La clase política no ha entendido que el 18 de octubre de 2019 se inició un período de transición donde deberá restablecerse el papel del Estado en la economía, consagrar con rango constitucional la oferta de bienes públicos a la población, planificar los sectores estratégicos de la economía y el respeto al medio ambiente. Vivimos circunstancias extraordinarias, al mismo tiempo constatamos que el modelo económico implantado por la dictadura y proseguido en los últimos 30 años de democracia, es incapaz, aparte de políticas asistenciales, de asegurar la reconstrucción de la economía.

Una economía dañada, con operadores incapaces de aplicar una gestión inclusiva de todos los estratos de la población e introducir nuevos planteamientos éticos en su conducción, requiere de nuevos hombres y mujeres capaces de entender los principios de una economía de mayor complejidad, abandonar la fragilidad de país mono exportador de materias primas y buscar alianzas con los países fronterizos en el terreno de las comunicaciones, energía, industria, ciencia y tecnología.

La campaña sanitaria contra el coronavirus, así como la atención hospitalaria por causa de la pandemia han paralizado la economía, reducido a la quiebra a medianas y pequeñas empresas y talleres artesanales, aumentado el desempleo y llevado a vastos sectores de la población urbana a un estado de necesidad. Predomina el delivery en las calles de la ciudad de Santiago atiborradas de motos y bicicletas. Incesantemente el gobierno anuncia, reparte bonos, prestaciones, ayudas sociales, paquetes de alimentos etcétera… pero, debe reconocer una tasa de desocupación de 10.3%; esto es 938 mil personas, 2.5% mayor con respecto a 2020. Desocupación que golpea con más fuerza a las pequeñas empresas (875 mil unidades) que representan solo el 8% de las ventas totales, pero más del 85% del empleo total.

Sin un plan de reactivación la dirección de la economía piensa que será la autonomía del consumidor, del inversor y el carácter subsidiario del Estado que guiarán el mercado y efectuarán las necesarias correcciones para llegar a la opción correcta. Presionada por la ciudadanía la clase política ha debido, después de 48 años, ceder a la presión.

Todo indica que vivimos tiempos de transición donde la voz de la ciudadanía deberá ser escuchada. Desde ya el efecto más inmediato ha sido el tercer retiro de los fondos de pensiones administrados por las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones). El hecho de que solo coticen 5.4 millones de trabajadores de un total de 9.9 millones de afiliados demuestra restricciones y falencias en el mercado del trabajo, lo que indica la tarea urgente de introducir nuevas reglas para un mercado del trabajo que debe tener en cuenta el teletrabajo, la robótica, la inteligencia artificial, en fin, la modernización a todos los niveles de las estructuras productivas.

Cuando termine el tercer retiro se estima que US $55,000 millones habrán partido. El primer retiro tuvo un efecto en el consumo del PIB de 1.8%, el segundo 1%. Según el Banco Central el tercer retiro tendría un efecto menor, pues el primero llegó en momentos de mayor necesidad de liquidez. El tercer retiro se centra en quintiles de ingresos más altos que poseen menor propensión marginal a consumir. Lo que es una evidencia es que desempleos prolongados, enfermedades, pago de necesidades básicas han inducido que parte significativa de los retiros sean guardados. Es significativo que, del total de los cotizantes, 4.3 millones de trabajadores quedarán con saldo cero en sus cuentas de ahorro.

Manifestaciones y protestas han obligado a la clase política a dar una solución. Ejecutivo y Congreso dialogan en estos días, escribo en mayo 6, acerca de un programa de gastos sociales y subsidios a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Es el diálogo de los «mínimos consensos» donde la derecha excluye la discusión sobre el royalty y el impuesto a los super ricos. A la fecha se ha rescatado un bono de 200 mil pesos, es decir 284 dólares, para quienes tienen cero saldos en sus cuentas de capitalización individual a la que se agrega la extensión del no corte por mora de servicios básicos (luz, agua, gas) a un número importante de usuarios que ya gozaban de esa situación desde diciembre de 2020.

¿Cómo iniciar la reconstrucción en un período de crisis? Creo que una buena opción es hacerlo a partir del sector de bienes públicos de necesidad inmediata y, como consecuencia de ello, iniciar un nuevo período de desarrollo en la economía. Pienso esencialmente en la cobertura de salud, educación, vivienda social y actividades conexas a dichos proyectos a saber, infraestructura de transportes y comunicación en medios urbanos y rurales.

En muchos de los países del planeta los bienes públicos citados aparecen como garantías constitucionales reconocidas y financiadas por el Estado con un sello de solidaridad. Su financiamiento implicaría la formación de un fondo de reserva y estabilización de bienes públicos que podría formarse de manera tripartita con (1) fondos de pensiones; (2) presupuesto del estado y (3) financistas del sector privado.

Como base de formación del fondo de reserva y estabilización proponemos los fondos de pensiones de los trabajadores; el sector público a través del presupuesto de la nación, instituciones y empresas del Estado; y empresas del sector privado. Su financiamiento complementará las acciones de los sectores ya activos en las tres áreas.

La importancia de los fondos de pensiones —más de US $215,000 millones en marzo 2021— supone su incorporación a inversiones directas en concesiones a través de la compra de bonos emitidos por las empresas concesionarias; además de inversiones directas en el sector inmobiliario…

La sumatoria de valores del total de las partidas necesarias en el plan de desarrollo de los tres sectores, bajo la forma de líneas de bonos de financiamiento, constituirá el llamado fondo de reserva y estabilización que estará regulado por la Superintendencia de Valores y Sociedades Anónimas. Dicho fondo supervisará la emisión y adquisición de los bonos (en Bolsa) emitidos por las empresas de construcción y servicios involucrados en el plan de los tres sectores. Los bonos se emitirán en una moneda de cuenta autorizada por el Banco Central; tendrán un plazo superior a un año y serán reajustables.

El Estado se constituirá en garante de los títulos de deuda así emitidos. El sector privado extranjero podrá adquirir dichos títulos. El plan de financiamiento considerará tres etapas sucesivas: (1) emisión y adquisición de los títulos de deuda; (2) ejecución de obras y servicios y (3) funcionamiento propiamente tal del sector de bienes públicos.

El fondo se encargará de coordinar la emisión y adquisición de títulos. Cada ministerio encargado de los bienes públicos enumerados coordinará y supervisará los trabajos de su sector. En su etapa de operación los sectores de educación y salud dependerán del presupuesto público el cual se financia mediante impuestos. El sector de vivienda social se financiará en parte por los dividendos de los usuarios y en parte por el presupuesto de la nación.

Un proyecto de vivienda social sin infraestructura local y obras medioambientales no tiene sentido sin planes municipales que consideren dichas obras. El Estado financiará dichos planes los cuales contarán además con la contribución de los habitantes de las localidades. En caso de financiamiento por déficit presupuestario relativo a las partidas presupuestarias comprometidas por el Estado, el Banco Central velará por ampliar el crédito interno monetario de la economía.

El financiamiento de los fondos de pensiones, el sector público y el sector privado, será determinado previamente por el plan de desarrollo de los tres sectores. Las partidas del gasto consideradas en el presupuesto de cada sector, es decir, valores de insumos (materiales y servicios), operaciones, intereses, comisiones, se expresarán según el valor de los bonos, que a medida de su adquisición integrarán los recursos del fondo.

En el horizonte de ejecución del plan se consagrará un equilibrio de necesidades a satisfacer tanto en lo relativo a plazos como financiamientos. Lo cual significa que el presupuesto de ejecución de los tres sectores tendrá en consideración los desembolsos de capital fijo y financieros necesarios, equipos (depreciaciones y amortizaciones) y mano de obra, así como los márgenes de ganancia de las empresas involucradas y los plazos de entrega.

Los precios y márgenes de ganancia serán fijados por el Estado, de modo que el valor de los bonos emitidos por las empresas constructoras o de servicios del sector privado que participan en el plan de desarrollo de cada uno de los tres sectores considerará esos precios. Los fondos de pensiones y sector privado de financiamiento tendrán en cuenta estos valores.

Los títulos de deuda de las empresas ejecutoras ofrecerán un tipo de interés durante la vigencia del bono, comprometiéndose a devolver el valor nominal del bono (del principal) cuando madure o venza. Estos bonos corporativos podrán canjearse o venderse en el mercado de valores. Los privados podrán adquirir los bonos del fondo de reserva bajo un sistema en el cual se preverá un sistema de remisión de impuestos.

Tratándose de obras de largo plazo se establecerán márgenes de reajuste para los períodos en que se ejecutarán los trabajos. El sector privado participará de dos maneras: en cuanto financistas y en calidad de empresarios constructores o de servicios ejecutores de los planes de desarrollo de los tres sectores. Cualquiera de los tres fondos de financiamiento señalados —fondos de pensiones; Estado a través del presupuesto del Estado; fondos privados— podrá participar en el financiamiento de la totalidad de los insumos de los sectores o bien una parte de ellos.

En resumen, el funcionamiento del sistema obedece a un esquema triangular, donde los fondos de pensiones, el presupuesto público y el sector privado compran bonos emitidos por empresas de construcción o servicios del sector privado o semipúblico que participan en el plan de desarrollo de los bienes públicos en los tres sectores señalados.

El Estado concurrirá al financiamiento y será garante de la operación. Supervigilará las operaciones. En caso de un déficit presupuestario relativo a la partida presupuestaria comprometida por el Estado, el Banco Central velará por ampliar el crédito interno monetario de la economía. El conjunto de los financiamientos y operaciones se concentra en el fondo de reserva y estabilización. Las empresas de construcción y de servicios del sector privado se encargarán de la ejecución del plan de Estado.

(No podemos dejar de pensar que tal sistema debería enfocarse en un ámbito global considerando los desarrollos actuales de la humanidad. Dado el historial de las iniciativas mundiales es realista reforzar las estructuras e iniciativas locales, mediante un fondo global de bienes públicos en el plano de las Naciones Unidas).