Costa Rica tiene una evolución política institucional, desde su Independencia de España, en 1821, que dista mucho del conjunto de países que le rodean, centroamericanos como latinoamericanos y del Caribe. Al momento de Declarar su Independencia, 29 de octubre de 1821, quedó en el Gobierno, como Jefe Político Interino, el ultimo Gobernador colonial, mientras el Acta de Independencia se sometía a Jura por los pueblos que habían enviado delegados para proclamarla.

El 12 de noviembre de 1821 los ciudadanos de San José y de Alajuela desconocieron esa administración interina y procedieron a instalar la primera Junta de Legados de los Pueblos, iniciando la historia de los gobiernos independientes de Costa Rica, hasta que en 1824 se organizó el Estado de Costa Rica, con la estructura de los tres Poderes Públicos.

Durante este primer período, bajo el período de las Juntas, se dieron trece presidencias, algunas por período muy cortos otras por períodos relativamente largos en esos años.

Los dos primeros en asumir la Presidencia fueron Presbíteros, y el último de estos también. Sacerdotes inteligentes, que estaban obviamente identificados con la Independencia proclamada, de lo contrario no hubieran formado parte de los gobiernos independentistas.

Establecida la constitución del Estado, a partir del 8 de setiembre de 1824 y hasta el 31 de agosto de 1848 funcionó la organización política del Estado de Costa Rica, durante un período hasta 1838, y luego durante 1842 formó parte de la República Federal de Centroamérica.

Con el Estado surgieron y se desarrollaron los tres Poderes Públicos clásicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hasta hoy existentes. En 1949 se añadió con rango de Poder de Estado al Tribunal Supremo de Elecciones, que es el órgano que desde entonces dirige, organiza, administra y declara los resultados electorales, y que durante los procesos electorales también dirige la Fuerza Pública del país.

Con el nacimiento del Estado empezaron a desarrollarse las clases sociales y los grupos económicos, en la medida que la economía iba expandiéndose y desarrollándose, lo que provocó una lucha intensa por el Poder, que se expresó en doce constituciones políticas entre 1821 y 1871, y más de sesenta conflictos internos y externos.

Durante estos años se fueron desarrollando las libertades públicas y derechos ciudadanos, como eje de estas constituciones y como base de la fortaleza de la sociedad democrática que se iba forjando.

Durante el período del Estado, 1824-1848, hubo 17 ejercicios de gobierno, unos cortos y otros largos. El primero de ellos, desde 1824 hasta 1833 lo ejerció un educador, marcando desde entonces una presencia civil en la dirección de los asuntos públicos. Peso importante también desempeñaron los abogados en ejercicio del gobierno desde los primeros Gobiernos que se fueron dando. Así, con educadores y abogados en el ejercicio de Poder, y de los Poderes Públicos, se forjó desde sus inicios la esencia de la democracia costarricense.

Con la República desde 1848 hasta el gobierno del 2014 incluido, ha habido 61 Gobiernos, y desde la Segunda República en 1949 ha habido 17, de manera que el próximo Presidente será el 18 de la Segunda República y el 62 de la República.

El Ejército, heredado de las milicias coloniales, apenas se organizó en la década de 1830 alcanzando su máximo esplendor durante la Guerra Nacional y Centroamericana contra la invasión filibustera norteamericana, de 1856-1857.

Los militares, a diferencia de otras regiones no dominaron directamente las esferas del Poder Público. Su período de mayor presencia en el Estado, en este sentido, sin que llegaran a dominar directamente, fue durante los años 1859 – 1869, cuando se sometió el Ejército al poder civil, así establecido luego en el Código Militar de 1871. A partir de este momento se debilitó poco a poco en su estructura financiera, para dar paso al fortalecimiento de la educación pública, declarada, en 1869, obligatoria, gratuita y costeada por el Estado para la primaria escolar.

En 1878 se dejó de aplicar la Pena de Muerte, en 1882 se abolió declarándose desde entonces inviolable la vida humana.

Los códigos que empezaron a desarrollarse a partir de 1852, y los que surgieron entre 1882 y 1888, tuvieron una larga vida que llegó hasta la segunda mitad del siglo XX, uno de ellos, con reformas importantes, aún sigue vigente, el Código Civil de 1888.

En este período liberal 1870 - 1890 se construyó una sociedad nacional claramente secular, no laica del todo, pero sí fuertemente secular, donde la separación de la Iglesia y el Estado estaba bien delimitada a pesar que desde la primera Constitución de 1821 se ha mantenido la religión católica como la religión del Estado costarricense, con lo que ello conlleva y el apoyo que el Estado le da a la Iglesia Católica.

La inserción en las relaciones internacionales y el comercio con Europa y Estados Unidos le produjo al país el impacto de la modernización que empezó a darse en la segunda mitad del siglo XIX, entre otros aspectos, con el desarrollo de la electricidad, y la iluminación de la ciudad capital en 1884, una de las primeras del mundo en alumbrado público.

Desde los gobiernos del General Tomás Guardia, a partir de 1870 hasta 1882, se empezó a distribuir, con más fuerza, el poder interno, fortaleciéndose para ello el régimen municipal, y dándole más estabilidad a la lucha central por el poder político nacional, disminuyendo, en este sentido, la conflictividad interna. En su defecto se fortaleció el régimen electoral, y a partir de 1890 se logró una estabilidad de períodos de gobierno de cuatro años, apenas interrumpida durante 1917-1919 y durante 1948-1949. Igualmente desde 1890 se estableció el sistema de partidos políticos que hoy tiene el país, y desde entonces solo mediante los partidos políticos se puede aspirar a ejercer cargos de elección popular.

El sistema electoral igualmente evolucionó del siglo XIX, que era excluyente, elitesco y censitario, al voto directo, 1913, al voto secreto 1924 y al voto universal, reconociendo el voto de la mujer en 1949, y al voto de los jóvenes, mayores de 18 años, a partir de 1974. Desde 1889 se intentó reconocer el voto de la mujer, lo que no se pudo establecer hasta 1949.

Otro elemento importante en la estabilidad institucional fue el haber establecido en 1936 el 40% de los votos válidos para reconocer el triunfo de un candidato en las elecciones.

Hasta 1948 los resultados electorales se pasaban al Poder Legislativo para su sanción, aprobación o improbación. Desde 1949 el Tribunal Supremo de Elecciones tiene a su cargo todo el proceso hasta su Declaratoria, totalmente inapelable.

Desde 1949 hasta hoy solo en tres oportunidades el resultado electoral no ha alcanzado la cifra de más de 40% de votos válidos para declarar al ganador electoral, en el 2002, en el 2014 y actualmente, en el 2018. Cuando esto sucede inmediatamente se convoca a una segunda vuelta electoral con los dos candidatos y sus partidos que obtuvieron la mayor cantidad de votos. La segunda vuelta se decide por mayoría simple de votos. La Constitución Política establece la primera votación en el primer domingo de febrero del año electoral, y la segunda en caso de darse en el primer domingo de abril inmediato.

La sociedad costarricense está a las puertas de un segundo proceso electoral en este año 2018, a realizarse el próximo domingo 1 de abril, que coincide con el Domingo de Resurrección de la Semana Santa.

Por primera vez en un proceso electoral no llegan de finalistas los partidos políticos que clásicamente han ejercido los gobiernos de la República desde 1953, Liberación Nacional, de orientación socialdemócrata, y la Unidad Social Cristiana, el primero ha ejercido nueve gobiernos y el segundo 7 de los 17 que ha habido desde entonces, el último gobierno, 2014-2018, lo ejerce el Partido Acción Ciudadana, que nuevamente disputa su primera reelección, y frente a él, un partido, de orientación evangélica, Restauración Nacional, que tiene amplias posibilidades de asirse con el Poder Ejecutivo.

En las elecciones de febrero donde estos dos partidos se colocaron con finalistas, a nivel legislativo no les fue tan bien. Acción Ciudadana, que es el partido gobernante tenía 13 diputados y pasa a tener 10 en el próximo Congreso, y Restauración Nacional que solo tenía uno, pasa a tener 14, sin lograr ser a fuerza parlamentaria más grande, que la tiene el partido socialdemócrata Liberación Nacional, con 17 diputados, y los socialcristianos que aumentaron a 10 diputados. De manera que cualquiera de estos dos partidos que llegue a ganar el Poder Ejecutivo el 1 de abril se va a encontrar con un Parlamento fraccionado donde como partido gobernante no será más que la segunda o tercera fuerza legislativa, con la dificultad que ello puede acarrear al ejercicio del próximo Gobierno.

El gran debate final se ha planteado básicamente en el modelo económico a seguir, y en el desarrollo y fortalecimiento de las libertades y derechos ciudadanos y humanos.

En lo primero no hay grandes diferencias sustantivas entre los dos finalistas electorales. Han recibido incluso apoyo de los partidos que tradicionalmente han gobernado con personalidades destacadas del mundo empresarial, económico, financiero bancario y político, provenientes de esos partidos hacia los dos finalistas, lo que ha provocado a la vez el cuestionamiento de que ello entraña caballos de Troya de estas agrupaciones en los dos finalistas para seguir gobernando cogobernando, cuando en realidad lo que están asegurando es el curso económico nacional con los énfasis que cada uno de esos partidos le pone. Esto ha sido evidente porque ambos candidatos finalistas, con sus equipos partidarios dan la sensación que no están preparados para gobernar, aun Acción Ciudadana que ha estado manejando el Ejecutivo Nacional en los últimos cuatro años, y ha incurrido en los últimos meses en graves problemas de corrupción pública.

En lo segundo hay diferencias sustanciales, en cuanto a la defensa de los nuevos derechos sociales y derechos humanos, así como de ejercicio de libertades públicas. El partido evangélico ha exaltado los temas de familia, matrimonio tradicional, oposición a los matrimonios de homosexuales, oposición a la fertilización in vitro y temas similares, haciendo relucir una sociedad costarricense que estaba oculta bastante homofóbica, xenofóbica y violenta en estos aspectos, que pone en peligro derechos y libertades hasta ahora alcanzados, y ha puesto bajo amenaza la posibilidad de seguir siendo parte del sistema hemisférico de los Derechos Humanos y de ser parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica.

Así se está perfilando en su fase final la elección del próximo Presidente de la República, que ya no será un abogado o un educador, como han sido mayoritariamente. Será un comunicador social, un periodista, ambos candidatos lo son. Uno evangélico radical, fundamentalista, perteneciente a las corrientes neopentecostales, que reconoce un líder espiritual sobre él, lo que ha provocado recientemente alegatos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, por la prohibición constitucional y legal que existe a este respecto.

El otro, tradicionalmente católico, que no lo está apoyando la Iglesia Católica, que ha disminuido su feligresía al 52% nacional, porque la Jerarquía eclesiástica encuentra más afinidad con el candidato evangélico en los temas de familia y afines, mientras que no simpatiza con el candidato oficial del Gobierno por el impulso que le han dado a estos derechos humanos. Esta situación ha hecho aflorar en la última semana contradicciones en el seno misma de la Iglesia Católica cuando se han organizado sacerdotes y feligreses exigiendo una posición distinta de la Jerarquía católica.

Al día de hoy la sociedad costarricense se encuentra polarizada, como nunca antes había estado, especialmente en los medios de comunicación electrónicos, y redes sociales, fragmentando las bases mismas de las unidades familiares, como no se había visto desde el cisma que produjo la Guerra Civil de 1948.

El 1 de abril próximo será la gran decisión de esta encrucijada, mantener el desarrollo social y económico como hasta hoy se ha hecho en Costa Rica, o continuarlo con menoscabo de los derechos y libertades ciudadanas y debilitamiento de los derechos humanos.

Con el advenimiento posible de los evangélicos fanáticos que pueden llegar a gobernar puede también alterarse la relación Estado - Iglesia Católica que hasta hoy ha existido, fortaleciéndose más la relación Estado – Asociación Evangélica Costarricense, que es la que agrupa a todas las denominaciones no católicas, cristianas de nuevo tipo, desarrolladas especialmente en el país después de 1970.

La tradición católica también se encuentra en esta encrucijada ante las elecciones del 1 de abril.

El otro elemento es la base social nueva de electores que mueven los grupos evangélicos, los pobres, los excluidos, los marginados, los necesitados de ayudas estatales que no se les han dado satisfactoriamente, que al estilo venezolano, de la época chavista, están tratando de ser movilizados, hoy con valores religiosos, mañana podría ser con valores populistas políticos. Lo último que se le ha dicho a estas bases sociales, es lo mismo que se les dice con la recolección del diezmo que tienen que dar a sus iglesias, que a Dios no lo engañan con el diezmo, y que de igual manera Dios va a estar vigilante del voto que emiten, por lo que tampoco lo pueden engañar.

Así, planteado este escenario, retroceder o progresar en el desarrollo institucional, es el dilema principal que enfrentarán los electores costarricenses el Domingo de Resurrección.