Conocemos, por haberse demostrado consistentemente, que el régimen de Maduro en Venezuela está dispuesto a cualquier acción para seguir indefinidamente en el poder, a pesar del fraude electoral comprobado. Se ha escrito y comentado al respecto desde todos los ángulos, y no hay democracias verdaderas que lo reconozcan, salvo por aquellos gobiernos incondicionales o donde imperan regímenes similares.

Lo grave es que a dichos objetivos se añade un hostigamiento constante, una represión mayor a la habitual a quienes se le opongan, acompañada de juzgamientos expeditos sin el debido proceso, encarcelamientos arbitrarios, con todos los órganos del Estado férreamente controlados por el poder Ejecutivo. Según muchos observadores, abundan los asesinatos, torturas y vejaciones de todo tipo. En definitiva, se ha transformado en una de las peores dictaduras latinoamericanas, otra más en una región que, lamentablemente, las conoce bien.

Todo lo señalado ha sido acompañado de una acción exterior de ruptura de las relaciones con quienes no validan lo ocurrido, retiro del personal diplomático venezolano, expulsión de los funcionarios extranjeros acreditados, y lo que ha sido más grave, se ha privado de toda ayuda a los casi ocho millones de venezolanos en el exterior repartidos por varios países sudamericanos, que han elegido abandonar el país antes que sufrir la persecución, o las privaciones de una situación económica catastrófica.

Las consecuencias han sido inmediatas y los emigrados subsisten sin la documentación necesaria, muchas veces de manera irregular y sin posibilidad alguna de la debida asistencia, quedando en manos de los respectivos países de acogida la responsabilidad humanitaria de estos venezolanos abandonados a su suerte, ante el flagrante incumplimiento de las más elementales obligaciones de protección con sus propios ciudadanos.

Además de estas contravenciones al derecho internacional, en lo específico, ha violado las normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, al mantener un asedio a la Embajada de la República Argentina, sin su personal titular, pero representada en sus intereses por la Embajada del Brasil. Una práctica usual en caso de ruptura de relaciones diplomáticas, conflictos graves y hasta situaciones de guerra. El régimen de Maduro les comunicó que “de inmediato” ponía término a la representación brasilera de los intereses de la Embajada de Argentina, y ha utilizado todo tipo de presiones y amenazas para obstaculizar su labor.

Es aquí donde se incurre en una nueva y grave violación del derecho y de la práctica diplomática, precisamente, de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, uno de los textos más importantes del derecho actual y que ha sido ratificado por todos los países. Sin su pleno cumplimiento, toda relación entre Estados se hace imposible al no poder garantizarse por el país receptor el desempeño de las funciones del país acreditante. Es decir, la diplomacia como herramienta fundamental entre las naciones, se torna impracticable.

La razón de esta medida extrema e ilegal ha sido la protección que la Embajada de Argentina ha venido otorgando a seis ciudadanos venezolanos hasta el asilo diplomático respectivo.

El hostigamiento y presión indebida por parte de fuerzas armadas venezolanas al lugar donde se encuentran los asilados, está en abierta violación de lo dispuesto en el Artículo 22 de la Convención, que luego de establecer: “Los locales de la misión son inviolables. Los Agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del Jefe de la Misión” (Número 1). Situación que hasta ahora no ocurre. Sin embargo, claramente se vulnera lo que el mismo artículo 22 establece en su número 2: “El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad”.

Resulta necesario puntualizar que las normas sobre el derecho de asilo en Latinoamérica, justamente están establecidas en la Convención de Caracas de 1954, adoptada durante la Décima Conferencia Interamericana en Venezuela, la misma que el actual gobierno no respeta.

Las personas que se encuentran en calidad de huéspedes de la Embajada Argentina, gozan de las inmunidades que tienen tanto los locales como las residencias de los funcionarios garantizadas por la citada Convención de Viena. Conviene puntualizar que contrariamente a lo que a veces se dice, las Embajadas nunca son territorio de un Estado. Sería tan absurdo que dichos mini-territorios existieran diseminados en otro país, y pudieren ser cambiados a voluntad mediante la compra o el arriendo de los inmuebles respectivos.

Lo que existe es la inmunidad contemplada por la Convención para el desempeño de las funciones diplomáticas, a las cuales se les puede adicionar determinados privilegios acordados normalmente por reciprocidad. Los Consulados se rigen por otra Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963), y también gozan de inmunidades en sus respectivas jurisdicciones, pero no otorgan asilo.

La trasgresión de estas normas por parte de Venezuela, se han materializado respecto a la Embajada del Brasil, encargada de los intereses de la expulsada Embajada de Argentina, y también a los asilados, que tenían la extensión de las inmunidades. La nueva situación, los deja en total desamparo y entregados a lo que decida el régimen venezolano.

La ilegalidad resulta atentatoria contra los derechos fundamentales de los diplomáticos de las Embajadas que permanecen, además del debido respeto de las normas del derecho de asilo, que tanto contribuyó Venezuela a su aprobación y que ahora incumple impunemente.

Estamos ante un caso grave de violaciones de variadas normas internacionales vigentes, las mismas que Venezuela no podrá exigir que le sean respetadas para sus representaciones diplomáticas o eventuales concesiones de asilo, mientras no esté dispuesto a cumplir las suyas.

Maduro ciertamente ha caído en varios delitos internacionales que la comunidad de naciones, a menos de transformarse en cómplices, no deberá aceptar.