Durante la pandemia en el período 2020-2021, pasando por alto, los defectos estructurales de la economía que la limita al rol reactivo y limitado del modelo extractivista, los gastos del Fisco se adelantaron, para paliar en parte los ingresos de los trabajadores que la pandemia había dejado en situación de desempleo. La única forma de resolver una situación en la que los gastos superan con mucho los ingresos es que los impuestos superen los gastos. Junto con ello habría sido necesario controlar los precios. Ninguna de ambas cosas pudo realizarse.

En lo relativo a la canasta del consumidor, las cifras oficiales indican que 65% de ésta equivale a productos importados. En cuanto al aumento de los ingresos del Fisco éstos habrían requerido una reforma tributaria, o medidas de emergencia, que sólo la discusión de la Pensión Garantizada Universal permitió poner en vigencia por el monto necesario para financiarla –un punto del PIB-. Una reflexión sobre ambas medidas, ingresos y gastos, muestra que ambos parámetros están determinados por un mercado controlado por los grupos económicos.

La organización de los grupos económicos industriales, es decir, parte de la estructura económica predominante que fija los precios, determina así mismo los términos de la sobrevivencia de las industrias y sus ganancias. Esto es lo que se llama el poder del mercado, o poder para elevar los precios sin restricciones. Caso de los precios al consumidor de la energía que afecta además los precios finales de las industrias consumidoras.

La inflación que desencadenó la liquidez en el bolsillo de los consumidores se produjo mucho antes que los talleres, las pequeñas y medianas industrias volvieran a funcionar. Los aumentos de precios se generalizaron y terminamos 2021 con una tasa de inflación de 7,2%.

El problema práctico de esto habría consistido en fijar al mismo tiempo los precios que más afectaban a los consumidores. Esto se hizo en Estados Unidos a comienzos de 1942, después del ataque contra Pearl Harbor en medio de largos y acalorados debates que finalmente aprobaron una legislación con tribunales especiales y fijación de penas para los infractores. Se puso fin a esta situación transitoria cuando las leyes reglamentarias se derogaron en el verano de 1946.

Se puede argumentar que la cita se refiere a tiempos de una guerra mundial y que, de no haberse aplicado, habida cuenta de un déficit presupuestal que financiaba el esfuerzo militar, se habría producido un aumento exponencial de precios. Aún más, se podría haber argumentado en contra de las medidas por la posibilidad que se desarrollara un mercado negro, que la calidad de los productos bajaría, etcétera. Nada de eso ocurrió aun cuando los índices de precios al consumidor subieron en 1947 en más de 5 puntos para estabilizarse al año siguiente y caer.

El Covid-19 significó una crisis social y sanitaria prolongada con una virtual paralización de la economía a nivel mundial. En América Latina el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019. En Chile, en 2020 en los momentos más críticos de la pandemia, hubo pacientes que no dispusieron de camas críticas. En un reporte de CIPER de la época, junio 2020, se constataba que algunos hospitales públicos llegaron a quintuplicar la tasa de mortalidad de recintos privados.

Un directivo del hospital Padre Hurtado, comentaba la diferencia social de la población que atendía refiriéndose a ella como «población mucho más dañada: obesos, diabéticos, hipertensos, fumadores con alcoholismo o drogadicción. Son gente muy pobre y precaria, que vive hacinada. Aquí hay población de 40 o 50 años que parece de 70, porque no van al gimnasio y no comen saludable, porque no pueden o no quieren, no tengo idea. Me pregunto, si esto no es una dramática emergencia, con muertos, heridos con secuelas de por vida, ¿qué es?».

No me caben dudas que la situación de una «economía de guerra» estaba allí. En escritos anteriores he mencionado la reorientación del presupuesto público, la emergencia justificaba una combinación efectiva de gasto social en el área de bienes públicos básicos, vivienda, educación y salud con un plan territorial de desarrollo. Somos un país de emergencias con tsunamis, temblores y terremotos, incendios forestales, sequía, éstas no pueden enfrentarse sino mediante el esfuerzo combinado de lo público con lo privado al margen de los parámetros del mercado.

La realidad nos demuestra que lo que hemos llamado el poder del mercado es ejercido a través de precios que desembocan en ganancias que nada tienen que ver con la libre competencia. Ahora bien, ese poder ejercido por grandes corporaciones de consumo masivo, con sindicatos, es mucho más controlable que las alzas de precios fijadas por millones de establecimientos de pequeña dimensión con situaciones de abusos laborales que difícilmente llegarán a los tribunales.

Digo esto porque la tarea de irradiación de las grandes corporaciones, su continuidad, tanto en el nivel de los insumos a otras pequeñas y medianas industrias en relaciones inter productivas como de mayor oferta, es mucho más grande que el de la pequeña empresa y rebasa de manera fundamental los posibles límites de una política de control de precios. Dicho de otra manera, la gran industria de manera normal, puede trabajar en exceso de capacidad y en circunstancias de emergencia así lo hace. En pequeños establecimientos eso no es posible.

La lógica del Plan

Un plan contiene y analiza la totalidad, no sólo los precios, prevé insumos para otras industrias, rutinas de distribución, entrega conocimientos, asociaciones comerciales posibles, innovaciones, prevé salarios y algo quizás puesto en duda, los planes de emergencia, como ítem de un Plan Nacional de Desarrollo, garantiza el aumento considerable del consumo de la población, junto al consumo de artículos y servicios por el sector público.

Un plan implica un sector público concretando realidades, un sector privado capaz de asumir los desafíos que presenta la Nación como entidad territorial donde está establecido y un sector mixto donde la alianza público-privado en capitales es capaz de crear infraestructura y de administrarla.

Cuando menciono situaciones pienso especialmente en dos. Una es el terremoto de Valdivia de 1960, el más grande registrado en la historia de la humanidad fueron 9 seísmos producidos entre el 21 de mayo y el 6 de junio de 1960; otra situación dramática es el tsunami donde evaluaciones oficiales cifraban la pérdida de capital público y privado en 300 mil millones de dólares.

Creo que ninguna de esas situaciones fue capaz de generar el impulso de una tarea asumida nacionalmente por pueblos y mentalidades diversas. Eso fue el pasado, pero la pandemia tampoco creó el impulso necesario para emprender una tarea nacional. Estamos manifiestamente al debe. Vamos por el camino del manejo monetarista de la economía.

Un mundo de tasas de cambio flexibles

Dijimos más arriba que era necesario un ajuste entre ingresos y gastos. Cuando ese ajuste se realiza nos encontramos con otro problema porque todo nuestro comercio con el mundo externo es a través de una moneda de intercambio internacionalmente aceptado, el dólar.

Si paralelamente se incrementan las exportaciones e importaciones es porque existe un efecto primario en que los ingresos de los consumidores se incrementan y por tanto el crédito interno en la economía. En definitiva, el efecto de equilibrio se obtiene a expensas del ingreso y del gasto interno.

Sin embargo, existe un efecto secundario a saber los términos del intercambio. El precio del cobre aumenta y en el mercado interno el dólar se valoriza, lo que aventaja la posición de los exportadores en sus compras en el exterior y su poder de inversión y compra en el sector interno de la economía. El Banco Central tomó la opción de los exportadores y para ello fijó como meta la compra de 15 mil millones de dólares hasta marzo 2022, realizando para ello compras diarias de 40 millones de dólares con lo que obtuvo la valorización del dólar observado en 2021 y parte del 2022.

Los equilibrios (público y privado) del sector interno pasan por el control de la inflación lo que implica un menor consumo y expansión de la oferta de bienes y servicios.

La opción de depreciar la moneda

Considerar el equilibrio del sector externo de la economía implica asumir que vivimos en un mundo de tasas de cambio flexibles. Desde la visión monetaria del equilibrio debemos considerar la elasticidad relativa de la oferta y la demanda. Si la demanda de los bienes exportados es elástica los efectos sobre los precios del producto exportado es limitado. Si la demanda es inelástica, el aumento de la oferta del producto exportado implica la baja en los precios. Las tasas de cambio fijas operan por deflación y las tasas flexibles operan por inflación. En los movimientos de la tasa de cambio influye el precio del petróleo, los riesgos en la inversión y la voluntad de alcanzar ciertas metas. La pregunta que cabe en el contexto de tasas flotantes es si acaso la depreciación de la moneda es correctiva del desequilibrio en las cuentas externas. Cabe todavía preguntarse: ¿es acaso ventajoso depreciar para alcanzar posiciones competitivas en el comercio exterior y de esa manera alcanzar mayor competitividad?

En el decenio de los 30 la depreciación fue causa de la depresión y se tomó como parte de la solución. En el año 2021, un componente importado en la balanza comercial generó una inflación de 7,2%. Fuimos testigos ese año de un espiral interno de precios, aun cuando los salarios siempre estuvieron a la zaga. El juego de ganancia de los exportadores descrito más arriba mediante la compra de dólares en el mercado, tenía por objeto un alza en los salarios, pero también de precios, conjunto de circunstancias que podríamos designar como una prima cambiaria que por sus efectos en los precios subrayó los efectos de desigualdad permanentes en la economía.

Este manejo nos permite diferenciar una tasa de cambio que varía libremente y que nos lleva a una depreciación monetaria en un contexto mundial de flexibilidad de tasas de cambio. En estas circunstancias, si deprecio mi moneda, traspaso el problema a los que compran los productos y servicios en el sector interno en la economía. Es el costo del manejo monetarista de la economía que traspasa los ajustes del mercado a los sectores sociales más desiguales.