Las elecciones en Costa Rica, que se realizarán el próximo 6 de febrero, para elegir presidente, dos vicepresidentes y 57 diputados, están en una etapa extraña, comparadas con otros procesos electorales anteriores.

Lo usual ha sido que, desde el mes de noviembre, cuando se abre el proceso electoral, para actividades públicas de los partidos y sus candidatos, hasta 3 días antes del día electoral, 6 de febrero, en este caso, se realice una intensa actividad propagandística en medios de comunicación y en vallas publicitarias, por parte de los distintos partidos políticos y sus candidatos.

La ley electoral indica que aquellas instituciones de carácter público, como universidades, la televisora y la radio nacional, o que reciban fondos públicos, están obligadas a tomar en cuenta, para invitaciones a debates, a todos los candidatos presidenciales, sin discriminación alguna. Pueden hacerlo por grupos de candidatos, pero no pueden dejar a nadie fuera.

Hasta la campaña electoral de 1997-1998 era usual que instituciones públicas y privadas invitaran a quienes quisieran. Un recurso de amparo constitucional, que interpuse, en enero de 1998, contra un debate de dos medios de comunicación, en el que no me tomaron en cuenta, siendo candidato presidencial en ese momento, lo gané judicialmente y se obligó a que se me invitara o tomara en cuenta. Los medios de comunicación cancelaron el debate programado entre los que ellos consideraban eran los dos principales candidatos.

A partir de esa resolución en los procesos electorales siguientes se tomaron en cuenta a todos los candidatos.

La legislación luego se reguló para que las instancias privadas pudieran invitar a quienes quisieran, mientras las públicas obligadamente debían considerar a todos los participantes, como se viene haciendo desde el 2006.

Cuando participan pocos partidos políticos, el manejo de debates con candidatos presidenciales se puede hacer más democrático con la participación de todos. Pero, cuando participan muchos partidos políticos se hace más complicada la logística de considerar a todos los candidatos para un debate político, de allí, la necesaria selección de candidatos para diversos debates. La sola escogencia de candidatos para cada debate provoca reacciones entre ellos, especialmente de los candidatos que quieren ser tomados en cuenta con los que se consideran más importantes.

La consideración de los más importantes deviene de la historia de los mismos partidos políticos, si han sido gobernantes o no, si han participado en procesos electorales o no, si sus candidatos son conocidos dirigentes políticos o son nuevos y, en muchos casos, totalmente nuevos, que participan por primera vez, sin historia electoral alguna, como está sucediendo con algunos candidatos.

En las próximas elecciones de Costa Rica participarán 25 partidos con candidatos presidenciales, lo que evidencia la dificultad de realizar estos debates. Por instituciones públicas hasta este mes de diciembre no se ha hecho ninguna presentación de candidatos.

Instituciones privadas, cámaras empresariales, asociaciones sociales, y medios de comunicación, han realizado pocos debates tomando en cuenta hasta cinco candidatos, escogidos por ellas, de los 25 inscritos, o han realizado entrevistas selectivas a algunos de ellos, obviamente discriminando o no tomando en cuenta al resto.

En la determinación de escogencia de candidatos influye también el índice de conocimiento que empiecen a tener en las distintas encuestas, de las casas encuestadoras oficialmente inscritas ante el Tribunal Supremo de Elecciones, únicas autorizadas para hacer publicaciones sobre intencionalidad de votos.

Esto influye también en la posibilidad de financiamiento bancario, tanto de bancos privados como públicos, para que, mediante créditos o fideicomisos, con respaldo al posible derecho de financiamiento público postelectoral, puedan tener los partidos políticos. Hasta esta fecha solo cinco partidos se han favorecido por financiamiento crediticio de bancos privados para su campaña electoral.

En Costa Rica existe la norma constitucional, desde 1949, de financiamiento público de las campañas electorales. El origen de esta norma fue quitarle al capital la posibilidad de ser los dueños y amos de los procesos electorales y de control de los partidos políticos y sus candidatos, y facilitar de esa manera, una participación más democrática.

El procedimiento que se siguió, desde 1996, para financiar las campañas electorales fue de que tendrían derecho a reconocimientos de gastos de campaña aquellos partidos que obtuvieran un 4% o más de votos o que eligieran al menos un diputado.

Los partidos políticos están obligados, en su inscripción, a presentar un presupuesto de gastos de toda la campaña que, por presentado ante el Tribunal Supremo de Elecciones, no puede modificarse. Contra este presupuesto y sus facturas de gastos, el órgano electoral define la validez de los pagos de aquellos partidos que logren pasar el umbral del 4% o de elegir diputado. El análisis de facturas y gastos es riguroso y ya ha ocurrido que a partidos políticos les encausen penalmente a sus tesoreros o responsables de los manejos financieros de las campañas electorales.

Contra ese posible financiamiento público es que los bancos se abren para apoyar a algunos partidos, según sus propios análisis, y sus propias encuestas, para asegurarles fondos a algunos partidos políticos, que negocian esos financiamientos hasta con 30 o 40% de descuento de sus bonos electorales, de su posible derecho de financiamiento electoral. Así, si un banco recibe 2,000 millones de colones en bonos electorales, autorizados por el Tribunal Supremo de Elecciones contra su posible resultado electoral, como garantía, por un crédito, a un partido, el partido en realidad recibe 1,200 o 1,400 millones, según el porcentaje negociado a favor del banco, con riesgo mutuo, salvo cuando los bancos también se aseguran con bienes u otros avales más reales, que un posible resultado electoral.

Esto en la práctica hace que la mayoría de los partidos políticos no tenga posibilidad de financiamiento para su campaña electoral, haciendo que el proceso electoral sea muy discriminatorio para los partidos nuevos y pequeños.

En la historia electoral del país, desde 1953, alrededor del 96% de los partidos no recibe ningún apoyo financiero público para sus campañas, a pesar de la norma constitucional que, en buena lógica, debería estar abierta a financiar, contra los resultados electorales, a todos los partidos políticos, porque todos los partidos políticos sacan votos y cada ciudadano es igual independientemente a que partido pertenezca, o le dé el voto, donde cada elector, a estos efectos, tiene un valor económico, que se contempla en el 0.11% del PIB, del año anterior a la elección, que garantiza esos gastos electorales nacionales de cada campaña electoral.

Veinticinco partidos inscritos, me parece, ha paralizado la propaganda en este período de noviembre a diciembre. El impacto del gasto electoral se hará sentir, en propaganda, en enero, mes previo al día electoral, para mostrar el peso de los partidos, de los candidatos, de anular propagandísticamente a los otros partidos, de aturdir y atontar a los electores, de hacerse sentir más para la atracción de votos. Y, hasta para hacer una reserva de dinero entre los partidos que tienen posibilidad de ir a una segunda ronda, en caso de que el 6 de febrero ninguno de los partidos pueda lograr el 40% de los votos para elegir presidente. Sucedió en la campaña electoral del 2014 que el partido Liberación Nacional, prácticamente había gastado todo su presupuesto en la primera ronda, quedándose sin dinero para la segunda, mientras su otro contendiente, el partido Acción Ciudadana, tenía una cifra de dinero muy sustantiva para esa segunda ronda, porque no había hecho tanto gasto en la primera, lo que le facilitó su triunfo, inesperado y sorpresivo para este partido que no esperaba llegar a esa segunda ronda, como igualmente fue su resultado ganador en la elección del 2018.

Hasta hoy, entonces, hemos tenido, una campaña electoral desteñida, sin aspavientos electorales, sin que se sienta propaganda alguna, y probablemente no habrá tampoco anuncios de saludos de Navidad y Año Nuevo, en medios de comunicación, que sí se permiten por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Cuando se aprecia el panorama de elección de diputados se hace más compleja esta situación. Costa Rica tiene siete provincias, que eligen cada una su respectivo número de diputados. Los 25 partidos nacionales con candidatos presidenciales también participan en todas las provincias con sus propios candidatos. Hay también partidos políticos que solo participan para elegir diputados, en las respectivas provincias. Así mínimo hay 25 partidos nacionales con candidatos a diputado en cada provincia, pero, en general, suben a más, hasta 32 partidos en una provincia. Esto dificulta mucho darles espacio a los candidatos por provincias, si de entrevistas se trata, en instancias públicas y privadas. Lo usual es invitar a los diputados que encabezan las listas de cada partido en cada provincia, lo que ya es, por el número de partidos, imposible de realizar. Hasta hoy no se han hecho encuentros de este tipo.

En enero es imposible. Serán candidatos bastante invisibles y «anónimos» en su realidad, más allá del esfuerzo individual o partidario que realicen los candidatos a diputados en sus respectivas provincias y cantones. Para ellos pesará el candidato presidencial de sus partidos que puede halar a diputados a su posible elección.

Esta elección en este sentido ha hecho que, de los 25 partidos nacionales, el 60% de ellos lleve a su candidato nacional también como candidato a diputado, lo que la legislación permite, en una doble candidatura. Esto es así porque a todos los efectos públicos la campaña electoral gira alrededor de los candidatos a presidente. Aun cuando casi no tomen en cuenta a muchos de estos candidatos nacionales, no dejan de tener presencia, y eso les puede producir una ligera ventaja para su posible elección como diputados, sobre los que no son a la vez candidatos presidenciales.

Desde el 2002 que se permite la doble candidatura, no ha ocurrido que un candidato presidencial, no electo presidente, sea electo como diputado. En esta ocasión hay más posibilidad para algunos de estos candidatos que en el pasado, lo que se verá hasta el 6 de febrero. De suceder podría tener una ventaja legislativa de llevar a su seno candidatos presidenciales, jefes reales de sus partidos, especialmente aquellos que tienen más liderazgo político, lo que permitiría más capacidad parlamentaria para lograr acuerdos políticos, que son muy necesarios para la gobernanza nacional que viene con el nuevo gobierno, a instalarse en mayo próximo, tanto los diputados como el presidente.

La preocupación que circula en círculos políticos y económicos es la posibilidad de que haya una gran cantidad de partidos políticos en la Asamblea Legislativa, que imposibiliten la gobernanza o la entraben en su toma de decisiones. Por ahora no lo veo así. No me parece que el resultado electoral vaya a alterar el número de partidos y fracciones parlamentarias que hoy existen en el Congreso costarricense.

El esfuerzo que se realiza por los partidos políticos, especialmente aquellos que tienen verdadera posibilidad de ganar la presidencia de la república, es triunfar en la primera ronda, el 6 de febrero, de allí la intensificación de propaganda que se hará en enero. No va a ser fácil. Se requiere el 40% de los votos válidamente emitidos.

El número de electores, en números redondos, está en 3.5 millones. Suponiendo que pueda haber un abstencionismo de un 30%, que ha sido el promedio del abstencionismo de las campañas electorales del siglo XXI, hace que los electores sean 2,450,00, y para ganar se necesita el 40% de estos, alrededor de los 980,000 votantes, cifra que no ha sido alcanzada en el pasado electoral costarricense por ningún partido.

Otro elemento que enrarece el ambiente actual es el fraccionamiento de tendencias políticas en el actual escenario electoral. Así, con el nombre que reivindica la socialdemocracia, hay cuatro partidos, entre ellos el histórico Liberación Nacional, con su candidato José María Figueres, hijo del fundador del partido, también expresidente de la república; bajo la bandera del social cristianismo y del cristianismo no católico, hay seis partidos, entre ellos el de Fabricio Alvarado, quien quedó de segundo en el pasado proceso electoral del 2018, hoy aspirando a una doble candidatura, y Rodolfo Piza, que entra separado de la Unidad Social Cristiana, a quien levantó como partido en las últimas dos campañas electorales, también con doble candidatura; los libertarios o neoliberales que van divididos en cinco partidos políticos y la izquierda, sin participación de los comunistas históricos, va con tres partidos nacionales, y suma el propio partido de gobierno, Acción Ciudadana, que enfrenta el reto más importante, como sucedió con Liberación Nacional, en la elección del 2014, de ir a un tercer gobierno consecutivo, lo que no ha logrado ningún partido político nacional.

La indecisión mostrada en encuestas por los electores y ciudadanos ante el proceso electoral, que alcanza un 70%, no dice que sea una masa abstencionista. Eso está directamente ligado a la gran cantidad de partidos políticos que estaban en proceso de inscripción, y que, sin campaña publicitaria, produzca esa indecisión, afiliación o escogencia de candidatos.

Los resultados electorales desde 1953 hasta el 2018 señalan que siempre ha votado un 70% de los electores, lo que hace que el abstencionismo real, en ese mismo período sea del 30%. Esto no tiene por qué cambiar. Mi impresión hoy es que el abstencionismo podría bajar un poco, especialmente por lo tensa que será la campaña en enero. La indecisión la han querido mostrar como abstencionismo, lo que no es correcto.

La segunda ronda se estará definiendo en la segunda quincena de enero, cuando volvamos a preocuparnos en este espacio, de este final electoral, que ahora parece raro, porque las aguas de la superficie no se mueven, pero las corrientes que están por debajo se muestran agitadas y con grandes remolinos, que tendrán su función de tragarse a candidatos. Ya veremos y estaremos atentos al movimiento de estas aguas.