La Contraloría General de la República de Chile1 (CGR), realizó una fiscalización de Codelco2, descubriendo que esta empresa había incurrido en irregularidades e ilegalidades en el pago de indemnizaciones de retiro a diversos ex ejecutivos y trabajadores de la empresa, y en contratos millonarios con empresas privadas, en forma directa, sin licitación pública.

El Informe N° 900/2016 de la Contraloría cuestiona, en particular, el pago de alrededor de US$ 80 millones de indemnización de retiro a un exejecutivo de Codelco, un despropósito colosal que equivale a 150 años de salario mínimo. Entre los contratos sin licitación pública, destaca el que se hizo con la empresa canadiense Hatch, por más de US$ 500 millones, empresa que es dirigida por un exvicepresidente de Desarrollo de Codelco, hasta meses antes de asumir en Hatch.

Codelco recurrió a los tribunales de justicia para pedir la nulidad de derecho público del Informe de la CGR. Como este organismo no tiene personalidad jurídica propia, es el Consejo de Defensa del Estado1 (CDE), que por mandato de su ley orgánica tuvo que asumir su defensa. El período de discusión de este juicio ya terminó, y ahora es el tribunal que deberá resolver la controversia.

En este juicio del Estado contra el Estado, es necesario destacar el hecho que el CDE ha públicamente sostenido que existen prácticas corruptas en Codelco, la mayor minera del cobre del mundo. A nosotros nos interesa enfatizar que la corrupción que la CGR y el CDE están denunciando es solo la punta del iceberg de una corrupción mucho mayor, y es sobre esa corrupción que deseamos dar a conocer muy sucintamente.

Las malversaciones en Codelco son evidentes a partir del año 2010, cuando, en abril de ese año, la administración de Codelco fue asumida en los hechos por las trasnacionales mineras. En efecto, ejecutivos de las principales empresas mineras que operan en Chile, como Diego Hernández y Thomas Keller asumieron la Presidencia Ejecutiva y la Vicepresidencia de Finanzas, respectivamente. Con ellos ingresaron al directorio y a los más altos puestos de la plana ejecutiva de la cuprífera estatal una serie de otros ejecutivos de transnacionales mineras, que respondían a sus intereses y no a los del fisco chileno.

Las transnacionales mineras pudieron ingresar a la administración de Codelco gracias a dos hechos esenciales:

  • Primero: el Nuevo Estatuto Orgánico de la Corporación establecido por la Ley 20.392, aprobado en noviembre de 2009, en el primer Gobierno de Michelle Bachelet, que, entre otras disposiciones, permite que el Presidente Ejecutivo de Codelco ya no sea designado por el Presidente de la República, sino por el Directorio. De dicho Directorio se eliminó a los Ministros de Hacienda y Minería, y al representante de las Fuerzas Armadas.

El nuevo directorio estaría compuesto por tres miembros designados por el Presidente de la República y 4 miembros escogidos por el Consejo de la Alta Dirección Pública, exigiéndose como requisito que quienes postulen sean profesionales que hayan trabajado para empresas mineras, es decir que vengan de las transnacionales mineras.

  • Segundo: en marzo de 2010, al asumir Sebastián Piñera4 la Presidencia de la República, en virtud de esta nueva ley, designó un directorio y una plana ejecutiva integrado principalmente por ejecutivos de transnacionales mineras y, debido a ello, desde esa fecha hasta hoy, Codelco ha sido administrada casi exclusivamente por exejecutivos de estas transnacionales.

Es así como, desde 2010 a la fecha, se han registrado los peores resultados de toda la historia de Codelco, considerando el nivel de producción y los precios del cobre y subproductos. Los malos resultados no se deben a una mala o deficiente gestión de estos nuevos ejecutivos de excelencia, sino concretamente a un fraude de dimensiones insospechadas, con el objetivo de conseguir algo superior: la privatización de Codelco.

El modus operandi

Las razones por las cuales sostenemos que estamos frente a un fraude, estafa o robo, reposan en el análisis de los ingresos por ventas de la Corporación, que tomamos directamente de las Memorias Oficiales de Codelco publicados en la página www.svs.cl.

El 2006, los ingresos de Codelco alcanzaron los US$ 17.077 millones. La producción de cobre fue de 1.676.000 Ton. y el precio promedio de US$ 6.722/Ton. (US$ 2,99 la libra). En 2016, la producción de cobre fue de 1.860.000 Ton., 11% más que el 2006, pero el precio del cobre fue de US$ 2,49, es decir, un 16% menos que el 2006. Con esa producción y precio, los ingresos por ventas del año 2016 debieron sobrepasar los US$ 16.000 millones. Sin embargo, en la Memoria de Codelco, los ingresos por ventas del año 2016 alcanzan solamente a US$ 11.537 millones.

De esta manera, faltan US$ 4.600 millones aproximadamente en los ingresos por venta de Codelco por el año 2016. ¿Por qué faltan? Porque seguramente una gran parte del cobre y subproductos fueron vendidos a precios muy inferiores al mercado. ¿A quiénes? Probablemente a las mismas empresas de donde vienen los altos ejecutivos de Codelco. En dichas memorias no se consigna la identidad de los compradores como tampoco los precios de venta.

Podríamos analizar en detalle cada uno de los siguientes ejercicios, desde 2007 a 2016, pero sobrepasaría el marco de esta columna. Bástenos señalar que la subfacturación o desaparición de los ingresos por ventas de Codelco, entre los años 2006 y 2016, sobrepasan los US$ 20 mil millones. Pero eso no es todo, en los cuatro años del Gobierno del presidente Piñera, Codelco se endeudó, además, en más de US$ 10.000 millones, sin que se sepa en qué se gastó todo ese dinero.

A este respecto, es necesario señalar que en julio de 2016, la UNCTAD emitió un informe que sostenía que existía falsificación de facturas en la exportación de materias primas en varios países, en el que se incluye a Chile. Posteriormente saldría un nuevo informe más detallado, pero hasta la fecha no se ha dado a conocer.

Codelco no podría ampararse en su libertad empresarial para exportar el cobre y subproductos al precio que desee, puesto que ni Codelco ni ninguna minera extranjera pueden exportar a precios inferiores a los del mercado internacional, porque ello está prohibido por el art. 36 de la Ley de la Renta, y su infracción puede incluso ser penado con cárcel.

Estas pérdidas por subfacturación comenzaron a partir del año 2010, bajo la Presidencia de la República del Sr. Sebastián Piñera, gobierno de derecha, pero existen otros US$ 7.000 millones en pérdidas en mercados de futuro por operaciones realizadas entre los años 2004 y 2007, bajo los Gobiernos del presidente Ricardo Lagos y de la presidente Michelle Bachelet, gobiernos de centro izquierda. El involucramiento de ambos bloques en el desfalco de Codelco, la mayor cuprera del mundo, explica por qué Codelco se opone terminantemente a que la Contraloría fiscalice sus operaciones, aunque esta fiscalización ni siquiera menciona las millonarias pérdidas en mercados de futuro y en subfacturación.

Ante la inmovilidad de los organismos del Estado para investigar estas pérdidas, en abril de 2015, presentamos -con la ONG Chile Cobre- una querella por malversación de caudales públicos en Codelco ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que derivó la investigación a la Fiscalía de Santiago. La fiscal encargada del caso, durante meses no investigó e incluso se negó a investigar.

Ante una reclamación ante el Fiscal Nacional, el caso pasó a la Fiscalía de Alta Complejidad, que encargó la investigación a la Fiscal Macarena Cañas, que en un principio avanzó en la investigación, pero que también desde hace ya un año detuvo la investigación, como si hubieran poderosas fuerzas que se oponen a que no se conozca a los autores y beneficiarios de este multimillonario fraude.

Por ello, la fiscalización de la Contraloría abría una luz de esperanza para terminar con las malversaciones en esta empresa, pero Codelco, con el apoyo de los medios de comunicación y a través de los tribunales de justicia, quiere detener el ímpetu fiscalizador de la Contraloría. Y quizás lo logre, así como lo han logrado en la Fiscalía, que también se niega a investigar la corrupción en Codelco.

Esperemos que el Estado al servicio de toda la Nación se imponga frente al Estado al servicio de unos pocos.

Notas

1 Organismo autónomo del Estado, que tanto la Constitución como la ley, le otorgan facultades para controlar y fiscalizar todos los actos de todas las instituciones del Estado, incluyendo las empresas en las que el Estado tenga más del 50% de la propiedad.

2 Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, creada en 1976 por la Junta Militar, en base a las 5 mineras estadounidenses nacionalizadas el 11 de julio de 1971, por el Presidente Salvador Allende, y que contó con la unanimidad del Congreso Nacional.

3 Consejo de Defensa del Estado, organismo encargado de representar judicialmente al Estado y defender en sede judicial a todas las instituciones del Estado que no tienen personalidad jurídica propia.

4 Sebastián Piñera Echeñique, primer presidente de derecha elegido democráticamente desde 1958.