La crisis que padece la sociedad costarricense encierra el tesoro de la renovación y el desarrollo, en ella late la posibilidad del éxito venidero, pero para lograrlo se requiere lucidez en cuanto al origen y la naturaleza de la coyuntura actual, es imprescindible acertar en las decisiones que se tomen y es fundamental que las inevitables parcialidades de los diversos sectores sociales, políticos y económicos, y de manera especial de los medios de comunicación, se gestionen con grados elevados de autocrítica, humildad, generosidad y conocimiento.

El problema no es que existan parcialidades, intereses y subjetividades en los distintos sectores sociales y estructuras mediáticas (esto es comprensible y necesario), sino la calidad en la gestión política y social de esas parcialidades.

Nota sobre el «reventón» de la crisis entre los años 1980-1982

Cuando se estudia la evolución histórica del país se observa una contradicción básica aún no resuelta: la que se establece entre los avances institucionales, sean jurídicos, políticos, sociales y culturales, y el retraso de las estructuras productivas. Existe un desfase entre una superestructura jurídico-social avanzada y la base económica subdesarrollada, y a pesar de los esfuerzos realizados durante casi doscientos años la contradicción indicada no ha sido superada, y de tanto en tanto conduce a situaciones que deterioran la cohesión social, como sucedió en los años del «reventón» de la crisis económica de principios de los ochenta (1980-1982).

Las causas internas de aquella situación pueden retrotraerse hasta principios de los setenta, y se vieron reforzadas por factores internacionales como la deuda externa, las crisis petroleras, el deterioro de los términos de intercambio comercial, y las guerras en varios países centroamericanos. En la gestación y desarrollo de lo ocurrido en el país entre los años 1980 y 1982 existió una responsabilidad compartida por los diversos segmentos del poder, pero las soberbias sectoriales y la equivocada gestión de las parcialidades subjetivas, impidieron la autocrítica y obstaculizaron correcciones que anticiparan los problemas, se buscó un «chivo expiatorio» para hacer recaer en él toda la responsabilidad por el deterioro económico y social, y de ese modo se hizo desaparecer la responsabilidad de otros.

En el momento de escribir este comentario ocurre en el país algo semejante en cuanto existe una co- responsabilidad respecto a la situación económica y social, pero la ausencia de autocrítica y los egocentrismos sectoriales tiende a disimularla u ocultarla. De esta co-responsabilidad participan todos los actores sociales e institucionales, desde el Estado y el gobierno, hasta los movimientos sociales de diversa orientación, e instituciones como las universidades (públicas y privadas), y las confesiones religiosas de distinto signo.

Naturaleza de la crisis actual

Durante los años ochenta se superó el «reventón» de la crisis 80-82, desapareció el conflicto político-militar en Centroamérica, la economía global inició un proceso de ascenso positivo de sus principales indicadores y se colocaron las bases para intentar, de nuevo, erradicar la contradicción principal del desarrollo costarricense. Luego de treinta y siete años transcurridos desde 1982, y a pesar de los éxitos obtenidos, es lo cierto que el país enfrenta una poderosa combinación de variables negativas que evidencia el subdesarrollo de la estructura productiva, y mantiene incólume la ausencia de un fundamento económico pertinente a la superestructura jurídico-social.

Como he dicho y escrito en otras oportunidades la sociedad costarricense contemporánea padece no sólo de déficit fiscal, desaceleración económica y subdesarrollo del sistema productivo, también sufre del descrédito de los partidos políticos, el descrédito de las élites sociales, la ausencia de liderazgos maduros, innovadores y visionarios, la intensa actividad de la criminalidad internacional, la decadencia de las élites religiosas y académicas, y la presencia de un Estado con una cultura organizacional anquilosada que es prisionero de intereses creados que lo privatizan. Esta combinación de variables afecta al conjunto de las interacciones sociales provocando un descenso de su calidad, y es esto lo que permite caracterizar la actual situación del país como una crisis de naturaleza sistémica, circunstancia que no existió entre los años 1970 y 1990.

Debe estar claro que al hablar de «crisis sistémica» para nada estoy refiriéndome a conceptos como «capitalismo» o «socialismo»; estos vocablos, para quien escribe, son palabras cargadas de manipulación mediática y político-ideológica.

Ajuste Social Sistémico

En el marco de la crisis sistémica es necesario tomar decisiones de corto, mediano y largo plazo. Estas decisiones pertenecen a lo que denomino Ajuste Social Sistémico. Concuerdo con varios economistas que proponen impulsar una reactivación económica en función de generar empleo en zonas rurales, poblaciones juveniles y mano de obra no calificada, al tiempo que se impulsa la educación dual, el teletrabajo, la reforma del empleo público, y se mejora el clima y la transparencia para el diálogo social, y para el diseño y ejecución de decisiones compartidas. Respecto a estas iniciativas pueden existir discrepancias puntuales, algunas muy importantes que deben resolverse sobre la base de conocimientos e informaciones verificadas, pero en ningún caso se justifica ni violar el principio constitucional del libre tránsito ni poner en práctica estratagemas engañosas de negociación.

En los ámbitos más estratégicos, de mediano y largo plazo, que impactan en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, superan el subdesarrollo productivo y profundizan la cohesión social, es fundamental tomar decisiones que reinventen a las élites partidarias, políticas y sociales; simplifiquen la administración tributaria; diseñen y ejecuten una reforma educativa y cultural que priorice la calidad y la inclusión social bajo parámetros de excelencia globales; eleven la inversión pública y privada en desarrollo científico, tecnológico y humanista; mejoren la productividad, competitividad, globalización, e inclusión social del sistema económico; diseñen y ejecuten programas descentralizados de desarrollo; modernicen al Estado y al gobierno erradicando los feudos de poder internos, desapareciendo los regímenes de privilegio, y mejorando las condiciones económicas de vida de los funcionarios públicos; al tiempo que se fortalecen y mejoran sustancialmente las condiciones materiales de vida de los trabajadores que laboran en los sectores industrial, comercial, agrícola y de servicios.

No debe el Estado y el gobierno seguir siendo instrumentos al servicio de intereses creados sectoriales (sindicales, académicos, políticos y empresariales) que confiscan el producto del trabajo social. La modernización del sector público, la competitividad, productividad e inclusión social del aparato productivo y la reinvención de las elites político-partidarias y de los movimientos sociales, exige acabar con la gran farsa de un Estado de Bienestar para los políticos e ideólogos, y en favor de intereses creados sectoriales. Es imperativo retomar al Estado de Bienestar verdadero, y abandonar los laberintos del Estado actual.

La concreción de políticas en los ámbitos señalados exige la articulación de cinco subsistemas de desarrollo: subsistema de innovación, productividad, competitividad, desarrollo de conglomerados productivo-sociales y medio ambiente; subsistema de educación, impulso científico-tecnológico, capacitación permanente de los recursos humanos y cultura; subsistema de descentralización regional y local del desarrollo socio-económico; subsistema de innovación y modernización continua del Estado y del gobierno; y subsistema de formas cooperativas y autogestionarias de producción y convivencia.

Servir, no molestar y no reprimir: un nuevo principio para la gestión social

Para lograr el éxito de las decisiones en los subsistemas indicados es clave que los grupos de poder político, religioso, académico, sindical y empresarial, abandonen sus pretensiones de utilizar al Estado y al gobierno para intervenir en la vida de las personas. Deben abandonarse las retóricas demagógicas, las burlas, los insultos, las emociones sectarias, y evitarse tres monstruosidades: el absolutismo político, la egocéntrica gestión de las parcialidades subjetivas y la inmadurez del voluntarismo partidario. Si todo esto ocurre los grupos dirigentes adquirirían inmensas capacidades intelectuales y gerenciales regidas por un nuevo principio de gestión social: Servir, no molestar y no reprimir.

Erradicar las políticas confiscatorias de los frutos del trabajo y elevar por mucho las capacidades gerenciales en las instituciones, exige erradicar la vocación intervencionista del poder, cualquier poder, y sustituirla por el nuevo principio indicado. Servir, no molestar y no reprimir constituye una revolución ética y pragmática que cambiaría por completo la dinámica de los grupos dirigentes, de las organizaciones y de la sociedad en su conjunto.

Y cuando me refiero a «no reprimir» y «no molestar», estoy pensando en todas las formas de molestia y de represión acostumbradas en los grupos humanos, sean estatales, gubernamentales, privados, de la sociedad civil y de los movimientos sociales. Tan monstruoso es el intervencionismo y la represión que ejercen las elites político-partidarias, estales y gubernamentales, como el intervencionismo y la represión que practican las elites sociales y religiosas.

Lo que la sociedad costarricense exige es un amplio espacio de libertad y de autogestión para crear riqueza, modernizarse y distribuir con equidad, sin depender para ello de «Papa» Estado o de «Papa» mercado, dos versiones deformes y esclavizantes del estatismo, el neo-estatismo y el anarquismo de mercado.