La representación ciudadana en el proceso constituyente ha dado lugar a un espectáculo grotesco ante la ciudadanía. La clase política, sin asumir que públicamente ha sido repudiada desde hace más de 80 días a lo largo y ancho del territorio, propone en el Congreso para el plebiscito de abril dos opciones de representación: una mediante la cual parlamentarios y ciudadanos independientes estarían representados cada uno en un 50%, y otra representada en una asamblea constituyente de 100% de ciudadanos independientes.

Lo que no se dice es que la posibilidad de participación de ciudadanos independientes en el proceso constituyente, no ligados a partidos políticos, es prácticamente nula. En la Comisión Técnica designada por los partidos políticos de Gobierno y oposición (5 de diciembre, 2019) se acordó que la elección de delegados constituyentes se hará mediante el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados (Ley 20840 de 2015 que redujo los distritos de 60 a solo 28) en la proporción correspondiente. Esto significa que para presentar una candidatura de delegado independiente habrá que reunir un número determinado de firmas legalizadas ante notario.

Un ejemplo ayuda a entender el proceso diseñado por los parlamentarios. En el distrito 27 (Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Coyhaique, Guaitecas, Lago Verde, O´Higgins, Río Ibañez y Tortel) se requieren 189 firmas de ciudadanos patrocinantes, mientras que en el distrito 10 (Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja) se necesitan 2.284. En el caso del distrito 10, la legalización de la firma del ciudadano patrocinante de la candidatura independiente, tendría un costo de 6.852.000 pesos. En todos los casos se asume un gasto notarial de 3.000 pesos por firma. En el distrito 27 el costo baja a 567.000. La pregunta es si acaso los ciudadanos independientes podrán asumir los costos que significa la legalización de firmas patrocinantes de candidaturas por distrito. En claro, ciudadanos independientes no ligados a partidos políticos, no tienen ninguna chance de ser elegidos. Según los cálculos de la Comisión Técnica del Congreso, como se explicó más arriba, habría que elegir 155 delegados constituyentes en el caso de 100% de ciudadanos independientes y 172 constituyentes en el caso de representación mixta de 50% parlamentarios (86) y 50% independientes (86).

Es evidente que la clase política no realiza que estamos en el mismo escenario que ha sido reiteradamente repudiado en más de dos meses y medio de movilizaciones ciudadanas. Una representación que evoca las reglas anti democráticas del antiguo sistema no puede ser aceptada.

La base del orden territorial y de representación democrática de la ciudadanía es la comuna. Los cabildos y mesas de discusión de las comunas constituyen la base de las movilizaciones. La crisis de confianza de las autoridades centrales y territoriales es generalizada, por ello en el proceso de reorganización democrática el poder debe volver a las comunas. De allí surgirán no solo los textos de la nueva Constitución sino que además las nuevas autoridades capaces de dirigir y administrar el nuevo sistema.

Nuestra alternativa se resume en la elección de 1 delegado constituyente por comuna con inscripción gratuita.

Las 346 comunas del país están agrupadas por circunscripciones electorales en las 16 regiones del país. Con esta opción tendríamos 346 delegados. La comuna es la unidad básica de la administración local; su agrupación por provincia (56) y regiones (16) asegura la máxima representación local. La postulación de candidatos será libre sin necesidad de ciudadanos que patrocinen la candidatura mediante la legalización de la firma ante notario. Las candidaturas se inscribirán en las Alcaldías que supervigilarán el proceso electoral, al igual que lo hicieron en la consulta ciudadana del 15 de diciembre. La paridad de género se asegura en la elección mediante dos cédulas: hombres y mujeres.

Los procesos sociales en curso han conducido a una crítica abrumadora al modelo económico neo liberal y secuelas sociales de grandes desigualdades. Como resultado del modelo las clases medias en alza se ven perjudicadas por un modelo esencialmente desintegrador donde la renta financiera dicta las reglas del mercado y genera procesos de endeudamiento crónico de estratos medios que constituyen los nuevos pobres de la sociedad, otros, los excluidos bajo la línea de la pobreza, quedan a merced de políticas asistenciales del Estado y de la caridad privada, sin ninguna chance de integración a la sociedad.

La derecha aliancista de la primera hora busca con el NO del proceso constituyente en abril 2020, la legitimación de la Constitución de 1980, manteniendo algunas de las trampas centrales negociadas entre la dictadura y la Concertación en 1989. Un recuento de los cerrojos anti democráticos así negociados señala que, abolidos el binominal y los senadores designados quedan, el rol subsidiario del Estado; el Tribunal Constitucional como cuarto poder del Estado y los quórum calificados que impiden toda reforma social relevante. Nótese que estos cerrojos institucionales, fueron propuestos por los negociadores de la Concertación a saber, Patricio Aylwin, Gabriel Valdés y Ricardo Lagos.

Mantener la Constitución de 1980, opción buscada por aquellos que votarán NO en el plebiscito del mes de abril de 2020, es equivalente a ignorar las consecuencias de la revuelta social de Octubre 2019 y cerrar toda posibilidad de cambios. Se afirma así nuestra convicción que el único espacio relevante de discusión democrática es la Comuna. Territorio desde donde se ha desarrollado en estos últimos tres meses un verdadero contrapoder social. Este es un poder heterogéneo que junto a la movilización de los estudiantes es desequilibrante frente a un gobierno sin iniciativa ni programa.

Este contrapoder social expresa la rabia de la frustración y del abuso que las clases desfavorecidas resienten en los últimos 47 años. Contrapoder que niega legitimidad a la clase política en su conjunto. Se integra con estratos sociales que viven del crédito en calidad de deudores vitalicios sin ninguna posibilidad de liberarse de las desigualdades que convierte la declaración constitucional de igualdad ante la ley en letra muerta; a aquellos se suman los estudiantes y el despertar de las Comunas, todo lo cual evoca el poder del pensamiento libertario. ¿Por qué no seguir la huella de la autoconvocación en un proceso constituyente nunca antes planteado? Los jóvenes han demostrado que es posible mover montañas.