El presente artículo ha de considerarse como la continuación y complementación de los que se han desarrollado anteriormente acerca de este tema.

Insisto que estoy tratando «ideas base» con la finalidad de llegar a un mejor país, ideas que representan en buena medida lo que la enorme mayoría de los chilenos esperamos: que la nueva Constitución ayude a que dicho «mejor país» se vaya concretando. Además, estimo que este tipo de inquietudes trascienden a Chile y los chilenos, ya que son temas de interés para todos los ciudadanos de este planeta. Posiblemente algunas ideas parecerán algo repetitivas. Sin embargo, hay un sentido didáctico: centrarnos en lo fundamental que esperamos para este proceso de manera de no generar frustraciones.

Este artículo es producto de lecturas, reflexiones, emociones y diversos diálogos con personas de muy buen nivel, uno de ellos abogado, académico, escritor, candidato a constituyente, otro, un antiguo exsenador de la República y defensor de las riquezas naturales de Chile, otro, un abogado constitucionalista, otro, un ilustre arquitecto especialista en urbanismo que ocupó un importante cargo durante el gobierno de Allende y varios más.

El tema de una nueva Constitución nos abre esperanzas y también posibles frustraciones. Ya lo hemos señalado en otros artículos. Esperanzas, si los constituyentes son capaces de «salir del esquema de las polarizaciones ideológicas» para definir explícitamente lo que, de acuerdo con lo que yo he captado a través de diversos cabildos ciudadanos en los que participé antes de la pandemia, anhela la enorme mayoría: priorizar explícitamente el bien común por sobre cualquier otra prioridad.

Si esta nueva Constitución no genera un rumbo claro y prioritario para Chile con mandatos adecuados al respecto, tendremos nuevas frustraciones. Nuevamente caeremos en manos de la clase política tan desprestigiada y en la continuidad de una democracia e institucionalidad que funcionan mal y están muy deslegitimadas. Esta es una gran oportunidad para salir de la crisis en la que estamos insertos actualmente.

No importan mayormente las visiones acerca de los diversos temas que pueda tener cada persona de los constituyentes que se vayan a elegir, siempre que se esté centrado en el bien común. Importa que las actitudes no sean polarizadas, rígidas o excluyentes. Que no pierdan de vista que están allí porque la ciudadanía protestó pacífica y masivamente respecto al actual modelo de sociedad. Porque al no haber en Chile sistemas de participación activa efectiva para los ciudadanos, estos lo hacen saliendo a las calles. Porque no desean seguir como estamos.

Si los constituyentes olvidan la razón esencial por la que están allí, la frustración ciudadana será enorme y no podemos imaginar las consecuencias de eso. Desafortunadamente, la legislación electoral vigente no favoreció la participación de personas independientes (no militantes en algún partido) como fue la voluntad del 80% que votó en el plebiscito. Y se favorece además la ignorancia de los ciudadanos respecto a los candidatos que quedaron seleccionados. De allí la importancia de estas advertencias.

Acerca de los candidatos a constituyentes. ¿Por qué los partidos políticos han de perder sus privilegios?

Es preocupante apreciar en la TV a algunos candidatos a constituyentes que no se escuchan mutuamente, cerrados en determinadas ideologías, muy polarizados. Eso es exactamente lo que no sirve para ser un constituyente. Sin duda, la actual legislación electoral contribuye a este tipo de situaciones que constituyen una amenaza a lo que la ciudadanía espera de este proceso.

Quien participa de un esfuerzo de este tipo ha de saber escuchar, reflexionar con mente abierta, poder consensuar. Lo fundamental para una enorme mayoría ciudadana es poder llegar a una Constitución que priorice el bien común ciudadano en lugar de determinadas ideologías que pretenden defender pseudo intereses corporativos, sean gremiales, empresariales, personales, familiares, a objeto de mantener determinados privilegios en base a un modelo social, cultural, económico e institucional como el que actualmente tenemos y que ha derivado en la protesta masiva ciudadana al estar totalmente deslegitimado.

Es hora de que nos convenzamos de que las ideologías políticas tradicionales, ante el concepto de bien común, están obsoletas. Los partidos políticos están «partidos»; al no ser integrales e inclusivos no tienen la acogida hacia los ciudadanos que anhelan que no haya más privilegios ni acumulación del poder ni manipulación de los electores.

Lo señalado nos lleva a tener claridad de que el concepto y práctica del bien común nos «saca» del tema de las «luchas» de unos contra otros. Nos «saca» de las ideologías que suelen defender lo que se denomina «intereses determinados», sean corporativos de empresas, de familias, de gremios… Y los partidos políticos representan según sus ideologías determinados «intereses».

Aclaremos que muchos de los que actualmente tienen cargos públicos, como personas son competentes y tienen buenos antecedentes de todo tipo. Como persona, como ciudadano, podrán postular a cargos de elección popular. Pero han de ser elegidos como candidato de una manera diferente a la actual: no tendrán que ser los partidos al cual pertenecieron o pertenecen, sino los ciudadanos quienes, por participación activa, los nominarán.

Uno de mis amigos dialogantes, refiriéndose al bien común me decía: «Es imposible que quienes detentan el poder actualmente lo dejen de manera voluntaria». Mi amigo, perteneciente a un partido tradicional, está imbuido de una visión polarizada, como es típico de cualquier partido. Es lo que anhelamos que se vaya modificando. Lo que a mi amigo le cuesta entender, como les sucedería a muchos políticos de partido, es que, si una Constitución privilegia el bien común, el poder queda en manos de los ciudadanos del país. Y el poder de quienes actualmente lo detentan se va debilitando en favor de los requerimientos ciudadanos. Es un cambio cualitativo enorme. Es un proceso amparado por un modelo de país con adecuada legislación y con instituciones que funcionan. Representa un proceso de cambio paulatino, pero decidido, mandatado por la nueva Constitución para llegar a un país diferente; con una revisión de toda su legislación, del modo como esta se aplica y de toda su institucionalidad.

Por eso, al elegir a los constituyentes tenemos que tratar de que apoyen un cambio real de la democracia en Chile: participación activa ciudadana, exigencias acordes a competencias e integridad ética para ser candidatos a cargos de elección pública, y no más monopolio de los partidos para nominar a los candidatos. La mala noticia al respecto está en lo que señalaremos en el siguiente apartado y es lo que nos debe preocupar.

Pero sigamos pensando optimistamente que tendrían que ser posibles los cambios señalados. En el artículo anterior decíamos, a modo de ilustración, que podría llegar a implementarse un sistema de elecciones sobre la base de una lista única con antecedentes curriculares trasparentes de quienes postulan, en lugar de listados separados por partidos o similares. Una lista nacida desde la participación ciudadana activa, desde sus bases, con una legislación que facilite y ampare un acceso amigable de los ciudadanos a la información respecto de cada candidato una vez terminado el proceso de nominaciones. Además, con requisitos mínimos de competencias y antecedentes personales de ética y probidad, para postular a cargos de elección popular, que deberían formar parte de la nueva Constitución. Dicha Constitución puede mandatar que se diseñe un sistema de este tipo con plazos determinados en el tiempo y con su legislación correspondiente.

No más «campañas eleccionarias» para ganar votos. No más campañas con financiamientos personales, ni de empresas, ni del Estado. Insisto en este tema que ya desarrollamos en el artículo anterior porque es un cambio cualitativo fundamental, generador de una nueva cultura cívica en el país, de una nueva forma de democracia.

También habría que instalar el poder revocatorio ciudadano, de manera que los que ocupan cargos electos den cuenta pública obligatoria en la mitad del periodo para el que fueron elegidos por votación ciudadana. Si se les rechaza la cuenta, dejan el cargo. Si les es aceptada, continúan. Así, serán verdaderos representantes de los ciudadanos.

Se trata de una democracia diferente con una política de país que nos conduzca hacia un modelo de sociedad con instituciones que funcionen y estén legitimadas, que apunten al bienestar ciudadano en sus diversos aspectos. Para que un modelo así funcione nadie ha de sentir que es dueño de «la verdad»; será fundamental saber escuchar con empatía, aceptando la diversidad a fin de llegar a lo que la gente espera. Una Constitución que vuelva a amparar privilegios y desigualdades similares a los existentes nos llevaría a una enorme frustración con consecuencias que nadie imagina.

No corresponde en estos momentos definir detalles mayores. Lo que importa es que la Constitución sea un faro que oriente a toda la legislación chilena de manera que comencemos un proceso paulatino de ir «recomponiendo» la institucionalidad del país para que tenga la aceptación y legitimación ciudadana que actualmente no tiene. La Constitución, al priorizar explícitamente el bien común ciudadano, ha de mandatar explícitamente la labor de los futuros legisladores y de quienes lleguen a asumir cargos de elección pública. La Constitución ha de mandatar que se definan legislativamente «pisos» básicos de calidad, con satisfactores de las necesidades que han de ser garantía, a través de generar un proceso que construya un nuevo «modelo social, económico, político, institucional y cultural» del país: una sociedad de bienestar.

Si las personas que se elijan como constituyentes siguen con actitudes cerradas y dogmáticas, defendiendo ideologías polarizadas y «luchas» corporativas por el poder, simplemente se volverá en esencia a lo que existe actualmente y la frustración será enorme. La esperanza es que esto no suceda.

La legislación actual: un tema muy complejo

Quienes son candidatos a constituyentes han sido aceptados como tales sobre la base de las actuales leyes. Es decir, leyes que privilegian a los partidos políticos y la manipulación que les es característica, que es un aspecto esencial vinculado al «sistema o modelo de democracia» que tenemos actualmente.

Como gran cosa, esta vez se legisló muy parcialmente permitiendo que existan constituyentes «independientes», que no pertenecen a ningún partido. Sin embargo, muchos de ellos, dadas las dificultades existentes para poder postular como independiente, tuvieron que acceder a formar parte de listas partidistas. Posiblemente algún grado de «compromiso» han debido adquirir por este «favor». Es muy probable que personajes vinculados a los partidos políticos se «amañen» para que se generen ciertos cambios superficiales que no cambien en nada lo que en esencia existe actualmente.

¿Cómo podríamos generar la posibilidad de tener una Constitución que no siga priorizando a los partidos y a sus respectivas ideologías, es decir, seguir apoyando a quienes defienden determinados «intereses corporativos» en lugar de apoyar lo que la inmensa mayoría ciudadana anhela: un país que priorice el bien común ciudadano en lugar de posturas e intereses corporativos?

Ese es el enorme desafío de aquellos que han sido aceptados por la legislación actual como candidatos a constituyentes y que terminen siendo elegidos en las próximas votaciones de abril. Es el desafío de quienes terminarán formando parte de la constituyente y tendrán que redactar la propuesta de una nueva Constitución.

Otro tema importante: ¿los constituyentes que sean electos serán conscientes de lo que la mayoría ciudadana anhela? Esos ciudadanos son los que, en los diversos cabildos abiertos en que yo participé acá en la zona donde vivo (Gran Valparaíso), se manifestaban mayoritariamente en favor de un país que priorizara el bien común. Son los mismos que abucheaban y expulsaban a los políticos de las protestas sociales pacíficas y masivas de fines de 2019 y del 2020.

Esa mayoría de ciudadanos en un 80% votó «sí» a una nueva Constitución y «no» a los partidos políticos, ya que rechazaron para la constituyente la alternativa de que su composición fuera de un 50% de políticos que forman parte del poder legislativo actual y el otro 50% de ciudadanos electos, aprobando en cambio la alternativa de una constituyente compuesta totalmente por ciudadanos electos. Es decir, el 80% aprobó de manera indirecta en dicho plebiscito que la «clase política y sus partidos» no sigan manteniendo la preeminencia que tienen actualmente, con el importantísimo rol de tener el monopolio de poder nombrar a los candidatos para los cargos de elección popular. Sin embargo, a pesar de todo, la legislación vigente implicó trabas para quienes se presentaron como candidatos sin pertenecer a los partidos permitiendo que estos influyeran de hecho, tergiversando lo que tendría que haber sido el proceso de nominar y elegir a los constituyentes.

Además, para este caso puntual de la elección de constituyentes tampoco existió una legislación que exigiera que los candidatos a la misma tengan cierto tipo de requisitos mínimos de capacidad, conocimientos, experiencia y antecedentes personales que garanticen un aporte efectivo para el trabajo al que están postulando.

¿Considerarán quienes sean electos como constituyentes la voluntad ciudadana de que la futura Constitución sea mandataria de un proceso creativo para generar una nueva democracia con una nueva manera de «hacer política» como parte de una nueva sociedad para Chile?

Otro aspecto fundamental respecto a las leyes del país: la Constitución ha de señalar pautas claras acerca de cómo se han de generar y expresar las mismas, de manera que se cumpla su espíritu (el motivo por el cual dicha ley se promulga en términos entendibles para la ciudadanía), y de cómo se ha de aplicar (o no aplicar) dentro de dicho espíritu. Es muy sabido que, en el actual modelo de sociedad, por el modo como el sistema legislativo y judicial funcionan, en que la interpretación de las leyes suele ser bastante variable, a veces estas se aplican para proteger privilegios con la complicidad de diversas instituciones del país. Si bien la Constitución tendrá que generar pautas para una revisión completa del actual sistema judicial y legislativo, el tema específico de las leyes y de su aplicación ha de ser también un tema orientativo fundamental de la nueva Constitución.

Los ciudadanos anhelan cambios fundamentales en la sociedad chilena de manera que la nueva Constitución los estimule, los ampare y los prescriba adecuadamente. Para que ello sea posible, los constituyentes que sean electos han de tener, entre otras características, un alto grado de independencia respecto a posibles «intereses corporativos», centrarse de modo efectivo en el bien común ciudadano, alto nivel de creatividad, actitud empática, trabajo en equipo y amplitud mental.

En otro artículo tocaremos algunos otros temas específicos sobre los cuales la nueva Constitución no podría soslayar.