La actual crisis de drogas se ha convertido en la peor en la historia de Estados Unidos, donde, según cifras oficiales, más de cien mil personas mueren al año por sobredosis de opioides, ya sea legales o ilegales. Con un consumo del 99% de hidrocodona y el 81% de oxicodona a nivel global, EEUU se encuentra sumergida en una adicción desmedida.

Estados Unidos llega a utilizar 30 veces más de lo necesario para su población. La descontrolada proliferación de los analgésicos recetados ha sido uno de los principales impulsores de la epidemia de opioides. El turbio negocio no solo reporta beneficios económicos a la 'Big pharma' -las trasnacionales farmacéuticas- y a los traficantes, sino que, pese a esta realidad endógena el gobierno manipula el tema para proteger los intereses geopolíticos de EEUU.

El gobierno de EEUU se ha propuesto desempeñar un papel de supuesto juez imparcial en el tema del fentanilo, donde también se entremezclan intereses geopolíticos. Cuando Donald Trump declaró la crisis de opioides una «emergencia nacional», acusó a China de estar detrás de ella. Pidió al Senado que «detenga este veneno que está matando niños y destruyendo el país».

La administración de Joe Biden ha seguido con el mismo libreto. Este año, el Departamento de Justicia presentó por primera vez una acusación contra empresas y ciudadanos chinos presuntamente vinculados al tráfico de sustancias utilizadas en la fabricación de fentanilo. Esta acusación se dirige específicamente a una compañía química china conocida como Hubei Amarvel Biotech y a tres de sus ejecutivos, dos de los cuales fueron arrestados en Hawái.

Según la Cancillería china, las medidas tomadas por EEUU, ya sea a través de tácticas coercitivas, coacción u operaciones ilegales, no resolverán el problema de las drogas, sino que solo sirven como chivo expiatorio para culpar y atacar al país asiático.

La estrategia de Washington consiste en utilizar el fentanilo como pretexto para acusar a Beijing, al tiempo que impone sanciones y presenta cargos contra empresas y ciudadanos chinos. China ha afirmado en repetidas ocasiones que el problema del abuso de fentanilo en EEUU se debe a las políticas internas y la deficiente gobernanza del país, no a China, que ha impuesto estrictos controles sobre esta sustancia.

El 30 de mayo, EEUU decidió imponer sanciones a varias personas y entidades tanto en China como en México. Estas acciones se debieron a la acusación de que dichas personas y entidades supuestamente suministran equipos utilizados por los carteles mexicanos de la droga para la producción de píldoras de fentanilo. México ha decomisado en lo que va de año mil 727 kilos de fentanilo.

México es el otro punto de mira de EEUU al buscar chivos expiatorios sobre su crisis de los opioides. Lo culpa de no hacer lo suficiente para combatir la producción y el tráfico de fentanilo, en el que están involucrados los carteles de la droga mexicanos.

Con ello minimiza que gran parte de la responsabilidad que recae en las farmacéuticas estadounidenses y en los altos funcionarios que fueron sobornados para permitir la venta indiscriminada de estos medicamentos adictivos, y que la ley impulsada por estas mismas empresas para limitar las facultades de la DEA y seguir reabasteciéndose sin control también contribuyó a agravar la crisis.

Una auditoría a los miles de millones de dólares en asistencia estadounidense anticrimen a México concluyó con una evaluación severa: no existe evidencia de que los objetivos sean efectivos ni que se están cumpliendo.

Washington otorgó más de tres mil millones en asistencia desde 2008 para abordar el crimen organizado trasnacional y la violencia en México, mejorar el imperio de ley en el país y reducir el narcotráfico a Estados Unidos, afirman los auditores de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés), agencia autónoma del Congreso para investigaciones.

Una conclusión general de los auditores es que persisten la corrupción política y la impunidad en México y una creciente demanda de drogas en Estados Unidos, que nutre a las organizaciones criminales trasnacionales.

Cambiar el modelo punitivista

La información dada a conocer por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci) confirma la necesidad y la urgencia de cambiar el modelo vigente en dos sentidos. Uno de ellos es abordar las causas económicas que empujan a miles de campesinos y pobres urbanos a integrarse (no pocas veces, de manera forzada) a las filas de la delincuencia.

Mientras prevalezcan la miseria, los inaceptables niveles de desigualdad y la falta de oportunidades para la vasta mayoría de los habitantes latinoamericanos, la criminalidad contará con una base social de reclutamiento y apoyo que anulará la eficacia de los encarcelamientos masivos, la ocupación policíaca de comunidades enteras y otras medidas que criminalizan la pobreza y son claramente violatorias de los derechos humanos.

Y, por otro lado, resulta inaplazable la despenalización del consumo de las sustancias actualmente ilícitas, tanto por el incontrovertible hecho de que su estatus jurídico no ha tenido efecto alguno en su uso por millones de personas, como porque en muchas ocasiones encarcelar a alguien por el consumo de drogas es más dañino para la sociedad que los narcóticos mismos: desmiembra a familias, desgarra el tejido social, estigmatiza a los usuarios y supone una pesada carga para las finanzas públicas.

Si a ello se suma que las personas procesadas penalmente por consumo de drogas pertenecen, en su abrumadora mayoría, a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, está claro que el punitivismo tiene un intolerable sesgo clasista y racista. Por ello se hace imprescindible la implementación de un nuevo paradigma: el tráfico es un fenómeno económico y el consumo un tema de salud pública, y que llevarlos a la esfera de lo policial y penal redundó en un sufrimiento que no puede prolongarse.

La Big Pharma

A finales del siglo pasado se comenzó a promover su uso en la comunidad médica, los cuales eran utilizados principalmente en pacientes con cáncer y enfermedades terminales. Para ello, se difundieron estudios científicos que aseguraban que la terapia con opioides a largo plazo era segura y efectiva, siempre y cuando el paciente no tuviera previos antecedentes de adicción a las drogas: afirmaciones falsas.

En 1990, la compañía familiar Purdue Pharma lanzó OxyContin, una forma de oxicodona (un analgésico opiáceo) de liberación gradual, y llevó a cabo una campaña agresiva para persuadir a los médicos de prescribir el medicamento para cualquier tipo de dolor. En 1995 el gobierno aprobó el uso de OxyContin para tratar el dolor moderado a severo. El Oxycontin influyó en más de 500 mil muertes en dos décadas.

Purdue Pharma llevó a cabo una campaña de proporciones sin precedentes para persuadir a los médicos para que recetaran OxyContin no solo para el dolor severo, sino para cualquier tipo de dolor. Pagó a miles de médicos para que asistieran a seminarios donde se discutían los beneficios de OxyContin, ofreció descuentos a los mayoristas, y cupones para los pacientes que incluían un paquete de inicio de 30 días.

Entre los años 2006 y 2015, los fabricantes de analgésicos opioides invirtieron más de 880 millones de dólares en grupos de presión (y sobornos) tanto a nivel federal como local, lo que tuvo un impacto significativo en la prescripción de OxyContin y el aumento exponencial de su consumo y el aumento de las ventas y ganancias (más de 35 mil millones de dólares desde 1996 hasta 2017), y contribuyó al desarrollo de una nueva epidemia: la adicción a los opioides.

Otras compañías, como Johnson&Johnson, Teva Pharmaceutical Industries, Endo Pharmaceuticals y Allergan, también han empleado estrategias similares para aumentar el consumo de opiáceos en el país.

Según El veneno que elegimos, del periodista británico-estadounidense Andrew Sullivan, la epidemia de adicción a los opioides, que fue el resultado de una combinación de factores, pasó por alto el hecho de que los efectos del OxyContin disminuían después de un corto período de tiempo, lo que llevaba a los pacientes a ingerir dosis más altas y durante períodos más largos.

Esto se vio exacerbado por la decisión gubernamental de sustituir los pagos de asistencia social para personas de bajos recursos por prestaciones por discapacidad, que incluían la cobertura de opioides para el dolor. Lo que incentivó a médicos sin escrúpulos a recetar estos medicamentos y a los pacientes a buscar formas de lucrarse vendiéndolos. Como resultado, el perfil social y cultural de los consumidores de opioides cambió, afectando incluso a jóvenes deportistas y estudiantes de secundaria.

Ante la negativa por parte de médicos a seguirles recetando analgésicos legales, comenzaron a consumir opioides del mercado negro como la heroína y el fentanilo. Éste fue desarrollado en Bélgica en 1959 y se introdujo por primera vez en EEUU en la década de 1970. En el ámbito médico, se utiliza para tratar el dolor intenso, especialmente en pacientes con cáncer o después de una cirugía dolorosa.

En 2016, ante la indiscutible evidencia de que las empresas farmacéuticas estaban irresponsablemente distribuyendo opioides y lucrando con la adicción, las empresas promovieron una legislación que restringiría drásticamente la capacidad de la agencia antinarcóticos DEA para intervenir en el suministro de estos medicamentos, la que fue aprobada de manera unánime en el Congreso, sin que ningún legislador se opusiera.

Luego de la aprobación de la ley, la empresaria y senadora republicana Marsha Blackburn recibió donaciones de las farmacéuticas que ascendían a casi un millón de dólares. Obviamente no fue la única beneficiada.

El valor de un kilo de fentanilo puede alcanzar los 1,2 millones de dólares, lo que es considerablemente más alto que el valor de la misma cantidad de heroína, que ronda los 500 mil dólares. Además, debido a su alta potencia y su reducido tamaño, facilitando su distribución, se ha convertido en una opción extremadamente lucrativa y atractiva para aquellos involucrados en el mercado de drogas ilegales. Una dosis de tan solo 2 miligramos de fentanilo puede ser letal.

Su potencia también se ve reflejada en los efectos que produce y su letalidad. Una sobredosis puede deprimir el sistema respiratorio; llevar a la pérdida de conciencia o a un estado de coma; disminuir la presión arterial, lo que puede resultar en mareos, debilidad y desmayos; causar daño en los órganos, especialmente en el corazón, el hígado y los riñones.

La búsqueda de alivio

Andrew Sullivan señala que la crisis de muertes relacionadas con los opioides en EEUU no se puede atribuir sólo a las farmacéuticas, médicos, políticas oficiales o factores socioeconómicos, sino que es parte de una historia más profunda de dolor y búsqueda de alivio y compara el impacto de los opioides con el efecto del LSD en los años 60, la cocaína en los años 80 y el crack en los años 90.

El periodista también señala que la epidemia de opioides en los años 1860 y 1870 fue causada por la dislocación social y cultural generada por la guerra y la industrialización. El estrés psicológico causado por estos cambios impulsó el uso de opiáceos como forma de alivio. Incluso se estima que hasta el 10% de los ingresos de una familia trabajadora en la Gran Bretaña industrializada se gastaba en opio.

Hoy, la desindustrialización de EEUU y los problemas económicos y culturales resultantes son una de las razones por las que la crisis de opioides ha crecido. La droga ha encontrado un hogar en las zonas rurales y pequeñas ciudades que han sufrido la pérdida de sus industrias.

Sullivan argumenta que la transformación económica y cultural impulsada por el capitalismo y la tecnología ha convertido a muchas comunidades en una especie de «jaula para ratas». La automatización del trabajo ha reducido la dignidad de los trabajadores de clase media y, al mismo tiempo, ha debilitado las estructuras familiares tradicionales.

Además, el avance de la tecnología, como internet y los teléfonos inteligentes, ha deteriorado las relaciones humanas y la sensación de comunidad. Todo esto ha llevado a un sentido de inseguridad económica y vacío espiritual en la sociedad estadounidense actual, en la que hay una proliferación de adicciones y distracciones, como el trabajo excesivo, la comida, teléfonos, televisión, videojuegos, pornografía, las noticias y las drogas.

Sullivan dice que no se debe ver a estas personas como miserables que recurren a las drogas, sino como personas que no se dieron cuenta de lo miserable que eran hasta que descubrieron una forma de vida sin esa miseria a través de las drogas. «Volver a sus vidas anteriores se volvió impensable. Para muchos, todavía lo es», explica.

Intereses geopolíticos

El 30 de mayo, EEUU decidió imponer sanciones a varias personas y entidades tanto en China como en México. Estas acciones se debieron a la acusación de que dichas personas y entidades supuestamente suministran equipos utilizados por los carteles mexicanos de la droga para la producción de píldoras de fentanilo.

La Comisión Nacional de Control de Narcóticos de China manifestó su insatisfacción y oposición hacia EEUU por las sanciones impuestas, así como su denigración hacia empresas e individuos chinos por las exportaciones de productos químicos y equipos a México.

Mientras, una iniciativa presentada ante el Congreso estadounidense por los legisladores Dan Crenshaw y Michael Waltz propone autorizar el uso de las Fuerzas Armadas en México contra los carteles de tráfico de fentanilo. Esta propuesta ha sido criticada por el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como una medida injerencista y violatoria de la soberanía mexicana.

El tráfico de opiáceos en Latinoamérica, aunque es un fenómeno muy pequeño en comparación con el de otras drogas, tiene la potencialidad de modificar el comportamiento del narcotráfico en la región, con nuevos mercados, rutas y sustancias. A diferencia de EEUU, el uso de opioides no médicos en la población es extremadamente bajo, pero se han registrado casos en los que se están cortando drogas como la cocaína y la heroína con fentanilo u otros opiáceos sintéticos.

Por años, los dirigentes latinoamericanos repitieron el discurso oficial de la guerra contra las drogas, sin confrontar a la Casa Blanca, la Unión Europea e incluso a Naciones Unidas sin atreverse a contradecir la fallida política. «La llamada guerra contra las drogas ha fracasado, no sirve. Si la continuamos no vamos sino a sumar otro millón de muertos en América Latina, y vamos a tener más estados fallidos y quizás la muerte de la democracia», alertó Gustavo Petro, el presidente colombiano.

Petro expuso con claridad las realidades del tráfico y el consumo de estupefacientes, denunció los daños ocasionados por la política coercitiva y desenmascaró los mitos con que se ha prolongado una guerra que no sólo ha sido completamente inútil en su objetivo declarado de evitar que las drogas lleguen a las calles de Estados Unidos, sino que ha multiplicado los males que padecen los países latinoamericanos y caribeños.

La declaración final de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas Para la Vida, la Paz y el Desarrollo, realizada en Cali representa la esperanza para revertir las lógicas punitivas y neocoloniales, y construir una solución entre iguales, lejos de la tutela de poderes externos, que sólo han profundizado las desigualdades de nuestras sociedades y les han impedido desarrollar soluciones verdaderas, basadas en la cooperación y el rechazo a la depredación disfrazada de competitividad.

Lo fundamental para enfrentar el flagelo de la drogadicción y de la violencia está en atender las causas, con un nuevo criterio, no pensar sólo en medidas coercitivas. Las personas procesadas penalmente por consumo de drogas pertenecen, en su abrumadora mayoría, a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, lo que deja en claro que el punitivismo estadounidense tiene un intolerable sesgo clasista y racista.