Esta ha sido la semana más parecida a lo que ocurría antes del 16 de marzo del presente año, gracias a que los indicadores de la pandemia de la COVID-19 siguen a la baja. Sin embargo, no puede considerarse como un retorno a la normalidad, pues la vida de quienes habitamos en Venezuela está afectada por la implementación de las medidas coercitivas unilaterales implementadas por el gobierno estadounidense y sus aliados, en consecuencia, mientras permanezcan, la vida nacional será atípica.

La tendencia en Venezuela en cuanto al contagio de la COVID-19 sigue a la baja, un comportamiento que va en dirección contraria a lo que se observa mundialmente, particularmente en occidente. Esta semana, el gobierno bolivariano informó que se contabilizaron 89,142 casos hasta el 24 de octubre, de los cuales 770 han tenido un desenlace mortal. Del total de casos que han resultado positivos, el 94% se encuentran activos, lo que refleja un aplanamiento sostenido de la curva de contagio, desde hace al menos cuatro semanas, así como una baja de los casos identificados en la región capital, mas no del número de fallecidos.

En este marco, el gobierno bolivariano ha seguido afinando la estrategia que denomina 7 x 7 plus, la cual consiste en autorizar la operación de actividades diferentes a las esenciales, cada siete días. Esta semana que culmina, el presidente Nicolás Maduro, autorizó las operaciones de nuevas actividades entre las que se encuentran las vinculadas al sector turístico, que estaba previsto para inicios de diciembre; de igual manera se incorporaron otras áreas, como las recreativas (parques, playas, autocines, entre otros) y la atención al público en actividades estatales, como las relacionadas con tributos, energía, identificación y comunicaciones. Cada una de las actividades tiene horarios específicos para su operación. Finalmente, en esta materia, conviene apuntar que el gobierno bolivariano inició un dialogo con los distintos representantes de las iglesias, para acordar una estrategia que permita el desarrollo de actos religiosos, garantizando las medidas de bio-seguridad.

Ahora, ¿cómo se vivió esta semana de flexibilización plus?, pues digamos que con cierta incertidumbre, al principio, ya que recién el domingo pasado se anunciaron las autorizaciones para las nuevas actividades, esto hizo que las empresas de estas áreas comenzaran a principio de semana a programar sus operaciones. Ya después de mitad de semana, la dinámica fue más fluida. Esta situación ha incidido en el incremento de la movilidad en las ciudades, aunque limitada, ya que disponibilidad del combustible para el parque automotor, no es la óptima, en tanto persisten las largas filas para que los conductores surtan combustibles.

En fin, esta semana ha sido lo más parecido a lo que ocurría antes de la pandemia, pero esta situación no puede calificarse como normal, pues desde 2014, nuestro país viene siendo objeto de múltiples medidas coercitivas unilaterales, que han trastocado todos los aspectos de la vida de quienes vivimos aquí. Las medidas coercitivas unilaterales promocionadas y aupadas por la oposición venezolana, según ellos, buscan ser una «medida de presión de la comunidad internacional» para forzar un cambio en la correlación de fuerzas, que se exprese en la salida de Nicolás Maduro de la presidencia. Dicho de otro modo, frente a la imposibilidad de los opositores al chavismo de afectar la correlación de fuerzas políticas por sus propios medios, recurren a otros Estados y corporaciones para que afecten la soberanía nacional de múltiples maneras. De acuerdo con una reciente declaración del canciller venezolano Jorge Arreaza, el costo para la República Bolivariana de Venezuela de estas agresiones se estima en 1.4 billones de dólares estadounidenses.

Estas medidas, como ya se ha referido en otras oportunidades, no solo contemplan la confiscación ilegal de activos públicos venezolanos, sino también la criminalización de las relaciones comerciales con nuestro país, así como el sistemático ataque a la moneda, con el propósito de mantener una creciente inflación. Esto tiene un impacto directo en la gobernabilidad, limitando las capacidades estatales para asegurar el disfrute de derechos fundamentales, aunado a otros problemas de carácter interno.

De tal manera que, en el caso de Venezuela, el control de la pandemia no significa retomar la normalidad, como en la mayoría de los países; eso solo será posible con el cese de todas las medidas coercitivas unilaterales, pues es en esta situación que tendremos mejores condiciones para el impulso de un proyecto alternativo al capitalismo.