Al poco tiempo desde que se recuperó «la democracia», en 1990, los nuevos gobernantes comenzaron a argumentar que la mayor parte de los cambios prometidos antes de la elección presidencial de fines de 1989 no se podían hacer, porque lo impedían los amarres que había dejado la Constitución de Pinochet, la que no se podía modificar sin el acuerdo de la derecha «pinochetista», porque requería del voto favorable de los 3/5 de los miembros del Congreso Nacional.

En consecuencia, por culpa del empedrado no se podían hacer los cambios económico-sociales que se habían prometido. Culpar a la Constitución de lo que no se podía hacer, tenía enorme publicidad en los medios de comunicación, puesto que este pretexto le servía tanto a la derecha que no deseaba grandes cambios, como a la Concertación gobernante, que no quería hacerlos.

Si bien es cierto que las leyes institucionales o de carácter político, como el sistema electoral binominal, la ley orgánica de la Fuerzas Armadas, del Tribunal Constitucional, de los Tribunales de Justicia, etc. no se pueden modificar sino se cuenta con el voto favorable de los 4/7 de diputados y senadores en ejercicio, ello no es cierto con todas las leyes que tienen que ver cambios económicos, tributarios, laborales, sociales, medioambientales, etc…, porque todas esas leyes no requieren de un quorum especial, y se aprueban por mayoría simple.

Los cambios socioeconómicos que Chile necesitaba al terminar la dictadura no dejaron de hacerse por culpa de los amarres de la Constitución, sino por falta de voluntad política de los gobernantes que hemos tenido desde 1990.

Pero yendo más al fondo del asunto, voluntad política siempre ha existido, pero esa voluntad política no es la de nuestros gobernantes, sino la de los grandes grupos financieros internacionales y nacionales, que le han impuesto sus políticas a los gobiernos de la Concertación, y con mayor razón, al actual gobierno de la derecha, lo que queda en evidencia en una serie de medidas que se tomaron a partir de 1990, sin que la Constitución tuviera nada que ver.

Al terminar Pinochet, el 90% de la producción del cobre estaba en manos del Estado, hoy solo menos de un tercio lo produce Codelco, la empresa nacionalizada por el presidente Allende en 1971. Este descalabro lo hizo la Concertación sin que la Constitución haya tenido algo que ver en esta desnacionalización. Por el contrario, Pinochet dejó vigente en la Constitución de 1980, en la Disposición Tercera Transitoria, la Nacionalización de la Gran Minería del Presidente Allende (Disposición 17° Transitoria de la Constitución de 1925). Y estas mineras extranjeras, hasta el año 2003, no tributaron absolutamente nada en Chile, y se llevaron cerca de 30 millones de toneladas de cobre, sin contar el oro, la plata, el molibdeno, el renio, el cobalto, etc. Y en la actualidad más de la mitad de estas empresas mineras siguen sin pagar impuestos.

Es más, el litio que Pinochet reservó al Estado, la presidenta Bachelet (dizque socialista), en los años 2016 y 2018, le entregó la explotación del litio a empresas extranjeras.

Al terminar Pinochet, un tercio de la generación eléctrica estaba en manos del Estado, con empresas como Colbún, Edelnor, Edelaysen, Termoeléctrica Tocopilla, Termoeléctrica Cachapoal, pero fueron privatizadas por la Concertación. Esto no lo impuso la Constitución, pero si lo exigieron y lo impusieron las transnacionales, así como impusieron la privatización todas las empresas sanitarias y de los puertos pertenecían y administraba el Estado. La Concertación realizó estas privatizaciones con el apoyo de la derecha, y nada tiene que ver en ello los amarres de la Constitución, sino que se impusieron por «la voluntad política» de las transnacionales.

En 1990 las AFP eran casi todas chilenas y Pinochet solo permitía invertir el 10% de los fondos de pensiones en el extranjero, y gracias a ello la rentabilidad de esos fondos eran muy superiores a los de la actualidad. Mediante diversas leyes, la Concertación con el apoyo entusiasta de la derecha, autorizó a aumentar el porcentaje invertido en el extranjero hasta alcanzar el 80% de los fondos y su rentabilida ha caído a menos de la mitad del tiempo de la dictadura. El 2008, la presidenta Bachelet, eximió del pago del IVA a las AFP y les aumentó la comisión, es decir les mejoró el negocio. Un pensionado debe pagar 19% de IVA al comprar pan, las AFP también pagan IVA por todo lo que compran, pero el Estado les devuelve el IVA. Puede parecer increíble que a las AFP se les devuelva el IVA, pero esa ley, la 20.255 de 2008, así lo establece. ¿Es culpa de la Constitución? No, son las transnacionales financieras que impusieron su voluntad.

En 1990, las universidades privadas no recibían créditos del Estado, ni los estudiantes créditos con aval del Estado, hoy estas universidades se han expandido y proliferado, gracias a los créditos del Estado para poder estudiar en ellas, y también se ha impulsado a las universidades del Estado a privatizar parte sus actividades para poder subsistir. Es decir, en los gobiernos de la Concertación se ha privilegiado descaradamente la educación privada (la industria de la educación, como la ha llamado el actual presidente Sebastián Piñera), pero en ello para nada ha tenido culpa la Constitución, porque todo se hizo mediante leyes ordinarias sin quorum específico. La Constitución no impide la desmunicipalización de la educación básica y media, y tampoco impide que la educación técnica o universitaria sea gratuita en los establecimientos del Estado. Para lograrlo basta con una ley ordinaria, y la Concertación siempre tuvo mayoría para hacerlo, y no es la Constitución que lo ha impedido.

La Constitución tampoco impide efectuar una verdadera reforma tributaria, y precisamente por esa razón la Concertación hizo numerosas modificaciones que favorecen a los ricos con exenciones de impuestos, mientras que e hizo otras que perjudican al pueblo como fue aumentar el IVA de 16% en el tiempo de Pinochet, a 18% con el presidente Alywin en 1990 «transitoriamente», y aumentó a 19% también transitoriamente el año 2003, con el presidente Lagos. Las leyes tributarias son ordinarias, no requieren quórum, pero son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y la Concertación tuvo 4 presidentes para hacer todos los cambios tributarios que eran necesarios. Entonces, la voluntad política: ¿Quién la impone? La Constitución no es.

Igualmente las leyes laborales son de quorum simple pero de iniciativa presidencial, por lo que los presidentes de la Concertación pudieron restablecer el derecho de huelga que hoy no existe, bajar la semana de trabajo a 39 hrs. (en Europa es de 35 hrs. e incluso menos), se pudo haber establecido que los trabajadores contratistas reciban el mismo salario que los trabajadores de las empresas mandantes, como en Europa. Se pudo haber establecido le negociación colectiva por rama o sector, etc. Teniendo mayoría para hacerlo dichas reformas no se hicieron.

Desde hace casi un siglo y hasta mediado de los años noventa, en las faenas mineras solo se podía trabajar por turnos de 8 horas diarias. Ahora se trabajan en turnos de 12 horas con gran daño para la salud de estos trabajadores, gracias a que la Concertación lo autorizó a través de la Dirección del Trabajo. No se le puede echar la culpa a la Constitución de lo que no se quiso hacer en materia laboral, porque estas leyes son ordinarias.

Las transnacionales hicieron muchos intentos por privatizar Codelco y Enap, pero la Concertación no se atrevió a hacerlo porque se requería los 3/5 del Congreso para modificar la Constitución. Además, estas privatizaciones habrían sido vergonzosas puesto que Pinochet dejó vigente la Nacionalización en la Constitución, es decir Codelco, y prohibió la concesión de los hidrocarburos, que solo el Estado a través de Enap puede explotar. Entonces fue precisamente la Constitución la que nos salvó que la Concertación privatizara Codelco y Enap.

Podríamos seguir nombrando una serie de otras medidas tomadas desde 1990, con la recuperación de la democracia, pero si pudiéramos resumirlas se trata de lo siguiente: Las transnacionales y los organismos internacionales que están bajo su mando como el FMI, Banco Mundial, OCDE, han impuesto su voluntad política a nuestros gobernantes. Se hace lo que ellos ordenan o permiten, pero no es la Constitución que lo ha impuesto. No son los amarres de la Constitución los que impiden los cambios que el país necesita, ni siquiera son los amarres ideológicos o el famoso modelo, se trata simplemente de amarres dinerarios, corruptivos.