Los datos de empleo publicados por el gobierno y las fabulosas previsiones económicas de crecimiento que nos cuenta la parejita, Sánchez y Díaz, no coinciden con los datos. Mientras el número de ocupados crece, en medio de una reforma laboral que enfrenta a Yolanda Díaz con los empresarios, España sigue perdiendo tejido productivo.

Hasta diciembre 2021, el número de empresas que presentaron concurso de acreedores fueron casi 5,500, a saber, un 40% más que el año pasado y cifra récord desde 2014. La región que lidera las quiebras vuelve a ser Cataluña al superar el año pasado los 1,500 concursos, más del 25% del total nacional. Madrid tampoco se queda atrás con casi 350 empresas concursadas más respecto a 2020. En general, todas las comunidades perciben un aumento de empresas en quiebra.

También hay que sumar las disoluciones de empresas registradas en todo el 2021, ha crecido el número de empresas que presentan a la vez concurso y extinción, son casi el 70% de las firmas concursadas, en total en 2021 casi 25,000 empresas se han disuelto. Madrid con el 28% del total es la región que más ha perdido, le siguen Andalucía y Valencia. Así que entre las compañías que han declarado concurso o iniciado proceso de disolución la suma en 2021 asciende a una facturación de 20,000 millones.

En todo caso, hay que recordar que la moratoria concursal, prorrogada otra vez por el gobierno hasta el 30 de junio de 2022, tras el consentimiento de Bruselas, impide la presentación de concursos necesarios por parte de acreedores. Un factor, que como ya han avisado numerosos organismos, está conteniendo una avalancha de presentaciones concursales en los juzgados, además de conllevar un tejido necrótico de la economía nacional.

Así que España vive en una burbuja, donde los autónomos van a la quiebra, sin olvidar el aumento de insolvencias de personas físicas, que se ha multiplicado por seis entre 2015 y 2020, y que continuará esta tónica por las consecuencias derivadas del incremento en el precio de las energías, inflación y retraso de abastecimiento de determinadas materias primas. Hablamos de una inflación de carácter estructural y de una incertidumbre espectacular en la regulación laboral. A nivel fiscal estamos viviendo un deterioro de las condiciones crediticias de los avales ICO y el retraso en la llegada de los fondos europeos.

España sigue viviendo la COVID-19, y hemos vivido un año con prorrogas sucesivas de Estados de Alarma, y seguiremos así, hablando de variantes del virus y de terceras o cuartas dosis de la vacuna, y juzgaremos a Novak Djokovic por no estar vacunados, y formaremos bandos de los decentes y los indecentes, de los buenos y los malos… y todo sin obligación por ley de vacunarse. Donde el Estado no asume la responsabilidad de nada, y donde parece que el empresario a nivel individual se encarga de la moral de que sus empleados estén vacunados o no.

Por no mencionar lo contradictorio de las innumerables normativas sobre la mascarilla y la necesidad del pasaporte covid, nótese la violación de la libertad individual en pro del bien común, pero donde el Ejecutivo deja en manos de los presidentes autonómicos las decisiones de Estado. Manteniendo vivas a un gran número de empresas, sin tener en cuenta si son viables o no. Los más generosos dirían que lo que está por venir es impredecible ya que el tejido productivo está anestesiado, pero si la reforma laboral está en manos de las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, todo me hace pensar que no servirá lo de cruzar los dedos.

No es posible entender tantas patadas a nuestro país, sino fuese por una pandemia, ahora se cumplen dos años de la investidura de Sánchez y vamos hacia un nuevo ciclo electoral sin poder tragar todavía el que tenemos. El próximo 13 de febrero las urnas se abrirán en Castilla y León para medir las fuerzas del PSOE y el PP, después veremos las de Andalucía, el 2023 es un camino de elecciones programadas tanto municipales como autonómicas, y siempre con la duda de saber en que momento el presidente del gobierno decidirá convocar elecciones generales. Me puedo llegar a creer hasta un golpe de estado por parte de Sánchez.

Las encuestas regionales de Castilla y León salen a favor del PP, gracias al regalito que les ha hecho Alberto Garzón con sus «ilustradas» declaraciones sobre los ganaderos y la carne de mala calidad que exporta España de animales maltratados, sin quererlo les ha construido a los populares el discurso electoral. Los últimos sondeos publicados sitúan al PP muy cerca de la mayoría absoluta. El objetivo es repetir en Castilla y León, el resultado del 4-M en Madrid, con una segunda parte muy estratégica que debería ser impulsar a Mañueco. Si esto se cumple, Pablo Casado podrá levantarse como el milagro de Lázaro, porque está muerto políticamente hablando o cerca de estar muy enfermo. No tiene que ser fácil ser Pablo Casado.

Saber lo que quiere Casado para España es otra gran duda, tanto como el plan de la reforma laboral, o el Plan de Recuperación de los Fondos Europeos, que incluye unos 80,000 millones en ayudas no reembolsables, para gastar en cuatro años. Nadia Calviño, promete tanto como Pedro Sánchez, y afirma elaborar un plan con nuevas reformas y objetivos a cambio de esos prestamos europeos que se movilizarán entre 2022 y 2026.

Y digo yo, sería mucho pedir que, entre tanto triunfalismo socialista y datos con los que no me salen las cuentas, ¿habrá un momento por parte del ejecutivo para otra promesa incumplida: el precio desbocado de la electricidad?