El pasado 21 de enero, en un acto público en frente de un histórico museo de Santiago, el presidente electo, Gabriel Boric, dio a conocer su gabinete ministerial que lo acompañará a partir del 11 de marzo próximo, cuando asuma oficialmente como jefe de Estado. De los 24 cargos 14 son para mujeres y 10 para hombres, lo que constituye un hecho sin precedentes en la historia política de Chile y en América Latina. Además, anunció que el núcleo o comité político del presidente, encargado de cumplir la agenda de gobierno, formado tradicionalmente por los ministros de Interior (reemplaza al presidente, como vicepresidente en su ausencia), Secretaría General de la Presidencia (enlace con el Parlamento) y Secretaría General de Gobierno (vocero oficial) será extendido al de Hacienda (finanzas) y de la Mujer (género). Respectivamente recayeron en Izkia Siches, médico, 35 años; Giorgio Jackson, ingeniero civil, 34 años; Camila Vallejos, 33 años, geógrafa, a los que se suman Mario Marcel, economista, 62 años y Antonia Orellana, periodista, 32 años. Serán tres mujeres y dos hombres con cuatro particularidades: la primera es que, por primera vez, la cartera de Interior será ocupada por una mujer; la segunda es que una militante del Partido Comunista ingresa al comité político; la tercera que el tema de equidad de género asume prioridad y cuarto, que la edad promedio de los ministros será de 39,2 años, o 33,5 si restamos al ministro Marcel. Este último dejó su puesto como presidente del Banco Central, que goza de total autonomía y donde había sido confirmado por un nuevo período de cinco años.

Otras las sorpresas cargadas de simbolismo, es que en la cartera de Defensa se ha nombrado a una mujer, Maya Fernández Allende, diputada socialista, bióloga, nieta del presidente Salvador Allende, derrocado en 1973 por los militares, cuando ella era una pequeña niña de dos años y debió partir al exilio a Cuba, con sus padres. No es la única de los ministros que creció en el exilio, también lo es quien será ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, abogada de 53 años, quien creció en el Reino Unido donde se refugiaron sus progenitores.

Más allá de las historias personales de los nuevos ministros y que son muchas, está la apertura que mostró el presidente electo de abrir el gobierno a las fuerzas del centro izquierda social demócrata al designar ministros de los partidos que apoyaron en la primera vuelta electoral a la candidata de la Democracia Cristiana, único partido que no fue incorporado en esta etapa al menos. De los 24 ministros designados, ocho son independientes, no tienen militancia política alguna. Luego, de la coalición del Frente Amplio, formada por varios partidos, más el Partido Comunista y que fueron la fuerza que apoyó la candidatura de Boric al vencer en las elecciones primarias de su sector, 4 ministros pertenecen a la tienda del presidente electo, llamado Convergencia Social. Tres corresponden a Revolución Democrática y tres al Partido Comunista. Los partidos social demócratas quedaron con cuatro ministerios, más uno para los Liberales y uno para los Regionalistas Verdes.

El cambio ocurrido en la política chilena es muy significativo no solo por la renovación etaria sino por que pone término a un ciclo político del centro izquierda iniciado en 1990, donde el eje de la unidad estuvo centrado en la alianza entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, a la que se ha puesto fin. Asimismo, tres ministros comunistas ingresan al gabinete, uno de ellos al comité político, una mujer al ministerio del Trabajo y un científico, académico de la Universidad de Chile, al ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Boric y su núcleo político, han dado muestra de una gran agudeza política y sentido de responsabilidad al abrir la coalición a los sectores del centro izquierda, lo que ha sido sutilmente resistido especialmente por el Partido Comunista. Sectores duros de la izquierda no están contentos con la incorporación de ministros como el de Hacienda (finanzas) -considerado un neoliberal- que será el guardián del gasto fiscal y de los equilibrios macroeconómicos, y que partirá con un presupuesto que fue aprobado con un 22% menos respecto del años 2021. En el programa se contempla la reforma sustancial al sistema privado de pensiones, un plan de salud universal y la reducción a 40 horas semanales de trabajo, entre muchas otras medidas radicales.

El presidente electo entendió rápidamente que, al no contar con mayoría en ninguna de los cámaras, donde están prácticamente empatados, deberá trabajar con las fuerzas del centro izquierda y ganar votos en la oposición del centro derecha para aprobar leyes que generarán amplia discusión. De ahí la cuidadosa selección de ministros y en especial los de Hacienda y Economía. Apenas se dieron a conocer sus nombres, la Bolsa de Comercio de Santiago se disparó y el dólar que había subido por la incertidumbre, volvió a su rango de normalidad. El sector empresarial duro, y conservador, ha deseado suerte al presidente electo y el gabinete designado les ha dado, aparentemente, tranquilidad por ahora. Habrá que ver a partir de marzo cómo se comportará la derecha y también los sectores maximalistas de la izquierda.

La tarea más difícil del gobierno que iniciará se puede resumir en mantener la confianza y los equilibrios económicos de manera de no frenar la inversión que genera empleos; pacificar la zona sur donde la violencia de grupos indígenas -Mapuche- ha causado muertes y destrucción de propiedad pública y privada; reducir la delincuencia y dar cumplimiento a las principales propuestas del programa que movilizaron a los millones de votantes que entregaron su confianza para el nacimiento de un nuevo Chile.

El compromiso es ambicioso: dar dignidad a hombres y mujeres por igual, así como reducir las desigualdades que fueron una de las causas del estallido social de 2019 y avanzar a una sociedad de derechos sociales. Del éxito en el cumplimiento de estas tareas, entre otras, depende algo aún más importante para Chile: la aprobación de la nueva Constitución que han comenzado a escribir la Convención Constitucional, que debe concluir en el mes de julio próximo y que será sometida a un plebiscito con voto obligatorio. La Convención Constitucional corre por un canal totalmente paralelo al gobierno. Se puede graficar de la siguiente manera: de un total de 155 convencionales solo 51 militan en partidos políticos, es decir hay una total autonomía y libertad en los en lo que discuten y lo que propondrán al país, junto con una gran desconfianza y poca credibilidad en los partidos.

Los primeros seis meses de gobierno serán fundamentales en las medidas que se tomen para mantener la llama encendida que movilizó principalmente a los jóvenes. La ansiedad nunca ha sido buena consejera, pero esta es una generación de jóvenes políticos cuya principal crítica a los 30 años pasados se basa en que las políticas se acomodaron al neoliberalismo que acrecentó un modelo excluyente al que pretenden sustituir. De su éxito también depende en buena parte la aprobación de la nueva Constitución para Chile.