El caso de María José, la enferma de esclerosis múltiple que fue ejecutada siguiendo sus propios deseos por su marido, ha reavivado un debate que pasó algo desapercibido cuando, hace semanas, Podemos quiso aprobar una ley para legalizar la eutanasia en Congreso de los Diputados, pero la formación violeta vio tumbada su propuesta.

No sorprende que se desee aprobar una ley para legalizar la eutanasia, y tampoco sorprende que las formaciones conservadoras se opongan abiertamente. Sí llama la atención la hipocresía de esas mismas formaciones en este caso; son las primeras que, a la que pueden o cuando las circunstancias piden reducir gasto, meten la tijera en la ayuda a la dependencia, entre otras ayudas y partidas presupuestarias con fines sociales, así que, si tampoco facilitan una muerte digna en determinados casos, conviene preguntarse qué futuro pretenden reservar esas formaciones conservadoras a las personas con enfermedades crónicas o degenerativas, pues se les priva el acceso a los medios que necesitan para vivir dignamente y no pueden morir de forma igualmente digna e indolora.

La eutanasia es un bien necesario en el siglo XXI, puesto que tiene la capacidad de reducir el sufrimiento de personas a las que sólo les quedan años de dolor y/o incapacidad, y sufren las limitaciones de la medicina en la actualidad. Aunque el suicidio asistido supone una idea incómoda en la actualidad para muchos, su no legalización puede resultar absurda siguiendo las leyes de la lógica, puesto que una ley que legalice la eutanasia no supondría en ningún caso una obligación de nada para nadie, simplemente abriría una puerta adicional, una posibilidad de morir sin sufrir para las personas con algunas enfermedades graves sin cura hoy día, pero quien se encuentre en la misma situación podría seguir viviendo si así lo deseara.

Es más, legalizar la eutanasia no tendría ningún efecto, literalmente, en la vida de la grandísima mayoría de la población española pues, de nuevo, no supone ninguna obligación y ni tan solo sería una opción puesto que, por suerte, no es un gran número de personas el que sufre enfermedades de las características descritas anteriormente.

La hipotética legalización de la eutanasia seguiría un patrón similar a otras leyes de carácter social; me recuerda a la controvertida legalización del matrimonio homosexual, salvando obviamente muchas diferencias, en la que España fue de las pioneras en Europa. Y la similitud entre ambas la veo en que son legislaciones que no afectan de ninguna manera al grueso de la población, tan solo abren una opción adicional a segmentos concretos, pero provocan un rechazo difícil de comprender, si se analiza fríamente, en varios colectivos.

Los principios para no querer una ley que legalice la eutanasia, es de suponer, se encuentran en las fuertes raíces católicas de la sociedad española en general, y de la derecha patria en particular. Es una lástima la pesada losa que la religión supone para el avance de las sociedades, cómo a pesar de beneficiarse de una fiscalización especial, o sea no pagar impuestos, las instituciones religiosas toman parte del juego político del país y tratan de influir en la opinión pública, teniendo, además, medios de comunicación que pertenecen a la Conferencia Episcopal, unos canales y emisoras que suelen encontrarse entre los más controvertidos de manera permanente y que se enorgullecen de contar con la mayoría de los profesionales más polémicos del panorama nacional.