilitada, rentable, disimulable e imprime con ella una lógica de primacía de los intereses privados (o sectoriales) por sobre el interés común y las políticas de Estado.

Por predación me refiero al hecho de que el edificio institucional democrático, permeable y abierto por definición, se ve sistémicamente aprovechado, con cierta frecuencia e intensidad, para capturar protagonismos, recursos e intereses al servicio de determinados intereses políticos, financieros o económicos, no necesariamente dominantes o mayoritarios. Dicho de otro modo, la democracia está voluntariamente construida por las fuerzas políticas como un instrumento permitiendo encubrir acciones ofensivas de predación con fines políticos o económicos particulares, desvinculados de la voluntad de las mayorías o de las razones estratégicas de Estado. La misma permeabilidad democrática está aprovechada por fuerzas externas como lo demuestra cada día la realidad geopolítica. Pero quiero insistir aquí en el peso del juego interno que termina ensanchando las principales fracturas y bloqueos.

Pocas fuerzas políticas, inclusive las que pretenden defender los intereses de las bases populares, son exentas de practicar esta predación. La misma realidad se vive en otros países latinoamericanos, Brasil siendo un caso emblemático, con una verdadera fiesta de predación interna y externa que ha conducido nada menos que al derrumbe del gigante verde y amarillo en los años 2015-2016. La corrupción es una arista de esta predación, pero su arquitectura es mucho más amplia. Tiene que ver con ofensivas informacionales, judiciales, normativas, desvíos o usos delictivos de fondos, de lobbyings, estrategias organizacionales y económicas, así como también acciones coercitivas y violentas.

Tomemos cinco ejemplos para visualizar concretamente este panorama.

La guerra político-informacional en la provincia de Jujuy

El 20 de junio pasado fue el punto culminante de un conflicto en la provincia de Jujuy donde el reclamo docente local y el de algunos sectores reacios a la reciente reforma constitucional fue utilizado para generar una operación de desgaste político a su gobernador Gerardo Morales. Algunos militantes ajenos a la provincia, otros de la organización Tupac Amaru y probablemente del MAS en Bolivia generaron acciones violentas en la capital jujeña, llegando a disparar una reacción policial (contención de las movilizaciones, detenciones y allanamientos). La represión fue así convertida en ofensiva informacional a nivel nacional, en sintonía con medios y organizaciones afines, en un momento de fuerte exposición por la campaña electoral. A la fecha de esta nota, la gendarmería nacional no actuó para desalojar los cortes de ruta que se ejercen para mantener la presión sobre el gobierno provincial y su población, provocando nuevos enfrentamientos esta vez entre la población misma que sufre de las consecuencias económicas de los cortes de tránsito. Este conflicto tiene en el telón de fondo la confrontación anterior por la judicialización de las prácticas extorsivas de la organización jujeña Túpac Amaru y de su líder Milagro Sala que hizo chocar el campo progresista con el campo liberal.

El blanqueamiento del fraude electoral y del autogolpe de Estado en Bolivia en noviembre 2019

Luego de una irregularidad electoral cometida en las elecciones del 20 de octubre 2019, las movilizaciones populares obligaron a Evo Morales y su vicepresidente a renunciar a su cargo y exiliarse fuera de Bolivia. Antes de renunciar, los dirigentes pidieron a sus cúpulas militares y sindicales comunicar públicamente a la sociedad que debían rescindir las más altas autoridades del país, sentando así los ingredientes para instalar la percepción de un golpe de Estado. La situación fue presentada así y permitió echar la ilegitimidad del poder sobre el gobierno de transición, autor designado del golpe. La operación fue amplificada informacionalmente en Argentina por un amplio abanico de actores de la militancia progresista y referentes de los derechos humanos. Esta última fue el centro de gravedad de esta campaña comunicacional, abonada más tarde en julio 2021 por la tesis del material bélico entregado a Bolivia por el gobierno argentino de entonces, con el propósito de desplegar un ataque político al expresidente liberal Mauricio Macri.

El capitalismo de connivencias y el cerco mediático del gobierno de la ciudad de Buenos Aires

Existe una muy estrecha correlación en la capital argentina entre la inversión comunicacional, la connivencia entre figuras políticas y los negocios económicos. Durante los años 2018 y 2019, el gobierno de la ciudad invirtió anualmente más de 600 millones de pesos en pauta publicitaria para televisión, repartidos principalmente al Grupo Clarín, seguido por Telefé, Grupo América y Canal 9. La inversión permite asegurar un alineamiento de los principales medios y un velo cómodo sobre varias prácticas irregulares: pago de campaña electoral con fondos públicos; contratos otorgados según las connivencias, inclusive a adversarios políticos; contratación de encuestas electorales (para un monto 816 millones de pesos en abril 2021); adjudicaciones generosas a consultoras de parte de la ciudad de Buenos Aires y del gobierno nacional (durante el mandato de Mauricio Macri quien posee grupos colaborando de cerca con la compañía Odebrecht).

La deuda y su velo informacional

El ritmo de endeudamiento del gobierno actual (2019-2023) va casi triplicando3 el del gobierno anterior (2015-2019). Este último fue designado como chivo expiatorio por haber disparado la deuda a raíz del acuerdo extraordinario establecido en 2018 con el Fondo Monetario Internacional. La deuda bruta supera ahora los 400.000 millones de dólares en junio 2023, o sea un equivalente al PBI nacional, acompañado de una multiplicación por cuatro de la deuda bilateral con China. Si la pandemia no ayudó para mitigar este balance, el manejo de la deuda en Argentina, en las dos últimas décadas, no es separable de un velo informacional construido para opacar las decisiones en materia de emisión de deuda.

El encubrimiento del terrorismo chiita en Argentina

Los 29 años de búsqueda de justicia acerca de los atentados a la AMIA recuerdan la magnitud de las campañas de influencia desplegadas para encubrir los hechos. La última víctima de esta puja fue el fiscal Alberto Nisman, asesinado en enero 2015 por ser denunciante del encubrimiento de los atentados por parte del Estado argentino. El fiscal, apoyado en su acción por el estado israelí y los Estados Unidos, fue elevado en mártir de la causa AMIA por una parte amplia de la sociedad y en chivo expiatorio por el campo opuesto que instaló la tesis de su suicidio y denunció la intención de desestabilizar su gobierno. La guerrilla jurídica e informacional generada alrededor de este caso, extendida hasta el episodio del avión venezolano-iraní Emtrasur aterrizado en Buenos Aires en junio 2022, es un verdadero caso de estudio para entender los alcances estratégicos de una guerra informacional.

Estos cuatro casos recién mencionados ameritarían muchos más detalles que no podemos abordar aquí. Alimentan ofensivas mediáticas que inundan y trasladan a la sociedad las líneas de choque entre grupos de poder. Muchos otros casos abundan así y contaminan el campo económico, mediático y político, en todos los niveles institucionales del país. No se trata de casos aislados o de «operetas» marginales. Estas prácticas ofensivas e irregulares afectan partes substanciales del tejido estructural. Se trata de una trama endémica a la sociedad argentina, producto de sus antagonismos, fuente de retraso y arcaísmo, ahora potenciada por nuevos resortes de conflictividad que quedan poco analizados en términos no partisanos y objetivos, salvo por un escaso grupo de académicos y periodistas de investigación.

Dramáticamente, el rumbo argentino es el de una «sociedad de privilegios» como bien lo resaltaron4 Alejandro Katz y Eduardo Levy Yeyati, o más precisamente el de una sociedad asentada en un comercio creciente de intereses privados y de maniobras discrecionales, realizado en los intersticios porosos de su edificio democrático y cuyos resultados se reflejan en las cifras de su estancamiento económico. Tal ingeniería del subdesarrollo no es posible sin la existencia de un cerco cognitivo aplicado a toda la sociedad por los líderes políticos, las fuerzas políticas, económicas y mediáticas, de muchos colores políticos, a quienes conviene todavía, en las condiciones actuales de la matriz cultural e institucional, seguir produciendo grietas, fracturas y otros tipos de antagonismo en pos de encubrir conflictos intestinales. Este cerco, alimentado por dogmas e ideologías, permite mantener una suerte de guerra de posición en la cual las posturas reductoras y maniqueas achican la comprensión de lo real.

Con el capital de crédito positivo que queda en la democracia argentina, es de esperar que la sociedad se movilice antes de que su frágil edificio institucional se vea (nuevamente) carcomido por los daños directos o indirectos de los conflictos.

Notas

1 Véase el informe Latinobarómetro del año 2023.
2 Crecimiento acumulado del PIB por Leo Tornarolli.
3 Deuda de la Administración Central por Esteban Domecq.
4 El interés común. La construcción de una sociedad sin privilegios por Alejandro Katz y Eduardo Levy Yeyati. La Nación.