La responsabilidad de proteger al pueblo venezolano se ha puesto sobre la mesa en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha apelado al principio de la intervención humanitaria y la responsabilidad de proteger.

La pugna por el poder que mantienen Nicolás Maduro y Juan Guaidó se mide en las calles de Venezuela y en los medios de comunicación. Ambos encabezan enormes manifestaciones para demostrar quién es la paloma blanca de los venezolanos, prometen lo mismo: hacerse cargo del país que enfrenta una crisis económica, política y social sin precedentes.

Por un lado, los simpatizantes del síndrome del oficialismo se sienten orgullosos de la revolución bolivariana que inició su máximo líder, Hugo Chávez y que continúa desde 2013 el presidente Maduro. Claro que cuenta con el rechazo internacional, pero esto siempre es un motivo de buena fama para los perfiles autoritarios.

Del otro lado están los defensores de la autoproclamación de Juan Guaidó, como presidente de su país, una decisión respaldada por Trump, Canadá y varios países latinoamericanos. Esto puede parecer o ser un golpe de Estado, sí, es posible, pero la cuestión es: ¿necesitan una invasión militar internacional que salve al pueblo venezolano? Desde el punto de vista práctico una intervención militar internacional donde la población civil está armada, como en el caso de Venezuela, puede suponer una guerra civil por mucho tiempo.

Maduro ha impedido por la fuerza la entrada de ayuda internacional, de esta forma la opción militar siempre parece ganar peso, y así lo deseaba Juan Guaidó, hermanándose con EEUU. Pero hay un máxima internacional que todos los politólogos sabemos, y es que el Derecho Internacional no permite la injerencia en la soberanía de otros países. La «responsabilidad de proteger» es una excepción a ese derecho vigente, siempre que exista la posibilidad de una masacre sobre la población se puede hacer uso de la fuerza militar internacional.

Hay opositores que defienden la intervención internacional, creen que la dimensión del conflicto es de catástrofe humanitaria. Pero nos guste o no, en estos momentos no es viable que el Consejo de Seguridad de la ONU autorice una intervención en Venezuela como la de Libia en marzo de 2011.

En el caso de Libia y la primavera árabe, una masacre se cernía sobre la población y ante la tragedia que se avecinaba la comunidad internacional tomó cartas en el asunto, se aprobó con la abstención de Rusia y China, la resolución 1973/11 que bajo el principio de la «responsabilidad de proteger» a los civiles, autorizaba el uso de la fuerza para imponer una zona de exclusión aérea. Dos días después, Francia, Reino Unido y EE.UU comenzaban la ofensiva militar, de la que luego la OTAN asumiría el mando.

En el caso de Venezuela, China y Rusia, países con derecho a veto, no están dispuestos a la intervención. Consideran que se trata de una situación interna que no afecta a la paz y seguridad internacional. Después de la intervención en Libia, la «responsabilidad de proteger» cayó en descrédito; de hecho, no pudo aplicarse a Siria, donde la guerra se ha prolongado durante años.

El problema es cómo legitimar una acción militar para que no sea simplemente un cambio de régimen. Otra cuestión sería una acción unilateral, como las que lideró EEUU en el pasado, como en la invasión de Irak, un año y medio después del 11-S, sin la autorización del Consejo de la ONU.

Una y otra vez Donald Trump reitera que los EEUU no descarta una intervención militar en Venezuela; de momento la presión la ejerce a través de sanciones económicas y por la vía diplomática. El régimen chavista no está ni molesto con estas acciones, Maduro sabe perfectamente que una intervención militar estadounidense generaría un rechazo masivo de todo el mundo. Además, el costo y los riesgos de una invasión serían enormes para los países vecinos, como Brasil y Colombia, ante una previsible migración masiva.

Lo más probable es que el propio entorno de Maduro opte por desplazarlo del poder cuando las presiones sean insostenibles. De ahí el aumento de las sanciones, que ya incluye a familiares de los funcionarios, retirada de las visas y congelación de fondos. Además a partir de abril se sentirán en Venezuela las consecuencias de las sanciones impuestas por Washington al negocio petrolero, cerrando la fuente de ingresos del país que vendía el 90% de su factura de crudo a la potencia del norte.

Así que el cambio en Venezuela no será rápido, ni tampoco es inminente. Seguiremos mirando sin meternos en el patio trasero de EEUU, pero: ¿estamos preparados para el mayor éxodo de América Latina en los últimos 100 años?