¿Qué transformaciones hay que realizar para lograr una vida mejor, más justa, democrática y protectora del medio ambiente? La intensidad de la pandemia ha estimulado el debate sobre otra forma de vivir y de pensar.

Mi amigo, Crisóstomo Pizarro, me pidió un comentario a su libro ¿Existen alternativas a la racionalidad capitalista? (Editorial Universidad Católica de Valparaíso, 2019) Este fue escrito antes de la pandemia. Sus páginas, lejos de perder vigencia, son incluso más relevantes e inspiradoras para la acción en medio de la crisis actual. En todos los países de América Latina se han agudizado las desigualdades y se acumulan presiones para avanzar en: la protección social, la igualdad de oportunidades, el empleo decente, el cambio climático, la reforma del Estado, el afianzamiento de los derechos sociales, los derechos políticos y los derechos económicos.

A diferencia de algunas décadas atrás, las opciones actuales ya no se refieren a la contraposición entre capitalismo y socialismo, debido a la caída de la Unión Soviética y a la inefectividad del llamado «socialismo real». Las modalidades nuevas de socialismo incluyen a China, que ha instaurado nuevas formas de organización. Algunos definen a estas modalidades como capitalismo de estado con partido único. ¿Es el sistema chino una opción para América Latina?

Se trata de un sistema político ajeno a nuestra realidad latinoamericana y occidental; responde a otra tradición histórica y cultural, y a diferentes realidades de tamaño y diversidad poblacional. Vietnam es otro ejemplo de éxito económico y social, enmarcado en un sistema político de un solo partido; diverso de los sistemas democráticos de occidente. Existen aquellos que preservan fórmulas obsoletas o congeladas: Corea del Norte o Cuba, sin democracia ni crecimiento. Las formulaciones y prácticas del denominado «socialismo del siglo XXI», propiciadas por el expresidente Chávez de Venezuela, también fracasaron estrepitosamente. Ninguno es referente de futuro.

Descartada la alternativa entre socialismo y capitalismo, el debate sobre la nueva racionalidad se traslada a las diversas formas de regular el capitalismo y a las diversas opciones que mejor armonicen la libertad, la igualdad y la sostenibilidad bajo una democracia.

¿Qué ideas orientan mejor para actuar a favor de la justicia social?

Immanuel Wallerstein, de quien Pizarro fue alumno y colaborador, ha sostenido por años que está en curso una declinación hegemónica de Estados Unidos y que existen incompatibilidades entre la democracia y el capitalismo. La dinámica capitalista evidenciaría una decreciente capacidad de acumulación, al tiempo que enfrenta un aumento persistente de la presión social contra la desigualdad y las exigencias de cambio para la protección del medioambiente.

La desigualdad constituiría la piedra de toque entre democracia y capitalismo. Los trabajos de Thomas Piketty sobre la desigualdad constituyen otra importante contribución que profundiza cómo ha evolucionado en los últimos siglos y propone medidas estratégicas para superarlas.

La desigualdad y la pérdida de empuje del capitalismo estarían limitando el avance democrático y de la justicia social. Además, en el capitalismo maduro se constata que los grupos dominantes utilizan la tecnología y los principios de mercado para difundir e imponer una narrativa ordenadora de la sociedad, que defiende el orden existente. Se predica que cualquier ciudadano puede ejercer sus derechos políticos, participar en la organización de la sociedad y beneficiarse igualmente del progreso económico. Sin embargo, es evidente que esa lógica de mercado restringe y discrimina los derechos económicos y sociales, poniendo en jaque el ejercicio de los derechos políticos que se proclaman. Cuando el Estado no asume una responsabilidad social de satisfacer los bienes y servicios públicos básicos se constriñe el real ejercicio de los derechos políticos.

La pretensión tecnocrática de imponer un relato reduccionista se transforma en un obstáculo para la democracia. Se amplía entonces la distancia entre gobernantes y ciudadanos, se genera un desacoplamiento entre tecnocracia y democracia, élite y pueblo, reduciéndose la participación de los ciudadanos para trazar los rumbos de la sociedad.

La tesis de que el mercado es un organizador automático de la economía y de la sociedad se funda en dos líneas argumentales. Primera, el mercado genera bienestar para todos y satisface las necesidades eficientemente, sin necesidad de una definición política. Con ello se norma el comportamiento social, pues cada ciudadano actúa como consumidor. Las desigualdades serian naturales y consecuencia del esfuerzo personal y del mérito de cada cual, sin contemplar el nivel socioeconómico de partida. Segunda, la actividad empresarial mueve la economía y ordena las prioridades. La maximización de la utilidad generaría los empleos necesarios que redundan en bienestar para todos los miembros de la sociedad. El mercado, en suma, sería el mecanismo capaz de dar orientación estratégica, de recoger las aspiraciones de la sociedad y de conseguir la inclusión y la movilidad social. Esta concepción está profundamente cuestionada por sus limitados resultados políticos y económico-sociales en las democracias.

¿Cómo abrir camino a una sociedad democrática que conjugue los principios de libertad e igualdad?

Es indispensable, en este periodo histórico, debatir y concordar cómo realizar transformaciones que abran camino hacia una sociedad más inclusiva y ecológica, a través de un proceso de profundización democrática; se debe trabajar en cómo reformar a las instituciones y a las normas internacionales en favor de las mayorías de las naciones emergentes.

Norberto Bobbio, Jürgen Habermas y John Rawls aportan conceptos sobre el liberalismo igualitario, el liberalismo democrático o el liberalismo republicano y la justicia distributiva; proponen cómo armonizar igualdad y libertad protegiendo a la naturaleza bajo una democracia. Esas proposiciones también son convergentes con la socialdemocracia.

Hay que distinguir entre el liberalismo igualitario y el liberalismo puramente político. El primero sostiene que el Estado debe jugar un papel importante para regular y avanzar hacia la igualdad. Los liberales clásicos promueven las libertades políticas y el pluralismo, pero minimizan el Estado, no asumen la justicia social como objetivo deliberado: condición imperiosa para que se puedan ejercer realmente los derechos políticos.

¿Es suficiente tal criterio liberal para articular un sistema democrático resiliente?, cuando las amenazas sociales, económicas y del cambio climático exigen una conducción pública activa que aborde los derechos económicos y sociales con amplia participación. Obviamente es insuficiente. Hay que ir más lejos y crear las condiciones económico-sociales para el efectivo ejercicio de los derechos políticos a nivel nacional; también hay que realizar una elevada coordinación internacional para modificar las instituciones de gobernanza global.

El progreso democrático requiere cambios globales.

¿Cómo reformar el sistema global para crear condiciones internacionales que favorezcan la capacidad nacional de cambio en las democracias? El debilitamiento de la colaboración mundial y del multilateralismo perjudica a las democracias nacionales. La experiencia de globalización acelerada sin regulación agudizó desequilibrios en cada país; los sectores sociales quedaron rezagados, se elevó la fragmentación social, la desigualdad y la polarización política. La avasalladora irrupción de cambios tecnológicos desbordó la capacidad política de construir acuerdos internos para gestar nuevos pactos sociales.

Las aspiraciones de un mundo mejor y de otra forma de vivir están también subordinadas al orden económico global; no basta actuar a nivel nacional. Algunos autores han planteado conceptos de democracia cosmopolita y de constitucionalismo mundial, como Luigi Ferrajoli. Señalan la necesidad de transitar del estado de bienestar a un estado social de derecho, convenir la existencia de bienes y servicios globales básicos que deberían proveerse gratuitamente. Otros autores también plantean que la educación, la salud y un ingreso digno deberían quedar fuera de la mercantilización y ser proveídos por instituciones no lucrativas y pagadas de manera colectiva.

Hacia otra forma posible de vivir y pensar.

¿Cómo generar las condiciones políticas para progresar hacia una sociedad más democrática, igualitaria y justa, a nivel nacional y global? A nivel nacional, es esencial construir coaliciones políticas y sociales asentadas en programas comunes y consensos básicos, afirmados en el diálogo y la deliberación. A nivel global, se necesita afianzar el multilateralismo y la colaboración. La gobernabilidad global debe estar inspirada en valores universales y apoyarse en la Agenda 2030.

También es necesario incorporar el pensamiento y la vitalidad de los movimientos feministas y sus propuestas políticas para afianzar la diversidad en las democracias. Su presencia irá creciendo. La participación extendida de la mujer en política contribuirá a la solidaridad, la equidad social, la salud, la educación, el cuidado de niños, de adultos mayores y de enfermos. Otro fenómeno que tomará cuerpo en las democracias futuras será la gravitación de numerosos movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, apoyadas en la digitalización y la intensa conectividad social.

Transformar la racionalidad capitalista actual y concebir otra manera de vivir y de pensar en una democracia es una responsabilidad de quienes poseen vocación publica; es responsabilidad de aquellos que asumen el compromiso de conducir los procesos democráticos, a través de una mayor participación y distribución del poder. Las alianzas, las coaliciones, los movimientos sociales, la comunicación y la conectividad son componentes esenciales de un esfuerzo transformador para lograr una sociedad mejor.