La Comisión Europea deberá evaluar antes el presupuesto y valorar "si lleva el procedimiento más lejos". La fecha está establecida como límite para presentar los proyectos presupuestarios para 2017, algo que España tendrá difícil en caso de no formar Gobierno.

La Comisión Europea (CE) aclaró que no sancionará "de forma automática" a España el 15 de octubre, fecha en la que los Estados miembros deben presentar sus proyectos presupuestarios para 2017, ya que aún quedan otros pasos previstos en el procedimiento por déficit excesivo.

El miedo a dicha multa llega después de que la CE cancelase la sanción por incumplimiento de déficit a España a cambio de un ajuste estructural del 0,5% en 2017. La estrategia para lograr esa cifra, que supone unos 15.000 millones de euros, debería definirse tras formar Gobierno y elaborar un presupuesto, algo que se complicaría de programarse nuevas elecciones.

Por ello, el Gobierno en funciones advierte de la posibilidad de una multa inminente en octubre de no tener elaborada una estrategia de reducción del déficit. Sin embargo, la decisión comunitaria lleva más tiempo. La CE deberá antes evaluar el presupuesto, en caso de que lo hubiera, y comprobar si España ha tomado "acciones efectivas" para reducir su déficit excesivo. A partir de ahí, con la evaluación de las previsiones económicas que se publican en otoño, se debe valorar "si lleva el procedimiento más lejos", indicaron fuentes europeas.

Sobre la suspensión parcial de los compromisos de los fondos estructurales para 2017, no habrá ninguna decisión hasta que se produzca el diálogo estructurado con el Parlamento Europeo (PE), que la CE espera para la primera semana de septiembre.

Nueva senda fiscal

Las autoridades españolas tienen que presentar medidas que se ajusten a la nueva senda fiscal propuesta por la CE, que pide a España que reduzca su déficit desde el 5,1% del PIB actual (con la ayuda a la banca) al 4,6% del PIB en 2016, en el 3,1% en 2017 y en el 2,2% en 2018.

La incertidumbre sobre la formación de un nuevo Gobierno ha generado especulación sobre la posibilidad de que España no pueda presentar estas medidas y tenga que prolongar el presupuesto actual, de manera que la CE decida pasar al siguiente paso previsto en el procedimiento.

Dicho paso, advirtieron fuentes gubernamentales, podría desembocar en una multa mayor de la que la CE ha decidido cancelar. En primer lugar, una multa que ya no sería de hasta el 0,2% del Producto Interior Bruto (2.000 millones) como la salvada in extremis el pasado mes de julio, sino de hasta el 0,5% (5.000 millones). En el Ejecutivo consideran que la Comisión Europea iría a una sanción máxima por el escándalo que supondría desoír sus peticiones incluso tras haber obtenido el perdón de la multa anterior.

A estos 5.000 millones consideran que hay que sumar unos 1.100 millones de congelación de los fondos estructurales. Una portavoz de la Comisión Europea confirmó que esta medida se adoptará a la vuelta del verano tras un diálogo con el Parlamento Europeo.

La Comisión Europea recalcó que el papel del Parlamento Europeo es “puramente consultivo” y que se tendrá en cuenta si prefieren que la congelación no afecte, por ejemplo, al Fondo Social Europeo, pero que la decisión de usar este arma con España y Portugal ya está tomada.

A estas sanciones, que sumarían ya 6.100 millones, es previsible que se una, según admiten las citadas fuentes gubernamentales, “la posibilidad de una supervisión reforzada mediante misiones de la Comisión a las que se puede invitar al Banco Central Europeo”. Es decir, una vuelta de los llamados hombres de negro -como en la etapa del rescate bancario- para verificar que, esta vez sí, en España se toman medidas efectivas para controlar el déficit y, en consecuencia, no desestabiliza la Eurozona.

En el informe gubernamental se incluye también la opción de otras sanciones. Destaca la de que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) reconsidere su política de financiación a España, puesto que no sería un país tan fiable como ahora. El BEI prestó en 2015 a entidades españolas unos 12.000 millones.

No obstante, en Bruselas han aclarado que "la decisión no tendrá lugar el 15 de octubre", ya que el procedimiento requiere más tiempo.

En el Ejecutivo aseguran que si Pedro Sánchez y Albert Rivera no alcanzan pactos que permitan la investidura de Mariano Rajoy, España no podrá acreditar ante Bruselas que va a tomar las medidas necesarias para cumplir la nueva senda de déficit, sobre todo para los 15.000 millones de ajuste que habrá que realizar en 2017. Por tanto, reincidiría en el incumplimiento del año pasado que dio lugar al primer expediente sancionador, junto a Portugal, de la historia de la Eurozona.

En ese caso, según un informe oficial gubernamental, se desencadenaría un amplio abanico de sanciones en aplicación del artículo 126 apartado 11 del Tratado de la Unión Europea, que es el aplicable cuando un Estado no obedece una decisión previa como la adoptada el pasado 27 de julio por el equipo de Jean-Claude Juncker y refrendada por los ministros de Finanzas de la Unión Europea.

De momento, el Consejo ha aprobado la recomendación de la CE de no multar a España.

El Consejo también debe adoptar la nueva senda fiscal que, según la CE, debe hacerse para el 12 de septiembre.

Antes de una hipotética intensificación de las sanciones, el procedimiento establece que la CE debe adoptar una nueva recomendación sobre la aplicación de medidas por parte de España, que también debe pasar por el Consejo.

El procedimiento sancionador europeo se va endureciendo a medida que un Estado infractor reincide en no actuar contra un déficit excesivo y las multas se van convirtiendo en automáticas cuantas más veces se ignoran.