La tala ilegal en el Amazonas colombiano

En Colombia hay muchas normas para proteger el medio ambiente y, entre ellas, las suficientes para luchar contra la tala ilegal que ocasiona el 10% de la deforestación en el país. No obstante, en algún punto de la cadena de comercialización, gran parte de la madera que proviene de un área protegida pasa como legal. Esta madera, en su mayoría, se extrae del mayor bosque lluvioso tropical del planeta: el Amazonas.

Para legalizar lo ilegal, a veces, lo único que hace el explotador forestal es declarar que taló en un espacio autorizado. Pero es que, en el Amazonas, el cedro ha ido desapareciendo de las orillas de los ríos por lo que los madereros, en secreto, cada vez con más frecuencia entran al corazón de la selva, a los resguardos y cruzan la frontera con Perú o Brasil. Así que, cuando se legaliza la madera, es muy posible que ni siquiera venga de Colombia. El gobierno se encoge de hombros: los ingenieros forestales son insuficientes para cubrir el área y, a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera con Brasil y Perú, solo en Leticia hay un punto aduanero. Allí, el trasportador de madera puede escapar de la marina colombiana pasando la frontera o fraccionar los cargamentos para burlar el régimen aduanero.

En otras ocasiones, los explotadores forestales ilegales utilizan métodos más elaborados, por ejemplo, reutilizan o falsifican los salvoconductos de las autoridades. La Corporación ambiental de la Amazonía, Corpoamazonia, expide permisos para movilizar madera a diferentes destinos de Colombia, pero algunos de estos cargamentos nunca llegan a donde deberían llegar. De acuerdo con los estudios de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), estos documentos falsos o fantasma que no tienen un destinatario real son utilizados por los criminales para movilizar los troncos libremente. La investigación permite inferir, entonces, que hay funcionarios involucrados para que, en el mercado negro, se comercialice la madera de zonas resguardadas.

El Estado no protege al Amazonas; desde hace muchos años los llamados gastaderos y apoderados son protagonistas en la vida diaria del departamento. Son intermediarios que obtienen firmas, permisos o poderes de los líderes indígenas y campesinos para tener acceso a sus bosques. A cambio, pactan un arriendo fijo de la zona, entregan una suma de dinero, alimentos o útiles escolares. Luego, estos mismos empleados, que operan más en la ilegalidad que en la legalidad, gestionan el permiso con Corpoamazonia. Así que, en este caso, no parece difícil identificar el centro de la operación. Entonces ¿por qué no ocurre nada? Esta situación no es un secreto, las denuncias se han publicado y la misma Corpoamazonia afirma que hay irregularidades. Tal vez la respuesta es muy sencilla, tiene que ver con dinero: la deforestación es un negocio que consigue alrededor de 750 millones de dólares al año y, por tanto, hay poderes que quieren mantenerlo.

Los cargueros de troncos navegan por el Amazonas y por el río Putumayo hasta Puerto Asís. Este municipio está conectado por carreteras con el resto del país. Desde este lugar viaja la mercancía durante 18 horas hasta Bogotá. Así que, si al Estado le interesara enfrentar el mercado negro de salvoconductos y garantizar que la madera que va en cada camión esté registrada, allí tendría el principal puesto de control. Es desde Puerto Asís que usualmente empiezan los sobornos, así como la modificación de los documentos para cambiar, en el papel, la especie de madera que se transporta: un oficial de policía en el camino puede revisar la documentación, pero no tiene el conocimiento para verificar que la clase de tablones declarados correspondan con los trasportados.

Puerto Asís también es un punto geográfico que permite hacer una inspección rigurosa de los aserraderos. Los dueños de estas instalaciones, a lo largo de los ríos, pueden comprar madera ilegal a terceros. Después, certifican el producto solo con una factura o con la declaración de los impuestos. Aunque haya directrices de monitoreo, dice EIA, lamentablemente las autoridades ambientales pocas veces revisan los volúmenes de madera de los aserraderos y, cuando lo hacen, los registros encontrados no son confiables.

Como consecuencia, en Colombia, es muy difícil que el comprador de un mueble o de maderos conozca el origen del material. El Ministerio de Ambiente confiesa que el 47% de la madera que se vende en el país es ilegal, lo que equivale a 2.5 millones de metros cúbicos anuales.

¿Qué se puede esperar de la tala ilegal, si no es una prioridad del gobierno? El problema, como mencioné, es que es un negocio muy rentable. Así que, para sustituirlo, probablemente, lo más eficaz sería estructurar otra operación igual o más provechosa, que responda a la demanda interna de madera. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) afirma que en Colombia hay más de 24 millones de hectáreas aptas para la plantación de árboles con fines maderables y que hoy solo hay sembradas 644.000. En un principio parecería que, para combatir la tala ilegal en la Amazonía, el Chocó o el Darién sería viable establecer centros de silvicultura alrededor de las principales ciudades del país, pero no hay que olvidar que la tala ilegal solo es uno de muchos otros factores que causan la deforestación.

Para evitar que la lucha contra la tala ilegal no sea solo un paliativo, es necesario ejecutar otras acciones estratégicas que frenen decisivamente la deforestación de las selvas: junto con la extracción de madera diariamente hay nuevas carreteras clandestinas que permiten el comercio, no solo de madera, sino también de animales silvestres y de drogas ilícitas. Además, luego de que las tierras públicas son taladas, en muchas ocasiones son ocupadas y, con el paso del tiempo, legalizadas.

La legalización de tierras, que antes eran bosques, sigue el mismo modus operandi que el de la mafia que opera el mercado negro de madera —sobornos y falsificación de documentos. Luego, los terrenos son utilizados para plantar cultivos (lícitos e ilícitos) y pasto para el ganado. En este punto, los culpables de los delitos son tantos y forman parte de esferas de la sociedad tan diversas, que pasan desapercibidos. Por tanto, no es posible apuntar a una sola organización con mando o control, aquí ya parece que todo el país falló.

Los ecos de la indignación y la frustración resuenan diariamente. Todo el tiempo hay noticias, sobre las cerca de 100.000 hectáreas de la Amazonía colombiana que han desaparecido en el 2020, más que en 2019, a pesar de la pandemia. Paralelamente, más que nunca, se repiten los datos enseñados desde la educación básica sobre la diversidad de los ecosistemas colombianos: Colombia tiene el 10% de la biodiversidad mundial; y los Parques Nacionales Naturales del país ocupan 9.6 millones de hectáreas, equivalentes al 10% del territorio nacional. Estos lugres comunes parecen mantras que intentan, sin conseguirlo, cercar al Amazonas y sacar de él cualquier aspecto humano.