Venezuela está atravesando una dolorosa crisis económica que impacta, directamente, en el nivel de vida de sus ciudadanos. Las largas colas para comprar alimentos, la ausencia de insumos médicos y el desmantelamiento del sistema productivo nacional son, tan solo, la punta del iceberg. En las profundidades, las trabas administrativas, regulaciones absurdas y la corrupción terminan de minar un escenario en el que navega, con incertidumbre, el sector empresarial.

Cada vez es menor el número de compañías que cuentan con capacidad de reacción ante la hostilidad del entorno económico, así como con la fuerza para resistir las embestidas que se vienen realizando desde el sector público durante los últimos 16 años y que han tenido, como objetivo final, la concentración del potencial económico en la estructura estatal. De ahí que el Gobierno emprendiera una campaña de expropiaciones a todas aquellas firmas o territorios que tuvieran un alto potencial de progreso o que fueran estratégicas para el desarrollo de un rublo determinado.

La política de expropiar llevó a que, entre 2002 y 2012, en Venezuela se intervinieran unas 1.168 compañías, en su mayoría pertenecientes a los cinco sectores más importantes de la economía nacional: petróleo, construcción, agroindustrial, comercial y alimentos. Las áreas que actualmente registran importantes caídas anuales y que se han visto en la obligación de recurrir a la importación para cumplir, en la medida de lo posible, con el abastecimiento nacional.

La plena libertad del Gobierno para expropiar empresas le permitió convertir esta medida en un instrumento de presión político nacional e internacional. Por un lado, asusta a las compañías nacionales con una intervención estatal ―lo que se traduce en una muerte de la empresa ante una gestión ineficiente, tal como ha ocurrido con Aceites Diana o Fama de América―; mientras que, simultáneamente, sirve para amenazar los intereses económicos extranjeros como medida política, así como demostró Maduro al asegurar que expropiaría empresas españolas en el caso de que sigan las presiones contra su Gobierno.

Las expropiaciones, sin embargo, no han sido una política aislada para arrinconar al sector empresarial. A lo largo de los últimos 15 años, el Gobierno ha implementado un paquete de medidas económicas que traban el desarrollo de las compañías y entre las cuales destacan el control de cambio y la Ley Orgánica de Precios Justos. Regulaciones que, según el Foro Económico Mundial (FEM), convierten a Venezuela en uno de los países menos competitivos del mundo, al ocupar el puesto 131 de un total de 144 naciones.

En este sentido, la política económica implementada en el país latinoamericano ha llevado a que cuatro de cada diez empresas cierren sus puertas, lo que se traduce en que, entre 2001 y 2014, más de 200.000 compañías desaparecieran del mercado venezolano, según indica el Reporte Global de Competitividad 2014-2015 presentado por el Foro Económico Mundial.

Inversión represiva

Los efectos de la fallida política económica venezolana ya son evidentes a pie de calle, con una trágica situación que ha colocado en jaque el bienestar básico de sus ciudadanos. Una situación que se prevé empeore durante 2015, período que se estima registrará una caída del 7% en el Producto Interno Bruto (PIB), según cálculos del Fondo Monetario Internacional. No obstante, el Gobierno ha dejado en evidencia su intención de no rectificar, al continuar con los ataques directos sobre el sector empresarial y considerarle uno de sus enemigos en la imaginaria ‘guerra económica’.

El recrudecimiento de las agresiones se puede apreciar en las declaraciones de Jesús Faría, vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, al asegurar que la inflación [la más alta del mundo y que cerró el año 2014 con un índice del 68,5%] viene promovida por las “altas tasas de ganancias” de los empresarios. Por lo que ha amenazado con “los controles que se están ejerciendo, cada vez con mayor eficiencia y rigurosidad”. Eso sí, Farías no hace ninguna mención sobre cómo la constante devaluación de la moneda nacional ante el dólar presiona, diariamente, la alza de los precios de los bienes y servicios y, por ende, a la inflación.

Entre los controles a los que se refería el Vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional podrían estar las detenciones de los empresarios que se nieguen a seguir los lineamientos del Gobierno, así como ocurrió con dos directivos de una conocida cadena de farmacias, Farmatodo, por incurrir, presuntamente, en “irregularidades en el expendio de productos de primera necesidad”.

Una medida que el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), ha resumido en una frase: “los empresarios son los nuevos presos políticos en Venezuela”. Una demostración más de que las compañías se han convertido en el enemigo comodín del gobierno venezolano, encontrando a un culpable en la imaginaria ‘guerra económica’, en lugar de asumir la responsabilidad que tienen de la dolorosa crisis económica que atraviesa Venezuela y que afecta a todos sus ciudadanos.