Hace unos días entraba en vigor en España la Ley de Seguridad Ciudadana rodeada de polémica, aprobada en solitario por el grupo de gobierno y bajo la promesa de la oposición de derogarla a la menor oportunidad.

La nueva norma, apodada por los ciudadanos “Ley Mordaza”, llega rompiendo muchos de los principios más básicos y fundamentales de la Constitución Española, como la libertad de expresión, de manifestación e incluso limitando la libertad de información.

La regla parece instaurar también un aura de miedo sobre una población que, castigada por la crisis y los recortes, veía hasta ahora en estos actos la única oportunidad de manifestar su malestar.

Duramente criticada por la prensa internacional, la ley ha sido objeto de un memorándum de las Naciones Unidas, después de que cuatro relatores del Consejo de Derechos Humanos advirtiesen al Ministerio del Interior español de que la regulación amenazaba con “violar los derechos y libertades fundamentales” de los ciudadanos, restringía libertades básicas como las de opinión y expresión o limitaba la libertad de reunión de una forma que podía ser contraria al derecho internacional, ya que “podría tener un efecto disuasivo sobre la manifestación pacífica”.

La Ley, nacida a caballo de las manifestaciones de los llamados “indignados” y de movimientos como “Rodea el Congreso”, intenta evitar este tipo de protestas con multas de hasta 30.000 euros y puede imposibilitar la participación en actos como los escraches o la paralización de un desahucio, ya que sus participantes se expondrían a algún tipo de sanción.

Las sanciones pasan además a ser administrativas, de pago inmediato y dejan de tener en cuenta, como hasta ahora, el nivel de ingresos del perjudicado. Una situación que podría generar muchos conflictos al suprimir la ley el control previo del juez, que solo se podrá pronunciar si el perjudicado recurre la sanción por la vía contenciosa.

Hace poco se convocaba en Madrid la primera manifestación por hologramas de la historia. En ella participaban las imágenes de más de 2.000 personas reales, que proyectadas frente al Congreso burlaban la aprobación de una ley que ha sido justificada como necesaria por el Gobierno. Un argumento que resulta contradictorio en un país que ha vivido miles de manifestaciones en los últimos años y que solamente ha sufrido algún tipo de incidente en un mínimo porcentaje de ellas.

Me pregunto si el verdadero problema es que al gobierno español no le interesa oír lo que sus ciudadanos le tienen que decir. Me pregunto si acaso no es democracia que el pueblo pueda intervenir en el gobierno manifestando su opinión en las urnas o en las calles. Si esto es así, me tendré que preguntar si es correcto todo lo que he entendido hasta ahora por democracia. Me tendré que preguntar si debería de estar escribiendo esto o poniéndome una mordaza.