Los números son escalofriantes. La tasa de pobreza en Honduras podría aumentar del 70% al 75% al cierre del año 2021 (Fosdeh, julio 2021). La pobreza en Guatemala, igualmente, aumentó de cinco a seis puntos porcentuales en el último año, y superará el 60% para el cierre del 2021. Además, 3.5 millones de personas viven en crisis estructural de hambre en ese país, es decir en pobreza extrema e indigencia (ver Informe SICA, mayo 2021). Un 68% de la población de Haití vive bajo la línea de la pobreza y solo un pequeño segmento tiene capacidad para acceder al crédito de vivienda. Para el cierre del año 2021, la pequeña y sufrida isla tendrá probablemente un porcentaje de pobreza del 80%, el más alto del mundo junto con Suráfrica.

La causa esencial de la migración es la pobreza. Y, además, la desigualdad, la cual genera desencanto social, frustración y violencia. Esa es la raíz del problema. Creer que la droga, y los delitos asociados con ella, son el principal problema de Centroamérica y el Caribe es un gravísimo error de óptica. La droga y sus problemas vinculados son una consecuencia, no una causa. Por eso los 2,500 millones de dólares anuales que el gobierno de los EE. UU. gasta en la región por medio de DEA (Drug Enforcement Agency) han sido un fracaso histórico y acumulado en las últimas décadas.

El problema no está allí. Los drug-lords se aprovechan de una región empobrecida, con más del 50% de la población debajo del umbral de pobreza y con un pésimo sistema educativo y de salud. El sueño de muchísimos adolescentes de los tugurios y villas miseria centroamericanas es convertirse —mediante un golpe de suerte— en gavilanes de la droga, justo como reseñan las telenovelas: gánsteres elegantes con helicóptero y carros de lujos, con un sequito de amantes con minifalda y tetas de silicona; en «coronarse», como se dice en el argot. La droga ha deformado tanto a Centroamérica que, incluso, llevó a cambiar los arquetipos de la región y las ambiciones de su juventud. Ahora los muchachos no quieren ser médicos ni ingenieros, ni abogados, ni empresarios. Quieren ser drug-lords, con guayaberas, trajes de lino y zapatos italianos, que mandan a gente a matar.

El dinero de la lucha contra la droga de la DEA es la principal transferencia neta de cooperación de los EE. UU. y América Latina. Ha sido su principal bandera en las últimas tres décadas y ha fallado estrepitosamente. Muy lejos está la óptica de una política exterior como la de Kennedy y la Alianza por el Progreso lanzada en 1961, la cual (en medio de la lucha geopolítica con la URSS y el inicio de la revolución cubana) entendió, sin embargo, que en la base de todos los problemas estaba siempre la pobreza. Por razones geopolíticas o por consideraciones éticas, o por lo que haya sido, la política exterior de los EE. UU. fue mucho más razonable durante los años 60 y los 70, hasta el fin de la Administración Carter.

A partir de la década de los 80 todo cambió. Después de Reagan, después de 1989 y de la caída del Muro de Berlín y el fin de Unión Soviética, la región dejó de tener interés geopolítico para los EE. UU. El Departamento de Estado dejó de preocuparse por el desarrollo económico, la pobreza y la generación de bienestar. Centroamérica volvió a ser, como muchas décadas antes, el backyard de las épocas de Doctrina Monroe y el Gran Garrote, hasta las posiciones del infausto senador Barry Goldwater.

El verdadero reto de Joe Biden y Kamala Harris

Hay posibilidad de que eso cambie, aunque por el momento los planes son muy difusos. La administración Biden ha entendido que la política del muro de Trump y el rechazo xenofóbico es absurdo. Parece comprender (en la tradición de algunos gobiernos demócratas del pasado como Kennedy, Johnson y Carter) que la clave es invertir en la lucha contra la pobreza y en la generación de empleo.

Sin embargo, el viaje que hizo recientemente la vicepresidenta Kamala Harris a la región tuvo dos problemas. No tuvo una narrativa clara, ni tampoco el paquete de propuestas era acabado ni decisivo.

En primer lugar, el anuncio de un posible proyecto de 4,000 millones de dólares, de únicamente cuatro años, será literalmente como echar un vaso de agua para apagar un incendio. Las reformas tendrán que ser mucho más estructurales, no solo regalando dinero para cooperación, sino, además, promoviendo cambios de fondo en una región con países manejados por élites políticas corruptas, generalmente aliadas a sectores económicos y financieros acaparadores. Plutocracias que no pagan impuestos, resistentes a cambios verdaderos en sus sociedades. Un 20% de las personas en América Central concentran casi el 85% de la riqueza y cerca del 60% de la sociedad no posee ni el 10% (Informe OXFAM, Londres, 2019).

En lugar de ser socio de ese esquema de desigualdad, los EE. UU. debería ser un generador de cambios. Una de las claves esenciales será invertir en educación. El promedio regional centroamericano de estudiantes que lograban aprobar el colegio secundario antes de la covid era apenas del 45.21% medido en el tramo de 25 a 19 años; de un 40.52 para personas entre 20-24 años y de 44.75 para personas entre 30 y 34 años, toda vez que las mediciones necesariamente deben cubrir la educación tardía o adulta en una región donde la graduación a los 17 o 18 años no es el común por marginación económica de muchos estudiantes. El resultado regional es gravísimo: apenas el 45% de los jóvenes centroamericanos que ingresan al sistema educativo lograban terminar su bachillerato (ver fuente CEPAL: 2016-2019). Esta estadística pre-covid se deterioró, según estimaciones, en al menos 5 puntos en cada uno de los países de la región.

El otro problema es el pésimo estado de la salud pública. El gasto en salud per cápita en América Central varía entre 83 dólares internacionales en Haití, 90 dólares en Honduras, 190 dólares en El Salvador (con aumento a 220 en el último cierre), 110 dólares en Guatemala; una inversión que no llega ni a los 200 dólares anuales per cápita como promedio regional (exceptuando Costa Rica y Panamá). Mientras la OCDE invierte casi 4,000 dólares anuales en salud pública en cada persona o ciudadano, los países del triángulo norte centroamericano invertían menos de 200 dólares anuales por habitante al cierre del año 2019, antes de la pandemia covid.

Dentro de este gravísimo contexto, se requieren —como se dijo arriba— cambios mucho más estructurales. Algunos puntos que la administración Biden-Harris podrían emprender en América Central son los siguientes:

  • Transformar el proyecto de 4,000 millones de dólares propuesto para el periodo 2021-2024 en algo más ambicioso y profundo, en una suerte de Alianza para el Progreso No. 2, que tenga una extensión y duración de 10 años, llevando la suma a 10,000 millones de dólares para el año 2030.

  • A efectos de garantizar su sostenibilidad financiera (y el no desvío de fondos por corrupción gubernamental o pública de los países centroamericanos), la mitad de ese dinero debería dirigirse directamente a la sociedad civil y la otra mitad para inversión gubernamental, con el control y ejecución —sin embargo— de una unidad ejecutora con participación de visores de la sociedad civil nacional e internacional, para garantizar su eficacia.

  • Generación de puestos de trabajo en pequeñas y medianas empresas (pymes) agrícolas e industriales. La clave es invertir en empresa nacional/centroamericana, con planillas pequeñas, entre 3 y 50 personas. A esos efectos se debería crear un conjunto de «incubadoras» de desarrollo en el sector agrícola y agro/industrial, pues la estadística demuestra que el principal sector de expulsión de migrantes es el campo y los sectores marginados urbanos de sectores rurales y la desaparición del pequeño emprendimiento.

  • Invertir en los «retenedores de estudiantes» del sistema educativo primario y secundario. La inversión deberá ir dirigida a los siguientes objetivos: a) comedores escolares, que funcionen como retenedores de estudiantes de bajos recursos; b) creación de laboratorios informáticos que dinamicen las capacidades y aptitudes de los jóvenes estudiantes.

  • Creación de dos parques tecnológicos en Honduras y Guatemala para generar mano de obra. Los esfuerzos anunciados por la vicepresidenta Harris de una inversión masiva de muchas firmas de Silicon Valley como Microsoft, Apple, etc., así como financieras (MasterCard, y algunas regionales latinoamericanas Nespresso, Bancolombia, Davivienda, entre otros), deberían tener un objetivo focalizado. Una opción podría ser crear dos grandes parques tecnológicos que ofrezcan mano de obra, situándolos estratégicamente en Honduras y en Guatemala, dos de los principales expulsores de migrantes. Dichos parques tecnológicos deberían tener una administración independiente, y harían su contribución a los respectivos sistemas tributarios nacionales y globales, mediante la figura del Impuesto Corporativo Global, abajo indicado.

  • Reestructurar los fondos de la DEA a escala regional de US$ 2,500 millones de dólares anuales, redirigiendo, al menos, el 50% de ese monto a políticas de prevención, los cuales deberían invertirse en proyectos educativos para jóvenes y adolescentes en el triángulo norte centroamericano. El programa podría llamarse EDUCAR y debería buscar mediante incentivos concretos (una beca nominal, comedores escolares y el acceso a computadoras e integración tecnológica) buscar retener estudiantes en el sistema primario y secundario.

  • Buscar la aplicación para el año 2023, a más tardar, del impuesto corporativo global anunciado por el G-7 y la OCDE en todos los países del SICA a los efectos de revertir el grave proceso de injusticia tributaria existente en la región centroamericana (en la cual se ha demostrado que los sectores con altos ingresos eluden muchos de sus impuestos y las cargas tributarias esenciales recaen, con mayor peso alícuota, sobre las clases medias y bajas).

  • Será urgente la redacción de una Ley Marco para el Impuesto Corporativo Global, la cual funcione como patrón de aplicación interna, la cual sea conocida por los parlamentos de cada uno de los países. Para una efectiva reforma integral tributaria una de las tareas deberá ser la elaboración de una «Ley Marco de Aplicación del Impuesto Corporativo Global», a efectos de que los países no manipulen y falseen la lógica de la reforma tributaria progresiva que se propone.

La migración solo tiene una causa en cualquier lugar del mundo: pobreza y desesperanza. Al igual que sucede con las barcazas de miles y miles de personas del África subsahariana y meridional que cruzan, jugándose la vida, el mar Mediterráneo hacia la opulenta y rica Europa, las decenas de miles de centroamericanos que buscan la frontera de los EE. UU. son expulsados de sus países por las mismas razones. Por el hambre, la violencia, la desigualdad y la desesperanza. Solo haciendo más justos y vivibles sus países, será posible resolver humanamente este problema.