El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha insistido en culminar el proceso de independencia en un año y ha prometido que en julio estará todo listo para hacerlo posible, bien a través de un referéndum o de elecciones constituyentes. En su reflexión, el president ha reconocido que la mejor forma para lograr la secesión sería la convocatoria de una consulta por parte del Gobierno catalán o del Parlament, pero ha insistido en que eso solo ocurrirá si tiene efectos vinculantes y reúne los estándares internacionales de seguridad jurídica, participación y un mínimo del 51% de los votos a favor del "sí". "Sólo supera todas las pruebas de estrés para ser reconocido por la comunidad internacional", ha dicho.
En una entrevista, Puigdemont ha enfriado así la opción del referéndum unilateral auspiciado por la CUP y ha añadido que la consulta del 9 de noviembre de 2014 fue "un laboratorio" y ha venido a decir que no se repetirá aquella experiencia que solo movilizó a los partidarios del sí. Otra cosa sería, ha dicho, que el Gobierno aceptase negociar las condiciones del referéndum. En ese escenario, la Generalitat estaría dispuesta a aceptar porcentajes de participación y de votos afirmativos para validarlo. "Si no, los referendos se ganan con más del 50%", ha añadido.
Puigdemont ha asegurado que tiene "pocas esperanzas" en que el Gobierno se avenga a negociar, pero no ha cerrado esa puerta y ha insistido en que la Generalitat seguirá elaborando las leyes y preparando el terreno para la secesión, con un calendario claro. "El tiempo es finito, la propuesta de acuerdo tiene una fecha. En julio de 2017 habremos acabado el trabajo que estamos haciendo y estará todo listo", ha dicho.
Será entonces cuando Puigdemont deberá optar por la convocatoria del referéndum o de nuevas elecciones a celebrar en septiembre de 2017, que tendrán un carácter claramente constituyente. "Las fuerzas que se presenten tendrán muy claro que el Parlamento será para construir un nuevo Estado", ha dicho.
El presidente catalán también ha asegurado que Carme Forcadell seguirá siendo la presidenta del Parlament "hasta que la destituya la cámara" y ha asegurado que si es inhabilitada por el Tribunal Constitucional debería seguir entrando en el Parlament. "La ley no permite una inhabilitación exprés", ha añadido, en referencia al proceso pendiente de resolución.
Puigdemont ha explicado en otro momento que la Generalitat "ha inventariado unos tres mil tratados internacionales suscritos por España y que debería ratificar el nuevo Estado catalán", al margen de todas las estructuras necesarias para la transición. "No habrá ni un segundo de vacío legal", ha añadido.
La Diada
La quinta Diada separatista volvió a ser un éxito de masas. Barcelona albergó la manifestación más grande, con más de cien mil personas en el Paseo de San Juan. La Guardia Urbana elevó la participación a 540.000 personas. Lérida, Tarragona, Salt y Berga acogieron despliegues más modestos, en torno a las cincuenta mil personas, aunque los organizadores llegaron a decir que en Berga se quintuplicó la población y en Lérida había más de 120.000 personas. A pesar de contabilizarse menos gente que en anteriores Onze de Setembre (el año pasado la cifra "oficial" fue millón y medio de personas), el separatismo certificó que el "proceso" continúa vivo y cuenta con el apoyo entusiasta e infatigable de sus bases.
Había una cierta inquietud sobre la capacidad de movilización tras cuatro años de promesas incumplidas y esperanzas independentistas frustradas. La gran novedad fue la presencia de la alcaldesa Ada Colau y el expresidente de la Generalidad, Artur Mas. Carles Puigdemont participó en la manifestación de Salt, localidad fronteriza con la ciudad de Gerona. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en Tarragona.
El president prometió en las horas previas a las marchas separatista la celebración de unas nuevas "elecciones constituyentes" en un año, aunque también volverá a demandar al Gobierno un referéndum de autodeterminación. "Esta Diada debe ser el empuje definitivo para la república catalana". Ese fue uno de los ejes discursivos de la Diada 2016. Como siempre, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, entidades organizadoras de los cinco eventos del primer 11-S "descentralizado", arengaron a la masa en Barcelona. "Esto ya no lo para ni Dios", clamó Cuixart.
Grupos musicales, coros y danzas, gigantes y cabezudos y "colles" castelleras dieron el toque de color y amenizaron a los manifestantes en unos actos que se prolongaron durante casi dos horas, desde las 17:14 horas de la tarde hasta pasadas las seis con la interpretación de Els Segadors.
Los protagonistas políticos insistieron en los conceptos de manifestación "cívica, masiva, pacífica y festiva". El cineasta Pere Portabella fue el encargado de leer el manifiesto de esta Diada, en el que se insiste en la vía del referéndum unilateral, igual que el fiasco del 9-N de 2014. Coreografía perfectamente ensayada, homenaje a la fallecida Muriel Casals y conciertos al final de las exhibiciones.
A pesar de la unidad, la celebración abre muchas incógnitas, aunque Puigdemont prometió en su reunión con los periodistas extranjeros que explicaría la "hoja de ruta" en la moción de confianza a la que se someterá el próximo día 28 y en la que ya se ha garantizado el apoyo de la CUP.
La irrupción de Colau
El "hecho diferencial" es la irrupción en la órbita del separatismo de Ada Colau y los podemitas catalanes. Coincide con los recelos mutuos entre ERC y la nueva Convergencia, las desavenencias en el grupo del gobierno regional (Junts Pel Sí) sobre los pasos a seguir para desconectar de España. A pesar de las imágenes de concordia que trascienden del 11-S, la pugna en el "soberanismo" es cada vez más evidente. ERC no reeditará su pacto con los convergentes. Junqueras aspira a consolidar sus expectativas presidenciales mientras que la sombra de un tripartito de ERC, Colau y la CUP planea sobre el futuro de Puigdemont y los suyos.