El año 2019 abrió con muchas expectativas e interrogantes para América Latina. Apenas a inicios de diciembre del 2018 tomó posesión en México Andrés Manuel López Obrador y, un mes exacto después, Jair Bolsonaro en Brasil. Las antípodas del espectro de los recién llegados al panorama gubernamental latinoamericano en un año de definiciones para la región. ¿O no?

La característica principal de ambos gobiernos es que no son continuidad de quienes los precedieron en las últimas décadas, pero más allá de este rasgo común, ellos guardan grandes diferencias entre sí. Se trata de los dos países más grandes de la región, donde habitan más del 53% de los 650 millones del total de la población total:. Brasil con sus 210 millones encabeza esa lista seguido de México con 130 millones.

La orientación de estos cambios evidencia la profundidad de la crisis que recorre la región. La opción por este tipo de políticas, que han estado fuera del poder en los últimos tiempos, evidencia un hartazgo y frustración generalizada de los pueblos y un castigo a las políticas y políticos tradicionales. Otro dato significativo, aunque paradójico, es que las Iglesias evangélicas tuvieron un rol muy importante en ambos países, a pesar de las diferencias que guardan los presidentes electos a los que apoyaron.

Los próximos años indicarán si algunas de las características de estos gobiernos se expande por el resto de la geografía latinoamericana o si estas experiencias –tan disímiles entre sí- solo son una circunstancia temporaria y vuelven los sistemas tradicionales o si ellos son la punta del iceberg de una crisis cuya evolución nos puede conducir por caminos hoy difíciles de imaginar.

Y en comienzo de este 2019 nos encontramos que en la región vuelven la misoginia, el anticomunismo, el racismo, la xenofobia, el desprecio de lo popular, la criminalización de los movimientos sociales, el proimperialismo y la entrega de los recursos naturales a las megaempresas trasnacionales. Sobre las experiencias del ciclo progresista y de la agresiva restauración de las burguesías conservadoras, el 2019 es propenso para repensar sobre el poder y el futuro social en nuestra América Latina.

Así estamos

De acuerdo con el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2018 la región cerró el año con un crecimiento promedio de apenas el 1,2%; pero según sus proyecciones, en 2019 sólo crecerá en 1,7% y la dinámica del crecimiento económico igualmente se desacelerará en los próximos años, al igual que en los países desarrollados.

América Central (excluido México) se estima que crecerá al 3,3%, el Caribe 2,1% (Cuba al 1,0%) y América del Sur 1,4%. Entre los países, Dominica al 9,0%, República Dominicana 5,7%, Panamá 5,6%, Antigua y Barbuda 4,7%, Guyana 4,6%, mientras Brasil al 2,0% y México 2,1%, aunque en caída. El crecimiento negativo de Argentina será del 1,8%, pero en Venezuela -10,0% y Nicaragua -2,0%, lo que obliga a estudiar críticamente el rumbo de estos procesos identificados con la izquierda.

El caso de Ecuador parece singular: a pesar de la recesión de años anteriores, logró crecer al 2,4% en 2017, por las políticas económicas que administró Rafael Correa hasta el fin de su gobierno en mayo, pero será del 1,0% en 2018 y se proyecta una leve reducción al 0,9% en 2019.

El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) deja entrever que el gobierno de Lenin Moreno tiene la responsabilidad en esta conducción económica y en la desaceleración, una vez que debilitó conscientemente las políticas fiscales, bajo el supuesto teórico de que el achicamiento del Estado, el perdón de deudas fiscales y la remisión de impuestos hasta por 20 años, con incentivos para la inversión privada.

La Cepal insiste en las políticas públicas; el fortalecimiento del activo papel de las políticas fiscales para los ingresos e inversiones; el control estatal sobre la elusión y evasión tributaria, así como sobre los flujos financieros ilícitos (como los que van a paraísos fiscales, cabe anotar); recalca la necesidad de los impuestos directos, así como los de tipo saludable y verdes; la reorientación de la inversión pública a proyectos de impacto sobre el desarrollo sostenible, la reconversión productiva, nuevas tecnologías e inversión verde.

Asimismo, apunta a que se resguarde el gasto o inversión social; y hasta el cuidado sobre la deuda pública, sujeta hoy a la incertidumbre de costos y niveles.

Según Cepal, apenas Bolivia demuestra eficacia y superiores resultados sociales, por cuanto el gobierno de Evo Morales acabó con el neoliberalismo y la mitología proempresarial y llevó adelante las políticas y regulaciones públicas coincidentes con la línea de pensamiento cepalino.

El motor de su crecimiento ha sido la inversión pública, además de que mantuvo e incrementó la inversión social, que mejoró las condiciones de vida y de trabajo nacionales, por lo cual en 2018 creció al 4.4% y se espera que en el 2019 seguirá igual dinamismo.

Pero los aires vienen cambiando y de la mano de los gobiernos de derecha política y definición empresarial, que hoy predominan en América Latina, las burguesías latinoamericanas cada vez están más agresivas. No bastó su triunfo electoral sobre el ciclo progresista, ni la persecución o la judicialización de la política, utilizadas contra los partidarios de aquellos regímenes.

Las elites económico-financieras, el poder fáctico en muchos de nuestros países, están dispuestas a la subordinación total del Estado, a fin de que garantice sus negocios en el largo plazo, sin importar la soberanía nacional, la precarización de las condiciones laborales, la situación ruinosa de la mayoría de la población, el deterioro de los servicios públicos o el futuro de la sociedad.

Contrariando la mitología proempresarial, en Argentina la pobreza ha aumentado y las condiciones de vida y de trabajo han empeorado; y en Brasil se han extendido las flexibilizaciones laborales que reviven condiciones similares a las del siglo XIX y es previsible una situación peor desde 2019, de la mano de los más perversos antivalores en el poder:

Bolsonaro desata los demonios

Bolsonaro llega para hacer tratar de liderar en la región la batalla contra los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela, en mancuerna con Iván Duque de Colombia, Mauricio Macri en Argentina, Sebastián Piñera en Chile.

Hay que destacar la responsabilidad de los gobiernos precedentes para que esta oleada conservadora avance en nuestra región: es bueno recordar el modo que los gobiernos autodefinidos como populares abrieron estas posibilidades, al no haber ido a fondo en las medidas contra el tradicional poder económico, ni construido el necesario poder del pueblo organizado.

Su abierta defensa del golpe militar de 1964, su oposición a los nuevos derechos de diferentes minorías, va a contramano de lo que venía ocurriendo en la región. Su proclamado nacionalismo reaccionario está más cerca de gobiernos semejantes de Europa (Austria, Hungría, Polonia) que de los nacionalismos populares conocidos en la región, como el peronismo argentino o los gobiernos de Getulio Vargas, Leonel Brizola o João Goulart, en el propio Brasil.

Bolsonaro, ratificando su línea de acción, designó a 7 militares en su gabinete de 22 ministros y su vicepresidente es militar. La desvalorización de las mujeres se ratifica en el hecho que, en ese gabinete, hay solo dos féminas. Todos los aspectos económicos, centralizados en un solo ministerio, estarán a cargo de Paulo Guedes, un liberal que forma parte de los Chicago Boys. De este modo el pensamiento monetarista y privatizador que, desde Augusto Pinochet se ha instalado en Chile, ahora se extendió al poderoso Brasil.

Transita por un carril parecido su propuesta educativa, conducida por un filósofo de la derecha que aspira a una Ley Educativa entre cuyas normas figuraría la posibilidad que los estudiantes graben a sus profesores, para que sus familias sepan lo que están enseñando y eviten la «propaganda comunista». El nuevo canciller es un admirador de Donald Trump y ya adelantó su relación privilegiada con EE.UU e Israel.

Así pinta el gobierno sostenido por terratenientes y militares. Sus principales problemas los tendrá con los trabajadores organizados en la CUT, los campesinos del Movimiento Sin Tierra, las mujeres, las minorías cuyos nuevos derechos van siendo avasallados, los pobres de las grandes ciudades y los estudiantes. No hay que olvidar que un tercio de los gobernadores provienen de fuerzas de izquierda.

Bolsonaro lo dejó claro desde antes de asumir la presidencia, y entre los aspectos simbólicos de su toma de posesión estuvo la presencia del secretario de estado de Estados Unidos (y exjefe de la CIA), Mike Pompeo, quien eufórico coordina el accionar visitando a Duque inmediatamente después de la toma de posesión.

Es más, sin que nadie lo conminara, habló de la posibilidad de instalar bases estadounidenses en territorios indígenas de la Amazonia. En sus palabras deslizó variadas equivocaciones -como pensar que las bases pueden funcionar sin asentamiento territorial, equipamiento de combustible, líneas de abastecimientos varios y sistemas de información satelital altamente desarrollados e ignorar que una vez que una base estadounidense se instala en un país es casi imposible hacer que se retire.

«Estamos preocupados con nuestra seguridad, nuestra soberanía, y tengo al pueblo norteamericano como amigo (...), la cuestión física [o sea, la ubicación territorial de la base] puede ser hasta simbólica. Hoy en día, el poderío de las fuerzas armadas norteamericanas, chinas, soviéticas [atención: ¡dijo soviéticos y no rusas!], alcanza el mundo todo independientemente de las bases».

Olvidó que la normativa que suele imponer Washington para «legalizar» la presencia de sus bases significa un radical recorte de la soberanía nacional porque ningún cargamento que entre o salga de su base puede ser inspeccionado por las autoridades del país anfitrión y cualquier delito cometido por sus tropas sólo podrá ser juzgado en los tribunales estadounidenses, lo que quedó estipulado en el tratado Uribe-Obama que se firmó para dotar de siete bases militares en Colombia. Lo mismo ocurrirá en el caso brasileño.

Quizá Bolsonaro no sepa que tanto Japón como Alemania hace décadas que vienen insistiendo en acabar con la presencia de algunas bases en sus territorios sin resultado.

Durante los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff , Washington insistió (sin lograrlo) en instalar una base en Alcántara, en el estratégico extremo del promontorio nordestino, el punto más próximo entre América y África. Y dada la campaña de Donald Trump para utilizar a Colombia, Brasil y Argentina para acosar a Venezuela, la eventual base podría establecerse en la frontera noramazónica para, desde allí, lanzar incursiones militares contra el gobierno bolivariano.

Entrando ya en el terreno especulativo, quizá a EEUU se le concedan dos o tres bases y no sólo una (la tercera sería en la estratégica triple frontera con Argentina y Paraguay, sobre el Acuífero Guaraní), teniendo en cuenta la mentalidad de guerra fría de Bolsonaro, todavía preocupado por la proyección del «poderío soviético» y sus efectos sobre el Brasil.

Y acá cabe destacar que la actitud del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, al obligar al Pentágono a abandonar la base de Manta, fue una verdadera hazaña, que quizá ahora su sucesor, Lenín Moreno, la devuelva a los estadounidenses.

Tan lejos de Dios, tan cerca de EEUU

La política exterior mexicana no se avizora comprometida ni en una ni en otra dirección, aunque ya se desmarcó de las radicales posiciones del Grupo de Lima contra Venezuela. Nadie espera ver a Marcelo Erbrard, el flamante canciller mexicano, quebrando lanzas por ninguno de estos tres países, pero con el solo hecho de no ser propulsor de intervenciones, bloqueos, sanciones y persecución internacional contra alguno de ellos ya es mucho decir.

En México triunfó un candidato progresista, a contramano de la tendencia predominante en la región, y trajo un aire fresco al denso clima que se vive en ese país. A los tradicionales problemas que debe enfrentar esta región se le agrega la violencia del narcotráfico que desangra a esa sociedad. Detalles de la asunción de López Obrador lo colocan en una dirección opuesta a la de Bolsonaro. Exactamente, la mitad de su gabinete está integrado por mujeres.

En el ritual por el cual asumió la presidencia se arrodilló frente a un médico indígena, como un reconocimiento a la dignidad de su historia y valor de su conocimiento. Todo lo cual contradice al pensamiento de Bolsonaro quien sostuvo que los indígenas de su país «no viven en el Brasil de verdad», reavivando la idea colonizadora de «integrarlos» a una cultura que no es la propia. No obstante, el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) de raigambre indígena, calificó al nuevo gobierno como «loco» y «mañoso».

El otro aspecto notoriamente diferenciador tiene que ver con el petróleo. En Brasil se debate acerca de los alcances de la privatización de Petrobras, mientras en México el gobierno coloca uno de los ejes del futuro en la recuperación de la petrolera Pemex, que bajó su producción a la mitad de la que tenía en 2004 y suma una deuda financiera de 105 miles de millones de dólares. El gobierno aspira revitalizar esa actividad, llevándola a 2,6 millones de barriles en el 2024.

Quiere poner fin a la corrupción reinante en el sector donde funciona una especie de Pemex Paralela. López Obrador se niega a denunciar a los directivos de Pemex hasta que no se haya resuelto en Consulta Popular si se puede investigar por corrupción a los Jefes de Estado. Piensa que la dimensión de lo eventualmente robado no se pudo realizar sin la aprobación presidencial y que no tiene sentido acusar solamente a quienes son los chivos expiatorios.

Migraciones y modelo

América Latina nunca había vivido como ahora una crisis relacionadas con las migraciones forzadas, entre las que la l prensa hegemónica destaca (ocultando otras) los desplazamientos de poblaciones centroamericanas hacia EEUU y de venezolanos y haitianos hacia casi todos las naciones sudamericanas. Ya es un tema político candente que tiende a profundizarse en el futuro inmediato.

Las migraciones transfronterizas suelen ocultar los desplazamientos internos en los países, que abarcan una población sensiblemente superior, probablemente el doble que las migraciones entre naciones, señala un estudio del brasileño Instituto Igarapé. Aun cuando Brasil recibe refugiados de unas 80 nacionalidades, las migraciones internas son –mediáticamente– prácticamente invisibles.

Entre 2000 y 2017 fueron desplazadas casi nueve millones de personas (5% de la población total brasileña) a causa del modelo hegemónico de acumulación por desposesión y sus consecuencias: 72%, 6,4 millones, a raíz de desastres naturales o por acción humana: inundaciones, desbordes de cauces, tempestades, degradaciones de largo plazo, como erosiones y sequías que "afectan sobre todo a las áreas periféricas y económicamente desfavorecidas".

Los proyectos de desarrollo (Mundial de fútbol, Olimpíadas) desplazaron 1,2 millones de personas, por la ampliación de aeropuertos, carreteras y líneas del Metro. También deben considerarse las obras desarrollistas, como puertos, autopistas, infraestructura para energía eléctrica y minería, las obras de urbanización y saneamiento (extractivismo urbano). Otra causa de desplazamiento forzado es la violencia rural y urbana (agentes del Estado, bandas criminales en defensa de terratenientes ante campesinos sin tierra) , que llevó a que 1,1 millones de personas se vieran forzadas a abandonar sus viviendas.

En algunas regiones especialmente sensibles, como Amazonas y Acre, territorios de expansión del extractivismo, los desplazamientos forzosos alcanzaron 26 y 16% de la población, que tiene frontera con Perú, Colombia o Venezuela. Casi 6 millones de desplazados lo fueron por inundaciones y desbordes de ríos, lo que muestra hasta qué punto el cambio climático se está convirtiendo en caos climático, que afecta siempre a los más pobres, negros y pueblos originarios del continente.

El informe del Instituto Igarapé, no hay (ni con los gobiernos del PT ni ahora co la ultradercha) ninguna respuesta oficial, ni órgano encargado de recoger datos y acompañar a las víctimas de migraciones forzadas, ni políticas públicas de protección o compensatorias.

Las migraciones son consecuencia de un modelo que los zapatistas (que cumplieron 25 desde el levantamiento de 1994) han bautizado como cuarta guerra mundial. Basta con mirar quiénes son los afectados para descubrir quiénes son los perpetradores: el 1 por ciento que se beneficia con las grandes obras de infraestructura, con la especulación inmobiliaria y todos aquellos emprendimientos que provocan el cambio/caos climático, señala Raúl Zibechi.

Mientras, el nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha planteado una política de prudencia y no confrontación con EEUU y de cara a la crisis migratoria desatada por la llegada de miles de hondureños en tránsito hacia el vecino del norte en busca de asilo, el propuso a Donald Trump un programa de inversión semejante al Plan Marshall para la reconstrucción de Europa devastada tras la Segunda Guerra Mundial.

El programa se basa en cuatro ejes: migración, comercio, desarrollo económico y seguridad, y pretende aplicarse en estados del sur-sureste de México y el llamado triángulo del norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala). Buscando limar la violencia estructural del capitalismo actual (son desplazamientos forzados por el terror criminal/estatal), México anunció que destinará en los próximos cinco años 25 mil millones de dólares con la finalidad de crear una "zona de prosperidad".

Año electoral

Las expectativas se deben, también, al hecho que el 2019 será un año electoral. Irán a las urnas los argentinos, los salvadoreños, los uruguayos y los panameños, con grandes incertidumbre sobre el futuro en Argentina y Uruguay.

En Argentina y por ahora, Mauricio Macri va por la reelección, y aparentemente la única con posibilidades de derrotarlo, Cristina Fernández, aún no se decide a ser candidata. Tampoco una victoria de Cristina es segura y en las encuestas de principio de año, aparece superando a Macri en la primera vuelta y viéndolas difícil en la segunda. Su retorno a la presidencia de la Argentina daría un respiro en medio de la ola de derecha que cubre al continente.

En Uruguay tampoco están nada claras las cosas. Después de tres períodos seguidos en el gobierno, el centroizquierdista Frente Amplio sufre un desgaste no solo por el ejercicio del poder sino, también, por contradicciones internas que, en esencia, se reducen a la gran incógnita que corroe a los partidos y alianzas progresistas o de izquierda que han gobernado los últimos 15 años en América Latina: ¿hay que radicalizar hacia la izquierda el proceso o seguir marcando el paso y haciéndole la faena a un capitalismo «con rostro humano»?

Panamá y El Salvador tienen realidades internas distintas, pero en una región en la que hay rasgos y tendencias comunes, la primera de las cuales es el estar ubicados en el patio trasero de los Estados Unidos. Ambos han sido objeto de regaños contundentes y públicos por parte de la administración Trump por haberse aventurado más de lo permitido en sus respectivas relaciones con China.

Panamá ha sido, desde su invento como república en los albores del siglo XX (cuando EEUU logró separarla de Colombia), un alfil en el campo de los intereses de Washington. La ampliación del Canal, la posible apertura del Tapón del Darién y su condición de plaza financiera internacional lo convierte en un joya de la corona que EEUU no está dispuesto a compartir con una China que quiere hacer de ella un centro de irradiación en la región.

En El Salvador seguramente el Frente Farabundo Martí será desplazado después de dos administraciones seguidas y la presidencia queda en manos de un disidente de sus propias filas, con las que el Frente rompió destempladamente cuando ya se perfilaba como su candidato, Nayib Bukele.

El Salvador es un país cuya economía, al igual que las de los otros dos países del Triángulo Norte centroamericano, depende en buena medida de las remesas que envíe la gente que expulsa masiva y continuamente hacia el norte. Esta situación, que marca no solo la economía sino, en general, toda la vida del país, inclusive su identidad nacional, es muy difícil de modificar.

No cabe duda que el 2019 es una año que abre con muchas expectativas: con un arriba nervioso y un abajo que se mueve, parafraseando a Mario Benedertti (aunque él hablaba del 1969).

Inestabilidad neoliberal

El neoliberalismo no sabe gobernar ni siquiera bajo sus propias premisas. Estabilidad, confianza, certidumbre y eficiencia son sus promesas, pero no las cumplen. Los casos de Argentina, Perú, Brasil, Chile, México y Colombia lo confirman: no logran tener economías eficientes y lograr acelerar la enorme desigualdad social, quizá con libretos perimidos ante la fuerte restricción externa .

En Argentina el gobierno de Mauricio Macri logró llevar la inflación al 45% y una contracción económica del 2% en 2018. La liberalización cambiaria provocó una devaluación de peso que pasó en sus tres años de gobierno de una cotización de 9,50 por dólar hasta casi 40, la prometida inversión extranjera jamás llegó y los recursos obtenidos fueron gracias a una deuda externa con el mundo financiero y aportes del Fondo Monetario Internacional (UFMI).

El FMI impone más ajuste: más recortes sociales, menos salarios, provocando así que la demanda interna pierda toda su fuerza como motor económico, mientras la industria se desmorona, la balanza comercial es cada día más deficitaria gtras la liberalización de las importaciones. Lo que llevó el neoliberalismo a la Argentina fue incertidumbre, hambre, desempleo, marginalización y desconfianza, con su correlato de inestabilidad social.

Brasil es otro ejemplo: su economía no crece, el real se devalúa, el país se ha militarizado para frenar la protesta. En Perú, con una macroeconomía estable, el sistema político y judicial de 26 años de neoliberalismo hace aguas por todas partes, con cuatro expresidentes acusados de corrupción y otro por corrupción y genocidio, un aparato judicial putrefacto, 40% de pobreza extrema.

Colombia, desindustrializada progresivamente, con estructuras de poder sumidas en la corrupción, con productividad muy baja, sin demanda interna que logre generar crecimiento sostenido, con siete millones de desplazados internos, con indicadores sociales propios de países en guerra, donde se sigue asesinando a líderes sociales, indígenas, campesinos, mientras una pequeña élite, el poder fáctico, extraña la guerra interna, que tan buenos dividendos le diera por seis décadas.

Mucho se ha promocionado por los medios hegemónicos el “milagro económico” de Chile, pero la realidad es que su economía que no despega, y en medio de continuos paros nacionales por parte de una gran diversidad de sectores, el país tampoco muestra un marco de estabilidad.

Y, en este marco, no se puede olvidar a México, donde el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador debe atender un país donde el neoliberalismo ha hecho que la economía siga estancada, con alta inflación, fuertemente endeudado, con un sector petrolero venido a menos luego de las últimas reformas, y con pobreza y desigualdad de carácter estructural que suponen un freno a cualquier intento de reactivación económica.

Lo cierto es que si las agencias de calificación de riesgo hicieran bien su trabajo, desde criterios estrictamente ortodoxos, les daría a todos ellos una nota muy negativa. La verdadera experticia del neoliberalismo es comunicar lo que no sabe hacer. Ni estabiliza; ni da certeza ni confianza; y tampoco logra consolidar economías eficientes, señala Serano Mancilla en un análisis del año que pasó.

Colofón

Si uno fuera creyente, le tocaría rezar. Lo obvio pareciera ser la necesaria reconstrucción del espacio político del progresismo y las izquierdas, comenzando por el trabajo en los sectores populares, sin pensar en ellos como simples electores, junto a un trabajo ideológico y cultural permanente, que contrarreste el pensamiento hegemónico de las derechas.

Pero estos sectores parecen estar cómodos en la resistencia, la denunciología permanente, sin darse tiempo ni tomarse el trabajo de construir futuro y proyectos inclusivos de desarrollo, con nuevo pensamiento crítico, rearmando el tejido social, desalambrando la lucha popular (hoy fragmentada en pequeños minifundios).

Siempre es más fácil denunciar que construir, porque la construcción lleva trabajo, tiempo, se hace hombro con hombro, desde abajo. Lo único que se construye desde arriba, es un pozo.