República Dominicana lo tiene todo… menos un preso por el caso Odebrecht. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué un preso? Bien, explicaré esto de la mejor manera posible, para ayudar a entender.

Odebrecht es la empresa número uno en el rubro de la construcción en Brasil y una de las más grandes del mundo. A finales de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos saca a la luz el mayor escándalo de corrupción conocido en los últimos años.

A grandes rasgos, la investigación informa que dicha empresa realizó actividades de cabildeo o lobbismo en nada más y nada menos que 12 países, específicamente Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela, mi país, República Dominicana y el propio Estados Unidos, con el fin de obtener beneficios para la construcción de obras públicas.

Dichas operaciones tuvieron origen a finales de los años ochenta bajo el nombre de Sector de Relaciones Estratégicas o “Caja B", manteniendo una dimámica impune por más de veinte años.

Lo anterior sería el resumen más simple que puedo mostrar. Sin embargo, las ramificaciones descubiertas a raíz del escándalo son tremendas. En mi país, una hermosa isla caribeña ubicada en el mismo trayecto del sol, como diría nuestro poeta nacional Don Pedro Mir, no ha sido traducido a la justicia un solo funcionario público, un solo político.

Peor todavía, mientras en una gran parte de los países ha habido detenciones, querellas formales, incluso sentencias, en República Dominica ocurre lo impensable: Odebrecht sigue operando, las obras a cargo del mostruo de la construcción no han sido auditadas, ninguno de los tres presidentes durante cuyos mandatos operó y opera la empresa ha sido llamado a declarar y, como si todo esto fuera poco, el Gobierno dominicano ha suscrito un acuerdo con la propia Odebrecht donde ésta se compromete a indemnizar al Estado por la suma US$184 millones, de los cuales ya se adelantaron US$30 millones.

De acuerdo a declaraciones de la propia empresa, para fines de cabildeos se entregaron coimas [sobornos] ascendentes a US$92 millones, lo que representaron ganancias superiores a los US$163 millones, todo esto durante los tres Gobiernos que han dominado la cosa pública, que son el presidente Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano, y Leonel Fernández Reyna y Danilo Medina Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana, este último reelegido para un nuevo mandato de Gobierno en las pasadas elecciones del 15 de mayo de 2016.

La propia fiscalía brasileña, en palabras de Bruno Brandão, de Transparencia Internacional Brasil, encuentra sospechoso y sorprendente que, mientras en todos los países donde Odebrecht tuvo presencia se están llevando serias y profundas investigaciones judiciales, en Domininica se estén originando acuerdos con dicha empresa, dada la naturaleza del delito envuelto. Véase el enlace.

No obstante lo espurio que supone el escenario anterior, la entonces candidatura del presidente Medina no sale libre del escándalo, toda vez que el asesor principal de dicha campaña lo fue el nombrado João Santana, periodista y experto en mercadeo político, y quien fue el artífice de los logros electorales de Lula Da Silva y posteriormente Dilma Rousseff, en Brasil, entre otros candidatos a la presidencia en más países. Este señor fue detenido meses atrás por la Justicia Federal de Brasil, mientras se encontraba en territorio dominicano.

De acuerdo a información recogida por dos diarios brasileños, Joao habría recibido de manos de ejecutivos de Odebrecht la suma de US$3,390 millones para el financiamiento de campañas presidenciales en poco menos de cinco países entre los años 2006-2014, incluida la República Dominicana.

Se destaca el hecho de que para el primer mandato de Medina la reelección no era una figura contemplada en la Constitución dominicana. En tiempo récord y contra todo pronóstico, el oficialista hizo arreglos a puerta cerrada con sectores hasta ese entonces contrarios en el escenario político. De espaldas al grito colectivo, la reelección fue introducida por medio de una modificación "de microondas" a la Constitución y empezó el despilfarro de una campaña con ribetes de derroches tan obscenos y escandalosos que, ante los ojos de todos, era como si el dinero rodara por los contenes.

En las narices de un pueblo con sus problemas más perentorios como salud, educación, energía y seguridad ciudadana a medio resolver, el PLD terminó torciendo voluntades a fuerza de papeleta y acuerdos hasta que Danilo Medina se alzó con una dudosa victoria ese mes de agosto de 2016.

Marcha Verde y el resurgir de la voz del pueblo

Digamos que hasta poco antes de que estallara el escándalo, la gran masa del pueblo dominicano se había manifestado en forma muy tímida contra la corrupción. De hecho, este tema no estaba entre sus principales preocupaciones y una gran parte de la ciudadanía no tenía consciencia de lo que significa este flagelo social en aspectos tan cotidianos de la vida diaria. Sin embargo gracias al escándalo de Odebrecth se puso de manifiesto todo un entramado de corrupción pública y privada sin precedentes para los dominicanos.

Odebrecht ha sido la catapulta que ha permitido que cerca de medio millón de ciudadanos y ciudadanas –y contando- se hayan tirado a las calles a marchar contra la impunidad y la corrupción. Precisamente, la impunidad es el primer y gran problema que enfrentan los dominicanos hoy día. Con un gobierno que ha establecido un secuestro prácticamente absoluto sobre los principales poderes del Estado, con más del 80% de la prensa puesta de rodillas y, para rematar, una oposición blanda y prácticamente nula, al pueblo no le ha quedado más opción que articularse. De este escenario surge la Marcha Verde.

Para tener una idea clara de lo que este secuestro significa, el propio Procurador de la República es miembro del Comité Político del partido oficialista, de manera que la figura encargada de perseguir el dolo evidente que significa Odebrecht estaría atentando contra compañeros de su propio partido. Por si esto fuera poco, la hermana del presidente, Lucía Medina, el pasado 16 de agosto de 2016, se estrenó como presidenta de la Cámara de Diputados, lo que representa un evidente conflicto de intereses y pone seriamente en duda la independencia del Poder Legislativo del Ejecutivo.

Actualmente se presume la injerencia de figuras comprometidas con el oficialista en la nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que incide directamente en el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Constitucional. Así las cosas, resulta cuesta arriba esperar un escenario imparcial y que ponga la Ley a la orden de los mejores intereses del país.

En medio de todo este contexto político tan amañado, el movimiento Marcha Verde surge de la compilación de un diverso grupo de colectivos ciudadanos ya articulados mucho antes, unos con más data que otros. El movimiento reúne una cantidad vastísima de gente de diversa naturaleza política y social. El momento de arranque oficial, si se quiere, fue el pasado 22 de enero de 2017, en el que se realizó la primera manifestación cívica de protesta, en la cual la Policía Nacional, por instrucciones expresas del Gobierno, bloqueó algunos accesos al Palacio Nacional.

Esa vez, cientos de miles de dominicanos marcharon desde la Ave. Máximo Gómez esq. Ave. 27 de Febrero, una de las intersecciones más populares del Distrito Nacional, hasta la Puerta Del Conde, lugar emblemático del pueblo dominicano, que recuerda el grito de independencia del país y que recoge otras memorias de gran importancia y sentido patriótico. A la fecha ya se han realizado cuatro marchas cívicas en protesta contra la corrupción y por el fin de la impunidad, principal consiga del grupo, y estas actividades han puesto a marchar cerca de medio millón de dominicanos y dominicanas, y recogen los cuatro puntos cardinales del país, quedando pautada para este 21 de mayo la gran marcha de la región sur en la provincia de Azua de Compostela y el 17 de junio en San Pedro de Macorís, para la región Este. Más adelante se contempla realizar una Gran Marcha Ciudadana que reúna en un mismo día el levantamiento en reclamo de todo el país.

Aunque muchos se disputan el origen de Marcha Verde como tal, lo cierto es que ya para el año 2015, el movimiento cívico Somos Pueblo, una de las tantas organizaciones que conforman el gran colectivo, se estaba manifestando abiertamente contra la corrupción haciendo un llamado directo a las autoridades en relación con los contratos cedidos a Odebrecht. Somos Pueblo llamó al pueblo a las calles en dos ocasiones distintas, sin embargo, parece que el país no estaba listo para estallar, quizá estaba pendiente de germinar el sentimiento de hartazgo y cansancio que supone el régimen de impunidad que, hoy por hoy, es marca registrada de la cosa pública en República Dominicana.

Y ese sentimiento de agotamiento, aunque parece que llegó a su culmen en estos primeros meses del presente año, realmente viene dándose desde mucho antes. Otras causas nos recuerdan a un país cuyos habitantes han luchado por aquello en lo que creen. La lucha por el 4% para la educación es una conquista exclusiva del pueblo dominicano, aunque posteriormente el brazo de la corrupción alcanzó ese logro, puesto que los recursos no han sido destinados adecuadamente a las áreas más importantes del rubro educativo, como revisión y modificación de la currícula actual, capacitación de personal docente, desayuno escolar, etc.

Así mismo, tiempo atrás en 2009, gracias a la férrea insistencia de una población en pie de lucha, pudo detenerse la construcción de una cementera en una región de reserva natural llamada los Haitises. Cementera que sería levantada por la misma constructora contratada por Odebrecht en la actualidad para todas las obras. Hecho nada gratuito.

Al mismo tiempo, a finales del año pasado ya muchos sectores de diversa naturaleza se pronunciaban a favor de que el pueblo empezara a hacer reclamos más directos y contundentes al Gobierno, por el estado de caos y la inorperancia de las instituciones llamadas a administrar y aplicar la ley, de manera que puedo afirmar que un mismo sentimiento de empoderamiento ciudadano fue surgiendo de manera simultánea en muchos dominicanos.

En definitiva, un monstruo verde parece haber tomado la mente del 95% de la población, que afirma estar de acuerdo con el movimiento y sus demandas. Mientras tanto, el Gobierno hace de oídos sordos, apostando al cansancio de la gente y actuando como lo ha estado haciendo en las últimas décadas, con el confort que ofrece una ciudadanía silenciosa que se ha mantenido, hasta hoy, indiferente a todo.

De su lado, Marcha Verde, más que un suceso fruto de la coyuntura de momento, está llamado a ser un proceso que marque un antes y un después en la forma del pueblo relacionarse con la política, está compelido a significar el escenario adecuado para el surgir de un liderazgo absolutamente nuevo y que no obedezca al sistema de cleptocracia que ha arropado no solo a República Dominicana, sino también a otros países de América Latina. El gran reto de este movimiento está en su capacidad de articularse adecuadamente, involucrando todos los sectores posibles.

Al término de estas líneas, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez se encuentra en Estados Unidos, invitado por su homólogo para discutir asuntos relativos al caso Odebrecht, al tiempo que diversos organismos no partidistas han presentado denuncias formales por ante los organismos correspondientes, solicitando la investigación a los fondos destinados a la campaña del presidente Medina.

En definitiva, un nuevo tiempo se cierne sobre el cielo político dominicano, de cara a una ciudadanía más participativa y en alerta, algo sumamente retador para una nación donde el sujeto pueblo ha estado en estado de letargo por tanto, tanto tiempo.

Al cierre de esta edición ya se ha celebrado la Marcha Verde en Azua, siendo un éxito rotundo en convocatoria y comportamiento cívico. De su lado, el Procurador General se ha negado a dar detalles de su visita a Washington, mientras que han ocurrido algunos eventos violentos por parte de la Policía Nacional contra un grupo de estudiantes que decidieron acampar en la inmediaciones de la Procuraduría General de la República el martes 16 del corriente; un grupo de diputados decidió visitar al Procurador justo el mismo día de estos hechos y se les negó la entrada, siendo atacados con bombas lacrimógenas y golpes. Al mismo tiempo, ya comienzan a circular nombres de figuradas vinculadas al escándalo y posibles sometimientos a la justicia.