La crisis global revelada por la pandemia de COVID-19 y por las guerras en el escenario de la crisis climática, ha incrementado las desigualdades y reafirmado los límites y fracasos del actual modelo neoliberal para responder a las crisis y asegurar una vida digna para todos. Crecen las movilizaciones en todo el mundo para defender los servicios públicos y frenar su venta al sector privado local e internacional.

La conferencia internacional «Nuestro futuro es público» (#OurFutureisPublic) reunió en Santiago de Chile, de forma presencial y online, del 29 de noviembre al 2 de diciembre, a un millar de asociaciones y redes con el objetivo de desarrollar estrategias para fortalecer los servicios públicos, esenciales para hacer frente a estas crisis y hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales.

El manifiesto que surgió de la conferencia reunió a todas las fuerzas para emprender movilizaciones convergentes desde el nivel micro al macro para alcanzar sus objetivos.

Los antecedentes: la conferencia de Ámsterdam, el ataque al fiasco de las APP y el Manifiesto Mundial

La primera conferencia mundial «El futuro es público. Hacia la apropiación democrática de los servicios públicos», Ámsterdam, diciembre de 2019, convocada por organizaciones sociales y redes sindicales de todos los continentes, fue casi profética en su momento. En vísperas del estallido de la pandemia de COVID-19, denunció lo que sería evidente para todos en unos meses: la imposibilidad del sector público, recortado por las reducciones presupuestarias y las privatizaciones disfrazadas de asociaciones público-privadas, para hacer frente a la pandemia y a las crisis conexas. El objetivo: debatir estrategias para volver a poner lo «público» en los servicios públicos.

¿Por qué sigue sin funcionar la asociación público-privada (APP)?

Ante todo, era necesario desmontar las falsas verdades de la tan de moda asociación público-privada (APP), según las cuales el sector privado es más eficiente y está mejor situado para prestar servicios públicos. ¿Es cierto?

El estudio de Eurodad (red de la sociedad civil que defiende sistemas financieros y económicos controlados democráticamente, justos y basados en los derechos humanos) y la FSESP (Federación Sindical Europea de Servicios Públicos) señala ocho razones principales que condenan rotundamente las APP: no aportan dinero nuevo, al contrario, crean deuda oculta; la financiación privada es más cara que los préstamos del gobierno; las autoridades públicas siguen soportando el riesgo final de que el proyecto fracase; las APP no garantizan una mejor relación calidad-precio; las ganancias de eficiencia y la innovación en el diseño pueden dar lugar a un recorte de gastos; las APP no garantizan que los proyectos sean puntuales o estén dentro del presupuesto; los acuerdos de APP son opacos y pueden contribuir a la corrupción; las APP distorsionan las prioridades de las políticas públicas y obligan a los servicios públicos a recortar costes. ¿Y qué hay entonces de la tan codiciada y promocionada asociación público-privada? Ha revelado ser un fiasco.

De esta consciencia compartida surge una fuerte demanda para coordinar las movilizaciones, subrayada por el lanzamiento del Manifiesto Mundial de la Sociedad Civil sobre los Servicios Públicos en octubre de 2021, firmado por más de 200 organizaciones, para reclamar y reconstruir los servicios públicos como base de una economía justa y equitativa que funcione para todos.

La dinámica es creciente y con ella aumenta el reto: la conferencia internacional «Nuestro futuro es público», Santiago de Chile del 2022

Respondiendo al llamamiento de una amplia red de organizaciones sociales y sindicales, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR), Internacional de Servicios Públicos (ISP), Transnational Institute, Tax Justice Network, Alianza Internacional de Habitantes (AIH), Action Aid y Oxfam, entre otras, más de 1,000 representantes de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, tanto presenciales como en línea, participaron en la conferencia internacional «Nuestro futuro es público» (OFIP), celebrada en Santiago de Chile del 29 de noviembre al 2 de diciembre.

¿Quiénes son? Son quienes, en los últimos años, desempeñando distintos papeles, se han resistido a las políticas basadas en el pensamiento único del neoliberalismo, han analizado las consecuencias de la extracción de beneficios en la carne viva de las personas y del planeta, y se han movilizado contra el robo de bienes comunes naturales, como el agua, y sociales, como la salud y la vivienda. Ellos son los que han contribuido a mantener viva la alternativa.

Se eligió Santiago de Chile porque la experiencia de la Convención constitucional chilena, observada con gran atención y esperanza como símbolo de un nuevo enfoque de la organización de las sociedades, hacía de Chile un escenario ideal para una reunión mundial de movimientos sociales, actores de la sociedad civil y líderes académicos y políticos con el fin de construir y reforzar alianzas, intercambiar ideas y desarrollar estrategias para recuperar los servicios públicos y democratizar la economía. La derrota de la nueva Constitución en la prueba del referéndum del pasado septiembre es motivo de reflexión, pero no de desánimo.

La conferencia fue inaugurada por Rosa Pavanelli, secretaria general de la ISP, y Magdalena Sepúlveda, directora de GI-ESCR. Subrayaron la importancia de la centralidad de los servicios públicos para hacer posibles los derechos humanos y la democracia, y el papel de los trabajadores de primera línea.

Los dos primeros días se dedicaron a reuniones sectoriales sobre salud, educación, agricultura, justicia económica y protección social, energía, sistemas alimentarios, derecho a la vivienda, transporte, residuos y agua; mientras que los dos últimos días se reunieron todos los movimientos y organizaciones participantes en la conferencia para un debate colectivo sobre temas transversales, como la crisis climática, la igualdad de género, la justicia económica y fiscal, y la apropiación democrática.

La globalización ha dado lugar a empresas multinacionales extraordinariamente poderosas que han penetrado en servicios públicos esenciales comercializándolos, como la energía, el agua y el saneamiento, la sanidad y la recogida y tratamiento de residuos. Es la nueva forma de colonialismo.

Las normas que rigen un mundo globalizado deben hacerse democráticamente y defender a los trabajadores y los pueblos. Sin embargo, algunas de las normas más importantes que rigen la globalización se escriben en secreto y en beneficio de las personas más poderosas del planeta.

Por estas razones, es vital proteger a los denuncian la corrupción y actividades ilegales como la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos. Las denuncias pueden salvar vidas, proteger el medio ambiente y ayudar a detener flujos financieros ilícitos al promover la responsabilización de gobiernos y empresas.

Acabar con la evasión fiscal de las empresas para poder financiar los servicios públicos

El debate sobre esta cuestión, alimentado en particular por la Tax Justice Network, ha puesto de relieve que un sistema fiscal justo es la base de servicios públicos de calidad. Sin embargo, en todo el mundo, las empresas y los grandes ricos evitan pagar la parte que les corresponde. Sustraen dinero para escuelas y hospitales y lo envían a los paraísos fiscales.

Hay riqueza más que suficiente para proporcionar servicios públicos de calidad para todos, si las empresas y los más ricos pagan lo que les corresponde, y si los gobiernos invierten y gastan con sensatez en lugar de privatizar en beneficio de las empresas y los ricos.

Sin estos recursos, con una media de ocho países al año enfrentados a una crisis de deuda desde 1970, es probable que los problemas de deuda soberana afecten a la mayoría de los trabajadores del mundo en algún momento de sus vidas. Cuando se produce, se utiliza para desregular, privatizar, bajar los salarios y atacar los derechos sindicales, recortar las pensiones y la protección social, reducir los servicios públicos e imponer la austeridad.

Salir del mercado para conquistar viviendas bonitas, adecuadas, seguras y sostenibles para los bolsillos y la naturaleza

Una articulación innovadora en relación con otras redes ha sido introducida y destacada por la Alianza Internacional de Habitantes, basada en la constatación de que el eslogan «todos propietarios» se ha utilizado para atacar el servicio público de la vivienda, favoreciendo la extracción parasitaria de la renta inmobiliaria, la financiarización del sector y la crisis de los desalojos. Mientras que la esencia de la vivienda se fundamenta en su valor de uso y, por lo tanto, en un derecho inalienable que también está protegido por las leyes internacionales de derechos humanos ratificadas por casi todos los países. La reivindicación se vuelve consecuente: la vivienda como derecho solo puede existir si existe un servicio público, concepto puesto de relieve en el Taller Internacional «Nuestras Cartas Magnas y el Derecho a la Vivienda» ¿Por qué las constituciones modernas incluyen el derecho a una vivienda digna? y en la 8ª sesión de la Asamblea Mundial de Habitantes. Para que exista el derecho a un hábitat digno «Nuestro futuro es público y la paz es esencial». Razones de peso para construir y reforzar alianzas con otros sectores sociales organizados, en particular la Internacional de Servicios Públicos, Tax Justice Network, por el derecho a la energía, al agua y a la salud.

Luchar por un futuro mejor: el movimiento contra la mercantilización de la salud, por una salud pública de calidad para todos

Las actividades organizadas por GI-ESCR denunciaron cómo la comercialización y la financiarización están cada vez más presentes en el sector sanitario para beneficio y lucro privados. La sociedad civil, los sindicatos y los investigadores se están movilizando en todo el mundo para invertir estas tendencias en defensa de la realización del derecho a la salud a través de servicios sanitarios públicos sólidos. La relatora especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, ha indicado que «tiene previsto examinar el papel desempeñado por la privatización de los servicios de atención sanitaria —incluidas las asociaciones público-privadas, el dinero de la ayuda y la filantropía— en la consecución de la cobertura sanitaria universal» como prioridades de trabajo estratégicas de su mandato.

La lucha contra la crisis climática es una lucha por el cambio del sistema, empezando por los trabajadores

La crisis medioambiental afecta a los servicios públicos y a sus trabajadores, que deben formar parte de la solución y, por tanto, beneficiarse de programas de transición justos y equitativos.

El último día de la conferencia, David Boys, secretario general adjunto de la ISP, afirmó: «Tenemos que protegernos del cambio climático, y averiguar como sindicatos cómo negociar para nosotros mismos en este contexto e invertir en servicios públicos para poder responder a las crisis climáticas». Moderó el panel sobre justicia climática, y contó con la participación de Ericka Ñanco, primera diputada nacional mapuche de la región chilena de la Araucanía, quien afirmó: «Los mapuches somos gente de la tierra, y por eso siempre hemos protegido la tierra. El agua es un derecho humano universal. ¿Cómo es posible que en Chile el agua no sea un derecho humano universal?»; Sebastian Berger, director ejecutivo del Global Student Forum; Ndivile Mokoena activista climática y de género que trabaja con Gender CC Southern Africa en Sudáfrica, subrayó que la crisis climática está provocando una grave crisis alimentaria en África; y Rodrigo Uprimny, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.

Servicios públicos de calidad para todos son la medida más importante del desarrollo, y solo pueden lograrse aumentando la inversión pública, mejorando la dotación de personal y las condiciones de trabajo y reforzando la participación pública en nuestros sistemas. En particular, dado que las trabajadoras son el motor de nuestros servicios públicos y de la lucha por la igualdad, su trabajo debe ser reconocido y valorado en pie de igualdad, y hay que poner fin a la discriminación, los abusos y la violencia en el lugar de trabajo.

¿Dijiste servicios públicos?

Es importante entender qué es un servicio público. En los países desarrollados, se define o definía como una misión de interés general llevada a cabo por una entidad pública con, si es necesario, prerrogativas de poder público y sujeta a un régimen jurídico adaptado a las necesidades de este servicio, que se distingue por 1) la continuidad en el espacio y en el tiempo en razón de la unidad nacional; 2) la igualdad de acceso en todo el territorio nacional a los servicios garantizados por el Estado; 3) la adaptabilidad constante a las necesidades tanto del Estado como de los ciudadanos. Otros dos criterios, a menudo descuidados, se afirmaron más tarde en la mayoría de los países: 4) la laicidad de la función pública porque la República garantiza la libertad de conciencia y la igualdad de trato de todos los ciudadanos independientemente de sus diferencias de opinión; 5) la propiedad pública, o al menos el control público del capital, es una condición esencial para el respeto del interés general.

De entre los principios mencionados, concluimos que los tres principios fundamentales son la igualdad de acceso a los servicios públicos, en particular los principios de neutralidad, laicidad, prohibición de discriminación y el principio de continuidad, que exigen que los servicios públicos funcionen de forma regular y que sean accesibles a las personas, es decir, que puedan satisfacer las necesidades imperativas de las personas, no de los «clientes». El principio de continuidad se aplicará en función de la naturaleza de la necesidad. Se trata de descartar la «desaparición del Estado».

Y es esencial no confundir «servicio público» y «sector público». El término «sector público» se refiere a los organismos, mientras que «servicio público» se utiliza más para definir una actividad (educación, policía, justicia, etc.).

¿Significa esto que el servicio público sirve al interés general? Para Rousseau, en El contrato social, el servicio público es el conjunto de deberes que los ciudadanos deben a la comunidad a través de su trabajo y su entrega a la patria, el servicio recíproco de los miembros de la nación por el interés de todos garantizado por todos, frente a los intereses particulares. Así pues, solo la noción de servicio público se solapa con la de interés general. De hecho, todo depende de cómo se defina este interés general.

La Declaración de Santiago, movilización por un futuro público, el único que puede sustentar el buen vivir

La Conferencia de Santiago llegó más lejos. Efectivamente, el borrador de la Declaración de Santiago, redactado por muchas manos a partir de los cientos de voces de distintos colores y matices que se escucharon, fue una oportunidad para actualizar estos conceptos a la luz de las aportaciones de los participantes del sur global.

Un futuro público significa garantizar que todo lo esencial para una vida digna se sustraiga al control privado y se coloque bajo formas decoloniales de control colectivo, transparente y democrático. En algunos contextos, esto significa intervenciones locales, regionales y/o nacionales decisivas por parte del Estado. En otros contextos, significa reforzar las organizaciones populares, incluidos los sindicatos, y ampliar los espacios de autonomía, los bienes comunes y el control colectivo y comunitario sobre los recursos. Así, se valoran las asociaciones público-público o público-comunitarias, mientras que, al mismo tiempo, se manifiesta una fuerte resistencia a las asociaciones público-privadas que solo sirven para extraer recursos de lo público en beneficio de intereses privados.

El encuentro se convirtió en una oportunidad para ver y escuchar a quienes no comparten las mismas realidades, con el fin de encontrar las similitudes que nos permitan caminar juntos hacia un futuro público. Juntos, contra la marginación y la estigmatización, en defensa de todos, incluidos los trabajadores discapacitados, todas las orientaciones sexuales y la identidad de género.

Ciertamente aún queda trabajo por hacer, lo que se ha atado no debe dejarse ir y lo que se ha avanzado no puede retrocederse y, como afirmaron los participantes, está claro que «cuando nos unimos y luchamos juntos, ganamos».