La temporalidad laboral

La Directiva 99/70/EC elaborada por la Comisión Europea define trabajador temporal como “una persona que tiene un contrato o relación con un empleador donde la duración del mismo viene determinado por condiciones objetivas tales como un evento en una fecha determinada, la realización de una tarea específica o con motivo de una circunstancia en particular”. Por desgracia, esta definición dejó de ajustarse a la realidad hace mucho tiempo. La crisis económica europea y el exceso de trabajadores en paro provocó que las relaciones laborales se fueran degradado en buena parte de Europa hasta límites insostenibles, sobre todo en los países del sur, siendo el aumento de la temporalidad laboral una de sus consecuencias. A día de hoy en España, el trabajo temporal es, en parte, el responsable de que el paro haya disminuido ligeramente. Como denuncia UGT en un estudio realizado este mismo año sobre la precarización del trabajo en España, en los últimos años ha repuntado el número de contratos de carácter temporal y la duración de los mismos ha disminuido. Según este análisis, en 2008 la duración media en días de los contratos temporales era de 77,1, en 2011 de 61,6 y en 2014 de 57.

La tímida recuperación económica no ha devuelto a los ciudadanos el poder adquisitivo y el bienestar social cedidos con la excusa de la crisis. Como era previsible, los salarios y el número de contratos indefinidos no están creciendo, a pesar de la mejoría que gobiernos como los de España, Italia o Irlanda están vendiendo.

En 2010, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la London Metropolitan University elaboró un estudio para la Comisión Europea sobre precariedad laboral y derechos sociales contando con la colaboración de algunos expertos en el tema de la Unión Europea. Los participantes concluyeron que, aunque los contratos temporales por definición no tienen que ser necesariamente precarios, venían casi siempre asociados a peores condiciones laborales y a menores salarios. Explicaban que, cada vez más, se utiliza este tipo de contratos para evitar que el trabajador adquiera derechos laborales propios de un empleado permanente, como demuestra el hecho de que muchas empresas contraten después de un periodo corto de tiempo al mismo trabajador temporal para ocupar exactamente el mismo puesto del que fue despedido.

Como señala la OCDE en su informe anual sobre el mercado laboral, uno de cada siete trabajadores durante 2015 lo ha sido de manera temporal. Este organismo alerta sobre los sectores más vulnerables a la precariedad laboral, siendo principalmente los jóvenes recién graduados, los inmigrantes, las personas con menor cualificación y las mujeres los más castigados. La temporalidad y la precariedad laboral no solo afectan a los recursos con los que una persona cuenta para llevar a cabo un plan de vida, sino que los convierte en los primeros en caer cuando el ciclo económico sufre algún revés o cambia la situación de la empresa para la que están trabajando. Además, muchas veces el hecho de tener un contrato temporal, en prácticas o a media jornada no garantiza un contrato permanente y de calidad a largo plazo.

Precisamente, otro de los grandes retrocesos en materia laboral derivados de la crisis es el conocido “contrato de prácticas”. Cada vez es más común que personas con alta cualificación y experiencia acaben trabajando bajo acuerdos de formación, casi gratis, aunque en muchos casos con las mismas responsabilidades y horarios que un empleado normal.

En el caso de España, con un 21.5% de paro y con casi la mitad de su población juvenil sin trabajo, no solo los salarios han empeorado, sino que la temporalidad y las condiciones de los puestos de trabajo se han visto dramáticamente afectados, amparados por la Reforma Laboral aprobada en 2012. En dicha reforma, una de las novedades fue que los contratos de formación podrían encadenarse, incluso dentro de la misma empresa. La modificación de la ley permite que la empresa contrate de esta forma a trabajadores de hasta 30 años mientras la tasa de paro no baje del 15%.

Esta tendencia no solo se está produciendo en los países con exageradas tasas de desempleo. El caso de Irlanda ejemplifica cómo la crisis provocó pérdida de derechos laborales que tras la mejora de la economía no se han recuperado. A pesar de que en el país celta la tasa de paro se ha estabilizado en menos del 10%, medidas como el polémico programa estatal Jobbridge para fomentar los contratos en prácticas continúan vigentes. La tan alabada recuperación económica en el país no ha servido para que el gobierno dé marcha atrás a este sistema en el que una empresa puede contar con un empleado en prácticas hasta cuarenta horas a la semana por el módico precio de cero euros, concediendo 12 días de vacaciones al año. El sistema público paga 50 euros semanales al trabajador, que no necesariamente tiene que ser recién licenciado o no tener experiencia y que no siempre percibe otra ayuda por parte del Estado. Las protestas desde diferentes sectores, que alegan que este programa está dejando sin trabajo remunerado a parte de la población y que fomenta la precariedad, no han sido escuchadas. Así, muchos inmigrantes y jóvenes se ven abocados a prácticas sin remunerar donde ni siquiera la formación está siempre garantizada.

Lo mismo ocurre en Italia, donde las condiciones laborales también han empeorado notablemente desde que estalló la crisis. Los tipos de contratos temporales y de formación sirven al gobierno frecuentemente para maquillar las cifras de desempleo. Sin embargo, la sensación que tienen los italianos es que en su país se trabaja más por menos y en peores condiciones. La propuesta del ejecutivo Italiano liderado por Matteo Renzzi para combatir el desempleo ha sido la reciente Job Act, donde se pretende equiparar la situación de los empleados permanentes a los temporales simplificando los contratos. Los críticos con la medida afirman que a la larga esto provocará una pérdida de calidad de los contratos permanentes, que serán los que se equiparen a los temporales.

A fin de cuentas, lo que ningún gobierno está enfrentando es la precariedad creciente en los países del sur de Europa que imposibilita que los jóvenes y no tan jóvenes puedan planificar su futuro y ser completamente independientes. La recuperación económica no está revirtiendo en que los trabajadores recuperen los derechos perdidos, sino todo lo contrario. La última sugerencia de la CEOE en España es que se “flexibilicen” todavía más los salarios y que no se penalicen los contratos temporales para que el mercado español sea más competitivo. Estos años de recesión no parecen haber servido para que centremos la competitividad en la mejora del sistema productivo o la reorientación hacia otros sectores que nos permita así ofrecer mayor valor añadido y no depender tanto del sector servicios. Los países del Mediterráneo parecen condenados a seguir siendo la mano de obra barata de Europa y no da la sensación de que haya un interés real en que la situación cambie en el futuro.