Tras el éxito de la sesión de 2016, celebrada a pesar de las prohibiciones, la sesión del TID 2021 verificó la reanudación de las violaciones de los derechos humanos.

La participación del relator de la ONU sobre el derecho a la vivienda y el diálogo directo entre las organizaciones populares y las autoridades del país ha logrado la emisión de un dictamen que exhorta a las autoridades del país una mesa de diálogo, políticas de desalojos cero y apoya la propuesta de la nueva ley de vivienda que se debate en el Parlamento.

Los testimonios de las violaciones

Karina Almeida, de Ciudad de Dios, barrio en Guayaquil, Ecuador: «En 2010 fuimos víctimas de un desalojo forzoso con brutalidad. Quedamos más o menos unas mil familias en abandono. Llegaron los militares a poner un número para censar. No contamos con el apoyo de ninguna autoridad».

Marjorie Párraga, representante de Bloque 22, tiene más de 13 años de asentamientos. «Somos perseguidos por el Municipio peor que delincuentes. No tenemos tranquilidad. Hubieron desalojos forzados, también en este periodo de pandemia, tumbaron casas con la ayuda de militares y policías».

Estos son algunos de los testimonios escuchados por el Tribunal Internacional de Desalojos (TID) en el marco de las Jornadas Mundiales Desalojos Cero convocadas por la Alianza Internacional de Habitantes el pasado mes de noviembre. Escalofriantes testimonios de cómo cada sociedad produce sus propias vulnerabilidades, también las resistencias, sobre todo por parte de las mujeres.

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la fragilidad de los seres humanos frente a un virus, pero sobre todo la fragilidad de los sistemas económicos y sociales de los gobiernos y la falta de preparación de estos, así como la ausencia de políticas adecuadas para hacerle frente. Sin duda, esta pandemia ha sido especialmente reveladora de la fragilidad de las políticas de vivienda y de su ausencia en muchos países del mundo. La contención ha socavado ciertamente el sistema neoliberal, y ha demostrado los límites de la globalización y el capitalismo, aumentando la desigualdad, el desempleo y la injusticia. Y a pesar de las moratorias para detener los desalojos, en algunas partes del mundo se ha seguido desplazando a miles de familias con indiferencia.

Con más de 22,000 muertos oficialmente (más casi 10,000 si se suman las muertes cuyo origen viral no ha sido confirmado) y más de 481,000 casos, para 17.5 millones de habitantes Ecuador parece ser proporcionalmente el país más afectado por el coronavirus en América Latina. La provincia de Guayas y Guayaquil, su capital, la segunda ciudad del país después de Quito, están especialmente afectadas. La «Perla del Pacífico» (apodo de Guayaquil) concentra más de 68,000 casos, casi el 15% del total y el 20% de las muertes en Ecuador.

Los desalojos se han reanudado tras la moratoria lograda gracias al TID 2016

En Guayaquil, los desalojos se han reanudado en plena pandemia tras una moratoria de 5 años, lograda gracias al Tribunal Internacional de Desalojos celebrado en 2016 entre esta ciudad y Quito en el marco del Foro Popular Resistencia a Hábitat III. Esta quinta sesión del TID fue un éxito porque, a pesar del intento fallido de las autoridades por impedirlo por la fuerza frente a una cancha de fútbol concurrida por un millar de pobladores, se logró constatar las violaciones de los derechos humanos que sufrían miles de personas por los desalojos en Monte Sinaí y se propusieron firmes recomendaciones. Las recomendaciones, respetar el derecho a la vivienda y aplicar políticas de vivienda adecuadas, lograron restablecer la dignidad de los habitantes del barrio y frenar los desalojos durante un tiempo.

Cinco años después, se han reanudado los desalojos y las violaciones de los derechos humanos ratificados por Ecuador.

Frente a esta situación se ha tomado la decisión de denunciar el caso ante el Tribunal Internacional de Desalojos. Según la misión realizada el 15 de agosto de 2021 por la Defensoría del Pueblo, el Comité Permanente de Derechos Humanos del Ecuador y el Observatorio Ciudadano por el Acceso a la Ciudad y los Espacios Públicos de Guayaquil, 65% del territorio urbano residencial está ocupado por asentamientos informales y/o irregulares, con 6,000 viviendas por año, debido a la falta de planificación y dotación de viviendas sociales, con aproximadamente 300,000 personas viviendo en ellos, incluyendo individuos y familias que ocupan zonas de riesgo. Solo en Monte Sinaí 30,000 familias viven en asentamientos informales, mientras que antes de su creación solo había 10,000. Y ello a pesar de la militarización de la zona y de la equiparación de quienes luchan por sus hogares a los traficantes de tierras.

La sesión del TID 2021 un caso que marca la pauta

La sesión del TID 2021, transmitida internacionalmente por Zoom y en varios idiomas, tuvo aún más reconocimiento y fuerza que la de 2016. No solo no se prohibió, sino que participaron autoridades locales y representantes del gobierno nacional, que escucharon al profesor Balakrishnan Rajagopal, relator de la ONU para el derecho a la vivienda, empezaron a dar algunas respuestas a un calificado jurado de expertos y juristas internacionales, y a ofrecer cierta disponibilidad a un diálogo con las organizaciones sociales y los representantes de los propios barrios populares.

El jurado del TID, integrado por Diana Bell, de Ecuador, politóloga y Máster en Planificación Urbana; Agustín Territoriale, de Argentina, abogado experto en derecho a la vivienda, miembro del TID y jurado en 2016; Cesare Ottolini, Italia, coordinador global de la AIH; Soha Ben Slama, coordinadora AIH en Túnez y coordinadora TID, no escatimaron en preguntas precisas para las autoridades locales y del gobierno nacional.

¿Por qué se llevaron a cabo los desalojos sin reasentamiento en una vivienda adecuada a pesar de que violan la Constitución ecuatoriana, ley suprema y bien detallada? ¿Cómo fue posible violar los art. 42, art 30 y 32 por nombrar solo estos tres? Además, el artículo 11 (derecho a la vivienda) y el artículo 12 (derecho a la salud) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por Ecuador.

¿Cómo es posible que se haya expulsado violentamente a poblaciones enteras de residentes, mujeres, niños, ancianos, discapacitados, sin tener en cuenta el grave factor de la pandemia de la COVID-19 que lleva casi 2 años y que ha matado a más personas en Guayaquil que en cualquier otra parte del país? ¿Y el derecho a la salud?

¿Por qué se les permitió vender terrenos, construir y asentarse durante años a estas familias, para luego desalojarlas por la fuerza? ¿Y por qué hay que poner al mismo nivel a las familias que adquirieron las tierras con su sudor y a los estafadores y traficantes de tierras que se las vendieron? Sabiendo que estos mismos traficantes no son castigados en su mayoría. ¿Por qué no se enfrentaron a los traficantes y a sus vínculos con las estructuras políticas locales y nacionales?

¿Por qué las personas que luchan por el derecho a la vivienda no son consideradas activistas de los derechos humanos? ¿Y por qué no se les protege como estipula la Carta de los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por unanimidad por la Asamblea General de la ONU en 1998?

¿Cómo van a seguir yendo los niños a la escuela? ¿Qué piensan hacer para ayudarles tras el shock de ser desalojados a la fuerza con armas, que ellos y sus padres han soportado como si fueran delincuentes?

¿Qué han planeado para los ancianos, que han vivido allí durante décadas, y que han pagado con su sangre y su salud las tierras que han adquirido? ¿qué tienen previsto para compensarles económicamente, psicológicamente y en cuanto a la violación de su dignidad humana?

¿Qué pasa con las mujeres, amas de casa, jornaleras, oficinistas y otras que han construido, educado y mantenido a toda una familia sobre sus hombros, desde los abuelos hasta los maridos, pasando por los jóvenes desempleados? ¿Ha pensado en el riesgo que corren de perder su empleo como consecuencia de estos desahucios? ¿Han proporcionado alternativas? ¿compensación? ¿vivienda decente? ¿no lejos de las escuelas y los trabajos de sus hijos?

Por último, una pregunta fundamental: una vez determinadas y reconocidas las responsabilidades, ¿están ustedes dispuestos a participar en un diálogo multilateral con el objetivo de regularizar los asentamientos informales respetando plenamente los derechos humanos?

Y, mientras tanto, ¿declarar también la necesaria moratoria de los desalojos? Hasta que se erradique la pandemia de COVID-19 y se proporcione a estas familias una vivienda alternativa adecuada.

Dictamen y recomendaciones: cómo un tribunal popular puede tener la fuerza para hacer valer los derechos humanos

A la luz de las aclaraciones del relator de la ONU y de abogados ecuatorianos cualificados, quedó demostrado que los desalojos violan la legislación. Además, el evidente pasaje de la pelota entre los distintos niveles de la administración y el gobierno, subrayaron cómo los asentamientos irregulares de viviendas son la consecuencia de la falta de políticas dirigidas a las clases trabajadoras, mientras que las clases medias solventes no tienen problemas.

El veredicto, una vez comprobadas las violaciones, da paso para las recomendaciones preliminares, leídas por Agustín Territorial al final de la sesión, que exhortan a las autoridades competentes para que establezcan una moratoria inmediata de los desalojos. Además, que se establezca una mesa de trabajo conjunto, cuyo objetivo es prevenir los desalojos y definir políticas de vivienda inclusivas que permitan el reconocimiento, legalización y mejoramiento de los barrios afectados. Por fin, que se dejen sin efecto las denuncias y la indagación fiscal en contra de los activistas para el derecho a la vivienda y a la tierra.

Este resultado fue posible gracias a la coordinación entre las organizaciones locales, la Alianza Internacional de Habitantes y el fuerte impulso de Patricia Sánchez Gallegos. Patricia, arquitecta, dirigente de la lucha por la vivienda y principal artífice del TID 2016, fue elegida diputada hace unos meses con Pachakutik, la lista indigenista apoyada por la CONAIE que estuvo a punto de pasar a segunda vuelta en las elecciones presidenciales de este año. Ella ha conseguido amplificar las luchas populares llevando al Parlamento un innovador proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda y al hábitat para la legalización y el mejoramiento de los asentamientos irregulares.

Las recomendaciones del Tribunal Internacional de Desalojos ya son operacionales y dan a las autoridades locales de Guayaquil un mes de plazo para presentar sus contraargumentos, tras lo cual serán remitidos para su seguimiento a las autoridades judiciales y a los órganos de la ONU, en particular al relator sobre el derecho a la vivienda.

Las organizaciones sociales, junto con la Alianza Internacional de Habitantes, tienen la tarea de vigilar periódicamente la aplicación de las recomendaciones que se envían al TID.

La sesión del TID Guayaquil es un caso que marca la pauta respecto a cómo un tribunal popular puede tener la fuerza para hacer valer los derechos humanos que un Tribunal, hasta ahora, ha ignorado.