El cambio que Chile necesita

Este artículo se redactó durante la primera semana de marzo. Los recientes acontecimientos y la pasmosa evolución de la pandemia del coronavirus, que ya afecta a prácticamente todas las naciones planeta, incluido Chile, sin duda van a tener consecuencias duraderas y efectos en el proceso político del país andino. En cualquier caso, las reflexiones esbozadas en el texto siguen siendo válidas y tiempo habrá de dedicar más atención sobre la pandemia y sus consecuencias.

¿Pacto de silencio la cúpula del poder en Chile?

Me referiré a tres reportajes que informan e ilustran acerca de cómo la clase política y la empresarial, amparadas por el resto de la Institucionalidad que comparte el poder del país, toman acuerdos en una asociación privilegiada para compartir y usufructuar del poder.

a) Los delitos de financiamiento ilegal de la política que quedan impunes o tienen castigos irrelevantes también son parte de esta alianza. A modo de Ilustración se puede revisar este link.

b) Otro interesante artículo, El regalo de la mayoría parlamentaria en 1989, de Felipe Portales es absolutamente esclarecedor del papel que la denominada «clase política» ha tenido en todo el período previo y posterior a la dictadura, que la ha llevado a estar totalmente deslegitimada ante la ciudadanía según las diversas encuestas. Véase el texto.

c) Un tercer reportaje es acerca del actual presidente de Chile, Sebastian Piñera una de las grandes fortunas del país denominado Las millonarias transferencias de la familia Piñera Morel a paraísos tributarios y la investigación del SII en contra de Bancard, donde los periodistas Sergio Jara y Héctor Cárcamo a través del medio de comunicación digital El Desconcierto, describen textualmente parte del tema:

Entre 2015 y 2016, Bancard Inversiones Limitada, sociedad que controla en 66% el Presidente Piñera, transfirió, a título gratuito, unos US$96 millones a Bancard International Investment, una firma de sus hijos domiciliada en Islas Vírgenes Británicas. El Servicio de Impuestos Internos detectó anomalías tributarias en 2017 por esa operación, cuando Piñera era candidato presidencial y no tenía fideicomiso ciego, y sometió a Bancard a una fiscalización que terminó con una reliquidación de impuestos, tras dos años sin pagar, cuando Piñera ya había asumido su segundo mandato. «El Desconcierto» descubrió que la empresa reconoció el incumplimiento y aceptó pagar recién en 2018 sus impuestos, aunque el Estado chileno, hoy con estrechez fiscal para enfrentar las demandas sociales, le condonó parte de las multas e intereses.

Puede leerse el reportaje completo aquí.

Hay muchos más casos en que las «instituciones» del país ampliamente deslegitimadas ante la ciudadanía se combinan entre ellas para usufructuar del poder que concentran en muy pocas familias con el consecuente nivel de privilegios respecto al resto de los ciudadanos.

El denominado estallido social del pasado 18 de octubre sin duda alguna tiene demasiados elementos por los cuales inspirarse e indignarse y por los cuales protestar. Hablar de confabulaciones de pseudoizquierdistas o anarquistas que organizan estas manifestaciones o mencionar que el régimen venezolano de Maduro organizó esta movilización social, como lo declaran algunos, es simplemente desconocer los diferentes indicadores de tipo duro y blando, que menciono en un artículo anterior.

Como indicadores blandos lo que se ha publicitado en los medios acerca de los diversos escándalos institucionales de los dueños del poder y lo esencial de los indicadores duros la enorme desigualdad de ingresos familiares existente en el país y la pésima calidad de los servicios de educación, salud, pensiones y otros de que dispone la enorme mayoría de los chilenos tratados como consumidores en lugar de ciudadanos con sus derechos y responsabilidades. La gente no desea más este modelo socioeconómico y la cultura de egoísmo, indiferencia y privilegios que sustenta. ¿Cómo se dio este estallido? Simplemente lo ignoro. No soy hábil en manejarme en las redes sociales. Se dice que por allí surgió una coordinación entre diferentes organizaciones sociales y se generó una red comunicacional y organizativa de la protesta masiva: lo desconozco. Pero las razones y motivaciones para la protesta son muchísimas.

En otros análisis he señalado que se aprecia una especie de entre quienes detentan el poder en Chile (políticos, FFAA, poder judicial, gobiernos, empresarios y/o familias tradicionales con concentración de la riqueza y/o el poder), y concluía que no es casualidad que tengamos una educación pública destrozada en su esencia lo que redunda en una «des cultura» para una inmensa cantidad de niños y adultos, una falta de capacidad de entendimiento y de reflexión, pobreza en el lenguaje y comprensión de lectura, enorme falta de oportunidades, desigualdad en lo socio económico y así sucesivamente lo que ha sido manifestado por quienes han participado en la protesta social masiva en nuestro país.

En derecho se afirma que la ley está divorciada de la ética, puede actuarse legalmente pero faltar a la ética. El actual modelo socioeconómico chileno, neoliberal a ultranza, favorece que el sistema jurídico aplique la ley alejándose muchas veces de lo ético, al favorecer penalmente a ciertos sectores de la sociedad. El modelo actual genera una cultura basada en una visión desde lo individualista, en que no existe. No educa ni sistematiza en desarrollar la capacidad de vínculo. Cuando esta capacidad se desarrolla lo hace por fuera del actual modelo, paralelamente a la institucionalidad y con un enfoque territorial, colaborativo, solidario y comunitario. Es lo que está sucediendo a espaldas de los políticos, de los partidos y de las instituciones en los cerros de Valparaíso. Muchos apoyamos el desarrollo de esta manera de relacionarse dado que este tipo de experiencias ayuda a que podamos tener un país con una cultura vinculante, solidaria, colaborativa, respetuosa, no discriminadora, sin privilegios ante las leyes. Paralelamente a este tipo de hermosas experiencias, la estructura socio económica y el papel del estado, han de cambiar. El estado actual es débil e ineficiente, utilizado muchas veces para pagar favores politiqueros a gente que usufructúa de sus cargos en lugar de aportar. Eso deberá ser parte del cambio de modelo.

Preguntas que surgen

Cuando se hace referencia al terrible e impresentable tema de los detenidos y desaparecidos en dictadura, suponiendo que en esos hechos tienen que haber participado muchas personas (obligadas o no), surge la pregunta: ¿cómo es posible que en una enorme mayoría de casos aún no se sabe nada? Ni siquiera se sabe qué se hizo con esas personas, ni quién dio la orden, ni quienes participaron, ni dónde estarán sus restos. ¿Será parte de un siniestro pacto de silencio de tipo institucional? Es una pregunta aún sin respuesta.

Conozco personalmente a dos detenidos desaparecidos de manera muy cercana. Nada se sabe de ellos: uno estaba en la cárcel en Santiago y «despareció» de una semana a otra. Su familia que iba semanalmente a verlo recibió una explicación absurda, de que fue raptado, y la amenazaron los militares a cargo de la cárcel. Se tuvieron que exiliar (se trata de David Silverman, exgerente de Cobre Chuqui). El otro, de quien se encontró su vehículo abandonado y con sus puertas abiertas camino a Pudahuel cuando iba a juntarse con unos cooperativistas franceses. Este era Daniel Palma. Ambos eran personas absolutamente pacíficas.

Esa impunidad se ha mantenido hasta la actualidad de manera absolutamente consciente y premeditada. Trasciende a las FFAA aunque las incluye y pasa además por quienes tienen privilegios en este modelo social denominado neoliberal a ultranza que cuenta con un muy débil papel del estado como órgano activador y protector de derechos básicos ciudadanos y/o como controlador del sector privado y público. Todo esto es absolutamente consciente y premeditado. Nada es casualidad. Es parte de la esencial de la cultura del actual modelo.

Otro hecho importante son las declaraciones de políticos, tanto de la Concertación como de la Nueva Mayoría que señalaban que nada se podía hacer ante leyes que siendo aprobadas en el parlamento eran rechazadas por el Tribunal Constitucional.

La pregunta que surge es por qué nadie tuvo la honestidad de señalar algo como:

No puedo gobernar en un país donde la Institucionalidad ampara la impunidad de un grupo social minoritario en sus acciones reñidas con la ley y la ética, que perjudican a la ciudadanía chilena, de manera que daré un paso al lado como presidente/a, parlamentario/a, y solicito a la ciudadania salir a las calles para exigir que la actual Constitución que mantiene al tribunal constitucional como poder supremo legislativo no electo democráticamente, desaparezca, se elimine institucionalmente permitiendo que la Constitución actual sea reeemplazada por una nueva con participación social.

¡Nadie lo hizo! ¡Nadie fue claro y preciso! La clase política junto a los que detentan el poder se la Jugaron por el famoso chorreo adscribiendo la tesis neoliberal del “crecimiento económico”, cuyo resultado en lo social ha sido que el poder se concentraba cada vez más y la desigualdad en todas sus diversas manifestaciones se hacía cada vez más inaceptable. Estas simples inquietudes reflejadas en las anteriores preguntas hasta ahora nadie las responde.

Gobernar con participación directa de la ciudadanía y repensar el sistema judicial

En el acto de promulgación de una ley que aumenta las penas para los casos de femicidio (2 de marzo 2020), el presidente de Chile, Sebastián Piñera declaró: «a veces no es solamente la voluntad de los hombres, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas».

Esta frase para el bronce nos muestra que el actual presidente del país adolece de graves limitaciones personales como para ejercer un cargo de tanta importancia. Entre otros aspectos: un bajísimo nivel cultural, una total falta de empatía con la gente, abraza los prejuicios propios a la clase o grupo social al que pertenece, adolece de una gravísima incontinencia o falta de control verbal, una personalidad altamente impulsiva. Los humoristas han tomado estas frecuentes salidas de madre de Piñera publicando el Piñericosas.

Escúchenlo: se van a divertir, pero nosotros los chilenos nos avergonzamos de tener este tipo de liderazgos en nuestras instituciones. Son los partidos políticos que tienen bajísimo porcentaje de participación ciudadana quienes nominan los candidatos. La democracia chilena funciona sólo para sufragar por alguno de esos candidatos impuestos por los partidos.

Otro «personaje» que llamó la atención (nominado por el denominado Frente Amplio, que prometía ser diferente a los políticos tradicionales) declaró que «no sabía que estaba haciendo en la Cámara de Diputados» y se expresa a través de su Twiter con garabatos del peor nivel . A modo de ilustración, léase el siguiente artículo.

El presidente de Chile y un candidato electo diputado: Una muestra de la calidad humana de candidatos que seleccionan los partidos, que son los que terminan disponiendo los electores chilenos para sufragar. Por algo el altísimo nivel de abstención.

Estoy convencido que el país se tiene que organizar a través de una democracia directa, de manera que las leyes sean confeccionadas sobre la base de la participación directa ciudadana desde los territorios. Cabildos, reflexiones, diálogos en un Chile descentralizado, quizás organizado en base a un sistema federal con altos niveles de autonomía efectiva de las regiones. Desde allí que nazcan las leyes. Habría que diseñar una sola cámara central para las leyes nacionales y cámaras a nivel regional para esas leyes. Sus componentes nacidos desde los territorios y la redacción de las leyes efectuadas por profesionales especialistas según el espíritu de las mismas. Lo esencial: que las leyes siempre apunten al Bien Común y que su aplicación vincule el espíritu de esa ley con el modo en que se aplica. De acuerdo a la filosofía del derecho significa ligar la ética a la ley. No más acciones legales pero reñidas con la ética.

Algo similar con el sistema judicial actual, que habría que “repensarlo” de manera que se desincentiven los privilegios y los doble estándares para las penas que se aplican. Otro tema fundamental para un nuevo modelo de sociedad.

Modificar las estructuras y avanzar hacia la Nueva Constitución

Es errado pensar que lo que genera la se trata de un tema ideológico. Se trata de una indignación masiva ante conductas personales y de conjunto que abarcan a todo el espectro político que no solo está deslegitimado sino totalmente obsoleto y superado por la realidad de los hechos. No es la izquierda la que protesta: son los ciudadanos chilenos. Quienes se dicen de derecha normalmente tratan de defender sus históricos y familiares privilegios. A veces por medio de palabrería manipuladora, dada la pésima educación a que tienen sometido a la mayor parte de la sociedad chilena, tratan de aparecer como «populares» para finalmente arreglarse en mantener todo igual o con cambios mínimos. Pero, en estricto rigor son muy pocos en cantidad.

Planteada la temática del Bien Común como norte fundamental para la sociedad chilena, desaparecen las ideologías y entramos en campos técnicos y políticos (de organización para gobernar), que en base al diálogo y a la permanente mejora puede ser la mejor posibilidad de un presente/futuro más esperanzador. En el plebiscito, habrá quienes voten por dado que no desean cambios o tienen temores a los mismos. Pero una vez que se apruebe cambiar la Constitución actual, comienza el proceso constituyente y tendría que paralelamente comenzar el cambio estructural del actual modelo. Y allí surge la esperanza y se debilitan las ideologías tradicionales. El tema no es más o menos estado, sino un estado eficiente, muy profesional, equilibrado y al servicio de los ciudadanos, al servicio del Bien Común. Igualmente es indispensable un sector privado, creativo, innovador, generador de empleos de buen valor agregado, cumplidor de las leyes apuntando a colaborar con el Bien Común. Las ideologías tradicionales, opuestas y conflictivas quedan sin aplicación: quedan obsoletas.

La enorme mayoría ciudadana anhela una Nueva Constitución Política del Estado que ampare la priorización del Bien Común, es decir, que se satisfagan derechos fundamentales: una educación pública laica, gratuita, obligatoria y de calidad, formadora de ciudadanos responsables, probos y éticos y con las competencias adecuadas para aportar a la sociedad, salud digna, pensiones decorosas, viviendas adecuadas integradas urbanísticamente sin discriminación social, descentralización administrativa, política, financiera del país sin la dependencia de Santiago, entre otros, todo financiado responsablemente a través del adecuado uso de nuestros recursos que son más que suficientes para lograr el financiamiento para un mejor país: con un modelo socio económico que asegure su funcionamiento en la prioridad del Bien Común, con un estado activo que incentive las actividades privadas con rentabilidades adecuadas, orientadas a apoyar el bien común, con la dinámica de sociedades mixtas y/o empresas autónomas del estado, descentralizadas a lo largo y ancho de nuestras regiones. Un sistema tributario que funcione priorizando siempre el bien común en lugar de la mera concentración del poder y la riqueza compensando las desigualdades y controlando la corrupción y los privilegios. Pero fundamentalmente con una potente educación pública del nivel requerido para un cambio cultural que será el fundamento de una nueva sociedad chilena.

Como la clase política y los dueños del poder en Chile no desean aceptar que el modelo actual no da para más y tratarán de mantenerlo, es imprescindible que la redacción de la nueva Constitución sea muy especifica y clara en cuanto a tener un sector privado dinámico, moderno, innovador, y un sector publico eficiente, equilibrado, con personas capacitadas, expertas, probas y éticas, generando un equilibrio social que apunte al bien común. Que no sea posible utilizar martingalas legales para amparar privilegios, desigualdades vergonzosas e injusticias diversas como se hizo desde la dictadura hasta ahora. Que no sea posible sin mediar un castigo ejemplar, el aplicar el dicho propio de la cultura chilensis: «hecha la ley, hecha la trampa».

Otro tema urgente es la necesidad de generar un gobierno de transición eficiente mientras se produce el proceso Constitucional que durará unos dos años, que sea capaz de anticiparse al cambio constitucional orientado al bien común, comenzando desde ya a gobernar con urgencia en la modificación estructural del actual modelo. Para que ello sea posible, ha de contar con un parlamento de manera de colaborar en que esos cambios de cortísimo plazo sean posibles. La participación activa de las organizaciones sociales en el proceso es fundamental. La protesta surge de ellos y hasta ahora no han sido escuchados. Necesitamos entre otros aspectos: