Ante los últimos acontecimientos que se han producido en el continente, conviene realizar un análisis crítico del papel desempeñado por la OEA, esa organización política que parece haberse convertido, de la mano de su secretario general, en punta de lanza del imperialismo estadounidense.

Historia

La Organización de Estados Americanos (OEA) pasa por ser la primera asociación de países que formalmente se estableció en el mundo. Algunos historiadores remontan su origen al Congreso de Panamá convocado por Bolívar en 1826. El Libertador siempre se opuso a la idea de asociar en una organización internacional a los países de la América del Sur con Estados Unidos cuando, en vísperas de ese Congreso dijo: «No creo que los americanos deban entrar en el congreso del istmo: ese paso nos costaría pesadumbres con los albinos…».

Muerto Bolívar en 1830, Estados Unidos impulsó el proceso de unión convocando la Primera Conferencia Internacional Americana celebrada en Washington en 1889, de la que salió la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. Como OEA se conoce desde 1948, cuando se suscribió en Bogotá la «Carta de la OEA» que entró en vigencia en 1951.

Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas con una población calculada en 1.013 millones de habitantes y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social del hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de «Observador Permanente» a 69 Estados, así como a la Unión Europea (UE).

La Organización, fundada con el objetivo de lograr entre los países adherentes «un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia» (art.1º); y que establece taxativamente que «todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga» (art.3º), ha devenido en un órgano inquisidor al servicio de EE.UU que, si fue clave en su constitución hace 180 años, al paso que va, también va a ser el país encargado de llevarla al cementerio a través de un obsecuente secretario general como Luis Almagro, fiel copia de los cipayos que nunca apreciaron el valor de la independencia.

En tiempo real

Si lo de Bolivia fue un golpe de Estado, la OEA, a través de su secretario general, jugó un rol protagónico. Una institución creada para defender la democracia de América, termina, por usurpación de funciones de su secretario general, patrocinando golpistas. Si en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Dominica no ha tenido eco, en Bolivia sí encontró mercenarios prestos a retirar del poder al socialista Evo Morales y abrirle camino a la fundamentalista, Jeanine Áñez.

Para poner en blanco y negro esta idea, sería como si el secretario general de la ONU terminara interviniendo en los asuntos internos de cualquier país del mundo basado en supuestos que no ha sometido a examen de la Asamblea General ni de los comités permanentes de que dispone la Organización; o promoviera circunstancias capaces de alterar el orden público para desestabilizar los Gobiernos que no se ajustaran a sus particulares principios ideológicos o condiciones de raza o religión que, en el caso de Bolivia, hay de todo esto mezclado en un golpe que obligó a Evo Morales a renunciar al poder para evitar una masacre social que, de todas maneras, se está llevando a cabo.

En ninguna parte de los estatutos de la OEA se insinúa siquiera que el secretario general pueda intervenir directamente en asuntos internos de los Estados-Miembros como, por ejemplo, cuestionar resultados electorales y, menos, presionar su anulación por supuestos fraudes sustentados desde plataformas políticas, sin confrontación judicial. Si tal actitud fuera válida, antes que Bolivia, el secretario de la OEA debió haber pedido la anulación de las elecciones en EE.UU acusadas de injerencia rusa en favor de Trump; o las de Colombia, en donde se han encontrado formularios electorales manipulados en favor de Duque. Y así, sucesivamente, donde quiera que se levantara una voz de fraude electoral, pudiera aparecer de la nada este ‘chapulín’ a poner su astucia en defensa de los quejosos: tanto más, si comulgan con la misma hostia ideológica de su credo político.

Almagro politizó la OEA, alejándola cada vez más del principio que impera en sus estatutos, como es el respeto a la soberanía nacional. Solo la Asamblea General es la única autorizada para analizar las situaciones, y sus consiguientes pronunciamientos, ceñidos a consensos o mayorías democráticas, son mandatos que adoban el discurso del secretario general, independientemente de sus convicciones políticas personales.

En ese orden de ideas, la Asamblea de la OEA nunca se ha pronunciado sobre supuestas injerencias desestabilizadoras del llamado «castrochavismo» en la región. Sin embargo, Almagro, en relación a la explosión social de Chile, expide un comunicado diciendo que «las brisas del régimen bolivariano impulsadas por el madurismo y el régimen cubano, traen violencia, saqueos, destrucción y un propósito político de atacar directamente el sistema democrático y tratar de forzar interrupciones en los mandatos constitucionales». Y los medios tradicionales de América, que en el corifeo del capitalismo a ultranza son buenas celestinas, asaltan subliminalmente a la opinión pública con el pensamiento político de Almagro como si fuera una posición oficial de la OEA.

Almagro está violando los «Propósitos» de la Organización al inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados Miembros. En la Carta de la OEA se lee:

  1. Afianzar la paz y la seguridad del Continente.
  2. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados-Miembros.
  3. Organizar la acción solidaria de estos, en caso de agresión.
  4. Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos.
  5. Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural.

En ninguna parte de sus funciones estatutarias se deduce la autonomía que se ha arrogado este cipayo de Estados Unidos: todo lo contrario, su accionar está supeditado siempre a políticas trazadas por la Asamblea General y los consejos permanentes en torno a las relaciones económicas, sociales, jurídicas, educativas, científicas y culturales entre los Estados-Miembros de la Organización. Y, sin embargo, es vergonzosa la actitud asumida en torno a Bolivia, pues, el arrogante Almagro ha reconocido (telefónicamente) a la interina Jeanine Áñez, pasando por encima de la Asamblea; y los medios de prensa, nuevamente orquestados bajo la batuta neoliberal, abrieron sus primeras planas: La OEA reconoce el Gobierno de Áñez en Bolivia. Es decir, este papanatas, es ahora el hombre más fuerte del continente americano al poder decidir, unilateralmente, por más de mil millones de habitantes. Parafraseando al mismo Almagro, diríamos: las brisas del régimen neoliberal dominante tratan de forzar interrupciones en los mandatos constitucionales, que fue lo que ocurrió en Bolivia.

Llamar por teléfono a la interina de Bolivia y deducir de ello un reconocimiento a su gobierno iniciado tras una «amable» invitación de las Fuerzas Armadas al presidente constitucional a que renuncie, es ponerse en contra de los estatutos de la OEA que prevé, inclusive, la suspensión del país cuyo gobierno sea derrocado. Pues, en este caso no: por disposición de Almagro, Bolivia, en la interinidad gubernamental sigue gozando de todos sus derechos en cabeza de Áñez.

Le quedó gustando

El astuto secretario quiso hacer lo mismo de Bolivia en Dominica, la isla del Caribe, antigua colonia inglesa, gobernada actualmente por el primer ministro, Roosevelt Skerrit, líder del Partido Laborista de tendencia socialista.

En efecto, en vísperas de las elecciones parlamentarias que se llevaron a cabo el 6 de diciembre, la isla se vio sumida en una lucha injerencista de nivel internacional orquestada por Estados Unidos que ve con preocupación el avance de China en su «patio trasero». Geopolíticamente, el premier Skerrit se aleja de EE.UU. al priorizar el arribo de capital chino a esta pequeña isla caribeña para la construcción de un moderno aeropuerto internacional y de hoteles 5 estrellas para promover el turismo.

De la mano de Almagro se alebrestó la oposición de derecha al Gobierno (igual que en Venezuela, Nicaragua y Bolivia); y, el cuento, el mismo: ¡fraude electoral a la vista! ¿Recomendación?, también la misma: una misión de la OEA de observación electoral a la isla. Pero, el premier dominico, advertido ya del caso Bolivia, rechazó la oferta de Almagro y en su lugar invitó a una misión de observadores de la Comunidad del Caribe; desplegó propaganda invitando a los electores a la tranquilidad, y las elecciones transcurrieron sin sobresaltos. Dese por seguro que, si hubiera caído en la trampa de Almagro, Skerrit no sería en estos momentos primer ministro, o estaría en un enredo político como el que sortea ahora Evo Morales por haberle creído al Judas de América.

Almagro se inmiscuye en la política interna de los Estados-Miembros violando los estatutos de la Organización, porque su discurrir al frente de la Secretaría General muestra contradicciones evidentes sobre acusaciones similares que se presentan en países gobernados por representantes de su misma cuerda que no le merecen ningún cuestionamiento y, más bien, aúpa con su silencio cómplice, en tanto en cuanto debiera hacerse sentir, si rasara con la misma vara todos los casos.

Es curiosa la nota que acaba de enviar al Gobierno de Duque, felicitándolo por «respetar y proteger» los derechos humanos en momentos en que hace poco más de un mes, la CIDH y la ONU expresaron preocupación porque Colombia continúa siendo el país que registra más asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en la región. La nota de Almagro es todavía más disonante en momentos en que desde el mismo Congreso Nacional se debate con ardor el desmonte del Esmad (escuadrón policivo), bajo acusaciones de violencia desmedida, desaparición forzada, abuso de autoridad, uso de armas letales contra las protestas ciudadanas, violación de los derechos humanos, detenciones arbitrarias, agentes encubiertos y hasta de asesinato, bajo la muy particular premisa de su comandante en Bogotá, general Penilla, de que «cuestionar los procedimientos de la Policía afecta el estado de derecho». Inclusive, la misma Procuraduría General abrió indagación preliminar contra «presuntos» abusos cometidos por la fuerza pública en las protestas pacíficas que afectan a Colombia desde el pasado 21 de noviembre.

Sin incluir los 138 desmovilizados del Farc asesinados, la ONG Indepaz, con mucha credibilidad pública, tiene una estadística de 780 asesinatos de líderes sociales entre 2016 y 2019 (hasta septiembre); la Defensoría del Pueblo solo registra 482 y la Fiscalía menos: 302. Aún si fuera válida esta última estadística, es mucho, a ojos vistas, como para que el gobierno merezca una felicitación por «proteger» los derechos humanos. Más parece una nota de populista en trance de reelección, pues, su periodo estatutario de 5 años se vence en marzo del año entrante.

Premoniciones cumplidas

Si antes Bolívar había advertido que «los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad», fue el legendario dictador mexicano, Porfirio Díaz (1830 – 1915), el encargado de consignar para la historia de que eso era así, cuando dijo: «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos».

Esto viene a cuento porque, si el mundo es testigo de las amenazas de Trump a China y sus ataques a tratados internacionales como el de París sobre el calentamiento global y el retiro del tratado nuclear suscrito con Rusia, bajando la vara a una eventual carrera armamentista; o sus bochornosos desplantes a la ONU, ya podrán intuir qué no hará con la OEA compuesta por países que desde tiempos de Monroe y su doctrina de América para los americanos, los considera su «patio trasero».

Las protestas sociales que han explotado este segundo semestre del 2019, próximo a cerrarse, en varios países del sur y centroamericanos: Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Honduras, El Salvador y Haití, sumadas a las ya viejas crisis de Venezuela y Nicaragua, han menguado la capacidad de la OEA para cumplir con el primer punto de sus estatutos: lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración, su integridad territorial y su independencia. Por el contrario, acatando evidentes instrucciones de Estados Unidos, la OEA misma es foco de conflictos, de injusticias, divisiones e intrusiones en la política interna de sus Estados-Miembros, siguiendo el libreto neofascista de Trump.

Si bien la línea de las protestas en Latinoamérica parece única: el modelo neoliberal, el tratamiento es lo que hace la diferencia: garrote a la izquierda y zanahoria a la derecha. Es lo que nos lleva a pronosticar que la OEA está herida de muerte, y, en su agonía, puede llevarse en los cachos la poca tolerancia política y convivencia social que, en otros tiempos y de la mano de visionarios internacionalistas, logró mantener entre las partes.

En cuatro meses que le quedan de periodo a Almagro en la OEA, a la velocidad que se están dando los acontecimientos políticos y sociales, sobre todo en el «imperio», pueden suceder muchas cosas. Ojalá, entre esas «muchas cosas», una sea el cambio de mando en la Organización. Si no, como dice el vulgo: apague y vámonos.